El activista espera, como expresó frente al asambleísta Comps Córdova, la amnistía de la Asamblea Nacional. A pesar de que sus otros dos compañeros de lucha, Carlos Chacha y Luis Villamil obtuvieron su libertad por esta vía, hace poco. Pachacama, en cambio, se negó.

En diálogo con Radio la Calle, Córdova sostuvo que “Pachacama no se acogió al indulto porque no es culpable, además por reciprocidad a sus principios éticos de luchador social”.

“La amnistía ya empezó, a pedido de la vigilia permanente de los 9 de Sucumbíos y bajo el pedido de los afectados del paro de octubre. El proceso está en las garantías de Derechos Humanos. En el caso de amnistía las culpas se pierden, por ende podría demandar al Estado”.

Es el único preso restante de “los 9 de Sucumbíos”, fruto de las manifestaciones de octubre de 2019.

Durante las protestas de hace dos años hubo varios ciudadanos y autoridades de la provincia que fueron detenidos y posteriormente enjuiciados; mientras otras personas quedaron en libertad.

Las fuerzas militares lanzaron gases a la gente que se encontraba en el interior y detuvieron a aproximadamente 150 personas que posteriormente fueron liberadas. Quedaron detenidos:  Amado Chávez, prefecto de la provincia de Sucumbíos, Yofre Poma, asambleísta nacional, Víctor Burbano, concejal del cantón Lago Agrio, Jenny Rodríguez, presidenta de los servidores públicos de la provincia Sucumbíos, funcionarios como José Gómez Barragán y civiles como Roberto Pachacama, Carlos Chacha, Gonzalo Villamil y Steven Torrez.

Desde ese momento, la lucha por la libertad de los 9 detenidos. Aún con la derogación del decreto 883, la duda y la preocupación sobre el porvenir de los presos en Quito continuaba.

Una vigilia permanente

Para apoyar su libertad se creó una vigilia, que reunía a familiares, amigos, conocidos, dirigentes de diversas organizaciones; luego se convirtió en un fuerte movimiento que migró al ámbito digital debido a la situación de emergencia por la pandemia.

En abril de 2020, se habló de la enfermedad de Roberto Pachacama, se sospechó de COVID-19. 

En todo este episodio, debió en el transcurso soportar la muerte de su hermano Victor. La esposa de Pachacama sostuvo que sigue adelante por sus cuatro hijos.

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Se trata de Carmen Tiupul, vicepresidenta del Movimiento Indígena de Chimborazo.

El Tribunal Penal de Chimborazo dictó una sentencia de dos años de prisión, a tres días del incio de las conversaciones entre este Gremio y el Gobierno.

La Conaie rechazó la sanción que incluye además el pago de una multa de siete salarios básicos y una reparación integral de al menos 5.000 dólares.

“Las pericias técnicas de audio, video y afines, informes de identidad y morfológica, identificación de voces y cámaras de seguridad”, fueron presentados.

¿Sentencia injusta para Carmen Tiupul?

Tiupul participó de la “Asamblea Popular de Chimborazo”, que se tomó durante seis días el edificio de la Gobernación provincial, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que: “la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de uno a tres años”.

La Conaie reclamó la sentencia, a puertas del diálogo con los líderes indígenas,

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El tema central de la comparecencia era conocer los detalles sobre el seguimiento a los hechos de ese momento y la reparación integral de las víctimas.

Al respecto Zaida Rovira afirmó que “no es posible hacer un seguimiento a las reparaciones integrales de víctimas, mientras no exista una sentencia judicial y se determine responsables”.

El asambleísta Ricardo Vanegas solicitó que “se remite los nombre y domicilios de las personas que hayan sido víctimas de la pérdida de ojos o miembros y consulta qué tratamiento reciben”.

El eje de las consultas de la asambleísta Johana Moreira se centró en conocer los mecanismos para conocer la respuesta a organismos internacionales como la misma CIDH.

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“Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada que no recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en rueda de prensa.

La Comisión recibió 519 denuncias de distintos tipos de violencia durante los días de movilización, todas correspondientes a testimonios voluntarios. De esas denuncias se han identificado seis asesinatos extrajudiciales, 123 casos de violencia a la integridad personal, 38 casos de privación de libertad. Además, hubo 22 atentados contra la vida, tres casos de violencia sexual y 20 casos de lesiones oculares (seis tienen afectada su visión).

“Yo en ese momento me desempeñaba como viceministro de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, estábamos al tanto de lo que sucedía en el país, el cierre violento de carreteras. En ese informe que es una versión en el que no se habla del secuestro a Policías, del abuso a policías mujeres, del incendio en la Contraloría, a canales de televisión”, aseguró.

Moreno a juicio penal

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, se comprometió a judicializar al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como “principal responsable de las violaciones de Derechos Humanos en los sucesos de octubre de 2019”. La máxima autoridad de la Defensoría aseguró que el informe es un «reconocimiento a las víctimas».

De acuerdo con el Gobierno, ese informe no refleja los hechos como fueron sino una versión de lo real. “Lo real es que tuvimos unas protestas violentas con fines políticos, de desestabilización política, ante los cuales la Policía actuó firmemente, correctamente. Intentó proteger a las personas que no tenían ningún tipo de circunstancia en estos actos (sic), restablecer el orden para el resto de los ecuatorianos”, agregó el ministro Martínez.

La Comisión invitó a la entrega de este informe a los tres candidatos finalistas de Elecciones 2021: Yaku Pérez, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Solamente Arauz asistió.

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