La entidad presentó un recurso subjetivo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para exigir que el CNE no retire esta opción para el binomio presidencial. Aseguró que al organismo electoral le corresponde aplicar la ley y la normativa según el caso y no hacer una «interpretación extensiva».

Recalcó que en este proceso no caben «argumentos rebuscados» o «acuerdos» con otras organizaciones políticas que impidan que se cumplan las disposiciones en la ley.

«El carácter excepcional de esta elección anticipada no le quita su naturaleza electoral, estando sujeta a las disposiciones constitucionales vigentes», detalla el documento.

Además, exigieron al TCE y a la Corte Constitucional (CC) resolver en este problema según los principios constitucionales garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres ecuatorianas.

«Rechazamos que los derechos de las mujeres no se garanticen y sean postergados, una y otra vez, por las instituciones del Estado», reza el comunicado.

Más voces

La integrante del colectivo Voces de la Democracia, Karina Ponce, indicó que esta decisión del CNE respondería, supuestamente , a una presión más de las organizaciones políticas por la presura de las elecciones.

«Está violando la ley que esta claramente explícita en la ley y que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se jacta que lo está promocionando», expresó.

Ante eso, la fundación Tandem también se pronunció y calificó de arbitraria la decisión del ente electoral. Enfatizó que apoyarán las acciones legales que se realicen para evitar que otras instituciones sobrepase la ley y el CNE los apoye.

«Hoy más que nunca nos unimos a todas las voces de organizaciones civiles que defienden los avances que ha tenido el país en paridad de género», expresa el comunicado.

¿Qué dijo el CNE?

El CNE indicó que para en el próximo proceso electoral no se considerará la paridad de género en el binomio presidencial. Sin embargo, manifestó que en la lista de asambleístas nacionales y provinciales sí deberá liderar con el 30 %. Así lo afirmaron el pasado 23 de mayo. (N.J.C)

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La defensa de las activistas en la consigna “Diego Ordóñez el movimiento feminista no es terrorista ¡Ubícate!” publicada en redes sociales señala la postura del movimiento. El grupo activista sigue en la protesta exigiendo mayores respuestas al caso de la desaparición de la abogada, vista por última vez en la Escuela Superior de Policía.

Ante las declaraciones del secretario de seguridad, el rechazo de la ciudadanía se hizo evidente. Una abogada feminista indicó que no es una sorpresa la actitud del secretario, pues el Gobierno lo respalda creándole cargos por amistad. Por otra parte, la Federación Nacional de Estudiantes (FEUE) ante las declaraciones de Ordoñez manifestó su molestia.

“Expresamos nuestro rechazo y repudio a las declaraciones del secretario (…) las organizaciones feministas y de DDHH exigimos respuestas por parte del estado sobre la desaparición de María Belén Bernal” manifestaron. 

Diego Ordóñez, al referirse a este mismo caso indicó que hay que defender la institucionalidad haciendo de ella una prioridad y dejando en segundo plano la búsqueda de María Belén Bernal y el policía Cáceres. (A.M.B)    

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Rocío Rosero, representante de la ‘Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador‘, destacó durante una rueda de prensa: «queremos recordar las obligaciones que tienen los y las asambleístas. Después de la resolución de la Corte Constitucional, la obligación es aprobar una ley que responda a la realidad de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país».

Citando a Rosero, desde el 2007, se inició un conjunto de demandas que luego se complementaron con el Código Integral Penal (COIP).

Ese proceso tiene como base la autonomía física de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Este aspecto requiere un conjunto de obligaciones en materia de política pública de protección integral de derechos.

¿Qué características debe tener la Ley?

Las organizaciones exigen a la Asamblea una Ley que repare los derechos de las víctimas de violación y embarazo forzado; que sea interseccional con enfoque diferencial y pertinencia cultural y territorial.

La Ley, además, debe tener base en los más altos estándares de derechos humanos de las mujeres y niñas, sin ambigüedad en cuanto al trabajo que debe desempeñar el personal médico y de la salud.

Las mujeres pobres no tienen acceso a este derecho

«Las mujeres y niñas pobres no tienen la posibilidad de resolver sus problemas», declaró Virginia Gómez de la Torre, representante de ‘Fundación Desafío‘.

En ese sentido, Gómez manifestó que el aborto en Ecuador tiene que ser parte de una propuesta integral que no responda solamente a los casos de violación, sino que se trabaje en la prevención y reparación integral en el sistema de salud.

«El movimiento de mujeres no puso las demandas porque nos gusta abortar o porque queremos que las mujeres aborten. Queremos que las mujeres accedan a un sistema de reparación integral», señaló.

La activista fue clara al dirigirse hacia los grupos que están en contra de la despenalización del aborto; «no estamos planteando que el aborto soluciona la violación, eso es ridículo, es absurdo. El aborto empieza un proceso de reparación integral al que tienen derecho las víctimas porque la violación genera un daño, que es el embarazo que no quieren», finalizó.

«Voces disidentes»

La Red Ecuatoriana de Fe también participó en la rueda de prensa. «Un compromiso cristiano es crear las condiciones para que las personas puedan vivir una vida plena, libre de violencia. Esto incluye la obligación ética de eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas», expresó Pablo Villarroel, representante de ese grupo.

En Ecuador ¡Es Ley!

El pasado 28 de abril, con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional (CC) aprobó la despenalización del aborto en casos de violación.

Los jueces de la CC declararon la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionaban el aborto por violación.

El 19 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley, presentado por la Defensoría del Pueblo. A la Asamblea Nacional le quedan tres meses para aprobar una Ley acorde a las necesidades demandadas.

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