En una entrevista, Francisco Jiménez afirmó que el Gobierno ha estado predispuesto a dialogar y escuchar propuestas. Además, aseguró que algunos de los 10 puntos planteados por el movimiento indígena ya se están cumpliendo.

Así también, Jiménez dijo que las desciones del Gobierno son tomadas en funsión a los intereses de las grandes mayorías y no de grupos determinados o intereses particulares.

Con respecto a los hechos de octubre de 2019, el ministro de Gobierno aseguró que esos hechos no se volverán a repetir.

«Eso no va a volver a pasar, eso no lo vamos a permitir, este Gobierno va a actuar con claridad, confirmeza, con diálogo, pero no vamos a permitir que los hechos de octubre de 2019 se vuelvan a producir», dijo Jiménez.

Accionar policial

El ministro de Gobierno aseguró que la Policía buscará una aproximación con la gente. Sin embargo, ratificó que de no lograrlo tienen la orden de actuar.

«La policia tiene un protocolo que supone hacer primero una aproximación con la gente, hablar con ellos, intentar dialogar, pero una vez que esto se revele como infructuoso, ellos tiene la orden de actuar», explicó.

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En las protestas de octubre del 2019 fallecieron 13 personas. Además 22 sufrieron lesiones graves como pérdida de un ojo o lesiones cerebrales. A esto se suma la impunidad que existe en este caso. Fiscalía recibió 743 denuncias, la mayoría por daño de bienes. De este total, solo 66 han sido procesadas y 19 recibieron sentencia condenatoria.

Esta información salió a la luz como parte de una investigación llamada El negocio de la represión, en la donde participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región. Y que recoge diario El País en su edición internacional.

Préstamos de Colombia

La exministra habló con Guillermo Botero Nieto, en ese entonces ministro de Defensa colombiano y que ahora es embajador de ese país en Chile. Sin embargo, no precisó con qué autoridad peruana trató. “Es un tema de cooperación entre policías (…). No recuerdo que el presidente (Lenín Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada”, dijo Romo. Las llamadas son de tipo diplomático para alertar que el comandante de Policía ecuatoriano llamara a sus colegas para determinar el préstamo.

Un informe de la Comandancia de Policía detalla lo que envió Colombia entre el 9 y 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases.

El Gobierno colombiano informó que fue una ayuda única. “No ha habido ningún otro préstamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de algún país de América Latina en los años 2018 a 2022″, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Policía colombiana.

El préstamo de Perú

Por otra parte, no constan archivos del préstamo de Perú. Una fuente cercana a la exministra Romo le dijo a El Universo que eso no fue un préstamo sino donación y que no recordaba si los gases estaban caducados a cerca de su fecha de caducidad.

“Estoy casi segura de que fue donación. No sé si es que hubo una parte que era donación y una parte que era préstamo. Tendría que verificar en los documentos (…) No conozco los detalles, peor aún la motivación para donar, pero si Perú tenía más material o ya había contratado un recambio, tal vez para Perú era una opción donar”, añadió Romo.

Perú prestó 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El expresidente Martín Vizcarra confirmó el préstamo. “Hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Policía entre Perú y Ecuador. Este fue el único préstamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compró ese país”.

Presión por los préstamos

El 21 de noviembre se desataron protestas en Colombia, un joven llamado Dylan Cruz se transformó en una de las víctimas de la violencia policial y llevó a la Corte de Justicia colombiana a suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma no letal con la que apuntaron directamente a Cruz, que murió dos días después.

En medio de estas protestas, el Gobierno colombiano presionaba directamente a sus pares de Ecuador para que devuelvan el préstamo de bombas que hicieron en octubre. Los oficiales ecuatorianos presionaban a su vez a sus homólogos bolivianos a quienes también prestaron bombas durante las protestas por el golpe de Estado.

En junio de 2021, el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) denunció por posible peculado a Lenín Moreno y a María Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrimógenas a Bolivia. Según él, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzaría los USD 300.000.

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Compras desconocidas

El ahora ministro del Interior, Patricio Carrillo, era parte activo de la Policía Nacional y presentó un proyecto para adquirir más bombas y material. Esto debido a la mayoría de éstos estaban caducados. Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron USD 14,2 millones al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese dinero.

Compras Públicas no aclaró si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indicó que durante su gestión se hicieron dos grandes contratos a través de esa plataforma digital. El fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. También aseguró que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.

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“En términos generales lo que necesitamos es una reconciliación. Lo que necesitamos es no generar más conflictos. La respuesta que dio la policía en octubre fue pegada a la legalidad. Absolutamente en un estado de excepción, crisis y suma alteración social. Los daños colaterales que pudieron existir no puede ser solamente responsabilidad de los policías”,

Añadió que los policías en servicio pasivo presentarán un documento de pedido de amnistía para los 53.000 gendarmes que actuaron en Octubre de 2019. “Paralelamente, la ministra anterior (Alexandra Vela) presentó a la Corte Constitucional, un pedido de inconstitucionalidad. En lo personal creo que debe ser amnistía para todo octubre, no solo para unos. Hay que olvidar los hechos y reconciliarnos para trabajar por un Ecuador de paz”.

Uso excesivo de la fuerza

De acuerdo con la Organización Human Rights Watch, los agentes de las fuerzas del orden “emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas al arrojar, por ejemplo, cartuchos de gases lacrimógenos desde muy corta distancia apuntando en forma directa a las personas, y golpear ferozmente y detener arbitrariamente a manifestantes”. De los 11 fallecidos en el contexto de las protestas, al menos cuatro habrían muerto por la acción de los policías.

El 3 de octubre de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno firmó una serie de medidas en las que se incluía la eliminación del subsidio a la gasolina de USD 1.300 millones. Esta acción inició una serie de protesta que duraron 13 días. Conductores de taxis y autobuses, organizaciones estudiantiles y miles de integrantes de pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) participaron. MIB

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«El señor Carrillo, nuevo ministro, es uno de los señalados por el delito de lesa humanidad. En donde, la Fiscalía General de la Nación no ha hecho nada en esto dos años y medio», declaró Iza. El líder indígena sostuvo que el gobierno de Lasso es la continuidad del gobierno de Lenin Moreno, por lo que tendrán que seguir en la lucha.

La CONAIE asegura que continuará el proceso de un juicio internacional para obtener respuestas sobre los hechos violentos suscitados el pasado octubre 2019.  Entre los que tendrán que enfrentar dicho juicio están: el expresidente, Lenin Moreno; la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y Patricio Carrillo.

Carrillo en el Ministerio del Interior

El presidente Guillermo Lasso posesionó al general Carrillo como su nuevo ministro del Interior. También se anunció una nueva división del Ministerio de Gobierno que se encargará de la gestión política, mientras que el del Interior se dedicará netamente a la seguridad.

«No es tarea fácil enfrentar los problemas de la vida cotidiana (…) Sobre la seguridad se construyen los sueños y los ideales. En virtud de ella se llega al progreso», dijo Carrillo en la posesión. Además ofreció construir un sistema de seguridad integral en el país.

Patricio Carrillo fue comandante de la Policía en el gobierno de Lenin Moreno. El general en servicio pasivo declaró en la Asamblea Nacional haber hecho uso de bombas caducadas y más proyectiles, durante la represión de las protestas de octubre del 2019. “La Policía Nacional hizo uso de las bombas lacrimógenas caducadas, pero su utilización no está prohibida”, dijo en esa ocasión.

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Quito 21 mar (La Calle).- El exasambleísta Yofre Poma fue uno de los más de 268 beneficiados por las amnistías. Asimismo, dijo que Roberto Pachacama ya goza de libertad tras ser víctima de persecución política.

“Nos dijeron que habíamos cerrado la válvula de bombeo y que se perdió como 1.700 millones de dólares. Nunca pudieron demostrar, ni la Fiscalía ni Petroecuador”, defendió en la entrevista ofrecida en Radio La Calle.

En noviembre del año pasado Pachacama rechazó el indulto ofrecido por Lasso por razones éticas y desde entonces familiares y amigos se mantenía en vigilia.

“Es una persona que no ha claudicado en sus principios, en su lucha con la injusticia que se ha cometido con el pueblo y la provincia”, dijo Poma refiriéndose a la situación se Pachacama. “Los obligaron a firmar un documento en el que renunciaban a posibles futuras demandas conta el Estado ecuatoriano”, puntualizó y por eso negó el proceso que atentaba contra sus principios.

Tras las amnistías aprobadas en la Asamblea asegura que existe el temor latente de Moreno y Mario Paula Romo porque saben que esto les puede implicar una serie de juicios de reparación por la represión y abuso cuando estuvieron en sus cargos.

Para Poma las protestas de Octubre del 2019 fue una lucha de clases, incluso la protesta de los «quiteños de bien » respaldan lo dicho.

Los Hechos

En total fueron 9 personas juzgadas por el delito de paralización de servicio público. El delito se habría perpetrado cuando ingresaron a las instalaciones de un pozo petrolero en Sucumbíos, durante las manifestaciones de octubre del 2019.

“Caímos detenidos, fuimos acorralados, encarcelados colocados una trampa por parte de la mismos policía y Minis del Interior”, explicó. 

Sin embargo, puntualizó que su lucha fue para exigir al gobierno de Moreno obras: “salimos a las calles por reclamos justos, en ningún momento a hacer proselitismo político”.

“Nos tenían incomunicados, con las vías bloqueadas por derrumbes, sin educación superior, sin asignaciones de recursos económicos. Juntamos nuestra protesta con de la Derogatoria del decreto 883”, sustentó en la entrevista.

A USD 100 el barril de petróleo y no hay dinero

Después de las protestas de octubre en Sucumbíos la situación no ha mejorado, al contrario, cada vez es más lamentable. El desempleo ha aumentado, sostiene Poma, a pesar de que se está explorando más campos mineros y petroleros, a la par hay más pobreza.

Informó que se ha planteado una variante vial tras el socavón ocurrido en la vía Baeza-El Reventador. “Vemos con muchísima indignación que si de acá sale el petróleo y ni siquiera han colocado esos recursos para habilitar la vía que le sirvan a la misma industria petrolera”.

Denunció que la zona está en completo abandono y la gente está desesperada. Asegura que los pobladores sacan de su bolsillo para poder readecuar las instalaciones educativas y gastar en el uniforme de sus hijos. “Aquí en el hospital de Sucumbíos no tenemos ni hilo para la saturación de cirugías, peor para una receta grande” dijo.

Alte la lamentable situación de su provincia y del país, señaló a la posible muerte cruzada como un “mal menor”. “Es preferible dar un quiebre de timón a estas alturas que seguir llevando al país a un despeñadero total”, concluyó.

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El pasado 10 de marzo el Legislativo aprobó el paquete de amnistías para los 268 judicializados, con la aprobación de 99 asambleístas. Entre los amnistiados constan, el presidente del Movimiento indígena, Leonidas Iza, el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, el vicepresidente de la Asociación Inocencio Tacumbi, Jorge Rivera y otros imputados.

Leonidas Iza sostuvo que no se pudo probar los delitos por los que eran acusados debido a las protestas del pasado octubre de 2019.

«Vamos a avanzar presentando otra lista de compañeros criminalizados por octubre 2019 y por octubre del 2021. También por los criminalizados en los territorios. Así inmediatamente, recurriendo a este bien jurídico en la Asamblea Nacional presentaremos otro grupo de amnistía, porque no estamos haciendo nada ilegal», dijo Iza.

A su vez, sostuvo que si se desea sancionar lo ocurrido en las protestas, no solo se debe ir encontrar de los manifestantes, sino también de las autoridades que impusieron el decreto que dio como resultado un estallido social.

Por su parte, el Ejecutivo busca apelar la decisión que ha catalogado de «injusta e irresponsable». Asimismo, ciudadanos autoconvocados protestan frente a la Asamblea pidiendo frenar la decisión.

“El Gobierno se opone a las amnistías y está buscando los mecanismos constitucionales para hacer efectiva esa oposición”, advirtió Carlos Jijón, vocero de la presidencia en una rueda de prensa, el pasado 14 de marzo.

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

La entrada Lasso, Moreno, Guarderas y Romo defienden la represión y persecución política de Octubre de 2019 se publicó primero en La Calle.

La decisión tuvo lugar este jueves, 10 de marzo, a las 4:00 am, contando 99 votos afirmativos, 10 abstenciones y 16 votos negativos.

«Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas», sostuvo el mandatario.

Rechazo a la Asamblea

En un comunicado oficial, emitido este 10 de marzo, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso de garantizar el derecho a la manifestación, sin embargo, en el documento, el Gobierno señala que que esto no debe ir en detrimento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, mucho menos para cometer “actos de vandalismo”.

El texto enfatiza en que el Ejecutivo rechaza la “injusticia e irresponsabilidad” del Legislativo al entregar amnistías a quienes, según afirma, usurparon la tranquilidad de la capital.

“La Asamblea Nacional ha tomado una decisión marcada por la impunidad. El Gobierno Nacional expresa su total respaldo a la fuerza pública y a su
accionar al velar y proteger por la seguridad ciudadana y el orden público”, reza el texto.

En la mañana, el consejero de Lasso, Diego Ordónez, aseguró que buscarán mecanismos para amnistiar a miembros de la fuerza pública que, a su criterio, evitaron “mayores desmanes”, durante las protestas del 2019. 

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«Vejaron e a hirieron ciudadanos y miembros de la fuerza pública. Perjudicaron a familias y negocios. Incendiaron el edificio de la Contraloría; atentaron contra bienes públicos de invaluable valor histórico de esta ciudad que es Patrimonio Cultural de la humanidad», sostuvo Guarderas en referencia a lo ocurrido en octubre del 2019.

El alcalde no mencionó a los 11 muertos a manos de las fuerzas del orden durante esa jornada de protestas, así como tampoco se solidarizó con las mujeres agredidas por la Policía durante la marcha conmemorativa por el 8M. Más bien, ante esos hechos, el Municipio de Quito publicó un boletín con el informe de «daños» y costos de reparación, que fue criticado por activistas feministas y la ciudadanía en general.

«Como representante de Quito ofende la decisión de la Asamblea Nacional de conceder la amnistía a quienes sembraron el terror y cometieron actos
vandálicos contra la capital de la República. La Asamblea Nacional, sin realizar un análisis individualizado, concedió amnistías a ciudadanos que destruyeron a Quito,
quienes no pueden ser considerados, en ningún momento, perseguidos políticos», aseguró

La entrada Guarderas: ayer contra las mujeres, hoy contra los líderes amnistiados se publicó primero en La Calle.

«Todo esto después de una atroz persecución», comentó en su testimonio para Radio La Calle. Asimismo, señaló que «desde diversos sectores se impulsó la iniciativa de brindar amnistía y reconocer la lucha como un derecho que asiste a todos los ecuatorianos y ecuatorianas».

La resolución deja en claro el derecho a la protesta y enmienda el proceder de la justicia ecuatoriana. El abogado Carlos Soria argumentó que este procedimiento propone el retiro inmediato de medidas cautelares a quienes recibieron la amnistía.

La resolución del Pleno de la Asamblea les brinda calma después de 27 meses de acoso y persecusión. «Salimos de la cárcel para seguir asumiendo infamias», cuenta. Juanto a González, otros líderes sociales como Leonidas Iza, Yofre Poma, Jaime Vargas, Paola Pabón o Virgilio Hernández, quienes extrajudicialmente fueron perseguidos, recueperan su libertar y, un poco, su fe en la justicia.

«Vamos a continuar luchando por mejores días para la gente (…) Nos apena que no hayan logrado sintonizarce las bancadas del Gobierno, Social Cristianos y algunos elementos de la Izquierda Democrática», dijo. Sin embargo, reafirmó el alivio que siente después de ser acusado de manera infame.

«Defender nuestra inocencia fue vital», mencionó. Y dijo que espera que a través de la amnistía otorgada puedan contar los atroces actos de los que fueron víctimas varios líderes sociales. También agradeció al aporte de Gerado Pizarelo, Adoración Guaman, Baltazar Garzón que nutrieron el informe que argumentó las razones para la amnistía.

¿Qué contempla la aprobación de la amnistía?

El abogado Carlos Soria explica que la amnistía extingue la acción penal, por tanto, propone el retiro inmediato de las medidas cautelares. «Cada minuto que pase, desde que se tomó la decisión de otorgarle amnistía a estas personas y ellos lleven los dispositivos electrónicos o cualquier medida cautelar es ir en contra de sus derechos constitucionales y derechos humanos», aseguró.

No retirar las medidas cautelares será consideardo una infracción de los derechos legales y constitucionales de las peronas.

Tras las protestas de octubre del 2019, por el retiro del subsidio a los combustibles, 60 personas fueron judicializadas. Otros 153 amnistiados son defensores de territorios comunitarios, 12 por administrar justicia indígena y 43 a defensores de la naturaleza.

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Christian González, uno de los perseguidos por el giobierno de Lenín Moreno y de María Paula Romo, reaccionó con mucha alegría ante ests noticia. “Es una noticia alentadora, que nos congratula, una noticia que le dice al Ecuador que es posible que exista la confluencia de varios diversos sectores cuando con la verdad se demuestra que fuimos víctimas de una persecución”, dijo González a Radio La Calle.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González y otros 57 ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la prefecta de Pichincha.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. 

La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.

Libertad

Después de 27 meses de proceso, que incluyeron tres meses de cárcel y otros tantos intentos de aprehensión, de persecusiones, finalmente los ciudadanos recibieron su libertad definitiva.

En el caso de Paola Pabón, la persecusión inició desde febrero del 2019, cuando ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por su militancia con la Revolución Ciudadana. 

La prefecta reaccionó con gratitud en sus redes sociales:

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Entre ellos están los perseguidos y criminalizados durante las movilizaciones de octubre del 2019, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino, Virgilio Hernández; el dirigente político Christian González; y el lìder indìgena, Leonidas Isa.

De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 son defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

El debate

El último punto en la orden del día de la sesión 767 del Pleno, prevista para este miércoles a las 14:00, fue el análisis del informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales. Este informe buscaba brindar amnistía a 272 personas, entre ellas perseguidos políticos y encarcelados.

Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, hizo un llamado a los 137 legisladores para considerar las amnistías en este día histórico. A pesar de no tener consensos, Santi apeló al respaldo de las bancadas, recibiendo reparos de la ID (Izquierda Democrática), el Partido Social Cristiano (PSC), que dijo que no votará a favor de que se liberen “delincuentes comunes y polìticos que no merecen amnistías”.

La amnistía extingue la acción penal por los hechos investigados respecto a la presunción o cometimiento de delitos políticos o conexos.

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

El debate empezó la noche del miércoles y a las 3:40 de la madrugada de este jueves los asambleístas registraron su asistencia para votar el informe.

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“Lo que quiere el señor Leonidas Iza es tumbar la democracia ecuatoriana, defender a los ricos del Ecuador, porque nuestra reforma tributaria elevó impuestos para los más ricos y redujo impuestos al 97% de la población. Hemos aumentado el salario mínimo a 425 dólares, en un 6%, lo que da más de 4.5% de incremento real, descontada la inflación y estamos empezando con los créditos para los pequeños productores del país. ¿Qué quiere el señor Iza? Tumbar la democracia, nada más. Es una actitud violenta, inaceptable, donde no cree en el Estado”, afirmó al mandatario.

De igual forma, insistió en culpar a Iza del incendio de la Contraloría y de secuestrar y atacar a periodistas. “El señor Iza debe madurar políticamente y los ecuatorianos debemos tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Iza”, dijo.

Lasso comparó al presidente de la CONAIE con el personaje del Joker. “¿Quién es el Joker? Para describirlo hay que verlo al señor Leonidas Iza, nada más. Un hombre violento que no está de cuerdo con absolutamente nada. Por lo tanto, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el Gobierno y la democracia”, mencionó.

El presidente sostuvo que el diálogo no sirve, pues aseguró que el Gobierno y la CONAIE han llegado a acuerdos. Sin embargo, dice que Leonidas Iza, después de los encuentros, asegura que no existen tales acuerdos.

Lasso dijo que siempre ha escuchado a los sectores indígenas. No obstante, aseguró que Leonidas Iza, en la ultima campaña electoral, apoyó a Andrés Arauz, mientras las bases de los sectores indígenas lo apoyaron a él. “El sector indígena sabe que estamos trabajando para ellos. El crédito al 1% a 30 años está, específicamente, orientado al sector agropecuario”, argumentó.

“No podemos tener un país donde una persona nos amenaza con una piedra en la mano, diciendo haz lo que te digo o te tiro la piedra o incendio el edificio de Carondelet. Eso no podemos aceptar”, aseguró.

El presidente reiteró que Leonidas Iza es un hombre violento que quiere tumbar la democracia ecuatoriana y que los ecuatorianos deben enfrentar la violencia con indiferencia y no aceptando sus invitaciones a actos violentos “como los que ocurrieron en 2019 y que el señor Iza los considera como una gran epopeya”.

“La gran amenaza que tiene el Ecuador son los actos violentos del señor Iza”, concluyó.

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En la red social Twitter circulan imágenes y vídeos de la exministra de Gobierno de Lenin Moreno participando como expositora en los llamados «Consensos de Cusin».

La cuenta de Twitter @ConsensosCusin tiene como descripción: Un encuentro instituido por la sociedad civil hace más de 20 años, su objetivo es crear consensos cuyo aporte ha trazado cambios importantes en el país. El evento se llevó a cabo el pasado 22 de octubre en la provincia de Imbabura.

María Paula Romo y su discurso de paz

Las publicaciones de la cuenta alojan un vídeo donde Romo señalaba estar muy contenta por participar en el conversatorio de Cusin.

En otro vídeo expresa su preocupación por el país y la ola de inseguridad por la que se encuentra atravesando. Así también habla de paz en su discurso.

Romo fue destituida del gobierno de Moreno por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre de 2019.

Otros personajes

Además de Romo, aparece el ex vicepresidente del Gobierno de Moreno, Otto Sonnenholzner. Entre distintos personajes aparecen: Xavier Hervas, ex candidato de la ID y Jefferson Pérez, entre otros. Según señalan las publicaciones más de 50 representantes de la sociedad civil y de gobierno participaron de este conversatorio en Imbabura.

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Romo permanecía en Estados Unidos, donde dictaba clases en una universidad, desde noviembre de 2020, cuando la Asamblea la censuró y destituyó por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre de 2019 y la acción policial en centros que acogieron a manifestantes.

Analistas sostienen que la llegada de Romo al Ecuador responde a la crisis política que atraviesa el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Las movilizaciones en todo el país son solo una de las aristas que el mandatario enfrenta por estos días.

¿Puede ser funcionaria de Lasso?

La Ley Orgánica de la Función Legislativa incluyó una inhabilidad para que los funcionarios censurados por el Parlamento no puedan volver a ejercer cargos públicos por dos años. Sin embargo, en su momento, el expresidente de la Asamblea aseguró que esta inhabilidad no aplica en el caso de Romo.

“La inhabilidad aplicará para los casos que hayan ingresado a la Asamblea, luego de que entren en vigencia las reformas a la Ley. La aplicación de la Ley no es de carácter retroactivo. Respetamos las garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica”, dijo Litardo.

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Jhajaira Urresta añadió que respecto a las investigaciones sobre los afectados por la represión Diana Salazar  le respondió que existen nudos críticos que no le permiten avanzar con la investigación. “Pero para una sentencia de influjo psíquico no hubo nudos críticos, pero para una investigación tangible con víctimas y sobrevivientes si hay trabas”. Al momento siguen detenidos los procesos de indagación  

Urresta, asambleísta de UNES, dijo para La Ventana que las víctimas de octubre “hemos sido considerados rebeldes, e incluso se nos ha considerado como miembros de una organización delictiva, pero no como víctimas de un estado fascista”.

Así también indicó que desde su despacho se está buscando apoyo para los afectados de las manifestaciones de octubre. Es así que han solicitado al ministerio de salud atención médica y prótesis.

Sobre las conmemoraciones de octubre de 2019

El pasado 12 de octubre diversas organizaciones y colectivos sociales se congregaron en el Casa de la Cultura, mientras que en la Plaza Grande el presidente Lasso mencionaba que iba a mantener mano firme para detener a los revolucionarios de octubre.

Según indicó Urresta, Lasso está atentando contra el artículo 98 de la Constitución, donde se manifiesta que la resistencia pacífica es parte de la dinámica de la política.

¿Existe un interés de tomarse la ciudad?

El planteamiento de la Ley de oportunidades, la inestabilidad de los precios de los combustibles está generando resistencia en el pueblo ecuatoriano.

Lasso confunde el derecho a la protesta con rebelión y golpismos. Hemos solicitado que diferentes maneras que sus intervenciones no lleven calumnia, indicó la legisladora.

La respuesta de Lasso

Guillermo Lasso ha convocado a ciudadanos frente a Carondelet el próximo miércoles 20 de octubre en apoyo a su mandato, señaló Urresta.

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“Entendemos que dichas aseveraciones se produjeron en vista de que se estaban desarrollando un sinnúmero de actividades culturales. Dichas actividades bajo la tutela de varios colectivos y organizaciones sociales-, las cuales se realizaban en las instalaciones e inmediaciones de la CCE”, dijo la institución en un comunicado sobre las declaraciones del presidente. Lasso en su discurso mencionó que grupos violentos estaban en la Casa de la Cultura.

La CCE indicó que tanto la sede nacional como los núcleos provinciales son “espacios abiertos, plurales y diversos. Sitios que siempre amparan las iniciativas culturales, sociales, artísticas de la sociedad ecuatoriana. Se mantienen desligados de prejuicios y las censuras ideológicas”.

¿Qué dijo Lasso?

“A los violentos les digo que a Quito lo defendemos todos. A los que están en la Casa de la Cultura les decimos que vamos a defender a Quito. No permitiremos desmanes, nueva violencia y nuevo ataque a la ciudad”, dijo el presidente en un evento llamado Concentración por la paz. Allí sus seguidores le presentaron su apoyo.

Quienes estaban al interior de la Casa de la Cultura eran los miembros de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Conaie), recordando el Paro de Octubre de 2019.

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El informe reveló que, durante las protestas, hubo violaciones a los derechos humanos de las personas, por parte de agentes estatales. El informe señala que a estas personas se le conculcó su derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

Asimismo, explica que estas vulneraciones tomaron la forma de ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, violencia sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones ilegales y arbitrarias, lesiones oculares, entre otros hechos violentos.

“La población civil fue atacada de forma generalizada y el Gobierno justificó su accionar, a través de un discurso que pretendió instalar en el imaginario social a posibles enemigos. Equiparó delitos comunes a violaciones flagrantes de derechos humanos”, señala el documento.

La Defensoría del Pueblo sostuvo que la represión dejó 11 los fallecidos; 1.340 heridos; 1.228 detenidos y 15 personas que perdieron al menos un ojo.

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios de afectados, que denunciaron haber sufrido vulneraciones a sus derechos humanos.

Tras su investigación, recomendó a Ecuador que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las protestas. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Tampoco se ha señalado a los responsables directos ni políticos de la muerte de 11 ciudadanos, por lo que estos decesos continúan en la impunidad.

La Fiscalía, por su parte, habla de 735 procesos. La mayor parte contra líderes sociales, por daños a bienes materiales ajenos, paralización de servicios públicos, ataque y resistencia.

¿Vuelve octubre?

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, aseguró que en estos momentos se configuran antecedentes similares a los de octubre del 2019: un gobernante que no escucha a su pueblo y sigue incrementando el precio de los combustibles.

“Al día de hoy ya tenemos USD 2.50, teniendo en referencia al 2019, es un incremento de 75 centavos. Son los mismos antecedentes que se dieron para el levantamiento de octubre del 2019. También quiero decir que al no escuchar las demandas de los sectores populares, incluidas en las mesas de diálogo, que llevaron las diferentes organizaciones, no se tiene resultados. Por eso hemos declarado una jornada de movilización, una jornada de asambleas territoriales y, lógicamente, de manera colectiva tomaremos la decisión”, aseveró

Asimismo, agradeció el aporte fundamental de la ciudadanía de Quito, durante las protestas de hace dos años. “Dijeron que Quito estaba en contra de las jornadas de octubre, pero eso es falso. Quienes ayudaron a sostener las jornadas con alimentación, con un pan, con víveres, con un granito de arena, fue Quito”, aseguró.

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Por: Carlos Pazmiño Vásquez

8 de octubre de 2019, “pásame el uranio que voy a matar a todos esos hijueputas”, gritaba a todo pulmón “Piolín”, uno de los vecinos más “locos” e “idos” del barrio, un tipo con personalidad y gran sentido del humor, marginado entre los marginados, profesional en su oficio a temprana edad. Cientos de figuras lo acompañan, micro traficantes, prostitutas, las más viejas, las que uno ha visto desde que tiene uso de razón – “las señoras malas” como las llamaba mi abuela, que con amabilidad me sonreían cuando era pelado -, travestis, adictos, cargadores de San Roque, hasta los evangélicos se habían dado cita. La 24 de Mayo revivía, adquiría la pinta de los 90.

Todos en gajo, todos atentos “aquí a nadie se lo llevan”, “que nadie se ahogue, que nadie salga herido”, un “tabaquito”, un “grifo”, una “pistola”, “vos no más pide que aquí estamos chato, esos mamavergas no nos pueden hacer nada”, decía otro panita. Todos desconocidos, con las caras tapadas, o más bien, todos haciéndose los locos, las paradas del barrio no confunden a propios sino a extraños.

Los “robocop” no alcanzaban a comprender el porqué de tantas puteadas, piedras y rabia. El lumpen había organizado su propia comuna, un sistema de solidaridad y reciprocidad, un espacio liberado temporal, una fiesta, pero también el momento para ajustarles las tuercas a los “tíos”.

Enseguida otro loco grita, “esta huevada huele a triki, el triki no me hace nada chapa hijueputa” mientras una nube de gas lacrimógeno dispersaba momentáneamente la primera línea. Esa sí era primera línea, porque todo ese “personal” vive a diario en la primera línea, haciendose “ocho” para sobrevivir, comiendo de la basura, robando, vendiendo drogas y artículos robados, prostituyéndose; cero nervios, cero paro. “Caminando por las calles voy a enseñarte, que cuando cualquier zarrapastroso te tire parada, tienes que frentearle”, dice una canción escrita en esas calles. El capitalismo les ha condenado a ser los nadie, como diría alguien por ahí.

Una adolescente embarazada y una niña, cargando un escritorio metálico, a la salida de una UPC en llamas en un acto de rabia e impotencia, recordaba a los expectadores que “todo eso era por nuestros muertos, por todo lo que a diario nos hacen estos chapas hijueputas”. La ira popular por la muerte de Marco Oto, un joven que el día de ayer, lunes 15 de junio, habría cumplido 27 años, convocaba uno de los episodios más memorables del Paro Nacional de octubre pasado en la ciudad de Quito.

Marco se había multiplicado, se había fundido en miles de almas del pueblo, su memoria levantó a San Roque, la 24, el Cumandá y San Sebastián, escenarios simultáneos de una lucha encarnizada y desigual entre policías y pueblo; ni una sola de las tres unidades de policía instaladas en el sector había quedado en pie.

Los medios de “comunicación” enseguida cargaron contra los manifestantes y su mártir, una turba de “ladrones y criminales”. Acusaciones cobardes y sin fundamento, sostenidas en la violencia y la mentira, usadas constantemente por los responsables de la muerte de Marco.

Ya no hay montañas de piedra y llantas en llamas, la 24 de mayo se ha “pacificado”. Las UPC han sido arregladas, “parecen nuevas”, como si nada habría pasado. La calle no puede ocultar la historia de sus habitantes, las cicatrices del fuego y las veredas partidas persisten. La Comuna “lumpen”, la Comuna nacida de la memoria de Marco Oto, está latente, bajo sus propias formas de socialización, tan extrañas para los académicos y la pequeña burguesía “revolucionaria”, como blanco a batir y eliminar por las fuerzas de seguridad, quienes la han plagado de cámaras y hombres con chalecos fosforescentes.

Ninguno de los que se dieron cita ese día olvidará.

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Quito, 18 sep (La Calle).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) reitera su predisposición al diálogo con el Gobierno y esperan ser recibidos por Guillermo Lasso, el próximo 01 de octubre en Carondelet.

La Conaie publicó el documento de las Resoluciones del Consejo Ampliado de la esa organización. En el comunicado recalcan su voluntad política de establecer diálogo con el presidente Guillermo Lasso y plantean una comisión general de pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y populares.

El documento consta de 7 puntos, en los que se exige al Gobierno tomar medidas sobre la grave crisis económica, y social que atraviesa el país.

También se menciona que se declarado la conformación de asambleas permanentes en los territorios de la CONAIE para tratar los temas que están afectando de manera local y nacional en el país. Además de temas que ya se han tratado con anterioridad como el incremento de combustibles.

Así mismo hacen un llamado a los diversos movimientos y organizaciones sociales y populares del país a mantenerse unidos. CONAIE advirtió que protagonizarán nuevas movilizaciones si sus necesidades no tienen eco en el Gobierno.

Movilizaciones 15S de la CONAIE

El pasado miércoles de 15 de septiembre el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó movilizaciones. A estas se sumaron cañicultores, bananeros, arroceros y representantes de otros sectores. En diversas partes del país se registraron vías cerradas.

En Quito las movilizaciones se tomaron varias calles de la ciudad, y finalizó en la Plaza de Santo Domingo donde Leonidas Iza se pronunció

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