Glas detalló, para Radio Pichincha, las cosas que tuvo que vivir durante los cincos años que permaneció en la cárcel por el caso Odebrecht. Mencionó que lo trasladaron a la cárcel de Cotopaxi por supuesto pedido de Romo. Además, señaló que, mientras un comandante y el conductor del bus se burlaban sobre su estadía en el centro, le decían que no iba a sobrevivir.

«Me decían que me tocaba el bautizo de las tres viola#c*#s, que no iba a sobrevivir porque me iban a matar», resaltó.

Indicó que lo encerraron en una celda que no tenía baño, por lo que tuvo que hacer sus necesidades por 15 días en una funda plástica y una botella. También, recalcó que los presos le tiraban excremento y se orinaban en la puerta de su celda.

«Los mismos reclusos me pedían perdón por todo lo que me hicieron, pero me decían que no podían hacer nada porque era una orden», apuntó.

Glas señaló que durante los años que pasó preso tuvo que sobrevivir a 25 motines. Según él lo utilizaron como punto de apoyo para lanzar bombas, balas y granadas. Asimismo, contó que desde su ventana observaba como los reclusos se descuartizaban entre sí.

El origen de todo

Glas fue sentenciado a cinco años de prisión por el caso Odebrecht. Las autoridades lo acusaron por asociación ilícita. El exviepresidente estuvo en prisión por más de cinco años, pero salió en libertad en octubre de 2022.

El día de la audiencia, Glas y su tío, Ricardo Rivera, fueron sentenciados a seis años de prisión. Sin embargo, otros tres tuvieron una pena de 14 meses debido a las medidas «de cooperación eficaz» que les otorgaron.

De acuerdo con la versión de Glas, el día del juicio alertó sobre la falsedad de las supuestas pruebas con la que la que lo inculparon, pues se habían basado en una base de datos que habrían sido alterada.

Luego de tantos años, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anuló una de las supuestas pruebas que involucraba el exvicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht.

El reparto de Moreno

El exvicepresidente reveló que empezó a alertar a Lenín Moreno sobre las irregularidades en los contratos de las empresas públicas y que después de tres reuniones, el expresidente le propuso ser parte de ese reparto.

“Le decía: presidente, tengo alertas de que están pidiendo el 30% por contrato. Que son los Bucaram, los del Partido Social Cristiano, los coidearios de Lasso y un largo etc.”, dijo en una entrevista para Ecuador inmediato.

Sin embargo, en la última reunión, Moreno le haría propuesto ser parte del reparto. “Era un presidente de la República, sentando en la mesa del presidente de la República, dónde antes estuvo Rafael Correa. Me lo dice y yo pongo un golpe en la mesa y digo presidente yo ni robo ni dejo robar – Te voy a meter preso, dice – Que así sea, presidente, pero yo ni robo ni dejo robar”.

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El servidor indicó que los «elementos probatorios manipulados e ilegales», que fueron construidos en Brasil a favor de José Santos Filho, ya no son válidos para continuar con el proceso en el país.

«Se concluye que las pruebas derivadas suscritas por Odebrecht (…) son nulas, en consecuencia, no son idóneas para subsidiar los cargos formulados en su contra», reza la citación.

Toffoli solicitó al Ministerio de Justicia que remita la decisión a las autoridades de Ecuador. Además, recalcó que la policía federal aceptó que los datos de los sistemas, que respaldaron los procesos penales contra los involucrados, pudieron haber sido alterados.

Entre las pruebas anuladas también están documentos que fueron supuestamente empleados de manera ilegal por la Fiscalía de Ecuador.

Varios políticos reaccionaron a esa noticia en redes sociales. Uno de ellos, el expresidente Rafael Correa que indicó que poco a poco «la verdad sale a la luz».

Glas y Odebrecht

El exviepresidente estuvo en prisión por más de cinco años por los delitos imputados por el caso, pero salió en libertad en octubre de 2022. En aquel entonces, la defensa de Glas, Jusccogens, cuestionó la veracidad de las pruebas.

El día de la audiencia, Glas y su tío, Ricardo Rivera, fueron sentenciados a seis años de prisión. Sin embargo, otros tres recibieron otras medidas por cooperación eficaz y fueron sentenciados a 14 meses.

La empresa brasileña llegó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) se reveló que esta no solo habría operado en su país de origen, sino también en América Latina y África.

La investigación reveló que la empresa habría pagado USD 3,5 millones -entre 2007 y 2016- a miembros del gobierno para beneficiarse de contratos.

Actualización 19:30

El exvicepresidente Jorge Glas, en rueda de prensa, enfatizó que fue «sujeto de una agresión sistematizada de la élite y poderes fácticos». Aseguró que todo ese entramado que supuestamente se creó en su contra se desató luego de que denunciara la traición del expresidente Lenín Moreno.

Luego de que el juez de Brasil anulara las supuestas pruebas que lo vinculaban, Glas indicó que sus abogados determinarán la ruta jurídica ante las autoridades ecuatorianas.

«Pase cinco años y cuatro meses en la cárcel. Sobreviví a 25 motines en la Cárcel de Cotopaxi, pero aquí estoy. Fui denigrado e intentaron destruir a mi familia», expresó.

También, señaló que él ya había denunciado que las pruebas en el caso habrían sido adulteradas o fraguadas, pero nadie le hizo caso. «Quebraron a toda mi familia, económicamente hablando», dijo.

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El contrato de la obra se realizó entre la empresa brasileña Odebrecht y la empresa española Acciona. Sin embargo, en medio de la construcción, los brasileños abandonaron el proceso. «Todos sabíamos que los empleados seguían siendo de Odebrecht, nunca quedaron las cosas claras», dijo el encargado de la Comisión.

La entidad de Anticorrupción manejó diversos reportes que le permitieron verificar que habían sobreprecios en distintas etapas de la construcción. Se notificó a la oficina «Quito Honesto» en la época de Yunda y ahora al alcalde, Santiago Guarderas.

Además, se cuestionó el cómo se lograría hacer una auditoría veraz dentro de la oficina municipal, a lo que no se ha obtenido «ninguna» respuesta. «Tenían cambiando las autoridades y los responsables cada 15 días para no dar respuestas», respondió el coordinador para Sonorama TV.

¿Para qué viajó Mauricio Rodas a Brasil?

Asimismo, Germán Rodas recomendó a Contraloría tomar el caso y comenzar a indagar, de forma rigurosa, desde el inicio de la obra. «Esto es culpa de todos los alcaldes que han pasado en el puesto», recalcó.

El exalcalde Mauricio Rodas viajó a Brasil a buscar un contacto con la gente de Odebrecht. «La obra arrastra una serie de temas que no tienen claridad, en la perspectiva de que las cosas no tienen la transparencia que hubiéramos querido», afirmó.

Para el coordinador de la Comisión, la oficina de Quito Honesto no cumple con la función de evitar la corrupción en el Municipio, pues solo está para el beneficio del alcalde de turno. «Eso es ponerle al ratón a cuidar el queso». dijo.

Contrato de consultoría con Bustren

El diario español ABC reveló audios que demostrarían que Jesús Miguel Trabada, el principal de la empresa Bustren, habría realizado el pago de coimas al Metro de Quito para adjudicarse un contrato de consultoría. El convenio, de USD 15.3 millones, se habría otorgado a cambio de una coima de USD 1.2 millones a funcionarios ecuatorianos.

“Nosotros, por la dirección de obra (de Quito), hemos ofertado 15 millones sobre una cosa que cuesta 1.200”, expresa el empresario en la conversación. Después afirma: “Bueno, no lo hemos ofertado. Nos lo han dado. Estamos dándonos de alta en Quito y en cuanto seamos empresa ecuatoriana, nos firman el contrato.”

El funcionamiento del Metro

El Metro de Quito presentó diferentes desmanes en la primera fase de cobro del pasaje. La ciudadanía que llegó a la parada de Quitumbe, al sur de Quito, entró a la fuerza y sin pagar por el servicio porque el sistema de pago en taquillas era muy lento.

La preocupación de de que el Metro funcione, en filas, en tiempos y entrega de códigos de QR viene desde la administración de Yunda. No obstante, poner veedores en el Metro ha sido una alternativa insuficiente, manifestó el coordinador de la Comisión. (D.C.)

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El exmandatario será posiblemente trasladado al penal Barbadillo, ubicado en el distrito Ate, luego de los exámenes pertinentes y una primera audiencia. Con él, serían tres presidentes peruanos que están en el lugar, pues Alberto Fujimori y Pedro Castillo están recluidos allí.

La Fiscalía de Perú solicitó 20 años y seis meses de prisión para Toledo. Además, pidió 35 años de cárcel por el tramo 4, y 16 años y ocho meses por el supuesto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva.

La entidad estaba tras la pista del expresidente desde 2017, lo acusa de haber recibido supuestamente USD 35 millones de Odebrecht, según el New York Times.

Se rindió ante las autoridades

El viernes 21 de abril, Toledo se presentó ante las autoridades de California, Estados Unidos. Un alguacil del país norteamericano indició que al exmandatario se le agotaron los esfuerzos de negarse a la extradición.

Las autoridades peruanas habrían solicitado su extradición por primera vez en 2018, pero Toledo trató de evitarlo con apelaciones fallidas y mociones para suspender su retorno.

Además, uno de los abogados del exmandatario aseguró que su cliente tenía complicaciones en su salud, por lo que no resistiría a la prisión preventiva.

El exdirigente peruano fue arrestado por primera vez en San Francisco el 2019 y puesto en arresto domiciliario en 2020.

«No le corro a la justicia, pero por favor no me metan a la cárcel. Déjenme luchar con argumentos», dijo en una entrevista el jueves 20 de abril. (N.J.C)

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La audiencia se instaló de manera telemática el jueves 26 de enero. La decisión de la jueza ocurrió con base en un informe favorable del SNAI, otorgado por el Director de la Cárcel 4 de Quito. Por otro lado, el pedido de prelibertad será resuelto en un proceso independiente.

El abogado de Glas, Christian Palacios anunció que una vez que la sentencia quede ejecutoriada se presentará a través de la sala de sorteos el recurso penitenciario para obtener la prelibertad.

La libertad provisional

El exsegundo mandatario salió en libertad provisional la tarde del lunes 28 de noviembre de 2022 a las 19:15, tras una medida cautelar aceptada por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que ordenó su excarcelación.

Glas estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. En los exteriores de la prisión se concentraron varios simpatizantes exigiendo su inmediata libertad. (A.G.M).

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Tandazo criticó el discurso del presidente Guillermo Lasso y otros abogados sobre el caso del exsegundo mandatario. Sus retractores argumentan que Glas no podría salir de prisión si no paga la reparación económica que debe al Estado. Ejemplificó que es ilógico que si una persona no paga los millones que adeuda no podrá salir de prisión.

“Si esto existiera, este tipo de deudas se convertirían en una cadena perpetua”, comentó. Además, el analista indicó que no existe una ley que justifique la prisión por deudas a menos que sea de alimentos.

Unificación de penas

Tandazo mencionó que le negaron la prelibertad a Glas en dos ocasiones porque no se esclarecía su participación en el caso Singue. Sin embargo, una vez anulado el caso ya no tenía ningún impedimento para solicitar nuevamente esta acción. También aclaró que Glas fue juzgado con las reglas de un Código Orgánico Integral Penal (COIP) antiguo y tiene derecho a la prelibertad como cualquier reo porque cumplió todos los trámites.

“Ese COIP contempla la unificación de penas. Es decir, la pena mayor absorbe a las penas menores. Él (Glas) no tiene que cumplir los 14 años que le condenaron por los casos atribuidos. Solo debe cumplir la mayor, sobre esos ocho años hay que calcular y ver si es beneficiario o no de la prelibertad”, enfatizó.  

Además, precisó que fue la propia Corte Nacional de Justicia (CNJ) quien mencionó que el dictamen fue extemporáneo. Es decir, La Contraloría perdió efecto en este caso porque su función caducaba a los siete años del proceso y esta investigación se realizó desde el 2011.

“La Contraloría ya no tiene competencia porque ya caducó. El caso está muerto y no se puede juzgar dos veces a una persona por las misma causa y materia”, manifestó.

Finalmente, planteó que la “supuesta” Comisión Nacional Anticorrupción es un aparato que no tiene ninguna función. Según el analista, en la Constitución del 2008 esta comisión desapareció y esta atribución se la tomaron varios sujetos en nombre de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT). (N.J.C)

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“Hoy día se ha hecho justicia mediante una sentencia jurídica. El fondo es que el Estado ecuatoriano jamás fue perjudicado por este contrato”, dijo el exministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor.

La decisión del tribunal se expuso la mañana del 10 de noviembre. En el caso Singue está involucrados el exvicepresidente de la República Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, el exministro de Energía Carlos Pareja Yanuzzeli y otros exfuncionarios del gobierno de Correa.

¿Glas puede salir en libertad?

Según el artículo 55 del Código Integral Penal (COIP), la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Por el contrario, en una entrevista para Ecuador Verifica, el penalista Pablo Encalada explicó que el beneficio de acumulación de penas se debe aplicar.

“La falta más grave absorbe a la menos grave y la prelibertad sería aplicable con el 40 % de la pena cumplida. Entonces, el delito de 8 años por cohecho absorbe el delito de 6 años por asociación ilícita y con 3 años con 2 meses en prisión, Glas podría acceder a dicho beneficio”, manifestó en 2021.

Sin embargo, una de las trabas para acceder a la acumulación de penas hasta ese momento, era la sentencia pendiente del caso Singue. Según el artículo 254 del reglamento del SNAI, es un requisito no tener juicios pendientes para acceder a este beneficio penitenciario. Actualmente, con la resolución del caso Singue, ahora la libertada por acumulación de penas privativas puede ser una salida para Jorge Glas.

Por otro lado, Radio La Calle habló con el abogado Paul Ocaña de la firma POM Servicios Legales Integrales, empresa a cargo de la defensa de Carlos Pareja Yanuzzeli, manifestó que uno de los argumentos presentados fue la nulidad del proceso de acuerdo al artículo 652 del COIP.

Según este artículo, se puede declarar nulo un proceso si existe indefensión para las partes procesales. En este caso, se indica que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General de Estado (CGE) tenía un efecto de caducidad.

En este sentido, la Ley Orgánica de la CGE dice que para emitir ese informe tienen un plazo de 180 días improrrogables. Para el caso Singue se envió el IRP en el día 226 «eso hace que se declare la caducidad de dicho IRP y eso hace que vuelva nulo», dijo Ocaña.

Este documento es importante porque es un requisito de procedibilidad para iniciar con el proceso legal en contra de las personas implicadas en el caso.

 ¿Cuántos años va preso?

El exvicepresidente se entregó a la justicia a inicios de octubre de 2017. Fue condenado por dos casos de corrupción. El primero por asociación ilícita en la trama de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht, en la cual recibió seis años de prisión. El segundo caso por cohecho (coimas) por financiamiento ilegal para las presidenciales de Alianza País (AP); aquí recibió ocho años de cárcel.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron procesados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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La Comisión considera una presunta participación en una red de sobornos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y otros delitos. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, hizo varios pedidos de información a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.

La Comisión tomó la decisión este 7 de mayo tras una moción planteada por el legislador Bruno Segovia.

Pedidos

Dentro de los pedidos que hizo la Comisión se encuentran: que Contraloría remita las glosas de la empresa Odebrecht, como también los informes de responsabilidad civil. Igualmente, indicar cuáles fueron las acciones realizadas por Contraloría para exigir los pagos a la compañía brasileña.

Fiscalización también pidió que se remitan copias certificadas del oficio. A su vez, la Procuraduría solicita que el país participe en el proceso contra el excontralor. Dicho proceso será llevado a cabo en Florida, Estados Unidos.

La Comisión requirió que Procuraduría explique las razones por las que no se culminó el proceso de negociación con la empresa Odebrecht, dentro del marco de cooperación eficaz que incluía la indemnización al Ecuador.

Asimismo, se solicitó que remitan las copias de los expedientes que mantiene la entidad respecto a la empresa brasileña. Y que se indiquen qué acciones tomó la Procuraduría respecto a los procesos en Fiscalía General del Estado.

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Según lo señalado por la Corte Nacional de Justicia, el Estado Ecuatoriano ahora podrá cobrar el monto antes señalado sin problema alguno ya que existe un mandamiento de ejecución legal que le da la potestad de empezar con el cobro.

En ese sentido y ante la necesidad de la Corte Nacional de Justicia, la Procuraduría General del Estado (PGE) habría enviado alrededor de  28 solicitudes insistiendo en la obligatoriedad de agilizar el proceso, que se consolidó semanas atrás.

El tribunal conformado por los jueces Byron Guillen, Felipe Córdova y Javier de la Cadena, desde hace 10 meses, habrían notificado a las partes la última resolución. 

«Este Tribunal de Ejecución ha dispuesto que se ejecute todo lo ordenado en la sentencia de fecha 23 de enero de 2018 de manera inmediata”, señala la resolución. Así mismo, se ha  exigido que dentro de este proceso se incluya toda  reparación integral a favor del Estado ecuatoriano.

Según los magistrados el proceso tuvo demoras porque tuvieron que trabajar con algunos frenos, como el cambio del tribunal original, la renovación parcial de jueces, el resorteo de la causa y hasta una gran disparidad de los criterio técnicos y judiciales en cuanto a la competencia de los jueces nacionales. No obstante, esto fue resuelto hace menos de tres meses por el Pleno del Consejo Nacional de Justicia.

Como resultado de esta resolución, la Procuraduría General del Estado ha dado la orden de embargar todos los bienes y activos necesarios que tengan los sentenciados, pero  antes , tendrán que conocer si esto cubre el monto de  indemnización o si deben también investigar fondos en el extranjero.

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La autoridad judicial aceptó el recurso de régimen semiabierto solicitado por Rivera el pasado mes de mayo. La medida se acogió gracias al informe de buen comportamiento y al no tener otros procesos penales en curso.

Aunque Rivera cumplirá el resto de su condena en libertad, tendrá que acatar una serie de medidas de control dispuestas por la justicia. Así pues, no podrá salir del país, usará un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), deberá presentarse periódicamente y recibir tratamiento psicológico ante una entidad estatal.

Delito por caso Odebretch

En junio de 2017, Ricardo Rivera fue detenido tras haberse revelado la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebretch. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que la empresa brasileña había repartido sobornos a cambio de obras con el Estado ecuatoriano. La justicia norteamericana ubicó que Rivera, a nombre de su sobrino Jorge Glas, habría sido uno de los enlaces de esta trama criminal. La investigación determinó USD 13.5 millones fueron repartidos en coimas a cambio de contratos con el estado.

En diciembre de 2017, Rivera -junto con Jorge Glas y otros tres implicados- fueron sentenciados a seis años de cárcel por asociación ilícita en el Centro Penitenciario Regional Número 4 del Guayas hasta el día de hoy.  

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Su actual cargo de asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad de la Capital se evidenció tras presentar una denuncia formal, el pasado martes 13 de octubre, por la destrucción de bienes patrimoniales ocurrida el 12 octubre a la estatua de Isabel la Católica. José Terán firmó el oficio, reseñó el medio La Hora.

Sentenciado por Caso Odebrecht

En septiembre de 2017, José Terán N. confesó haber sido intermediario en el pago de sobornos de la constructora brasileña por aproximadamente USD 1,5 millones. En 2018, Fiscalía alegó que Terán usó el dinero para pagar a funcionarios públicos de Petroecuador con el fin de beneficiar a Odebrecht en la adjudicación de la obra del poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones.

La justicia ecuatoriana lo sentenció por asociación ilícita. Sin embargo, tras haberse acogido a “cooperación efectiva” su condena se redujo un 80%. Sin embargo, solamente pasó 14 meses en prisión, según la sentencia disponible en la página web del Consejo de la Judicatura. Por otro lado, en 2018 fue declarado inocente por otro proceso penal en el que era acusado de lavado de activos. (CE).

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«En la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, a través de su gerente general, Ricardo Merino, y acompañado del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, presentó una demanda por daños y perjuicios (…) por incumplimiento del contrato de construcción del Poliducto Pascuales Cuenca (PPC)».

Comunicado de Petroecuador

El Poliducto Pascuales-Cuenca forma parte de las cinco megaobras hidrocarburíferas construidas por el Gobierno de Rafael Correa. Estudios de empresas privadas, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicaron que aquí se encontraron problemas técnicos.

Con la demanda, Petroecuador exige a Odebrecht que asuma su responsabilidad por los daños causados al Estado ecuatoriano, por los defectos de construcción y otros daños relativos al mal funcionamiento del poliducto.

Debido a los desperfectos detectados en dicho proyecto, en 2017 Petroecuador decidió terminar de forma unilateral y anticipada el contrato firmado en 2013.

Según un informe de diciembre de 2018 de la empresa ABS Consulting, contratada por el Gobierno de Lenín Moreno para que analice el estado de la obra, las deficiencias en la ingeniería provocaron problemas de diseño, construcción, operación y mantenimiento del ducto.

De acuerdo con dicho informe, las condiciones operacionales del poliducto Pascuales-Cuenca, incluidas estaciones, terminales y ducto, son altamente riesgosas y poco confiables.

La contratista brasileña, mientras tanto, exige a Petroecuador una indemnización por 174,7 millones de dólares por romper el contrato.

En 2013, la obra fue adjudicada por un monto de 369,9 millones de dólares; sin embargo, el costo llegó a 623 millones de dólares.

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