«No, no tiene pensado cambiarse de domicilio (…) y solo saldrá para visitar a su familia (…) la Fiscalía ha anunciado que va a apelar la decisión, pero me parece una locura, pero nosotros la enfretaremos como hemos venido enfrentando el proceso por casi cuatro años».

El martes 31 de enero, la justicia determinó la inocencia del activista. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó el estado de inocencia de Bini y dejó sin efecto todas las medidas cautelares dispuestas en su contra en esta causa que inició en el 2019.

Ola Bini expresó su conformidad con la decisión unánime del tribunal a través de redes “Ganamos”.

Ola Bini fue detenido por la Policía Nacional en el Aeropuerto Mariscal Sucre sin una orden judicial el 11 de abril de 2019. El informático suizo fue acusado de confabulación contra el Estado ecuatoriano bajo el argumento de que Bini mantenía conversaciones con Julian Assange, a quien se le acababa de retirar el asilo político en la embajada de Ecuador, en Londres.

La exministra del Interior, María Paula Romo había expresado en una rueda de prensa que en Ecuador viven hackers miembros de WikiLeaks que «intentaban» desestabilizar el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.

La casa de Bini fue allanada e investigada por la Policia, mientras el informático permanecía esposado fuera de su domicilio. La audiencia posterior levantó en su contra cargos por el delito de vulneración de sistemas informáticos. (O.S.V)

La entrada Ola Bini demandará al Estado ecuatoriano por daños y perjuicios se publicó primero en La Calle.

Ola Bini fue declarado inocente en este día (31 de enero de 2023), por fin. «Otra infamia que en el tiempo no se pudo sostener» escribe una sensible y luchadora amiga. Excelente noticia: por fin deben estar muy contentos los abatidos y desesperados padres de este muchacho.

Juicio internacional al Estado ecuatoriano es, o debería ser, el inexorable siguiente paso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por reparación integral a la víctima y ojalá que con responsabilidad penal y pecuniaria (porque eso es lo único que les duele) a L. Boltaire Moreno, a María Paula Romo, al asesor presidencial Julio Bueno, y a un montón de autoridades, funcionarios y pesquisas del corrupto gobierno anterior, del aparato fiscal y judicial de esa época y a varias autoridades del Ejecutivo actual y la fiscalía general. Espero que muy en breve no duerman tranquilos debido a la colosal infamia cometida, al haber encarcelado, denigrado y enmierdado a este inocente, para que la sanguinaria y torpe opinión pública pegue el alarido: «¡Crucifíquenlo!»

Hoy en que se ha resuelto su libertad, es evidente que esa orden judicial de libertad, tardía pero concretada, significa que el máximo poder del Estado sabe que se le puede venir ya un juicio internacional. Que puede durar mucho tiempo deben estar analizando, pero que al final tendrá sentencia condenatoria («pero para entonces ya no estaremos en el gobierno; les tocará a otros la sentencia»: así siempre piensan con cinismo los poderosos de turno en el poder).

Esta vez convoco a una tarea colectiva: debemos evitar que al inicio y al final del túnel, las autoridades actuales y futuras del Estado y su Procuraduría, acepten «pagar» indemnización, como ordena siempre la Corte Interamericana, pero que quieran hacerlo con nuestra plata: la de los contribuyentes al Estado. No señores: esta vez paguen ustedes con sus propiedades, cuentas bancarias y patrimonios. Esa es la tarea desde hoy para que les duela el bolsillo a esta bíblica raza de víboras. La sentencia condenatoria obvia que se les viene, por el sufrimiento ocasionado a este joven que fue víctima y chivo expiatorio de paranoicas, paranoicos y sinvergüenzas de Carondelet, del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía y las Judicaturas, deben pagarla ellos también.

Hoy por fin hay alivio en la casa de sus padres allá tan lejos: en la Suecia nórdica, país que un día conocí y me recibió con tanto cariño y respeto.

La Comisión Legislativa de DH debe pronunciarse al respecto de este proceso y consecuencias más que necesarias. No puede quedarse enmudecida.

Recuerdo a ciertos medios difundiendo con saña y celebrando la paranoia canalla de esa época en que se le inventó de todo a este chico, para acusar hasta al Correa, a Assange y a la generosa militancia del software libre.

Recuerdo ver y oír a mi hermano argentino-boliviano Juan Cristóbal López (+), genio del software libre, amigo de este chico, y muerto de un cáncer durante la etapa crítica de la pandemia en Ecuador, indignarse por la vileza y la falsedad fabricada por el poder y los mass media.

El programador sueco Ola Bini, su abogado defensor, su digna madre y su querido padre, con el apoyo de las organizaciones de DH del continente, hoy tienen la posibilidad de un juicio internacional al Estado y a todos esos gavilleros -y gavilleras-.

Recuerdo a ciertos medios y a los inefables invitados de esos mismos medios: el «pesquisa de la cola de puerco» como lo dibuja mi Vilmatraca, y el tristemente célebre Crnel. Pazmiño, ex SIC-10, denigrar y falsear con típicas operaciones mediáticas, para justificar la detención y prisión infamante. Ojalá un día pudieran ser igualmente procesados en esos juicios internacionales por difundir falacias fabricadas contra inocentes.

Lo mismo ocurrirá con los hijos e hijas de Mayo y guevaristas presos, tarde o temprano. El Sr. Lasso, su canciller y su procurador, deben informarse urgente de lo que a futuro puede sucederles igual en cortes internacionales si no liberan a esos otros chivos expiatorios de una operación de bandera falsa como la padecida por «los 4 de Guildford» en el Reino Unido (vean el film laureado «En el nombre del padre» y decidan su libertad antes de que sea demasiado tarde… para ustedes).

Ola Bini es el retrato del Ecuador corrompido y paranoico en sus alturas «y sus bajuras». Pero también simboliza la digna terquedad de pocos: su abogado que nunca lo dejó, la gente que no calló… entre ellos un hermano mío de la vieja y extinta APDH, hoy migrante en Inglaterra, que va a emocionarse mucho con esta noticia de libertad.

Vuela libre, muchacho, al encuentro de tus queridos padres que tanto lucharon y lloraron por ti.

(*) defensor de derechos

Noche del 31 de enero de 2023.

La entrada «OLA BINI: Vuela pronto, muchacho, al abrazo de tus viejos» se publicó primero en La Calle.

La observación del caso es llevada a cabo por 19 organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, INREDH y las organizaciones presentaron su informe donde se detalla todas irregularidades y violaciones al proceso judicial.

Ola Bini estuvo detenido en abril de 2019 y obtuvo un habeas corpus el mes de junio del mismo año. Sin embargo, el anterior Gobierno de Lenín Moreno persiguió nuevamente al activista de derechos digitales a través del Ministerio de Gobierno presidido por María Paula Romo en enero de 2021.

Luego de faltas en el posterior allanamiento y detención, Bini ni siquiera tuvo una causa o delito para que un juez generara tales órdenes. INREDH recalca que luego de que retiraran su habeas corpus, fue víctima de esos abusos del derecho penal. Bini fue llamado a juicio de sentencia a pesar de que su defensa cuenta con más de 50 testimonios y pericias.

Además, señalan que Fiscalía reformuló cargos con elementos de cargo y descargo antitécnicos en materia de delitos informáticos. A Bini lo acusan de acceso no consentido a servidores informáticos gubernamentales. Por ello, Rosa Bolaños, asesora legal de INREDH, manifiesta que estas pruebas fueron ‘sumamente mediatizadas’.

Allanan centro de autonomía digital dirigido por Ola Bini

Es decir, la mayoría de pruebas eran declaraciones de autoridades ministeriales del régimen de Moreno. A ello acotó que Romo usaba incluso la nacionalidad de Bini a modo de epíteto como: «hacker ruso del correísmo que intenta desestabilizar al Gobierno».

Falta de independencias en el Caso Ola Bini

Todo ello se concatena en un mensaje político de Romo para que haya existido la inmediatez que violó formalidades de detención, allanamiento y juicio de Bini, al hacerlo mediático, sostuvo. «Fue una detención y proceso arbitrario e ilegal».

Bolaños añadió que la falta de independencias alcanzó a los tribunales debido a la presión de ‘las esferas de poder’ y la presión mediática, que resulta preocupante en este proceso judicial. Ella denuncia que la figura judicial de penalizar actos ilícitos no se vio reflejado en este caso ya que el proceso disciplinario se ve motivado por lo que el procesado representa.

En otras palabras, se llevó a juicio de esta manera a una persona que presuntamente representa al movimiento político ‘enemigo’ del Gobierno de turno.

«Pánico Hacker»

Veridiana Alimonti, quien representa a Electronic Frontier Foundation, afirmó que las autoridades ecuatorianas en este caso intentan posicionar el discurso de «pánico hacker». Pues, según explica, un programador de software, un activista digital, y entre otros no necesariamente es una persona con intenciones de ‘hackear’ equipos con un motivo particular.

Ella explica que con este ‘pánico’ se logra una cortina de humo que facilitó el proceso judicial contra el activista ruso. En un principio, no dijeron exactamente qué había «atacado» Bini, ni lo dijeron luego. También añadió que la principal evidencia que maneja Fiscalía es una foto donde se evidencian instrumentos informáticos, que cualquier persona que trabaje en ese ámbito utiliza.

Supuestamente también existe una captura de pantalla del teléfono celular de Bini que se asemeja más a la de una computadora, explicó Alimonti. En la primera foto se puede ver que en la pantalla de la computadora Bini intentaba ‘acceder’ a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Pero, que ello no significó un acceso no consentido pues en primer lugar nunca lo hizo, y la pantalla donde se muestra el ingreso por medio de usuario y contraseña lo prueba, según ella.

Amedrentamiento de Fiscalía con Ola Bini y activistas de derechos digitales

La asesora Bolaños también explica que no hay claridad en cómo el Estado ecuatoriano entiende un delito informático, o con qué excusas se ha llevado a cabo el juicio contra Ola Bini. Ella denuncia que en el proceso no se ha visto los detalles técnicos acerca de derechos digitales o lo que es un delito informático. «La noticia del delito nace desde María Paula Romo» dijo.

Por ello, es la falta de tecnicidad y que no se entienden los delitos informáticos así como los derechos digitales, impide un razonamiento jurídico enmarcado en el derecho penal con verdadera objetividad y debida diligencia investigativa. En la última parte del informe se muestra la preocupación de una intención de amedrentamiento por parte de Fiscalía contra la defensa legal de Ola Bini.

Según explicó Rafaela De Alcantara, asesora de DD.HH. de la oficina de Brasil y sudamérica, existe una cultura de vigilancia hacia quienes ejercen el activismo por los derechos digitales desde los Gobiernos. La defensa de Bini cuenta con un testigo experto en ejercicio de derechos digitales. Revelan que fue vinculado al delito de fraude procesal. Y por ello se encuentra en peligro el componente técnico que complete la correcta ejecución del proceso. Pues con ello se contaría con todos los elementos técnicos acerca del supuesto delito.

Fiscalía nuevamente activa el derecho penal para amedrentar a quienes intentan demostrar la verdad procesal y que Bini sea juzgado con los elementos de objetividad e imparcialidad apegada al debido proceso. Por ello, es que existe la preocupación de un abuso y ejecución arbitraria de las competencias de la parte acusatoria contra Ola Bini.

La audiencia de sentencia está prevista hasta el 22 de mayo, donde si su fallo no es favorable, se analizará la sentencia escrita para apelarla posteriormente con una ‘misión salvadora’.

La entrada Informe del INREDH sobre el caso Ola Bini develó irregularidades se publicó primero en La Calle.

“El 11 de abril se cumplen 3 años desde que el sueco fue arrestado en el aeropuerto de Quito y liberado, 70 días después, gracias a un habeas corpus que reconoció que se violaron derechos fundamentales. Más de 100 violaciones al debido proceso han sido detectadas en este caso”, señala la cuenta Justicia Minuto a Minuto.

Los usuarios en redes dicen que se trata de persecución y hostigamiento, nuevamente, por parte del Gobierno. Además, consideran que se trata de una pantalla de humo sobre el escape de “Don Naza”.

Juicio a Ola Bini

El 11 de abril de 2019, Ola Bini fue detenido en el aeropuerto cuando disponía viajar a Japón. María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano, que tenían relación con órdenes del activista Julián Assange.

Bini fue procesado por ataque a la integridad de sistemas informáticos. El 19 de enero de 2022, se inició el juzgamiento por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Sin embargo, hubo una moción para declarar el abandono de la acusación de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La moción no procedió.

La entrada Allanan centro de autonomía digital dirigido por Ola Bini se publicó primero en La Calle.

Se prevé que la Fiscalía presente las pruebas testimoniales, periciales y documentales ante el Tribunal de Garantías Penales.

Se acusa a Bini de participar en el presunto delito de acceso no autorizado a sistemas informáticos, tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con pena privativa de libertad, de tres a cinco años.

La defenssa de Bini ha dicho que el juicio se está desarrollando después de múltiples demoras, hostigamiento y cambio de cargos que ha realizado la Fiscalía. Este último, ha sido la razón por la que varias organizaciones de derechos humanos han señalado la posible interferencia política en el caso.

Además, argumenta que la base de los cargos de la Fiscalía carece de pruebas sólidas y que existen de alrededor de 65 violaciones al debido proceso judicial.

Según Peoples Dispatch, un grupo de observadores en representación de la Fundación Regional de asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Observatorio de Derechos de Justicia (ODJ), junto a otros grupos de derechos y periodistas de medios independientes, asisten al proceso para asegurarse de que Bini tendrá un juicio justo.

El caso

Ola Bini radica en el país desde 2013. Se lo vincula a Julian Assange y la organización Wikileaks, fundada por este último.

En 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno, Bini fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Quito, cuando se preparaba para abordar un avión rumbo a Japón.

La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusó a Bini de acceder sin autorización ni consentimiento al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El Gobierno de Lenín Moreno argumentó que Bini tenía el objetivo de obtener información del contenido digital del sitio alterno de contingencia de los sistemas críticos de la Presidencia de la República del Ecuador.

Bini fue puesto bajo arresto pocas horas después de la expulsión y arresto forzoso de Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres.

Un caso extraño

El Gobierno ecuatoriano no presentó cargos de forma inmediata después de arresto arbitrario del informático sueco, e hizo acusaciones públicas sin pruebas, afirmando que Bini y Assange conspiraban para cometer delitos cibernéticos. No obstante, el Gobierno presentó cargos en contra del informático tiempo después del arresto.

Bini estuvo privado de su libertad. 70 días después de su arresto y con la ayuda del recurso de Habeas Corpus, se declaró ilegal su detención.

En el proceso se espera que el tribunal ratifique la inocencia del informático, pues, según la defensa, las organizaciones por los derechos y otros informáticos, la Fiscalía no ha logrado presentar ningún tipo de prueba contundente que dé cuenta y corrobore este aparente delito. 

La entrada Se desarrolla el segundo día de juicio contra Ola Bini se publicó primero en La Calle.

En la misiva se explica que investigación de La Posta “revelan graves hechos que eran desconocidos por esta defensa técnica”. Sin embargo, aseguran que confirman la hipótesis de fraude procesal.

Según Soria, esto consiste en que “el caso fue artificialmente construido con fines políticos, desnaturalizando el derecho penal y convirtiendo la justicia en instrumento de persecución personal y direccionado desde la esfera política pero instrumentada por funcionarios policiales que continúan en la institución a su cargo”.

El texto enfatiza en que la defensa de Ola Bini ha denunciado durante meses la ilegalidad y arbitrariedad de la detención.

‘Confiados en que este nuevo gobierno sabrá hacer respetar los derechos de quienes habitamos el país y precautelar la integridad de aquellos funcionarios policiales que cumplen con sus obligaciones y pueden ser objeto de arbitrariedades en su contra, por cumplir con su misión, insistimos en la urgencia de nuestro pedido”, concluye el documento.

La entrada Defensa de Ola Bini pide reunirse con la ministra de Gobierno se publicó primero en La Calle.

Esta orden de detención ilícita habría sido fraguada por la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exviceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el exdirector de la Dirección General de Inteligencia (DGI), Freddy Ramos; y los oficiales de inteligencia Francisco Saavedra, Paúl López, Jorge Cortez y Mauro Vargas.

Según el medio, el montaje contra Ola Bini fue planificado porque, la entonces ministra Romo, necesitaba presentarle a Moreno un culpable, frente a la acusación de intentar desestabilizar al régimen y específicamente tras la filtración de los INA Papers.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, indicó que desde siempre han sostenido que la persecución contra el sueco “fue política y con probadas ilegalidades”. También dijo que, ante estos hechos, el 30 de junio del 2021, presentaron una denuncia por fraude procesal.

Informó también que, con fecha 10 de agosto, fue abierta la investigación previa por la fiscal a cargo.

El medio también advirtió al gobierno de Lasso que muchos de los que participaron en esta pantomima siguen en el poder. Mencionó a Jorge Costa, ex Senain, que hoy funge como asesor de la inteligencia de Lasso; Mauro Vargas, es el actual director de inteligencia; y Fredy Ramos, que hoy es director de Inteligencia Nacional.

La entrada Ola Bini fue víctima de un fraude procesal orquestado por el Gobierno de Moreno se publicó primero en La Calle.

«¿Cuál es el equivalente a lo que fue Snowden en este país?», dijo Verá a sus entrevistados. Se nota que no son periodistas, ¿pudo haber hecho esto Ola Bini por venganza cuando usaba un aparato de CNT y considera que su juicio es injusto?», añadió.

Su invitado Francisco Espinosa, de la compañía Anzen, indicó que «claro que lo podría hacer y no solo él, otros grupos que incluso pueden estar fuera del país».

Acusación sin pruebas

«No seguiremos ningún proceso contra él, pero si haremos uso del derecho a la réplica por las expresiones que dio sin conocimiento ni pruebas», indicó Carlos Soria, abogado de Ola Bini a Radio La Calle.

Añadió que espera que Vera les ofrezca un espacio en su programa para rebatir sus insinuaciones. «Sus declaraciones pueden también afectar el juicio de Ola Bini que ya tiene nuevos jueces», añadió.

La entrada Vuelven las teorías conspirativas: ¿Ola Bini hackeó a CNT? se publicó primero en La Calle.

Dentro de 3 días, aproximadamente, el Consejo de la Judicatura asignará un nuevo juez para que continúe con el caso.

Los hechos

El caso Ola Bini inició en 2019 por ingresar al sistema informático de las empresas: PetroEcuador, y la antigua Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain). Los cargos pasaron de ataque a la integridad de sistemas informáticos a acceso no consentido.

Según diario El Mercurio, Carlos Soria, abogado de Bini dijo que Proaño violó los derechos humanos y constitucionales del sueco.

La entrada Jueza de caso Ola Bini, fuera por fraude procesal se publicó primero en La Calle.

«Ya sabemos por qué se suspendió la audiencia; la señora ministra de Gobierno ha recusado a nuestro juez y justo le notifican con la recusación a solo minutos de la audiencia. (…) El abogado del ministerio estaba ahí y no sabía nada de la recusación», escribió Soria de acuerdo al reporte de Sputnik.

Según la ley del Poder Judicial ecuatoriano, una vez notificada la recusación se suspende la competencia del juez del caso.

A inicios de octubre, Bini planteó un recurso de habeas data contra el Estado ecuatoriano ante la Unidad Judicial Penal de la parroquia Carcelén Quito (norte). Él denuncia supuestas escuchas y seguimientos ilegales desde abril de 2019.

Entre los demandados figuran la ministra Romo, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Juan DeHowitt, y el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Con la demanda, el programador amigo de Julian Assange busca que el Gobierno le informe si hay alguna orden para seguimientos en su contra o para interceptar sus dispositivos electrónicos.

El caso

Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto internacional de Quito antes de abordar un avión hacia Japón. Ese mismo día Ecuador puso fin al asilo de Assange después de casi siete años de estadía en su Embajada en Londres.

El sueco Ola Bini fue acusado de supuesto espionaje cibernético por el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado en junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (norte) aceptara un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece una vez por semana ante la autoridad fiscal.

La entrada Romo recusa a juez del caso del informático sueco Ola Bini; audiencia se suspende se publicó primero en La Calle.