De acuerdo a las autoridades, hasta el momento han detenido a 8 personas, en allanamientos donde se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela.

La tragedia de las familias

Las familias y abogados de los detenidos han sido claros en denunciar que estas detenciones fueron ilegales y son parte de una persecución política en contra de activistas y organizaciones sociales, desde el Gobierno de Guillermo Lasso. Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que sus familias son chivos expiatorios de un Gobierno que no ha podido manejar la crisis de seguridad que vive el país.

Asimismo, Natalia Sierra, docente y tía de Ernesto Flores, uno de los detenidos, responsabilizó al Estado por la seguridad de los detenidos y los efectos que estas detenciones puedan tener sobre sus familias.

Ana Vera, una de las abogadas de Surkuna, insistió en que el Gobierno está creando un enemigo político. Llamó a la ciudadanía a unirse en este caso, pues hoy fueron los miembros del Movimiento Guevarista, pero mañana podría ser cualquier activista político o defensor de los derechos humanos.

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«La fiscal Diana Salazar forjó un documento para lograr la detención ilegal de Freddy Carrión. Este documento supuestamente firmado el 16 de mayo por Salazar sirvió para que la fiscal Mayra Soria detenga el mismo día a Carrión», dijo en un video.

Uno de los abogados de Carrión toma la palabra e indica que al pasar el código QR de la firma indica que la fecha era 17 de mayo.

«Por lo tanto, la fiscal Salazar aparte de forjar un documento, también los cambió para ejecutar la persecución política en contra de Freddy Carrión.

La fiscal general todavía no se ha pronunciado sobre esta acusación.

Prisión para el exdefensor

La fecha a la que hace referencia Schettini fue el inicio de un proceso judicial y político que terminó con la destitución de Carrión por parte de la Asamblea Nacional y una condena de tres años de prisión por el delito de abuso sexual.

A pesar de que Carrión ha negado las acusaciones, el alegato de la Fiscalía llevó a los jueces a considerar la existencia de abuso sexual. La víctima es la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconí a quién visitó en su departamento la noche del 16 de mayo. Las investigaciones dejaron abiertas otras interrogantes como los USD 47.000 encontrados en posesión del exministro.

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“La orden de arresto contra Morales exiliado en Argentina fue levantada porque «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente», dijo Quino.

El exmandatario prepara su regreso a Bolivia después de un año de exilio, no obstante, descarta cualquier participación en el gobierno de Luis Arce y asegura que se dedicará a la actividad sindical y la piscicultura.

“Volveremos a Bolivia”

El pasado 19 de octubre, Morales reveló sus deseos de regresar a su país tras la victoria de Arce en los comicios del 18 de octubre. “Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Eso no está en debate. Y si hay varios procesos de justicia es por una agenda sucia. Tantas mentiras. Y no es la primera vez.  Es cuestión de tiempo. Nosotros no somos vengativos, no somos revanchistas. Deben respetar la soberanía del pueblo boliviano”, expresó el exmandatario en una rueda de prensa.

El expresidente añadió que todo lo que su movimiento (MAS) ha dicho lo ha cumplido. “Devolveremos la dignidad y la libertad del pueblo boliviano”. También reveló que recibió una llamada del papa Francisco para felicitarlo por el triunfo.

El triunfo del MAS se dio en primera vuelta. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, Luis Arce ganó con el 55.11%, mientras que Carlos Mesa del CC tuvo el 28.83%.

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“La audiencia de conciliación y juzgamiento señalada para el lunes 28 de septiembre se ha declarado fallida por la inasistencia del denunciado Fernando Villavicencio Valencia. (…)Se dispone la detención del procesado por un espacio no mayor a las 24 horas. Esto con el único fin que comparezca a la audiencia ya referida”, indicó el juez.

Los hechos

El pasado 3 de julio, Villavicencio acusó a Juan Quevedo y su familia de beneficiarse con el uso del carné de discapacidad. “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados. Han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios. Además, se los vincula con la entrega de certificados a otras personas”, escribió en un tuit.

El médico azuayo indicó que no se ha beneficiado de su carné de discapacidad ni para importar autos ni otros privilegios. Razón por la que indicó el proceso judicial en contra del periodista.

Candidato

Villavicencio tiene previsto inscribir su candidatura a la Asamblea Nacional por el movimiento Concertación en los siguientes días. El precandidato ha estado activo en redes sociales sobre este tema. «Cada día recibo decenas de quejas de ciudadanos que comentan su angustia al haber sido confinados a la central de riesgos por deudas pequeñas. Deber no es un delito, dicen. Entre mis acciones estará la de demoler la Central de Riesgos«, dice uno de sus tuits.

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