La jueza tomó esta resolución el pasado 12 de agosto y ordenó que los cuatro acusados deben presentarse tres veces a la semana en la Fiscalía de Orellana, de igual manera, no podrán salir del país.

El mayor Xavier Alejandro Pinargote Vázquez, el mayor Freddy Santiago Quintanilla Ayala, el teniente John Jairo Mena Mendoza y el subteniente Ángel Eduardo Jiménez Orozco podrán continuar con su ejercicio profesional en el Fuerte Militar Napo bajo la respectiva vigilancia.

Caso Aidita Ati

El pasado 29 de junio a través de un comunicado, el Ejército informó que en el dormitorio del personal femenino hallaron sin vida el cuerpo de Aidita Ati. Según los primeros informes policiales, la causa de su muerte habría sido asfixia por una obstrucción de vía aérea mientras dormía.

Horas más tarde Fiscalía procesa el caso bajo el protocolo de femicidio y el Ejército sale a pronunciarse con el discurso de ”condenar enérgicamente todos los actos que atenten contra la integridad y la vida de las personas”.

El 30 de junio 18 militares de la brigada militar fueron retenidos por Fiscalía para rendir sus versiones sobre lo acontecido. El mismo día la institución procesó penalmente a cuatro uniformados como autores y coautores del delito.

¿Qué dice la autopsia?

La autopsia final realizada a la subteniente del ejército Aidita Pamela Ati reveló que la mujer fue violentada sexualmente ”en forma grupal y con golpes en todo el cuerpo”.

La Fiscalía de Género en Orellana sigue en la búsqueda de pruebas en torno a la muerte de la subteniente del Ejército en el Fuerte Militar Napo. La perito expuso que la militar fue violada por varias personas, asimismo, la víctima estaba consciente durante la agresión.

El informe también detalló que ”un presunto abuso sexual con fisuras” en las partes íntimas de la subteniente, es decir, enrojecimiento e inflamación en el himen. (AGM).

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Según el informe policial, el ataque tuvo lugar en un bar ubicado entre las calles 10 de Agosto y Aucas, en la zona rosa del centro del cantón. El comandante de la Policía local, Christian Pérez, indicó que las víctimas mortales se encontraban en un bar cuando presuntos sicarios, que salieron de un vehículo, los sorprendieron.

Hasta el momento no se han realizado detenciones y que la investigación se basará en los informes policiales correspondientes. Mientras tanto, en el lugar del crimen se recogieron 10 indicios balísticos.

Este trágico incidente se suma a otros hechos violentos en la misma provincia, como un enfrentamiento entre militares y supuestos mineros ilegales armados. Este conflicto dejó un fallecido y seis detenidos– entre ellos dos menores de edad- en la parroquia de San José de Guayusa, el mismo día. Asimismo hace un mes, otro ataque armado dejó siete fallecidos en Orellana. (AGM).

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»Como resultado, dos personas que laboraban en la contratista resultaron heridas al ser alcanzados por las llamas, posteriormente una de ellas falleció», dicta el comunicado de la Petrolera

El lamentable hecho ocurrió la noche del 29 de febrero mientras se ejecutaban trabajos de completación en el pozo petrolero. Las llamas llegaron hasta una estructura eléctrica causando afectación al funcionamiento de los demás pozos.

La empresa pública estimó una afectación en la producción petrolera de al menos 2.000 barriles. Además aseguró que el incendio fue controlado y que vigilará que la empresa contratista cumpla con su obligaciones con los trabajadores afectados y sus familias. (AGM).

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El gobierno y la empresa realizaron una licitación para que Halliburton se encargue del campo Indillana o bloque 15, ubicado en Pastaza, en el cantón del mismo nombre. Los trabajos debían empezar el 7 de julio, pero todavía no han iniciado y Petroecuador no ha tomado cartas en el asunto. No ha hecho controles y tampoco se han cobrado multas por los días que la empresa contratada no ha trabajado. Hasta el momento, se han perdido aproximadamente USD 1.5 millones.

Funcionamiento de los contratos petroleros

«La exploración y la producción es el campo más importante en la cadena de valor en el proceso petrolero. Es donde extraemos el crudo para transportarlo a tanques de almacenamiento y venderlo para que genere ingresos. También alimentamos a las tres refinerías del país», explicó a Radio La Calle, el experto en petróleos, Ricardo Merino.

Debido a esto los contratos petroleros cobran importancia. Si no marchan bien, el Estado pierde el dinero que representa el crudo para la economía nacional. Existen dos tipos de contratos: los de servicios específicos integrados con financiamiento y los contratos de prestación de servicios. «Los primeros son aquellos que tienen financiamiento de las empresas privadas y tienen una tarifa de pago por parte del Estado. Los segundos se pagan una vez se ejecute el servicio. El Estado ecuatoriano es dueño de todos los campos y su administrador, de acuerdo a la ley, es el Ministerio de Energía», explicó el experto.

La operación de control estuvo a cago de Petroamazonas. Desde el 2021, esa empresa pasó a formar parte de Petroecuador que maneja ambos tipos de contratación. «En el caso de los contratos de servicios específicos tienen varios factores: la cantidad de petróleo crudo que se tiene en una reserva, la inversión del contratista y el plazo contractual. Con la tarifa, ellos intervienen al nivel de riesgo. Petroecuador entrega información para cotizar la tarifa. Eso fue hasta 2016 cuando empezó a bajar el crudo», agregó.

Actualmente el precio del WTI y la tarifa son proporcionalmente iguales. A medida que aumenta el barril, aumenta la tarifa y viceversa. «Mientras más inversión generamos, aumenta más la tarifa».

Investigación

El excandidato presidencial, Fernando Villavicencio había solicitado un proceso de investigación sobre esta concesión realizada en el actual gobierno y del que todavía ni el gerente de Petroecuador, ni el ministro de Energía y Recursos Renovables se han pronunciado.

Villavicencio, asesinado en un mitin político, dijo además que los contratos que mantiene el gobierno con empresas como Halliburton, PetroChina o SLB «son demasiado generosos». Una de sus propuestas era renegociar los contratos petroleros.

“Esto no significa que esté en contra de la participación de capital privado, extranjero y nacional, todo lo contrario”, dijo Villavicencio en una entrevista para Bloomberg. “Pero tienen que manejarse negocios que le dejen rentabilidad al Estado”.

No es la primera vez que Halliburton trabaja con Petroecuador. En noviembre del 2021 firmaron un contrato para la perforación y completación de siete pozos productores en los campos Coca y Payamino por un valor de más de USD 35 millones.

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«Se agrava el conflicto social, ambiental en los bloques 16/67 en Orellana, esto por el incumplimiento de EP Petroecuador y autoridades a las demandas legítimas de la nacionalidad Waorani que habita el Yasuní, son 40 años de abandono estatal y contaminación», indicó la Conaie a través de Twitter.

La empresa Petroecuador otorgó mayores detalles de lo sucedido a través de un comunicado expuesto en sus canales oficiales. En el mismo, recaóca que el accionar de las Fuerzas Armadas evitó que personal de la empresa resulte involucrado en el acontecimiento. Asimismo, confirmó que algunos uniformados resultaron heridos durante su proceso de represión.

«Es importante reiterar que la estatal petrolera mantiene abierto el diálogo para llegar a acuerdos con la comunidad, dentro de sus competencias, con la finalidad de lograr beneficios para ambas partes, en el marco de lo que establecen las leyes y normativas ecuatorianas», concluyó el mensaje expuesto por la petrolera estatal.

Los antecedentes

El Bloque 16 era operado por Petrolia (filial de New Stratus Energy). La empresa de origen canadiense firmó un acuerdo con la multinacional Repsol, que desempeñaba actividades en la zona hasta 2021.

No obstante, en diciembre de 2022 el contrato entre Repsol y el Estado ecuatoriano culminó. En consecuencia, Petroecuador asumió el bloque petrolero. Sin embargo, la citada Petrolia intentó extender ese contrato, aunque el Gobierno expresó que dicha acción no sería legal.

Ante la salida de esta empresa, comuneros protestaron pues la petrolera había ofrecido «beneficios», según declaró Fernando Santos Alvite, ministro de Energía. En tanto, este tipo de manifestaciones se han replicado en otros cuatro bloques.

«Lo único que como pueblo Waorani hemos pedido, es que Petroecuador mantenga lo acordado: salud y educación para nuestro pueblo; pero ahora nos dijeron que no tienen recursos», declaró uno de los líderes de la comunidad, durante una entrevista en Del día a la noche.

JR

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La alianza comentó que es una práctica recurrente de la estatal, pues comentó que la petrolera acostumbra a utilizar esas «cuestiones básicas» para presionarles para que acepten las actividades contaminantes en su territorio. Además, aseguraron que esta decisión agravó el conflicto con la agrupación.

«Es la misma actitud que tomaron en el paro que duró los meses de diciembre, enero y febrero, hacen todo esto para condicionar», reza el comunicado.

También comentaron que, al ser Dicaro un pueblo de reciente contacto es deber del Estado ecuatoriano garantizar los derechos de la nacionalidad waorani y rechazaron que el Gobierno Nacional los haya mantenido «en el olvido» durante 38 años.

Finalmente, solicitaron a la oficina de Naciones Unidas en el Ecuador que intervenga de acuerdo a las responsabilidades que le compete garantizar los derechos de la comunidad.

Discordia entre Dicaro y Petroecuador

El 25 de diciembre, la comunidad se declaró en resistencia pacífica en su territorio, en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en Orellana.

De acuerdo con los miembros de la agrupación, esta acción la toman con el afán de proteger su habitad de una presunta contaminación por la empresa Repsol-Petrolia y el ingreso no consultado de la estatal, detalla El Universo.

Dicaro exigió al Estado desde el inicio de la protesta que transparente toda la operación de la empresa privada que operó los bloques petroleros, pues al culminarse el plazo establecida, la petrolera tomó acción de manera inmediata.(N.J.C)

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La medida se tomó debido a los conflictos con las comunidades de la zona que pondrían en riesgo al personal petrolero. La estatal solicitará el refuerzo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar las instalaciones estratégicas.

“Lamentablemente, la producción va a pararse porque la fuerza mayor implica apagar los pozos para defender a los trabajadores y su integridad”, dijo el ministro de Energía, Fernando Santos, en Radio Democracia.

Para el secretario de Estado, no existe un buen escenario para la producción petrolera pues calcula que con esta situación se dejaron de bombear alrededor de 70 mil barriles diarios. Además, el bajo precio del petróleo puede empeorar el panorama.

El precio del petróleo en descenso

El ministro resaltó que, en 2022, el precio promedio del barril era de USD 86 y ahora se lo vende en USD 56. La proforma presupuestaria para el 2023 proyectaba la producción de 52 mil barriles diarios, sin embargo, la producción bajará entre los 480 mil y 490 mil barriles.

También señaló la importancia de llegar a acuerdos respecto a la focalización de combustibles, pues en enero se registraron más costos de importaciones que exportaciones petroleras. Pese a que el consumo de combustible se incrementó en un 30 %, un factor importante y preocupante es el contrabando.

“Nos estamos convirtiendo en la gasolinera barata de los países vecinos”, dijo a diario El Universo.

Justicia en Orellana

Desde el 2022, la Comunidad de Waorani de Dicaro, en Orellana, se mantiene en resistencia por la contaminación causada por la explotación petrolera en su territorio ancestral.

En febrero, Petroecuador culpó a la comunidad de ocasionar el cierre de la válvula de pozo petrolero de la plataforma AMO A. Sin embargo, rechazaron estas acusaciones.

Los afectados afirmaron que desde hace 38 años han vivido el desamparo del Estado, soportando el desprestigio de las protestas pacíficas y las solicitudes de diálogo. Los habitantes de Dicaro señalaron a Repsol como el presunto responsable del acto vandálico. (A.G.M).

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El incidente ocurrió la mañana del 19 de febrero  y afectó a los pozos petroleros del Bloque 61-Auca, específicamente a los campos Culebra y Yulebra.  Según un comunicado de EP, la tormenta produjo una apertura de la línea que suministra electricidad al alimentador de 13.8 KV de Culebra 1.

La petrolera aclaró que este tipo de riesgos son externos a su operación. Además, resaltaron que esta serie de acontecimientos impactan directamente a la producción del petróleo nacional, sin embargo, “trabajan para mitigar estos riesgos”.

El campo de Auca es considerado uno de los bloques petroleros más grandes del país y produce cerca de 76 mil barriles por día, es decir,  alrededor del 16 % de la producción nacional. Por otro lado, su sistema de distribución eléctrica es por líneas de alta tensión.

Menos producción petrolera por cortes eléctricos

La disminución de la producción petrolera también se debe a los cortes eléctricos en los campos que opera Petroecuador. Por ejemplo, entre enero e inicios de diciembre del 2022, la estatal dejó de extraer 385.667 barriles de petróleo por recortes energéticos. Con esto, el Estado dejó de recibir USD 34 millones de ingresos. (A.G.M).

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Petroecuador mencionó que “para el campo Auca, ubicado en la provincia de Orellana, están autorizadas la construcción de 26 plataformas nuevas, de nueve estaciones y una subestación, la ampliación de 39 plataformas, estaciones y subestaciones y la perforación de 420 pozos de desarrollo, entre otras”.

Otro campo es Pacoa, ubicado en la provincia de Santa Elena cerca de Punta Blanca. Allí se construirá seis plataformas nuevas y la vía de acceso de Mata Chivato para la perforación de 10 nuevos pozos. Así lo indicó la estatal petrolera en su comunicado.

Petroecuador puntualizó que realizó el proceso de licenciamiento ambiental de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental vigente y la debida revisión y pronunciamiento favorable de la Subsecretaría de Calidad Ambiental. (B.T.R)

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Durante el evento, Lasso entregó 340 viviendas a familias de la región amazónica: 150 casas en Francisco de Orellana, 100 en Morona y 90 en el poblado de Sucúa.

La acción de burla del mandatario fue captado en vídeo por personas que estuvieron en el lugar. Posterior, fue publicado en Twitter y los usuarios rechazaron su  proceder. “No, brother. Aquí no hay asesores, este comportamiento humillante le salió del alma, le salió natural”, comentó un usuario de Twitter.

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En el audiovisual se puede observar como un hombre se baja de una motocicleta en un parqueadero. Dos sujetos que lo perseguían en otra motocicleta llegan detrás de él. Finalmente corre alrededor de un taxi con los sujetos detrás de él que lo encierran y le disparan repetidas veces en el cuerpo. El ciudadano deja caer un celular que es recogido por los antisociales.

Violencia en el país

Un total de 1255 muertes violentas se detectaron a nivel nacional de enero al 26 de abril del 2022, 587 casos más que en 2021. La zona más peligrosa del país es la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde 436 muertes violentas tuvieron lugar entre enero y el 26 de abril del 2022.

Otra provincia violenta es Esmeraldas con un incremento de 106 muertes de enero al 16 de abril. Le sigue Los Ríos, con 95 muertes violentas, 66 más que 2021.

Por el incremento de la violencia, el presidente Lasso decretó estado de Excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, que implica el toque de queda en cuatro parroquias: Eloy Alfaro (Durán), Esmeraldas (Esmeraldas), Ximena y Pascuales (Guayaquil).

Sin embargo, desde el viernes 29 de abril hasta la madrugada del 3 de mayo se han contabilizado al menos 16 asesinatos en distintos sectores de Guayaquil y la zona 8. MIB

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La alcaldía informó que personal municipal y de Petroecuador realizan el monitoreo del afluente en diferentes puntos de la ciudad para verificar que no exista concentración de hidrocarburos.

Técnicos de calidad ambiental tomaron muestras del estero, que se enviaron para su análisis en un laboratorio. Recomiendan a las personas que habitan en las proximidades del estero no consumir el agua ni ingresar a esta fuente hídrica.

Actualmente, el nivel del caudal se mantiene en niveles bajos. El río Payamino, donde se ubica el punto de captación de agua para su posterior potabilización no se ha visto afectado.

Comunicado del Ministerio de Ambiente

“A la ciudadanía que, ante el derrame de crudo en el estero Añangu de la provincia de Orellana, suscitado el 14 de abril, a causa de una fisura en la línea de conducción del pozo Payamino; el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica apenas ocurrió el incidente dispuso al operador de carácter urgente e inmediato la gestión de las actividades de contingencia, limpieza y remediación del área afectada”, explicó la cartera de Estado.

El Ministerio agregó que “el evento se contuvo en su totalidad apenas ocurrió, por lo que no se registra afectación al río Payamino. Se continuará trabajando en la zona para garantizar que las fases de limpieza y remediación se ejecuten en su totalidad”. MIB

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Quito 24 de mar (La Calle).- ¡Impunidad! La Corte Provincial de Orellana negó la apelación a 27.000 kichwas afectados por el derrame de 15.800 barriles de petróleo en sus territorios.

La sentencia se produjo después de cinco meses de retraso injustificado. “Pese a que la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza fueron comprobados durante el proceso de primera instancia y su sistematicidad ha sido denunciada públicamente en constantes ocasiones -la Corte se negó a escuchar a las víctimas en audiencia-, la sentencia de apelación se limita a transcribir el fallo de la primera instancia con un agravante», sostuvo la Alianza de Organizaciones por los
Derechos Humanos en un informe.

De acuerdo al organismo a esta decisión se suma un proceso de criminalización y de persecución contra los accionantes y sus abogados defensores. Los miembros de la entidad aseguran que constituye un uso indebido del derecho penal y una forma de obstaculizar y silenciar la labor que realizan los defensoras y defensores de derechos humanos.

De acuerdo al documento, las empresas OCP Ecuador y Petroecuador, los Ministerios de Ambiente y Agua y de Energía y Recursos No Renovables no demostraron que previnieron un derrame desde el 2 de febrero de 2020, tras el desplome de la cascada de San Rafael. El Estado ecuatoriano y las empresas tuvieron 65 días para tomar acciones.

«Las víctimas continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral en todas las instancias nacionales e internacionales para que los daños sufridos tras el mayor desastre ambiental de la década no queden en la impunidad», añadió.

Declaraciones de representantes indígenas

Carlos Jipa, presidente de la federación indígena Kichwa (FCUNAE) mencionó: “Las comunidades indígenas rechazamos la sentencia emitida por la corte de Orellana. Nos indigna y nos genera impotencia que la justicia ecuatoriana no reconozca el daño causado a nuestras comunidades. Nuestros ríos están contaminados y las empresas y el Estado no cumplieron con sus obligaciones. Tenemos niños enfermos con manchas en su piel para toda la vida , no hay peces, chacras contaminadas y los jueces dicen que no hay daños. Lo que no hay es justicia para los indígenas”.

“La demanda de las comunas Kichwas de Orellana ha desnudado el deficiente sistema de justicia del Ecuador que se mueve solo por cálculos y presupuestos políticos; agilizan o aceleran casos de acuerdo a conveniencias de las agendas nacionales, pero cuando se trata de impartir justicia en favor del pueblo en un caso tan evidente de vulneración de derechos como el derrame en los ríos Coca y Napo. Un año ha transcurrido sin respuestas y sin justicia a nuestros hermanos”, declaró Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la organización indígena amazónica CONFENIAE.

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