Además, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, solicitó el desarrollo de la hoja de ruta del proyecto a la Secretaría de Ambiente. El objetivo del burgomaestre es que los diferentes planes de la ordenanza «sean implementados lo antes posible«.

A fin de gestionar el territorio, también se pretende hacer frente a los posibles desastres naturales relacionados al cambio climático o por efecto antrópico. Además, se busca mantener los servicios ambientales, reducir riesgos y conservar la biodiversidad de la ciudad.

La decisión fue tomada con 23 votos a favor, este martes 4 de julio. Asimismo, incluyó el mecanismo «silla vacía», es decir, se toma la voz y pronunciamiento de los ciudadanos.

Esta medida tiene el propósito de generar una economía verde-azul, ya que la economía verde consiste en que empresas y consumidores inviertan más para satisfacer sus necesidades sin afectar al medio ambiente. Sin embargo, la idea resulta insostenible a largo plazo pues pocos pueden costear ese tipo de modelo de vida.

Por otro lado, la economía azul utiliza los residuos como recursos para tener beneficios económicos sostenibles. Así, la norma aprovecharía los servicios relacionados a la recreación y salud valiéndose de los servicios del ecosistema.

La ordenanza busca generar responsabilidad y presupuesto para el cuidado de fuentes hídricas, como cuencas, quebradas y relativos.

Antecedentes de la ordenanza de infraestructura

El pasado 19 de enero de 2022, la Corte Constitucional (CC) emitió la sentencia Nro. 2167-21-EP/22, que estipula las acciones que debía implementar el Municipio en base a la normativa ambiental.

La Corte dictaminó acciones de corto y mediano plazo que se resuelven en tres medidas concretas de reparación enfocadas en la no repetición y rehabilitación:

1. Expedición de una ordenanza verde-azul.
2. Proteger la casa Hacienda Patrimonial ejecutando obras que estabilicen el cauce del río en el tramo La Esperanza.
3. Definición de una política pública que aterrice un plan complementario del río Monjas, el cual contemple medidas a corto, mediano y largo plazo. (S.B.)

Crecimiento poblacional complica el abastecimiento de agua en Quito

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El lunes 18 de julio, un ciudadano lanzó fundas con pintura contra la obra de Okuda San Miguel ubicada en el bulevar de la Avenida 24 de mayo y que fue inaugurada por el alcalde Santiago Guarderas en el marco del Bicentenario, el pasado 16 de mayo.

Frente al suceso, la noche del 19 de julio la AMC informó al infractor sobre el inicio del procedimiento adminitrativo sancionador.

Procedimiento del caso

El Art. 55 de la Ordenanza Municipal 035 indica la sanción para quien produzca daño a algún mobiliario o bien público.

«La persona que produzca daño al mobiliario urbano y espacios públicos, alumbrado público, monumentos(…) y demás mobiliario y bienes de dominio público, será sancionado con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, que se duplicará en caso de reincidencia», indica el artículo.

El infractor tiene 10 días para comparecer y pronunciarse.

Ambas partes tendrán que presentar pruebas de cargo y descargo. Una vez determindado la culpabilidad, el administrado deberá cancelar la suma de USD 212, 5.

Todo este proceso durará aproximadamente 2 meses.

El acto fue grabado por el mismo ciudadadano mientras arrojaba la pintura, quien difundido el video a través de su red social Tik Tok. Actualmente, el video ya no se encuentra en la plataforma.

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