El texto legal, de apenas cinco artículos, es una caja de Pandora de ambigüedades:

• Artículo 5: «La intervención, administración y operación del sector privado de las áreas protegidas, se realizará a través de instrumentos contractuales con el organismo público encargado de la administración y gestión de áreas protegidas para actividades como servicios turísticos» o «protección ambiental». Sin embargo, la ley no define límites ecológicos, mecanismos de vigilancia ciudadana ni sanciones por incumplimiento.
• Militarización verde: «Para la gestión de las áreas protegidas, la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine; sin perjuicio de gestión de los guardaparques
• Beneficios fiscales opacos: Recicla exoneraciones de 20 años a «emprendimientos turísticos» (Art. 54 del Código de Producción), sin exigir estudios de impacto ambiental ni cláusulas de reversión si se degrada el ecosistema.

El gobierno justifica la urgencia citando el ataque de grupos armados en la Amazonía el 11 de mayo de 2025, pero omite que 19 gobiernos locales ya están acreditados para gestionar áreas protegidas. Provincias como Tungurahua y Guayas invirtieron alrededor de USD 4.2 millones en conservación en 2023 sin privatizar ni un centímetro de territorio.

Aquí la propuesta

Antecedentes: Caso Olón

En septiembre del 2023, La empresa Vinazín—vinculada a Lavinia Valbonesi, primera dama— presenta el proyecto ECHO: cuatro edificios de lujo con acceso privado a la playa de Oloncito, en un terreno que incluía zonas de manglares protegidos. El informe técnico admitía que la obra requiere «intervención del estero».

Frente a esta situación, comuneros de Olón iniciaron protestas pacíficas tras ver maquinaria talando mangle. «Es un crimen: aquí anidan fragatas y cocodrilos americanos», denunciaba una de las habitantes de la zona. Posteriormente, llegaron 200 efectivos policiales y militares «para vigilar el orden».

Respuesta del gobierno

Frente al impulso de esta nueva ley en la Asamblea, Carolina Jaramillo, vocera oficial del gobierno, aclaró que la normativa no busca privatizar las áreas protegidas del país ni cambiar su status.»Esta ley busca promover entre tantas cosas, el turismo ecológico», dijo en rueda de prensa.

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Sin embargo, el comunicado de la empresa denota un tono de víctima, intentando excusarse en el desarrollo. Poniendo a un lado los intereses medioambientales y la protección de áreas y bosques protectores.

«Estamos convencidos de que esta innovadora propuesta no solo planteaba empleo pleno pare el sector, sino, nueva visión arquitectónica que además estimularía la creación de emprendimientos locales y ubicaría a Olón como un centro turístico internacional», dice parte del comunicado.

La contestación vino clara de las organizaciones medioambientales. «Solo es progreso si es sostenible», así inicia el comunicado en respuesta de la Fundación La Iguana. «El proyecto Echo es privado y no se ajusta al interés social o bienestar colectivo de la comunidad. (…) La ciudadanía no debería tener que elegir entre proteger sus recursos naturales o sacrificarlos para tener empleo. Lo que sugiere en su comunicado Vinazin no es sólo ilegal, es inhumano».

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La titular de la cartera de Estado admitió que en el 2022 ella junto a su hija- que también es abogada- realizaron una gestión en la compañía Vinazin para modificar el estatuto empresarial y ampliar el listado de servicios, pero hasta ahí habría llegado la relación con la entidad privada.

Para Palencia estos »escándalos» son perpetrados por los partidos políticos que se vieron »fuera de la cancha» en la supuesta derrota de la Consulta Popular.

Respecto al desplazamiento de agentes policiales al Estero Oloncito, en donde los comuneros protestan y defienden el área protegida, señaló la Policía Nacional solo cumple con su trabajo al mantener el orden público.

»Nosotros sabemos precisamente que no es una protesta de comuneros. Escuché hasta por los acentos a extranjeros protestando (…) Nos estamos dando cuenta que se están sobredimensionando las cosas», dijo en entrevista a Ecuavisa y cuestionó que se trate de una protesta pacífica.

La ministra evadió las preguntas relacionadas a la intervención de la empresa relacionada a la familia Noboa y otros círculos cercanos al primer mandatario. Enfatizó que los actores implicados aclararán el asunto en Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos a las 18h00.

Caso Oloncito

 La empresa Vinazin, encargada de promover un proyecto urbanístico en área protegida de Olón, en Santa Elena, tiene como accionista a la primera dama, Lavinia Valbonesi, y a la presidenta del movimiento ADN, María Beatriz Heredia.

Durante la tarde del 6 mayo, comuneros en Olón alertaron la llegada de la maquinaria pesada al Esterillo Oloncito, un área protegida llena de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en el invierno.

¿Quiénes están detrás?

La polémica construcción involucra al círculo más cercano del presidente Daniel Noboa, empezando por la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, quien otorgó los permisos para la ejecución de esta obra el 4 de enero del 2024, según un documento expuesto por Fundación La Iguana.

Por otro lado, Roberto Luque, ministro de Transporte y encargado del Ministerio de Energía, sería el socio principal de la empresa Geosísmica, quien habría hecho los estudios en Olón para la construcción del proyecto urbanístico.

Además, la primera dama Lavinia Valbonesi sería la accionista principal de Vinazin S.A.S, encargada de la gestión de este proyecto. La esposa del presidente tendría un capital de USD. 9.999 en la compañía. (AGM).

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Durante la tarde del 6 mayo, comuneros en Olón alertaron la llegada de la maquinaria pesada al Esterillo Oloncito, un área protegida llena de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en el invierno.

Los comuneros realizaron un plantón frente a la obra que pretende la tala de manglares para la construcción de un conjunto residencial impulsada por la empresa Vinazin, relacionada a la familia Noboa. Los afectados pidieron un pronunciamiento de las autoridades pertinentes, sin embargo, la única respuesta que recibieron fue el desplazamiento de las fuerzas públicas para ahuyentar a la multitud de la obra.

¿Quiénes están detrás?

La polémica construcción involucra al círculo más cercano del presidente Daniel Noboa, empezando por la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, quien otorgó los permisos para la ejecución de esta obra el 4 de enero del 2024, según un documento expuesto por Fundación La Iguana.

Por otro lado, Roberto Luque, ministro de Transporte y encargado del Ministerio de Energía, sería el socio principal de la empresa Geosísmica, quien habría hecho los estudios en Olón para la construcción del proyecto urbanístico.

Además, la primera dama Lavinia Valbonesi sería la accionista principal de Vinazin S.A.S, encargada de la gestión de este proyecto. La esposa del presidente tendría un capital de USD. 9.999.000 en la compañía.

En 2020 el actual mandatario era accionista de esta empresa, sin embargo, vendió sus acciones a Daniel Correia, gerente administrativo en la división naviera y logística de Corporación Noboa. Para el 2022, Valbonesi compró estas acciones por USD 9.998,0000 y otros de los accionistas, Francisco Manzur, por USD 1.000.

¿Cuotas políticas?

La gerente general de Vinazin sería María Beatriz Moreno Heredia, quien actualmente es presidenta nacional del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), mismo que catapultó a la Presidencia a Daniel Noboa.

Según datos de la SuperCias, Moreno actualmente administra cinco empresas: Serviemp, Lamorsa, Vinazin, Logic Choice y Ever Tramps. Tres de estas compañías están relacionadas con la familia presidencial, pues Valbonesi es accionista en Vinazin y Lamorsa, mientras que el presidente Noboa es beneficiario de Logic Choice.

La figura de Moreno ha estado relacionada por décadas a la familia Noboa Azín, excandidata del extinto Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) fundado por Álvaro Noboa. Más adelante colaboró como asesora de finanzas en la campaña de Daniel Noboa y procuradora común de la alianza ADN, Mover y el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). (AGM).

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La alerta saltó en redes sociales tras un vídeo que muestra trabajos de tala de manglar en la que sería un área ambiental protegida en esta región.

Los pobladores preguntaron a los trabajadores acerca de esta intromisión y contestaron que tienen los permisos debidos, así lo mostró en su cuenta de X, Fundación La Iguana. Esta misma fundación indicó que Geosísmica realizó un estudio del proyecto para construcción que data de septiembre de 2023.

«Se tiene concebido este proyecto como un conjunto de 4 edificios con distintas plantas cada uno y un total 24 unidades de vivienda. Adicionalmente, el proyecto debe incorporar áreas sociales, áreas verdes, parqueos de visitas, vías de acceso, acceso a la playa, malecón hacia el cuerpo de agua, entre otras obras de infraestructura», dice parte del documento.

Asimismo, pagaron una tasa a la alcaldía de Santa Elena por movimiento de tierra para construcción, con fecha 5 de febrero de 2024.

¿Quiénes estarían detrás?

Además de Luque, la empresa que realizará este proyecto urbanístico es Vinazin S.A.S. Según la Superintendencia de Compañías, una de las accionistas es Lavinia Valbonesi Acosta, la primera dama, con un capital de USD 9.999.

¿Quiénes dan permiso?

De acuerdo con los documentos recolectados por la Fundación, el Ministerio del Ambiente resolvió otorgarles el Registro Ambiental a Vinazin S.A.S. para el proyecto urbanístico Echo el pasado 5 de diciembre de 2023 por la administración zonal correspondiente.

¿Qué dice la ley?

En el Registro Oficial del 30 de noviembre de 2001 bajo la presidencia de Gustavo Noboa se catalogó a esa área como bosque protector por parte del Ministerio del Ambiente de la época.

A. 072 (Ministerio del Ambiente). Declárase área de bosque y vegetación protectores al sitio "Esterillo Oloncito", ubicado en el lindero Sur del sector Oloncito, población de Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena de la provincia del Guayas. RO 465, 30 de Noviembre de 2001.

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