Según un comunicado firmado por más varias organizaciones defensoras de derechos humanos, cientos de personas se congregaron en el parque central de Puerto del Carmen para disfrutar de las fiestas del carnaval. Entre ellos, Luis Sebastián C., de 16 años, y los hermanos Kevin M., de 19 años, y Johan M., de 16 años.

Alrededor de las 21h00, los tres jóvenes decidieron pasear en motocicleta por las calles aledañas, una actividad común entre los adolescentes de la localidad. Sin embargo, cerca del cuartel de la Capitanía de la Marina, en la calle Simón Bolívar, se encontraron con una camioneta del Batallón de Selva Nº 55. De acuerdo a testigos, sin mediar provocación alguna, los militares abrieron fuego contra los jóvenes. Kevin y Johan resultaron gravemente heridos, mientras que Luis Sebastián sufrió lesiones de menor consideración.

La respuesta estatal: Hostigamiento, negligencia y encubrimiento

Los hermanos Kevin y Johan fueron trasladados de urgencia al Hospital Provincial de Sucumbíos, en un viaje que tomó tres horas. Sin embargo, su madre denunció que, desde el momento del ingreso, fue objeto de hostigamiento y seguimiento por parte de policías y militares. Además, afirmó que el personal médico le negó información sobre el estado de salud de sus hijos y no le permitió verlos, mientras que agentes policiales sí tuvieron acceso a la sala donde se encontraban.

El 4 de marzo, Johan M. falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Su muerte no fue comunicada oficialmente por el hospital, sino que la madre se enteró a través de un empleado de una funeraria privada. La familia denunció que no se le permitió ver el cuerpo de su hijo antes de que se realizara la autopsia sin su consentimiento, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia del proceso.

La comunidad se levanta: Marchas y exigencias de justicia

El mismo día del fallecimiento de Johan, la comunidad de Puerto el Carmen realizó una marcha pacífica hacia el Batallón Militar Selva 55. Decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos, exigieron justicia y responsabilizaron a los militares por la muerte de Johan y las heridas de Kevin y Luis Sebastián. Los manifestantes rechazaron el comunicado oficial del ejército, que intentó justificar el ataque, y denunciaron la estigmatización de los jóvenes como una estrategia para encubrir la violencia indiscriminada.

Durante la marcha, el comandante del batallón se solidarizó con las familias y prometió colaborar con la investigación. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la institución militar han sido acusados de dilatar el proceso y obstruir la justicia. Testigos aseguran que, tras el ataque, los militares recogieron los casquillos de bala antes de abandonar el lugar.

Un patrón sistemático de violencia estatal

Este caso no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos han señalado que se enmarca en un patrón sistemático de violencia estatal contra jóvenes racializados y estigmatizados, particularmente en contextos de militarización y estados de excepción. La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en múltiples ocasiones que no se ha acreditado la existencia de un conflicto armado interno en el país.

Durante el sepelio de Johan, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos leyeron un manifiesto en el que responsabilizaron no solo a los militares involucrados, sino también a toda la cadena de mando. Entre sus exigencias se encuentran:

1. Reparación integral para las víctimas y sus familias, incluyendo compensación económica, atención psicológica y garantías de no repetición.
2. Investigación diligente y sin dilaciones para identificar a todos los responsables, incluyendo a los mandos superiores que autorizaron o encubrieron los hechos.
3. Protección para las familias, testigos y defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de ataques digitales y hostigamiento.
4. Verdad, justicia y garantías de no repetición, para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

Además, las organizaciones exigieron a la Corte Constitucional y a la Fiscalía General del Estado que actúen con celeridad para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

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«Estas valiosas contribuciones a la lucha social y a las demandas de la misma, se ven
ahora amenazadas por una maniobra legal deshonesta. Nos encontramos frente a un fraude procesal perpetrado por individuos que buscan despojarnos de un espacio imprescindible para el desarrollo (anti y contra) cultural y social del aquel mundo que queremos construir. No podemos permanecer indiferentes ante esta injusticia. El Territorio Okupa Uvilla ha demostrado su invaluable importancia a lo largo de más de diez años de existencia», dijo la organización en un comunicado.

Además solicitan transparencia en el proceso legal y la intervención de organismos que velen por la equidad y la justicia social. Añaden que este es un espacio, donde grupos sociales pueden encontrar solidaridad y apoyo.

«Durante más de una década, el Territorio Okupa Uvilla ha servido como hogar para numerosos colectivos, organizaciones e individualidades (anti) artísticas y (contra) culturales. Este lugar ha sido testigo de miles de historias, procesos y momentos de vital importancia para la lucha social. Este espacio, que ha sido sostén de prácticas autónomas y autogestivas, ha sido levantado mediante minkas colectivas, practica heredada de nuestros ancestros, también ha albergado diversas actividades como talleres, presentaciones teatrales, debates y encuentros de reflexión colectiva y comunitarios», expresan sus miembros.

La casa okupa Uvilla se encuentra ubicada en el Barrio de Miraflores, en las calles Eustorgio Salgado y José Armero. (MIB)

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El anuncio de esta protesta ocurre en medio de un reclamo por parte de Solca, quien solicita al IESS que cancele su deuda de casi USD 140 millones.

«No se dice cómo, cuándo y dónde se va a pagar la deuda», expresó Ángel Sánchez, presidente del FUT, durante una rueda de prensa.

Los sindicatos afirman que el IESS no está quebrado, sino que los malos manejos y corrupción perjudican al Instituto, y que detrás de esta situación se esconde un intento de privatización.

Además, Sánchez aseguró que hay mafias dentro del Seguro Social y que las organizaciones sociales han pedido ayuda a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado para investigar 186 casos de corrupción.

Las organizaciones sociales también demandan el cobro de deudas a todos los morosos del IESS,la implementación de mejoras a los servicios que reciben afiliados y jubilados, y el abastecimiento de medicinas.

Los dirigentes de las organizaciones de trabajadores ofrecerán una rueda de prensa el próximo lunes 29 de agosto, donde darán a conocer los detalles de la jornada de movilización.

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«Debemos decirle al país que no hay voluntad política por parte del Estado, es preocupante y una falta de respeto al acta firmada, debe haber resultados positivos en beneficio del país. Nuestras bases están vigilantes», dijo la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yasakama.

Agregó que es la tercera vez que no obtienen una respuesta en el tema de control de precios y que esperan que el Gobierno coloque una fecha definitiva para finiquitar este asunto.

Desde la Iglesia

Como mediador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado sobre el proceso de diálogo. Explicó que existen puntos en común, pero ciertos aspectos que no tienen consenso.

«La mesa se abrirá cuando haya nuevos elementos a ser considerados. Hemos tomado conciencia de que la política es reflexión, es decir, un proyecto común. La política no debe dejar de ser acción, por lo que es necesario compromisos concretos de las dos partes», expresó.

El cronograma de las siguientes mesas se informará en los próximos días. MIB.

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• USD 120 millones por parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS), destinados a créditos de primer y segundo piso e inversiones en cooperativas de ahorro y crédito.
• USD 200 millones de créditos de oportunidades.
• USD 100 millones en créditos productivos
• USD 120 millones por parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para microcréditos, a través del sistema bancario.

Entre los acuerdos están la condonación de deuda en la banca pública, donde se estableció el perímetro de USD 3.000, aunque las organizaciones pidieron un monto más alto. La restructuración de deudas se hará en 10 años plazo con tres meses de gracia. Además se lanzará una línea de créditos productivos accesible por alrededor de USD 65 millones.

Reacciones

«Hay una apertura de parte de la Junta de Regulación Monetaria y eso es un buen avance. A pesar de que la ley no permite hacer salvataje a la banca privada, en el artículo 93 de la Constitución está prohibido hacer eso. Sin embargo, existe una flexibilidad de parte y parte. Que se sienten los deudores y los miembros de la banca para buscar soluciones», dijo Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN.

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Quito, 7 jul (La Calle).- En la primera mesa de diálogo entre representantes del Gobierno y las organizaciones CONAIE, FEINE Y FENOCIN se estableció la metodología de trabajo para resolver los 10 puntos planteados durante el paro nacional, la cual empezará a partir del 13 de julio de 2022, fecha donde se contabilizarán los 90 días acordados.

Minutos antes de dar inicio con la reunión establecida por la Conferencia Episcopal ecuatoriana, representantes de las organizaciones sociales manifestaron su afán por lograr un acuerdo en beneficio del país, el cual permita finalizar con el proceso antes de los 90 días establecidos.

«Esperamos que la mesa sea de provecho para el beneficio del pueblo ecuatoriano (…)Todos tenemos que ser actores de paz», dijo Eustaquio Toala, presidente de la FEINE.

Así también, Gary Espinoza, líder de la FENOCIN, quien en un principio se negó a firmar «Acta por la Paz» establecida el 30 de junio de 2022 sostuvo que la condonación por los USD 10 000 es una Ley que el presidente Guillermo Lasso debe cumplir y dictaminar el decreto correspondiente.

Espinoza negó la existencia de algún tipo de conflicto interno entre las organizaciones. Además, indicó que el video difundido en redes sociales, donde aparentemente arremete en contra de Leonidas Iza es falso, pues no se trataría de él.

«La unidad se mantiene, mantenemos algunos puntos de vista que son de forma y no de fondo. Pero la unidad se mantiene y se mantendrá por mucho tiempo porque hemos demostrado que juntos somos más fuertes», expresó.

En relación a las acusaciones sobre una posible deuda pendiente de USD 25 000, el presidente de la FENOCIN sostuvo que no mantiene ninguna deuda con la banca.

Resultados de la primera reunión

Luego de terminada la primera mesa de diálogo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez aseguró que los primeros objetivos se cumplieron favorablemente, permitiendo establecer una metodología de trabajo con la que iniciarán a partir del próximo miércoles 13 de julio de 2022, desde donde se contabilizará los 90 días previstos.

«Hoy hemos tenido una muy buena reunión, hemos podido ponernos de acuerdo sobre la constitución de las mesas de trabajo. Quedaron definidas las 10 mesas temáticas y la mesa de coordinación», dijo.

Jiménez explicó que las mesas se desarrollarán cada 10 días, partiendo con las dos primeras mesas que tratarán la focalización de subsidios y la moratoria de deudas.

A su vez, el ministro de Gobierno confirmó la asistencia de más ministros y autoridades relacionadas con las áreas a tratarse.

Por su parte, los representantes de las organizaciones expresaron su conformidad con el desarrollo de la primera reunión y su anhelo de buscar beneficios para las o los ecuatorianos.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza recalcó que existen temas sustanciales que necesitan ser profundizados y tratados con las otras funciones del Estado.

«Aquí venimos con dignidad, venimos por nuestros derechos. Esperamos que en esa medida de parte y parte podamos generar condiciones para que el pueblo del Ecuador gane, no sólo un sector», aseguró el líder indígena.

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«Este es un ejercicio inédito para el país. Después de las fuertes y complicadas jornadas que tuvimos durante 18 días, se concluyó con el compromiso de instalar mesas de diálogo. Al día siguiente del final de la paralización enviamos un comunicado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para dar inicio a esta mesas», dijo el ministro.

Agregó que la Conferencia fue la encargada de fijar fechas y organizar la metodología del diálogo. «Los anteriores esfuerzos no se realizaron, probablemente, por falta de metodología, no de compromiso del Gobierno. Siempre hemos estado dispuestos a escuchar soluciones».

Jimenez explicó que en la primera reunión se trataran aspectos operativos, de metodología y de compromiso. «El presidente de la República ha sido muy enfático en que este proceso es vital para el país y la paz. […] Los cuatro decretos muestran la visión del gobierno a la accesibilidad de estas propuestas: el control de precios especulativos, la emergencia en salud, subsidios agrícolas y combustibles. Eso es solo un comienzo. En esas propuestas ya transformadas en decretos se invertirán USD 600 millones que irán a los sectores relegados de la sociedad».

El Gobierno en el diálogo

Otros pedidos a cumplir y que se discutirán son: la autonomía de los pueblos, educación intercultural, la condonación de deudas a valores más altos, moratoria de deudas y la focalización de subsidios.

El ministro dijo que los personeros de la Conferencia Episcopal y las organizaciones sociales propondrán una metodología. «Tengo entendido que el señor Iza ha propuesto tres mesas temáticas. Podría haber un número más grande, pero no quiero adelantar nada».

En total, el Ministerio de Gobierno tendrá seis representantes en la mesa de coordinación para ver los temas a tratar. «La reunión con los ministros responde al análisis de los ejes temáticos a tratar y cuál será su intervención en los días siguientes del diálogo». MIB

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“Pensamos que el residente iba a anunciar algo novedoso. Sin embargo, el presidente se burla de nosotros al aumentar solo USD 5 al bono del desarrollo humano. No puede ser que crea que somos bobos y que nos puede engañar. El crédito al 1% lo decretó en enero ¿acaso tiene alzheimer? Con esos USD 5.000 de créditos solo se compraría una vaca y media. No alcanza para más. Debe cambiar los términos”, dijo Gary Espinoza de la FENOCIN.

Agregó sobre la condonación de deudas, que falta un decreto para la condonación de la banca pública. “Ojo, no nos vaya a salir con que no entren los del ex banco del Fomento. Queremos toda la banca pública. No queremos que se privaticen las empresas del sector estratégico. No es posible que las empresas de la concesión saquen todas las ganancias a los bienes del Estado”.

“El problema del campo necesita políticas serias. No ha habido un gobierno que se preocupe por el campo. Usted sabe que necesitamos alimentos producidos por los ecuatorianos que generen bienestar y trabajo. No necesitamos parches, mentiras o paliativos”, expresó Espinoza.

Desde la FEINE

Por otra parte, Samuel Lema de la FEINE expresó que se mantienen en resistencia. “48 horas se ha dado al Estado para que pueda responder. Entendemos que usted nos ha dicho, por medio de la rueda de prensa y el estado de excepción, pero no nos va a detener. Nos mantenemos vigilantes y en este proceso de lucha”.

Sobre el aumento del bono de desarrollo humano, el dirigente cuestionó “¿Cómo va a ser justo? USD 5 ¿Acaso podemos hacer algo con eso? El aceite ya está a USD 4.25. Nuestros pueblos necesitan un bono digno a la gente. USD 5 es algo insignificante. Ha dicho declarar en emergencia la salud pública ¿cómo va a ser posible que acá en Cutuglahua recibamos gas sin piedad? Y usted declara la emergencia. Está preocupado por los enfermos y está bien, pero preocúpese por todos.

“Prometió duplicar el presupuesto de la educación ¿Dónde quedan las becas, la infraestructura? No se puede trabajar de manera digna para que podamos emprender. Con USD 5.000 no alcanza. Nos ha dado respuestas, pero no son viables”, agregó. MIB

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Asimismo, el encuentro se desarrolla con miembros de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi —Residentes en Quito (Unoric). Según un comunicado del Gobierno, la finalidad de estos encuentros es «escuchar las preocupaciones ciudadanas y delinear soluciones a las problemáticas sociales de todo el país, mediante el diálogo».

Sin embargo, aunque el Gobierno intenta minimizar la convocatoria al paro nacional, a través de diálogos con organizaciones indígenas residentes en la capital, las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se han concentrado con fuerza en Cotopaxi, Pichincha e Imbabura.

«Vamos a desmentir al Gobierno, que a través de redes sociales, a través de Twitter, en El Comercio, ha mencionado y ha dicho que está dialogando con ciertas personas. Nosotros queremos decir algo claro y contundente: no permitiremos que otras personas entren a dialogar, nosotros queremos que nuestros dirigentes estén ahí al frente. No queremos gente oportunista, no queremos a los asambleístas, no queremos gente que esté al lado cercano al Gobierno, porque nosotros no vamos a negociar con la sangre de nuestros hermanos», dijo Samuel Lema, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE).

Asimismo, Gary Espinoza de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), dijo que no se reunirán con el Gobierno ni con ningún ministro. «Hemos dicho claramente que mientras no se dé respuesta a nuestros planteamientos no vamos a ir a conversar con ellos, porque el Gobierno tiene en su cancha todas las demandas y esperamos la respuesta oportuna. De lo contrario, vamos a radicalizar la protesta, vamos a seguir aumentando esta presencia en las carreteras del país con el fin de que el presidente de la República se haga eco en nuestras demandas», dijo.

De igual forma, dijo que Lasso los invita a dialogar, pero los amenaza con el uso progresivo de la fuerza.

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El Gobierno Nacional anunció una serie de operativos que emprenderá a través de las fuerzas del orden, mientras las organizaciones sociales y campesinas alistan acciones a su paso.

Todos se han pronunciado en los últimos dos días. Desde el presidente Lasso hasta sus altas autoridades y operadores políticos. Por su parte, la CONAIE, junto al apoyo de diversos sectores populares, alertó sobre la posible represión y violencia estatal que pueda desatar la movilización nacional.

¿Qué se ha dicho?

El escenario político se calentó tras las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, el sábado 11 de junio de 2022. Según Carrillo, la movilización convocada por la CONAIE es una estrategia de victimización, que solo provocará perjuicios al Ecuador.

A la par, el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, expresó que la institución actuará «firme para enfrentar a los grupos organizados» y acusó a los manifestantes de tener «financiamiento poco transparente».

Frente a la situación, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza advirtió que el ministro Carrillo prepara una violenta represión a la movilización. Asimismo, CONAIE y los asambleístas rebeldes de Pachakutik rechazaron y alertaron la posible vulneración de derechos humanos que suscite la marcha.

Desde el Municipio de Quito, el alcalde Santiago Guarderas manifestó que «no permitirá que destruyan la ciudad». El burgomaestre señaló que coordinó acciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

Además, la noche del 12 de junio, el presidente Lasso dijo que «no permitirá el cierre de vías y la toma de pozos petroleros (…) tomaremos todas medidas necesarias y con total rigor». Llamó a los dirigentes indígenas a «recapacitar». Sin embargo, Leonidas Iza le replicó que de nada han servido las tres mesas de diálogo del 2021, pues sus demandas y las de los ecuatorianos no han sido escuchadas.

Sobre la movilización

La movilización convocada por la CONAIE cuenta con el respaldo de más de una docena de organizaciones sociales y campesinas. La Ecuarunari, la FEINE, la FENOC, la FENOCIN, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Coordinadora Nacional Campesina, el Frente Nacional Antiminero, entre otros colectivos.

También cuenta con el apoyo del sector bananero, médicos, organizaciones barriales, sectores productivos, estudiantes y mujeres. Además, la Federación Ecuatoriana de Médicos y gremios de las trabajadoras sexuales no descartan sumarse a las protestas.

Sin embargo, los transportistas no se sumarán a las manifestaciones. Según el Fenacotip, no fueron considerados en los diálogos de las organizaciones sociales. Añadió que trabajarán normalmente y que mantienen sus propias conversaciones con el Ejecutivo.

Ante la magnitud de las movilizaciones, varias instituciones de educación superior (IES) decidieron suspender las clases presenciales y acogerse a la virtualidad el 13 y 14 de junio.

Las universidades Central, de Cuenca, de Guayaquil y la Escuela Politécnica Nacional informaron cancelaron la presencialidad. Las universidades particulares también tomaron la misma decisión. Las universidades Católica del Ecuador y de Cuenca, la UTE y la UDLA confirmaron la virtualidad.

El Ministerio de Educación informó que las clases presenciales en los centros educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares se mantienen con normalidad.

Demandas

Estos son los 10 puntos del movimiento indígena que el Gobierno de Lasso ha hecho «oidos sordos» y por los cuales se movilizarán en todo el territorio nacional.

1. Detener y reducir el precio de los combustibles
2. Moratoria para las deudas de las familias
3. Precios justos en los productos del campo
4. Empleo y derechos laborales
5. Parar la minería en fuentes de agua y sus territorios
6. Respeto a los 21 derechos indígenas
7. No privatizar los sectores estratégicos
8. Políticas de control y especulación de precios
9. Destinar presupuesto a la salud y educación
10. Políticas públicas para frenar la inseguridad y delincuencia

Informe policial

Según un informe policial, las autoridades esperan 66 eventos en 33 cantones, de 14 provincias. El Gobierno Nacional estima que 55 serán cierre de vías, ocho afectaciones a instalaciones públicas, una marcha y dos concentraciones. Todo desde las 00:00 de mañana.

“En los cierres de vías se podría utilizar maquinaria agrícola y materia pétreo, portar palos, piedras, machetes y quema de neumáticas”, dice el reporte.

Lasso calcula que 14.200 saldrán a manifestarse. unas 10 mil se dirigirán al cierre de carreteras. En Pichincha, al menos siete puntos de cierre de vías con unas 650 personas.

En Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua serán las protestas más numerosas. Casi 10.000 personas saldrían a las carreteras para cerrar el paso de vehículos. Según el informe, en Pichincha se esperan siete puntos donde se cierren las vías. En los que participarían unas 650 personas. En Orellana y Morona Santiago existe la posibilidad de la toma de ocho bloques petroleros.

Detalles

La Confederación denunció que en vísperas de la movilización ha sufrido persecución política e intimidación. La madrugada del 11 de junio, un grupo de funcionarios públicos instalaron cámaras de videovigilancia enfocadas hacia sus instalaciones en Quito.

Así mismo, el asambleísta Fernando Villavicencio «reveló» audios en los que Leonidas Iza pretende «bajarse al presidente» y que «no será nada fácil». También otro material en el dirigente Marlon Vargas expresa que «hay que dejarle sin un gota de petróleo a Lasso para ver de qué vive». Según el legislador, los audios habrían sido verificados por el Centro de Inteligencia Estratégica.

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«La solidaridad viene del corazón y la participación de gente en la megaminga demuestra su compromiso por la ciudad y por los damnificados de La Gasca y La Comuna. Miles de funcionarios y vecinos se dieron cita al sector con palas y escobas para iniciar la limpieza en la zona del aluvión», señala el comunicado de las autoridades.

Entre funcionarios de empresas públicas y privadas, voluntarios de diversas provincias, sectores populares y organizaciones sociales se distribuyeron en 11 cuadrantes desde la calle Ritter hasta la avenida Amazonas para limpiar la zona del deslave.

Voluntarios

Los voluntarios asistieron portando implementos de limpieza como guantes, fundas de basura, carretillas, picos, palas, escobas y demás.

Max Moreno relató para Radio La Calle que acudió con una comitiva de 28 personas. Se organizó cuatro cuadrillas de estudiantes para iniciar con las labores de la limpieza y recuperación de las calles en la Mega Minga. Los estudiantes participaron alrededor de 5 horas.

Entre estos sectores sociales que participaron en la Mega Minga también se encuentran los Scouts. La mayor parte de sus voluntarios participaron en la limpieza de alcantarillas. Y el resto participó en la recuperación de calles en el sector de La Gasca.

Karen Calderón, vecina del sector, dijo que es la labor y pasión para ayudar a los demás es la identidad quiteña que forma parte de esta gran ayuda.

La megaminga se desarrolló hasta entrada las primeras horas de la tarde y contó con el apoyo de maquinaria de las diferentes empresas municipales para el retiro del material y limpieza de alcantarillas.

Último informe

Según el último reporte del Municipio, con corte al domigo 6 de febrero, el número de fallecidos asciende a 28 personas. Mientras que los heridos fueron 52, de los cuales 44 ya fueron dados de alta, siete siguen hospitalizados y una persona se encuentra en estado crítico. Según las alertas del ECU 911, una persona continúa desaparecida.

Las autoridades estiman que 555 personas fueron afectadas. Esto significa alrededor de 160 familias.

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La cosa es tan grave que un General Superior recibirá hasta USDD 5.5560 y una compensación anual de USD 13.100, es decir cerca de USD 1.110 mensuales adicionales a su salario. 

Si esta escala superior sorprende, lo hace también los salarios de la tropa, aunque para mal. El policía de la calle, el que menos gana, percibirá USD 933 mensuales y una compensación anual de USD 447.

Dos resoluciones del Ministerio de Trabajo vehiculizaron esta decisión política de Lasso de aumentar los salarios a los policías. En octubre del año pasado, la Policía remitió el impacto presupuestario hasta 2025, documento con el cual el Ministerio de Economía emitió un dictamen presupuestario favorable. 

¿Qué pasa en otros sectores?

Mientras la Policía Nacional recibe aumento de salarios y compensaciones anuales, la Universidad pública del país ha recibido un importante recorte de sus recursos. En mayo de 2020, solo la Universidad Central sufrió una disminución de USD 11 millones, que impactó severamente en su funcionamiento. 

La proforma Lasso para 2022 mantiene esa rebaja y la agrava con USD 12 millones menos.

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Explicó que en la decimoquinta convención, realizada el 11 de diciembre del 2021, se ha venido trabajando para que la jornada del 19 de enero se cumpla a cabalidad.

“A los trabajadores, a las organizaciones sociales y al pueblo ecuatoriano, en general, le sobran razones para organizarse”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que algunos de los puntos importantes para fundamentar estas movilizaciones tienen que ver con el alza del precio a los combustibles, la deuda que mantiene el Gobierno con el IESS y las privatizaciones.

Villavicencio reiteró que, a pesar de la pandemia, sobran las razones para movilizarse. Recordó que las marchas van en pro de la lucha por los derechos de los ecuatorianos.

Por último, manifestó que las organizaciones sociales han tratado de trabajar en conjunto con el movimiento indígena. “La unidad será con quienes han venido legislando en beneficio de los ecuatorianos”, recalcó el dirigente.

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«Asistiremos al diálogo invitado por el presidente de la República el 10 de noviembre de 2021 con la participación de las organizaciones FUT, FEINE, FENOCIN, Frente Popular y Parlamento Plurinacional de los Pueblos», dice parte de las resoluciones.

Añaden que se acogen a la invitación que el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, hiciera el pasado 27 de octubre. «La decisión colectiva exhorta al Gobierno Nacional a que el diálogo sea público para que exista transparencia y verdadera participación democrática».

Además, solicitan que el Gobierno dé declaraciones sobre el Caso Pandora Papers y los presuntos nexos con empresas en paraísos fiscales.

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«Al conmemorarse 97 años de la masacre de noviembre de 1922 de los obreros y campesinos de Guayaquil, la CONAIE reconoce la lucha incansable del sector obrero y campesino por los derechos laborales», mencionó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en un comunicado.

De igual manera, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) se pronunció al respecto. Para esta organización, el «15 de noviembre es una fecha histórica en la lucha por los derechos laborales».

La Unión General de Trabajadores del Ecuador también dedicó unas palabras para esta fecha. «Los mártires del 15 de noviembre de 1922 no podrán ser ahogados jamás, su causa y lucha siguen presentes en las distintas jornadas que levantan los trabajadores, la juventud y los pueblos contra el capital», resaltó.

En el año de 1922, los obreros de Guayaquil se tomaron las calles de la ciudad portuaria. Reclamaron mejores salarios, reducción de horas de trabajo a la semana y acciones económicas que ayuden a evitar la especulación.

Sin embargo, la policía reprimió a los manifestantes disparando a quemarropa, asesinando a más de 1 000 protestantes. Los uniformados arrojaron los cuerpos a las aguas del río Guayas.

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