Quito, 12 abr (La Calle).- En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905) el pensador alemán Max Weber (1864-1920) analizó la relación entre el pensamiento religioso protestante (calvinista, más que luterano) y el capitalismo de la Europa del Norte. Demostró que la “ética” protestante esperanzada por construir el Reino de Dios en la tierra sobre la base del trabajo personal y el hábito por alcanzar el éxito económico, favoreció el desarrollo del capitalismo. Fue una tesis que revolucionó la forma de apreciar el mundo de las ideas y su conexión con la economía. Sin duda refleja una verdad histórica si se contempla el papel jugado por el catolicismo en la colonización de América Latina y su herencia posterior, que no favoreció el desarrollo capitalista, mientras que el protestantismo resultó un factor dinamizador en los Estados Unidos. Pero la tesis weberiana queda corta para entender los procesos históricos latinoamericanos y su propio desarrollo capitalista, incluso porque el genial pensador no estudió a la región, lo cual no cabe entenderse como subvaloración de sus obras, que tienen enorme trascendencia en el pensamiento latinoamericano, como lo ha destacado, entre otros, el libro Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción, editado por Álvaro Morcillo Laiz y Eduardo Weisz (2016).
 
Está suficientemente demostrado que la época colonial de América Latina, en pleno mercantilismo, sirvió para la acumulación primitiva/originaria de capitales en Europa. Pero fueron las independencias y el surgimiento de los Estados nacionales en la región los factores que permitieron tomar al capitalismo europeo y a la economía norteamericana como referentes para la modernización de cada país. Sin embargo, durante el siglo XIX en todos los países latinoamericanos predominaron economías agrarias, precapitalistas, con mercados internos estrangulados por la hegemonía de relaciones laborales basadas en distintas formas de servidumbre y no de trabajo asalariado libre, con comercio exterior de bienes primarios e inevitable dependencia de los centros capitalistas. Si bien contados países (Argentina, Brasil, México) montaron industrias y manufacturas en la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo capitalista latinoamericano es propio del siglo XX y en varios países (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Centroamérica) solo queda definido a partir de mediados de este siglo.
 
Esa extensa historia económica fue acompañada por la formación de una “ética oligárquica” que, parafraseando las ideas de Weber, impidió o limitó el “espíritu capitalista”. Su origen es colonial, de modo que la clase de antiguos criollos dominantes pasó a ser la élite constructora de los nuevos Estados. En la ideología de esas élites los “valores” oligárquicos favorecieron la implantación de repúblicas con democracias censitarias; poder político concentrado en los propietarios de tierras, comerciantes, banqueros y patronos mineros; defensa de la propiedad privada; mantenimiento de las formas serviles de trabajo agrícola, incluyendo la esclavitud (hasta su abolición a mediados del siglo XIX); superexplotación a las poblaciones indígenas (México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y otros); clasismo, racismo y aristocratismo nobiliario frente al resto de la sociedad; tradicionalismo familiar, conservadorismo y cultura católica; localismos y regionalismos. En el combate a los conservadores, los liberales proyectaron una sociedad basada en los valores ilustrados, políticas democráticas, proclamación de derechos individuales e industrialización, pero tampoco asumieron la reforma agraria, hasta que la Revolución Mexicana (1910) la impuso marcando un nuevo proceso histórico para poner fin a los regímenes oligárquicos en la región, que se extendió en los diversos países con el avance capitalista del siglo XX.
 
El desarrollo capitalista latinoamericano es fruto del despegue y crecimiento de las burguesías; pero los Estados actuaron siempre como dinamizadores centrales. De modo que los empresarios de la región han crecido bajo las alas protectoras de los Estados. El “desarrollismo” de las décadas de 1960 y 1970 no se concibe sin ese intervencionismo económico. Durante el siglo XX las reformas impuestas por distintos gobiernos con inclinaciones sociales, las inversiones en bienes, infraestructuras y servicios públicos, o la industrialización sustitutiva de importaciones, permitieron dejar atrás las oprobiosas condiciones de vida y trabajo que caracterizaron a los regímenes oligárquicos del pasado.
 
Como se ha experimentado en América Latina durante las décadas finales del siglo XX, la introducción del neoliberalismo se asentó sobre el capitalismo en auge en la región y en el marco de la globalización transnacional con hegemonía de los EE.UU. tras el derrumbe del socialismo soviético. Provocó crecimiento y “modernización”. Pero no desarrollo con bienestar social. Y sus límites se han vuelto evidentes con el avance del siglo XXI y el renacer del neoliberalismo y su evolución al libertarianismo, porque se advierte que el viejo “ethos oligárquico” no se superó en forma definitiva sino que se mueve en un nuevo plano conceptual: achicar el Estado, privatizar todo lo público, evadir y suprimir impuestos a los empresarios, flexibilizar las relaciones laborales, re-primarizar las economías internas, fortalecer las relaciones de la dependencia externa a través de tratados de libre comercio, con ventajas al capital externo por medio de los arbitrajes internacionales, etc. El camino distinto ha correspondido a los gobiernos progresistas de la región, en tanto las reacciones oligárquicas están en pie de lucha contra ellos. Debe subrayarse que la moderna ética oligárquica neoliberal/libertaria se ha convertido en un freno histórico para el progreso económico y el bienestar social o el Buen Vivir, si se prefiere este término.
 
Ecuador es un país que ha pasado a ser ejemplo del giro a favor de la economía neoliberal con hegemonía política oligárquica. Desde 2017, lo que se identificaba en la década de los 60 como “cuadro del subdesarrollo” está a la orden del día en todo tipo de estadísticas nacionales o de los organismos e instituciones internacionales. Se ha unido el inédito avance del crimen organizado y la delincuencia común, ante un Estado debilitado y con la institucionalidad del derecho degradada. Sin importar lo que dice la Constitución, se añade la vinculación a las geoestrategias de los EE.UU. que ahora incluye acuerdos militares tanto en Ecuador como en Argentina. En ambos se ha facultado la presencia privilegiada de personal y misiones militares, en lo que constituye un eje de acciones entre el Pacífico, el Atlántico y la Antártida en la “conflictiva” Sudamérica, poseedora de oro, cobre, petróleo, agua, litio y otros recursos “necesarios” a la seguridad nacional de los EE:UU, según las conocidas previsiones realizadas por la Comandante del Comando Sur (https://t.ly/TqOpw). En contraste, tampoco ha importado la ruptura de relaciones diplomáticas resuelta por México a raíz de la inconcebible incursión en su Embajada en Quito para capturar a un ex vicepresidente a quien México le había otorgado el asilo político (https://t.ly/NEkue ; https://t.ly/6Nxsn). Las condenas internacionales ante este hecho fueron inmediatas.
 
Se trata de un cuadro histórico que no se ha vivido en Ecuador desde 1925, cuando la Revolución Juliana logró imponer el interés nacional al sector privado, principalmente bancario, que había convertido al Estado en un eslabón más de su cadena de dominación; o por lo menos desde 1944, cuando “La Gloriosa” derrumbó el renacer oligárquico bajo el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Son fenómenos que deben llamar la atención de los estudios sobre las “nuevas derechas” y el avance del fascismo en América Latina.

La entrada Ética oligárquica y espíritu capitalista | Opinión se publicó primero en La Calle.

Quito, 14 feb (La Calle).- Cada continente tiene su propia historia. Además, en ellos también hay diferencias regionales y sociales que marcan historias específicas. Y si bien América, en general y América Latina/Caribe, en particular, tienen una milenaria historia precolonial, con una riqueza de culturas que evolucionaron en distintas fases desde el poblamiento originario y las primeras comunidades de cazadores-recolectores, hasta llegar a la época de las grandes civilizaciones de Aztecas, Mayas e Inkas, la región pasó a formar parte de la historia de Occidente a partir de la invasión y conquista iniciada por Cristóbal Colón en 1492. Lo hizo como región subordinada al mercantilismo colonial. Y desde este momento se sentaron las bases históricas de la dependencia externa, el subdesarrollo, la jerarquización social, la explotación de minorías criollas blancas y blanco-mestizas sobre las enormes mayorías de las poblaciones y otros tantos “patrones” de evolución posterior, que fueron destacados medio siglo atrás por Stanley J. Stein y Barbara H. Stein en La herencia colonial de América Latina (1970).
 
A esa herencia se suman las nuevas condiciones creadas a partir de las independencias, por las repúblicas latinoamericanas, el modelo político definitivo, ya que fueron temporales los imperios en México y Brasil. Dominadas por poderosos terratenientes, empresarios del comercio interno y externo, por mineros y banqueros, las “democracias” proclamadas en el siglo XIX no solo fueron censitarias, sino “elitistas”, porque esas clases excluyeron expresamente a las poblaciones y los conflictos de la vida política se centralizaron en ellas. Durante el siglo XX, al compás del desarrollo capitalista, la afirmación de las burguesías latinoamericanas y el creciente ascenso y lucha de clases medias, trabajadores y sectores populares, las economías se volvieron complejas, la política se diversificó entre fuerzas sociales con diversidad de intereses y la región también pasó a integrarse en la vorágine mundial despertada con el desarrollo del imperialismo capitalista. La literatura social sobre estos temas es riquísima en la región. Y tuvo un crecimiento y profundidad impresionantes desde la década de 1960, especialmente por las investigaciones vinculadas con la teoría marxista, que hasta fines de la década de 1980 determinó las coordenadas de la ciencia social de la región, como lo analizaron a su tiempo obras como la de Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz, Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976) o la de Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli Los métodos de la historia (1984).
 
En lo que va del siglo XXI igualmente se ha esclarecido que el capitalismo latinoamericano ha ingresado a una nueva época, evidentemente más compleja, pero que tampoco ha superado viejas herencias coloniales y republicanas. Aún más, de la mano de gobiernos y políticas económicas neoliberales, la región revirtió “viejos” logros sociales, como los derechos laborales, y arrasó con las capacidades de los Estados, otrora potenciadas por las políticas desarrollistas y estructuralistas de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Incluso las economías sociales avanzadas por los gobernantes progresistas fueron desmontadas al suceder gobiernos abiertamente empresariales y neoliberales.
 
En estos nuevos contextos históricos, vuelve a hablarse de “élites” que no solo controlan las riendas de la economía, sino que hegemonizan el poder, “capturan” los Estados y aseguran su dominación social. Al estudio pionero de Seymour Martin Lipset y Aldo E. Solari en Elites y desarrollo en América Latina (1967), se unen recientes estudios. Destaco cuatro obras que tienen singular importancia para el presente histórico: el libro de Inés Nercesian Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI (2020); Las tramas del poder en América Latina. Élites y privilegios, editado por Inés Nercesian, Francisco Robles-Rivera y Miguel Serna (agosto 2023); el dossier sobre “Élites y poder político en América Latina” coordinado por Edison Hurtado, Miguel Ruiz, Jonathan Báez (Íconos 77, diciembre 2023); y el reciente libro coordinado por Soledad Stoessel y Valeria Coronel La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia (2024). Lo importante es que en estas obras hay estudios sobre varios países, un asunto vital para comprender el fenómeno de las “élites” latinoamericanas y destacar que su presencia y las condiciones de su poder no son exclusivas de un país en particular, sino una realidad especial en la región.
 
A partir de esos estudios, resalto algo más sobre las nuevas circunstancias históricas analizadas en ellos. Es cierto que, en el presente siglo, las élites ya no se limitan a influir en el poder, sino que incursionan directamente en la política y capturan el Estado, de modo que no son raros los empresarios-políticos ni los presidentes-empresarios y, además, millonarios. Guiados por sus consignas neoliberales y ahora libertarias, no les interesa la justicia social (https://t.ly/csmv3), desprecian a los sectores populares, abiertamente buscan fórmulas para explotar a los trabajadores y usan el Estado, sus funciones y sus aparatos, para perseguir, judicializar y reprimir a los opositores y, ante todo, al progresismo y al izquierdismo sociales. Interesados exclusivamente en las mayores rentabilidades y la concentración de la riqueza y los recursos nacionales en sus manos, las “élites” (o mejor la alta burguesía) han dejado de preocuparse por el desarrollo económico. Es impresionante, de acuerdo con los datos aportados por los investigadores en los libros citados, cómo se ha agravado la concentración de la riqueza en medio de la pandemia del Covid del año 2020, al mismo tiempo que la polarización frente a la pobreza, el desempleo, el subempleo y la emigración. Y algo adicional, que se vuelve cada vez más visible, aunque lo vivió Colombia largo tiempo: algunas “élites” están rozando las vías por las que también transita la economía ilegal de mafias y crimen organizado, como se está destapando en la experiencia de Ecuador de los últimos siete años. Los responsables históricos de esta inédita situación son los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y del banquero Guillermo Lasso (2021-2023). A pesar de esa herencia, la matriz económica empresarial-neoliberal no se ha modificado con el gobierno del millonario Daniel Noboa.
 
Todo ello significa que la “democracia” ha dado un giro contra su propio ideal: América Latina ha retomado la senda que tuvieron las democracias elitistas del siglo XIX e incluso las conducciones del Estado, en manos de los empresarios-políticos, recobra las mismas características que tuvieron los Estados oligárquicos del pasado. Democracias en las que ya no se admiten las demandas e intereses de lo que cierta conceptualización sociológica denomina como “clases subalternas”. Que acuden al golpismo institucional cuando es necesario, como lo experimenta ahora el presidente Gustavo Petro en Colombia. Élites latinoamericanas abiertamente identificadas con el capital transnacional y, sin duda, con los Estados Unidos. Que cumplen con fidelidad al FMI. Son las democracias-oligárquicas del siglo XXI.

La entrada Élites y democracias oligárquicas | Opinión se publicó primero en La Calle.

Los 8 binomios para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador que se han conformado para las elecciones del próximo agosto (2023) son: Luisa González/Andrés Arauz por Revolución Ciudadana (RC-5); Jan Topic/Diana Jácome por Partido Social Cristiano, PSC; Partido Sociedad Patriótica, PSP; y Centro Democrático; Yaku Pérez/Nory Pinela por Unidad Popular, UP; Partido Socialista Ecuatoriano, PSE; Democracia Si, DS; Otto Sonnenholzner/ Erika Paredes por Avanza y Suma; Fernando Villavicencio/Andrea González por Movimiento Construye” (ex Ruptura de los 25); Xavier Hervas/Luz Marina Vega por Movimiento RETO; Bolívar Armijos/Linda Romero por Movimiento Amigo; Daniel Noboa/Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia, PID y Movimiento Mover (antiguo Alianza País). También serán elegidos los miembros de la nueva Asamblea Nacional y se realizará una histórica consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
 
Lo primero a tomar en cuenta es que la idea de que los partidos políticos son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, así como constructores de la democracia, es muy discutible en Ecuador. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) están registrados 6 partidos y 11 movimientos nacionales; 69 provinciales; 174 cantonales; y 19 parroquiales, un total de 279 agrupaciones políticas. La enorme mayoría de “partidos políticos” o “movimientos” no pasan de ser clubes electorales con simples membretes, alrededor de figuras que aglutinan amigos, familiares, simpatizantes y adherentes, más que a “militantes” propiamente dichos; sin ideología definida ni programa de gobierno significativo, con intereses personalistas o burocráticos. Las “alianzas” partidistas tienen fines coyunturales, clientelistas y aspiran a prebendas. Bajo estas realidades, es evidente que tampoco sirve una clasificación coherente y certera entre “izquierdas” y “derechas”, términos inexactos, que son usados para las más variadas interpretaciones. De manera que, en un régimen presidencialista como el de Ecuador y en la mira de las futuras elecciones, hay que observar las orientaciones partidistas de acuerdo con la trayectoria e identidad que demuestran frente a las realidades del país.  
 
Implacablemente perseguido durante 6 años (Lenín Moreno inició esa persecución, continuada por Guillermo Lasso), con líderes judicializados y sentenciados, militantes emigrados, atacado por todas las agrupaciones y movimientos que quieren levantar su espacio político, con una fuerza recurrente de apoyo (10 elecciones ganadas entre 2007 y 2017) y una personalidad (Rafael Correa) sobre la que orbitan directrices centrales, la RC-5 es, paradójicamente, el único partido-movimiento con amplia organización nacional, con ideario, programa gubernamental y experiencia en el Estado. En las elecciones seccionales y locales de febrero 2023, a pesar de las adversidades, el “correísmo” obtuvo un triunfo contundente. De igual manera, es una organización con diversidades internas y, además, centro de críticas y desengaños por parte de sectores que, sin embargo, pueden estar dispuestos a apoyar sus acciones y propuestas.
 
El PSC, la segunda fuerza nacional incluso en las elecciones de febrero, tuvo su época de gloria en el pasado inmediato, hegemonizó tres décadas en Guayaquil y adquirió significativa presencia en la Costa ecuatoriana. Sostuvo al gobierno de L. Moreno y también al de G. Lasso, hasta que rompió con él; pero está en declive, incluso por la separación de antiguos militantes que formaban parte del círculo central. El PSC ha expresado los intereses de la poderosa oligarquía guayaquileña, además de que los grandes empresarios del país lo apoyaron permanentemente. También las “derechas” sociales y políticas se sintieron representadas en él, hasta el aparecimiento de agrupaciones menores como CREO (patrocinador de G. Lasso en 2021, aunque hoy fuera de contienda) y Suma (hoy con Sonnenholzner). No pasa del oportunismo político o el cálculo burocrático, el respaldo actual del PSP y de CD, que son clubes electorales.
 
La candidatura de Y. Pérez, que se ofreció como alternativa al “correísmo” en 2021 (alcanzó el tercer lugar y el balotaje se definió entre Aráuz y Lasso), se halla en condiciones diferentes para el 2023. Hoy cuenta con el patrocinio de agrupaciones políticas tradicionales, que no han podido levantar una alternativa popular ni de gobierno desde hace décadas, pese a que se autodefinen como “verdaderas” y “auténticas” izquierdas y privilegian el “anti-correísmo”. Pérez ha tenido declaraciones a favor de Lasso desde 2017 e incluso se separó de Pachakutik; pero a último momento ha recibido el apoyo de la cúpula conservadora de Pachakutik, que tampoco ha podido presentar candidatos propios. Ello ha generado fricciones con la CONAIE, cuyo dirigente, Leonidas Iza (su candidatura habría contado con amplio apoyo entre las izquierdas sociales), ha señalado que las directivas de Pachakutik han tomado resoluciones personales ajenas a las decisiones colectivas de las bases. De modo que, con un movimiento indígena electoralmente dividido, Pérez no contará con el respaldo del pasado, por más que arrastre tras sí a sectores que nada quieren saber del “correísmo”.
 
En otro vértice, F. Villavicencio, calificado como el “principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional” por quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, solo se ha caracterizado por el radical anti-correísmo, revestido como combate a la corrupción. Mientras X. Hervas ha destacado por su ubicuidad en la “centro-izquierda”; D. Noboa, por ser hijo del millonario Álvaro Noboa, otrora recurrente candidato presidencial del desaparecido PRIAN, que fue una agrupación familiar; y B. Armijos, por su baja presencia política.

Las definiciones colectivas en el movimiento indígena no alterarán las divisiones políticas ya manifiestas. El movimiento de los trabajadores, por su parte, está tan debilitado y fraccionado que la posición de sus dirigencias no tiene repercusión ante el conjunto de las clases trabajadoras del país. También hay organizaciones sindicales que han defendido a Lasso y privilegian el anticorreísmo. Entre los otros movimientos sociales, los ecologistas son sensibles contra todo extractivismo y el de mujeres contra los límites a la reivindicación de sus derechos.
 
Pero el esclarecimiento de la coyuntura política del Ecuador tampoco puede basarse en cuestiones de marketing o de estilos y figuras personales, sino en las condiciones históricas del país. Por consiguiente, es necesario comprender que, en esencia, lo que está en juego en las futuras elecciones, es el modelo económico y social. Moreno revivió el neoliberalismo-empresarial que Lasso afirmó con características oligárquicas, similares a las de la primera “época plutocrática” del Ecuador entre 1912-1925 (por eso en varios artículos me he referido a la “segunda época plutocrática”). La base de ambos gobiernos se halla en un sólido bloque de poder, hegemonizado por grandes empresarios “derechistas”, elites enriquecidas, medios de comunicación, capitalistas externos, el imperialismo y una internacional conservadora anti-progresista. Un bloque golpeado con el fracaso del gobierno de G. Lasso, que no tuvo más remedio que acudir a la “muerte cruzada” para salvarse del juicio político en la Asamblea, a mitad de su gestión presidencial.

Confiaron en que los intereses de los grandes grupos económicos y las capas ricas del país serían garantizados; lograron imponer esos intereses en el Estado; capturaron la conducción de [las instituciones estatales centrales; y se beneficiaron con la implacable “descorreización”, con la que pretendieron enterrar todo izquierdismo y progresismo. Con su atrasada visión del mundo, aquel bloque ha persistido en cuatro consignas económicas desde las décadas finales del siglo XX: reducir al Estado, reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios públicos. Topic y Sonnenholzner representan la continuidad de ese régimen, aunque electoralmente dividen a las “derechas”. El PSC, que no presentó candidato propio, sino que decidió patrocinar a alguien ajeno a sus filas, confía, además, que el millonario empresario Topic, “soldado profesional”, paracaidista y experimentado francotirador, capte las decisiones electorales de una población desesperada ante la inseguridad cotidiana y el imparable crecimiento de la delincuencia y las mafias, un fenómeno inédito en la historia nacional, que apareció durante el gobierno de Moreno (el general Paco Moncayo confirmó que Moreno “desmanteló” el sistema de seguridad del país) y se desbordó en el de Lasso.
 
El peligro real para ese bloque de poder es el binomio González/Arauz. Entre sectores progresistas y de izquierda surgieron síntomas de frustración, sobre todo porque unos aspiraban la candidatura presidencial de Arauz; otros, la participación de Carlos Rabascall. También se dispararon las críticas contra la identidad “pro-vida” de L. González y su posición contraria al derecho al aborto. Sin embargo, hay condiciones históricas favorables para que la candidata progresista pueda convertirse en la primera presidenta de la historia del Ecuador, a pesar de que un consultor político piensa que la RC-5 ha optado “por la ¨soldada leal¨ con quien dificilmente ganarán las elecciones del 2023, pero la posicionarán para el 2025, con intención de que Rafael Correa sea su acompañante en la papeleta una vez nulitada su surrealista inhabilitación por ¨influjo psiquico¨… El proyecto correísta parece ser a 2025 y no para ahora, a la par se muestra cada vez más personalista y conservador”.  
 
Finalmente, habrá que tomar en cuenta las elecciones para la Asamblea, pues si se logra una mayoría identificada con el Ejecutivo, se garantizará un camino de convergencia en la conducción de las funciones del Estado que, de lo contrario, solo produciría un constante bloqueo y hasta una “pugna de poderes”.

De otra parte, quienes conocen las experiencias latinoamericanas y han seguido su historia saben bien que nunca se puede descartar el interés de la visión geoestratégica americanista de los EE.UU. en las elecciones que se realizan en cualquier país del continente. Desde su perspectiva, preferirán gobiernos empresariales y de “derecha”, a cualquier opción “peligrosa” de naturaleza progresista e izquierdista. Tienen experiencia con lo que sucedió durante el primer ciclo progresista latinoamericano y con aquellos gobiernos identificados con el segundo ciclo. Y de todo ello hay suficientes estudios académicos en la región. De modo que frente a la RC-5, les resultan bien aceptables Topic o Sonnenholzner, pero, en otra línea, también Pérez y, sobre todo, Villavicencio, quienes crean el espejismo ideal de una izquierdosidad muy conveniente para sepultar las aspiraciones de retorno del incómodo correísmo.
 
Es evidente, entonces, que la polarización política y electoral está entre la RC-5 y las candidaturas de Topic y Sonnenholzner. Aquí está en juego el modelo económico-social. Sin embargo, Pérez y Villavicencio aparecen como contradictores del “correísmo” y posiblemente sumen adhesiones de “derecha” y de “izquierda”. Pero todos apuntarán contra la RC-5 y mucho más si los resultados electorales conducen a la segunda vuelta. De hecho, apenas presentadas las candidaturas para el registro oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación del binomio de la RC-5 (y el de Villavicencio), argumentando incumplimientos de “formalidades legales” y fijando plazo para subsanarlas. Es solo un “incidente”, pero ¿qué más podrá venir en las siguientes semanas? El “anti-correísmo” despierta tales pasiones, que hasta la irracionalidad despega. Es un fenómeno ya experimentado en toda América Latina por el lawfare y el combate mediático contra cualquier liderazgo progresista, como ocurrió con Lula en Brasil o Cristina Fernández en Argentina.
 
En definitiva, así como al bloque de poder todavía vigente le interesa preservar su hegemonía económica y estatal, a los sectores del progresismo y la izquierda sociales interesa la definitiva defunción del neoliberalismo-empresarial “libertario” y oligárquico, que tanto daño ha hecho al Ecuador, como puede comprobarse en diversos estudios. Una economía de tipo social o una economía empresarial-neoliberal están en los polos opuestos de las elecciones de agosto. Se dará solo el primer paso, porque más decisivas serán las elecciones de 2025, cuando podrá marcarse un camino de larga duración para la sociedad ecuatoriana.

La entrada Ecuador rumbo a elecciones polarizadas | Opinión se publicó primero en La Calle.

“Tuvimos una primera época plutocrática entre 1912-1925. La Ley de Oportunidades consagra una segunda época plutocrática en Ecuador: oligarquías dominantes controlan el Estado, pagan pocos impuestos, acumulan riqueza, precarizan trabajo y dividen a la sociedad entre mundo de élites y mundo de plebe”, explicó el historiador en un hilo de Twitter.

De acuerdo con el experto, en 2019, los grupos económicos ganaron grandes cantidades en utilidades que no llegaron al fisco. “100 grandes empresas tuvieron USD 14.2 mil millones de utilidades entre 2016 y 2020. El impuesto a la renta causado fue 2.36%. A 2019, hay 965 personas en grupos económicos e ingresos superiores a USD 60 mil al mes. Las utilidades en 2020 fue de USD 223 millones en bancos. La evasión tributaria es de USD 7.600 millones”.

Paz y Miño indicó que la recaudación del impuesto a esas riquezas sería de más de USD 4.000 millones. “A pesar de esos datos, sigue repitiéndose que el Código de Trabajo es “viejo” (1938) y “rígido”, que los trabajadores son “inflexibles” y todos culpables de falta de “competitividad” e “inversión extranjera”, añadió.

Proyecto de ley en la Asamblea

El 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Oportunidades, que mezcla medidas tributarias y laborales. “«Con este proyecto queremos ampliar la oportunidad de empleo de forma flexible y eficiente. Queremos darle la oportunidad voluntaria a quien la quiera tomar. […] Más allá de diferencias políticas, juntos debemos garantizar el derecho a poder trabajar», indicó en su discurso.

La entrada La Ley de Oportunidades: una ley para la oligarquía, advierte historiador se publicó primero en La Calle.