Según González, la oferta fue realizada durante una reunión en el Parque La Carolina por intermedio de Fausto Jarrín, exfigura de la RC. El legislador vinculó el intento de cooptación con la debilidad del oficialismo, tras la ratificación de la presidencia de Henry Olsen con solo 78 votos. «Sabían que con dos votos menos estarían fuera. Por eso actúan con desesperación», afirmó en entrevista con Only Panas.

En un llamado urgente a la conciencia de sus pares, González advirtió sobre el riesgo de caer en el «show mediático» que, a su juicio, busca desestabilizar a las bancadas opositoras. Además, cuestionó a los miembros de ADN: «Muchos están confundidos; creen servir al país, pero les falta sentido común».

¿Crisis interna en RC?

La denuncia se produce en medio de tensiones dentro de RC. Xavier Lasso, otro asambleísta del movimiento, confirmó la gravedad de la situación tras la fractura evidenciada en la votación de la Ley de Solidaridad el pasado 7 de junio, donde ausencias y abstenciones de su bancada marcaron un precedente «preocupante».

«Es complicada la situación», admitió Lasso, anunciando una reunión urgente con los 65 legisladores de RC para analizar las causas de la desunión: «¿Por qué tuvimos abstenciones? ¿Por qué faltaron asambleístas sin reemplazar sus votos?». El parlamentario enfatizó la necesidad de actuar con inteligencia: «Escribimos demasiado en chats y eso genera errores. Debemos hablar de frente».

Sobre posibles deserciones, Lasso fue contundente: «Si alguien vota sistemáticamente con el gobierno, será separado. No podemos admitir más bajas». Sin embargo, reconoció el costo político: «Es penoso, pero necesario».

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“Presidente Noboa, ¿por qué solo nos persigue a nosotras las mujeres? Voy a explicar el mecanismo de persecución del gobierno y el papel de sus alfiles en esta estrategia», dijo la presidenta en el audiovisual.

Veloz habló de una denuncia en su contra por parte de Ida Victoria Páez, el pasado 4 de enero, por presunta usurpación, traición a la patria, conspiración, sedición, así como retención ilegal de mando en el contexto de las licencias sin remuneración a los candidatos a la Asamblea de 2025.

La legisladora recibió otra denuncia el 9 de enero ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por el ciudadano César Wilfrido Cárdenas, por presunta precampaña. “¿Quién envía estos personajes? Presumiblemente el presidente Noboa, porque coincidenciamlmente estos dos ciudadanos son los que han presentado similares acciones a quienes cuestionan a este gobierno», aseveró Veloz.

También denunció que “medios digitales afines al Ejecutivo”, difundieron campañas de desprestigio en su contra, con noticias falsas que buscarían dañar su reputación y desacreditar su trabajo como presidenta de la Asamblea Nacional.

“Cuando estos individuos atacan no actúan solos, se apoyan en trolls y ciertos medios de comunicación engañosos. La persecución que estoy viviendo la enfrento con un TCE politizado que pretende negar la protección de mis derechos frente a las claras denuncias de violencia política de género que he presentado. Por el contrario, contra toda norma, estas han sido archivadas”, agregó.

Veloz indicó que se habría planeado un allanamiento a su domicilio. “Me han advertido a través de sus operadores que el presidente sea implacable conmigo en su persecución política por llevar a cabo la comparecencia en comisión general a quienes promueven la tipificación de la violencia vicaria en el Código Orgánico Integral Penal”, añadió Veloz.

“Presidente Daniel Noboa, escúcheme bien, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, no le tiene miedo y nunca lo tendrá. No permitiré que se antepongan los pequeños intereses de grupos económicos a los grandes intereses nacionales”, concluyó.

Otras denuncias

La bancada de ADN denunció a Andrés Aráuz, Santiago Díaz, Virgilio Hernández y a los cuatro ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por presuntos delitos relacionados al nombramiento del Superintendente de Bancos y un supuesto manejo político del correísmo.

La Revolución Ciudadana no es la única que recibe denuncias, Leonidas Iza, excandidato presidencial y presidente de la Conaie tiene una denuncia por “instigación” debido a la defensa del Campo Sacha. «Pero lejos de ser un obstáculo, esta denuncia confirma que seguimos en el camino correcto, combatiendo la corrupción, la indolencia y la mediocridad».

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“Estoy desencantada porque hubo traición”, expresó la legisladora en entrevista para Radio Pichincha. Además reveló haber sido clave en la formación de la candidatura de Noboa en 2023, junto con su cuñado Daniel Redrován, implicado en el Caso Nene, y Cynthia Gellibert, hoy vicepresidenta por Decreto Ejecutivo 500. Según Robles, el grupo inicial que impulsó a Noboa ha sido desplazado y objeto de represalias.

La parlamentaria junto a su colega Ana Cifuentes, alterna del legislador Fernando Jaramillo, denunciaron trabas por parte de la bancada de gobierno para asumir su cargo. «Todo fue con apoyo de la parte administrativa de la Asamblea», resaltó Robles.

Acusaciones contra Diego Matovelle

Robles señaló al asambleísta Diego Matovelle como el responsable de dividir al movimiento entre seguidores de Noboa y de la vicepresidenta Verónica Abad. Además, denunció que Matovelle le negó la posibilidad de participar activamente en la Asamblea, llegando incluso a retirarle la curul tras decisiones que no coincidían con las del Ejecutivo.

“Voté a favor de una moción para mejorar la seguridad en El Oro, pero recibí audios que me obligaban a votar en contra. Luego, me dejaron sin silla ni computador”, afirmó Robles, calificando estas acciones como violencia política.

Un patrón de represalias

Según la legisladora, estas actitudes no son fortuitas, sino parte de un patrón sistemático que también ha afectado a la vicepresidenta Abad y a una jueza que emitió una acción de protección. Robles lamentó que la mayoría de asambleístas principalizadas durante la campaña sean mujeres y que ninguna haya recibido apoyo frente a estas agresiones.

“Esto no es una bananera ni una hacienda; es un Estado de derecho. No podemos poner personas a dedo cuando tenemos una vicepresidenta elegida por voto popular”, subrayó Robles.

Respuesta de Diego Matovelle

Por su parte, Diego Matovelle desestimó las acusaciones y sugirió que Robles mantiene una relación cercana con la vicepresidenta Abad. “Esto causará afectaciones en las votaciones, pero seguimos trabajando unidos en nuestra campaña”, declaró Matovelle, quien también criticó las estrategias que buscan desestabilizar al Ejecutivo.

Estas denuncias surgen en un contexto electoral tenso, con cuestionamientos a la gestión de Noboa y divisiones internas en el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). La legisladora instó a la ciudadanía a reflexionar sobre los antecedentes de los candidatos antes de emitir su voto.

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El oficialismo calificó esta acción como ilegal y advirtió sobre posibles delitos de usurpación y simulación de funciones públicas. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a lo que consideran un intento de desestabilizar al gobierno. “Defenderemos al Ecuador bajo el amparo de la ley”, señaló.

Por su parte, la bancada de Construye anunció que presentará una resolución en el Pleno Legislativo el 4 de enero, exigiendo que el presidente Noboa solicite licencia para participar en la campaña electoral. La iniciativa también busca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) garantice igualdad de condiciones para todos los candidatos y fiscalice el uso de recursos públicos durante el proceso electoral.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convocó a una sesión virtual del Pleno para tratar las licencias sin remuneración de asambleístas candidatos y debatir la posibilidad de que Noboa solicite una licencia. La reunión está programada para las 19:00 del sábado 4 de enero.

Normativa electoral y solicitudes de licencia

De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios que buscan la reelección deben tomar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Hasta ahora, 80 asambleístas de diversas bancadas han solicitado este permiso. Sin embargo, la coalición oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inicialmente se opuso, basándose en un fallo de la Corte Constitucional de 2010 que eximiría a algunos dignatarios bajo el contexto de la “muerte cruzada” de esta obligación.

El plan B de Noboa

La disputa entre el presidente Noboa y su exvicepresidenta Verónica Abad también contribuye a la crisis. Noboa designó temporalmente a Sariha Moya como vicepresidenta, alegando que Abad habría incumplido sus funciones al no asistir a una misión oficial en Turquía. La segunda mandataria tenía que viajar hasta el 27 de diciembre.

Abad calificó esta acción como inconstitucional y acusó al presidente de buscar impedir que asuma la presidencia durante el periodo de campaña.

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Con 87 votos afirmativos, 37 negativos y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no acatar la orden del juez Edgar Salazar para retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, se solicitará al Comité de Ética que inicie procedimientos administrativos contra Inés Alarcón y Xavier Jurado.

“Vamos a accionar contra los asambleístas que no acaten la acción de protección”, dijo la asambleísta Valentina Centeno, quien a su vez resaltó que el incumplimiento de la decisión judicial podría desembocar en una destitución.

Los juicios políticos en contra del exministro de Economía, Pablo Arosemena; la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo; y el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, fueron archivados debido al retiro de firmas de respaldo a estos procesos impulsados por el oficialismo.

Esta acción adelantó las diligencias en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. La legisladora Centeno aclaró que »bajo ningún concepto» esta acción de protección busca que no se fiscalice el trabajo de los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección para retomar estos juicios políticos, argumentó que existió una vulneración de derechos y que nunca le llegó la notificación del retiro de firmas.

El oficialismo se queda solo

El pasado 22 de agosto el secretaria de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que el órgano Legislativo no acatará dicha sentencia. Asimismo calificó a esta decisión judicial como un hecho de »corrupción» y desde el Parlamento solicitarán la destitución del juez Edgar Salazar, quien admitió la acción de protección de Inés Alarcón.

El funcionario aclaró que no pueden acatar esta resolución ya que estarían incumpliendo una sentencia aún mayor de la Corte Constitucional, que manifiesta que la justicia no debe ser tomada para resolver conflictos de naturaleza política. Ante estas declaraciones, el oficialismo interpuso una demanda contra Muñoz por el presunto delito de usurpación de funciones.

El Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye expresaron su respaldo al Secretario del Legislativo. La parlamentaria Paola Cabezas señaló que solo la Corte Constitucional puede destituir a una asambleísta, más no el poder judicial. (AGM).

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«Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia. Lo hemos dicho y publicado hace más de dos años. La realidad lo comprueba y en poco tiempo lo demostrará nuevamente», publicó el eventual legislador electo en su cuenta de X.

Una publicación de diario La Hora afirmaba la existencia de un supuesto acuerdo en la próxima Asamblea Nacional para darle gobernabilidad al presidente electo Daniel Noboa. Por tal razón, la red social X se inundó de reacciones -sobre todo de usuarios y políticos afines al anticorreísmo recalcitrante- en rechazo a los diálogos políticos.

Entre los mayores opositores estuvo el pronunciamiento de Patricio Carrillo, asambleísta electo por Construye, movimiento de María Paula Romo. Él acusó a Noboa de traicionar a sus votantes, aun cuando el mandatario electo señaló no estar en la línea del anticorreísmo.

Para Carrillo, si se efectúa alguna alianza entre el PSC, la RC y ADN «la agenda de impunidad se concretará», posteó en su cuenta de X.

Al respecto, Kronfle aclaró que todo es falso. «Hacer eco de lo contrario es irresponsable y reprochable. ¡Basta de estas cantaletas mentirosas! Todos queremos gobernabilidad», finalizó. (B.L.)

Foto: Asamblea Nacional

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«Los 92 votos que les habían prometido el día de hoy (9 de mayo) para aprobar la resolución y con ello garantizar que en función de eso se dé el juicio político y además se adelante la votación de lo que sería la destitución del presidente de la República. […] El juicio político está caído y no tienen el respaldo y las alianzas para la censura y la destitución y ahora veremos con mucho cuidado cómo se reconfiguran», dijo el jefe de bloque, Juan Fernando Flores.

Por su parte, la vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Nathalie Arias expresó que la votación será menor a los 88 votos. “Esta votación de hoy constituye un techo y no sería una sorpresa que cuando ya se haya completado el proceso (de juicio político) y corresponda la votación como tal, disminuya el número que alcanzaron (88 votos)”, dijo en Notimundo.

Entre las consideraciones del bloque de CREO está no solo el juicio político sino también la elección de las autoridades para los dos años que restan de este período. «Para nosotros la prioridad no sólo está en demostrar, en función del expediente completo que se analizó en la Comisión de Fiscalización, la inocencia del Presidente, sino también en lo que nos compromete los dos próximos años: la definición de autoridades y comisiones».

Sobre la figura de la muerte cruzada, Arias dijo que sigue siendo una posibilidad que se analiza desde el Gobierno, pero será el presidente Lasso quien decida si utilizarla o no. (MIB)

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Cucalón enfatizó que esta «trafasía» pretende justificar el anhelo de llevar a un presidente, sin motivo alguno, a un proceso político. Mencionó que Lasso no ha incurrido en ninguna de las posibles acusaciones presentadas.

«No se puede llevar a un proceso de desestabilización y al manoseo (de la información) para crear el escenario y llegar a ese punto», refirió.

Según el ministro, las conclusiones a las que llegó la mesa «no tienen ninguna lógica». Además, repitió que el informe recibió duras críticas, incluso, por quienes están en desacuerdo con el Gobierno Nacional.

«La oposición señala los errores grasos del documento. No se puede trapear la Constitución para satisfacer apetitos voraces sin nombre», dijo para Ecuavisa.

¿Se aprobará en la Asamblea?

El ministro mencionó que de aprobarse el informe, irá al Pleno de la Asamblea y será un conjunto de ocurrencias para que un grupo de imputados presente la demanda de juicio político. Sin embargo, será la Corte Constitucional (CC) la que determine el dictamen.

«Hay que demostrar y ver todos los escenarios. No se puede menoscabar los derechos, atacar la honra, solo quieren afectar la institucionalidad y el proceso democrático», apuntó.

Vínculo de Cortazar y Aleaga

Al igual que el coordinador del oficialismo, Fernando Flores, Cucalón considera que la investigación tuvo un cierto sesgo político. Aseguró que el audio presentado contra el asambleísta Ronny Aleaga no fue prueba suficiente para que aparezca en el informe. No obstante, hay otras personas que sí son señaladas en el documento.

«¿El proceso y la ley es con dedicatoria o la Constitución es a la carta? Manejan los procesos y el ordenamiento jurídico dependiendo los antojos de turno», cuestionó.

Muerte cruzada

En cuanto a la posibilidad de la muerte cruza, el funcionario mencionó que es una atribución que tiene Lasso. Sin embargo, le impiden que active los mecanismos para solucionar la crisis política que atraviesa el país. Esto frente a la advertencia que realizó el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, sobre una paralización si el mandatario disuelve la Asamblea.

El diálogo con supuestas organizaciones indígenas

Cucalón manifestó que el diálogo con las diferentes organizaciones sociales se mantiene abierto y reiteró que la invitación también la realiza a Iza, pese al ultimátum que le dio al Gobierno Nacional. Para el ministro, las mesas de diálogo tienen un alto nivel de cumplimiento, pero la Conaie y el movimiento indígena desmienten lo dicho.

De hecho, el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, informó que la organización se retiró de las mesas de seguimiento del diálogo por el incumplimiento del Gobierno Nacional.

«Alejando la politiquería podemos seguir trabajando, los ciudadanos quieren paz. El gobierno respeta toda forma de protesta social«, expresó.

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El coordinador del oficialismo, Fernando Flores, aseguró que con las 221 páginas del documento se construyó «una fábula para concursos de historia y fantasía». Según los legisladores, no existen causales para la destitución de Guillermo Lasso.

Además, cuestionó la «celeridad» con la que se tomaron las relaciones entre «sujetos, asambleístas y movimientos políticos». «Sorpresa que ahí sí se paraliza la investigación y se deja de lado el proceso», mencionó.

De acuerdo a Flores, en el documento no se menciona a Ronny Aleaga, pese a que se reveló un audio en el que aparecía como presunto involucrado en este entramado de corrupción.

«Aleaga dijo que un audio no era un elemento fundamental para establecer responsabilidad y no tendría validez. El audio no sirve para unos, pero sí para otros», detalló.

El parlamentario comentó que la bloque no respaldará ningún informe. Manifestó que tratan de tomarse el poder por la fuerza, pues elaboraron el documento en ausencia de algunos asesores.

Respuesta de UNES

La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, apuntó que los legisladores deberían proponer el juicio político contra el Lasso. Afirmó que, una vez socializado el informe, presentada la petición y recopiladas la firmas necesarias, la Corte Constitucional (CC) tiene seis días para pronunciarse y determinar si se admite o no.

«Estamos a expensas de conocer el contenido del informe para analizar en el Pleno de la Asamblea y saber que posición tomará el Legislativo y la bancada. De ser el caso, seremos quienes presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República«, precisó.

El conflictivo informe borrador

EL informe borrador recomienda el juicio político contra el presidente Lasso. El documento será debatido por la mesa el miércoles 1 de marzo y pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle tuvo acceso al documento borrador de la Comisión y entre sus recomendaciones están:

• Remitir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Contraloría General del Estado para que inicie las investigaciones penales y administrativas.
• Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución que prevé como causal la censura y destitución del cargo público representativo (…), pues existen indicios de haber cometido del delito de «traición a la patria».
• Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues su conducta se adecua al cometimiento de los delitos contra administración pública. (N.J.C)

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