La erosión regresiva en el río Coca y su afluente el Loco, activa desde 2020, interrumpe el flujo desde la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas. La estatal Petroecuador, responsable del 84% de la producción nacional, sufrió un desplome aún más agudo: su extracción cayó 76% (de 369.589 a 89.348 barriles/día), equivalente a 280.241 barriles diarios perdidos.

Este deterioro agrava la «caída libre» de la empresa pública, ya afectada por falta de inversión y trabas legales en campos estratégicos como el Bloque 43-ITT.

¿Apagón petrolero?

Las proyecciones gubernamentales de alcanzar 580.000 barriles/día en 2025 contrastan con el diagnóstico del Banco Central (BCE), que en abril redujo la estimación a 479.900 barriles. Los últimos datos de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera revelan que, entre enero y mayo, la producción promedió 465.450 barriles/día. La nueva parálisis del OCP este 7 de julio, apenas horas después de reactivarse, confirma la insostenibilidad del modelo.

La crisis desnuda la descoordinación entre planificación estatal y capacidad operativa, donde fenómenos naturales previsibles se convierten en catástrofes recurrentes. Además dejan al descubierto la falta de protocolos ante las rotura de oleoductos.

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Después de tres meses de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní, la estatal aprobó el calendario para cerrar las operaciones en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini e ITT. La Corte Constitucional había establecido un año de plazo para finalizar las operaciones petroleras en este lugar.

»El desmantelaje puede llegar a no menos de USD 1.800 a USD 2 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar, ya no vamos a generar ingresos y esto afecta al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)», dijo a Ecuavisa.

Lavada de manos

El ministro de Energía, Fernando Santos, ya había anticipado que la responsabilidad del desmantelamiento del Yasuní quedaría para el otro gobierno de turno. También había manifestado su posición en contra de que se detenga la extracción petrolera en esta zona, pues indicó que existiría pérdidas económicas.

Pese a los resultados de la consulta popular, el jefe ministerial se acogió al artículo 57 de la Constitución. »Los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», resaltó.

¿Afectaciones?

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, ese valor se dejó utilidades por USD 1.211 millones en el país.

”Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Otra visión

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. ”No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por ”beneficios económicos” que realmente no benefician al país”, señaló a este medio de comunicación.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. ”Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción”, resaltó. (AGM).

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A propósito de la rotura del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), y el consecuente derrame de petróleo, provocado por el desprendimiento de tierra y rocas a causa de las fuertes lluvias la tarde del 28 de enero en el sector Piedra Fina, provincia de Napo, Granizo aseguró que es necesario controles del Estado.

«Hay cuestiones que no se pueden evitar porque son accidentes», dijo. Pero «lo menos que debe garantizar el Estado es que esa operación (explotación petrolera) se haga de la manera más limpia posible», aseguró en entrevista con Radio La Calle.

«Lo que ha pasado con el oleoducto de crudos pesados hace pocos días es la crónica de una muerte anunciada. Siempre hay este peligro sobre los oleoductos ecuatorianos que no tienen todas las garantías para operar con seguridad», dijo.

Para el especialista, estamos ante un problema sistémico que exige un cambio de modelo, porque no se puede explotar petróleo con seguridad. «Hay que repensar ese modelo productivo y empezar a pensar en otras alternativas económicas para el país».

¿Hay alternativas?

En este escenario, el exministro comentó que una de las alternativas económicas para el país podría ser la bioeconomía. Mediante la gestión sostenible de recursos renovables y consideraciones socioambientales, hacer un uso directo de la biodiversidad. La idea es lograr una economía circular, incluye el reverdecer los commodities destinados a la exportación y el ecoturismo para generar ingresos.

Asimismo, enfatizó que el Estado debe reestructurarse para que esta iniciativa pueda tornarse en una verdadera alternativa económica para el país.

Afirmó que la verdadera transición ecológica es sentar las bases para un cambio de modelo de desarrollo.

Granizo hizo hincapié en la necesidad de una política pública para remediar los accidentes. «Si bien existe una política que se ha aplicado, como el programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio de Ambiente, este se ha quedado corto ante la cantidad de problemas ambientales que ha generado la actividad petrolera», dijo.

¿Se pudo prevenir la tragedia ambiental?

«Si nos metemos a ser un país petrolero, debemos tener la tecnología, las salvaguardias para enfrentar estos temas. Si no tengo la capacidad para controlar, cuidar y manejar una actividad petrolera, no nos metemos en eso. Empiezo a hacer otras cosas», afirmó Granizo.

Además, manifestó que «es imposible que con las limitaciones del Estado y con el desmantelamiento que sufrió el Ministerio del Ambiente en el Gobierno anterior se pueda cumplir con un control, vigilancia y remediación adecuado para estos casos».

Ssugirió que el Gobierno debe retomar el programa “Reverdecer Ecuador”. Este formó parte del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y que tenía como objetivo garantizar el derecho a la naturaleza. De este modo, preveía reducir al máximo las tasas de deforestación, contaminación, mitigar el cambio climático, y promover el reconocimiento por los servicios ecosistémicos.

«Mientras no tengamos la sostenibilidad como política del Estado, entendiendo la sostenibilidad como un cruce entre pilares económico, ambiental y social, no vamos a tener un país económicamente rico, ni socialmente justo ni ambientalmente seguro» señaló el exministro.

¿Y la empresa privada?

Igualmente, comentó que uno de los roles del Estado y de la empresa privada a cargo del OCP es explicar claramente a la ciudadanía qué está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo y dónde se está haciendo la remediación y el control para evitar una contaminación mayor. Y que las comunidades afectadas por el derrame tienen que exigir la reparación al Estado.

Por otro lado, también se pronunció respecto a las declaraciones realizadas anteriormente por el Gerente General de Petroecuador, Ítalo Cedeño.

«El preocuparse por los derrames en términos de barriles perdidos, es una parte del problema, pero no es la más importante. La más importante es la afectación ambiental y sobre todo la afectación social, económica, la soberanía alimentaria de decenas de miles de personas que viven en la Amazonía. Mientras no entendamos e involucremos como Estado vamos a seguir teniendo estas declaraciones que piensan solamente en el valor económico del petróleo perdido», manifestó Granizo.

Viaje a China de Lasso

Respecto de la visita del Lasso a China, el exministro también manifestó que el presidente debe aprovechar ese viaje para exigir algunas cosas al gobierno chino.

Primero, la retirada de los barcos pesqueros chinos presentes en mar territorial y aguas protegidas del Ecuador, también respecto a temas mineros y petroleros. Asimismo, el condonar parte de la deuda y hacer un canje de esta para ayudar y apoyar, financieramente, a las áreas protegidas.

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