Según la organización, existen denuncias de familiares y testigos que señalan a miembros del Ejército como presuntos responsables y los esfuerzos de búsqueda permanecen paralizados. El informe de la organización local CDH Guayaquil, citado por Amnistía Internacional, detalla que las desapariciones ocurrieron en el marco del «Plan Fénix«, una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía, según la denuncia, no ha investigado estos hechos bajo la figura de desaparición forzada, pese a las obligaciones internacionales de Ecuador.

Entre los desaparecidos se encuentran; Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Oscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.

Las denuncias surgen en un contexto de creciente militarización en el país, en el que las autoridades priorizaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La declaración del estado de excepción mediante la causal de Conflicto Armado Interno, emitido en enero de 2024, permitió la permanencia de militares en las calles por más de un año.

Caso Las Malvinas

Amnistía Internacional también recordó el caso de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en diciembre de 2024. La Fiscalía imputó a 16 militares por desaparición forzada en ese caso. El trágico hecho fue condenado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNICEF.

El CDH Guayaquil, que representa a las familias de las víctimas, denunció que la Fiscalía clasificó los casos como «desapariciones involuntarias» en lugar de desapariciones forzadas. En este sentido, resaltó las obligaciones del país al formar parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Seguro, al menos una de estas preguntas pasó por la mente de los peatones de la plaza San Francisco. Los militares amanecidos caminaban en cuadro apretado por las gradas. Si fueran civiles desbordaría de sus gargantas una canción o imprecaciones por la situación económica del país. Y ya: pero eran militares en servicio activo.

Tomando en cuenta lo anterior, seguro a ese trío le hubiera encantado que, en ese momento, el camuflaje funcionara y los volviera invisibles ante sus mandos y los peatones que también somos sus mandos, por cierto.

¿Sentirían vergüenza?, ¿la gradación alcohólica de su sangre les permitiría pensar que esta atmósfera de inseguridad lo que menos transmiten es confianza?  ¿Y si ocurría un asesinato frente a ellos o si ellos eran las víctimas?

Ver militares tan relajados hace pensar que están en su zona de confort.  Han interpretado de forma conveniente las expresiones del Presidente de la República de la semana pasada. Aquello de que gozarán de garantías para hacer su labor y hasta de unidades de defensa legal a la antigua usanza. ¿Lo entenderían mal?

Pensarían recibieron del poder Ejecutivo un “pase libre” para a nombre de los operativos de seguridad hacer de las calles un cuartel. Mientras tanto, en la pequeña Sinaloa en la que se ha vuelto Guayaquil o en la nueva Medellín que es Quito, se desborda el miedo en las calles. Desconfiamos que en cualquier momento venga un vehículo, se detenga y, a continuación, un ladrón nos desvalije, hiera o mate.

Los militares gozan de línea directa con el poder. Lasso que rechaza ir a la Asamblea Nacional los visitó hace poco en casa. Los necesita para pasar de octubre.  Razón tanta gozadera.

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Quito, 18 sep (La Calle).- Militares y policías despliegan operativos en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha debido a que los índices de inseguridad y violencia han incrementado en el último año.

El Gobierno ha concentrado refuerzo militar y policial en diversas zonas del país debido a los altos índices de inseguridad. En las provincias costeras de Los Ríos y Guayas se efectuaron controles de armas, explosivos y municiones en lugares considerados un alto índice delincuencial. Dentro de los controles se prevé labores de reconocimiento aéreo e identificación de posibles zonas y pistas de aterrizaje no autorizadas o clandestinas.

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, aseguró que es un tipo de intervención que no es la normal. «Esto eleva el nivel de las operaciones para enfrentar la situación de crisis”, dijo.

Operativos y controles militares hasta diciembre

Los controles de prevención, seguimiento y desarticulación de organizaciones delictivas continuarán hasta diciembre de este año.

Según datos oficiales, de enero a julio de 2021, se han registrado cerca un 80% de denuncias por tráfico de drogas, el 90% por asesinatos y el 82% por delitos relacionados con robo.

En los crímenes que más se registran están los homicidios intencionales, feminicidios, robos a domicilios, a unidades económicas, robos de motos y vehículos, así como bienes, accesorios y autopartes. Por ello, los militares reforzarán el control.

El narcotráfico es otro tema que preocupa al gobierno. Ecuador se ha convertido en un puente, centro de almacenamiento y transporte de drogas hacia diferentes países, entre ellos Estados Unidos.

Preocupación Internacional

Esta situación de violencia e inseguridad no solo preocupa a las autoridades nacionales y a la ciudadanía residente en los puntos calientes o conflictivos, sino también a representaciones diplomáticas de naciones como Canadá y Alemania, que emitieron comunicados de alerta a los turistas, con recomendaciones para disfrutar de una estancia tranquila.

Fuente: Prensa Latina

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