Quito, 15 jul (La Calle).- El movimiento Justa Libertad, conformado por 8 colectivos feministas y a favor de los derechos humanos, presentó el pasado 30 de abril una demanda que busca declarar inconstitucional el artículo 149, delito por aborto consentido, del Código Orgánico Integral Penal.

“La acción tiene como objetivo eliminar la criminalización del derecho de la mujer a decidir, estamos abogando por el derecho de la mujeres a ser autónomas”, dijo Angélica Porras vocera del movimiento.

Por añadidura, Justa Libertad, busca lograr la garantía del Estado Ecuatoriano al acceso al aborto seguro, de calidad y libre de violencia. Asimismo, lucha con la meta de reducir el estigma y los prejuicios que existen alrededor del mismo.

La demanda resalta las recomendaciones de organizaciones expertas en el tema, al igual como de organizaciones de protección de Derechos Humanos que abogan la despenalización del aborto en el marco de obligaciones internacionales, pues así sea parcial, la penalización de este se reconoce como un tipo de violencia de género.

Actualmente en Ecuador el aborto consentido se castiga con uno a tres años de cárcel. En 2021 tras un falló de la Corte Constitucional, se despenalizó el aborto en casos en los que el embarazo representa un riesgo a la vida o la salud, y cuando el embrazo es consecuencia de una violación. Sin embargo el colectivo asegura que no es suficiente.

Incluso en casos donde encajan estas excepciones, el acceso al aborto es difícil debido al estigma del personal de salud y otras instituciones que mantienen la creencia de que una vez en embarazo, las mujeres, niñas y adolecentes deben ser madres.

¿Quienes son Justa Libertad?

Animadas por la despenalización del aborto en Colombia, Justa Libertad es un movimiento ecuatoriano que tiene como objetivo eliminar el delito de aborto. El propósito es asegurar que no exista criminalización hacia ninguna persona por decidir sobre su cuerpo, su vida y su futuro.

El colectivo esta conformado por 8 organizaciones feministas y a favor de derechos humanos:

• Surkuna, Centro de Apoyo y Protección de los derechos humanos
• Alianza por los Derechos Humanos
• Las Comadres, Red feminista de acompañamiento en aborto
• Amazon Frontlies
• Cepam Guayaquil
• Sendas
• Bolena
• Fundación Lunita Lunera

Los colectivos comenzaron a organizarse desde el año pasado. Centrándose en que eliminar el delito no obliga a nadie a abortar, solo hace que quienes decidan hacerlo, lo hagan en condiciones seguras y dignas.

La importancia de esta lucha

El colectivo asegura que es urgente que la Corte Constitucional tramite la demanda, pues según estimaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) cada hora en Ecuador, siete niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes abortan.

Que se considere un delito ante la ley, no ha impedido que quienes toman la decisión de abortar lo hagan. Solo ha complicado las condiciones en las que se realiza la practica, poniendo la vida de estas personas en peligro.

Asimismo, datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el 2022, informan que diariamente en Ecuador, 54 niñas, adolescentes y mujeres recibieron hospitalización por causas relacionadas a un aborto.

Entre enero y abril del 2024 Ecuador registró 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años. La maternidad forzada es un grave problema resaltando que de 2019 a 2023, se registraron 4.937 niñas menores de 14 años embrazadas.

Human Rights Watch asegura que la mayoría de las mujeres y niñas procesadas por someterse a un aborto pertenecen a regiones con presencia considerable de poblaciones indígenas o afrodescendientes. Además asegura que las mujeres con escasos recursos económicos mostraban más probabilidades de ser procesadas, incluso en casos de aborto espontáneo o en necesidad de atención post – aborto.

En los últimos 10 años en Ecuador, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido (61% mujeres) con base a la información de la Fiscalía General del Estado.

La negación de los servicios de aborto constituye una serie de violaciones de derechos humanos, entre ellos: al  no ser sometida a tratos crueles y degradantes; a la autonomía; la libertad de conciencia y a la privacidad.

Los datos en relación al aborto en Ecuador no se acercan a la realidad gracias a que en su mayoría se realizan en condiciones clandestinas.

¿Qué dicen los ecuatorianos?

Tras un sondeo realizado por Cedatos en 2021, ocho de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianos están en contra de que una persona que haya abortado vaya a la cárcel. La demanda también recibió apoyo de líderes de opinión, artistas, activistas y diversas entidades internacionales.

Ecuador, en el último año, recibió múltiples recomendaciones por parte de Comités de derechos humanos para eliminar el delito de aborto. Recientemente en el examen periódico universal, países como Islandia y Sudáfrica recomendaron lo mismo.

La sociedad ecuatoriana está lista para actualizar una ley que tiene dos siglos de vigencia (152 años), que promueve un pensamiento injusto, retrógrada y que no es compatible con la realidad nacional y global actual. (N.C.)

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El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por medio de un comunicado, se refirió a este tema en particular. «Mientras los salarios se incrementaron en el 2.2%, esta medida significa un incremento del 25% en el impuesto que más golpea a la economía de los de abajo». Según la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la recaudación de este impuesto sería de USD 1.380 millones que se destinarían al conflicto interno armado, sin embargo deja de lado las obligaciones del Estado para la salud, educación y los GAD.

¿Entonces?

El FUT plantea varias opciones que dejarían USD 14.928 millones anuales en las arcas estatales para que se cumpla con las obligaciones frente a los sectores sociales y estratégicos.

El cobro a los grandes deudores de impuestos equivaldría a USD 4.511 millones, la contribución especial de 5% a las ganancias extraordinarias a las 100 empresas más
grandes, USD 300 millones; la eliminación en el 30% de beneficios tributarios a grandes grupos económicos, USD5.700 millones; la recaudación de al menos el 10% de la elusión y
evasión tributaria, USD 700 millones; el uso responsable de una parte de la reserva monetaria, USD 1.600 millones.

La restitución del 5% del impuesto a la salida de divisas (ISD), USD 1.400 millones; la negociación soberana de la telefonía celular por 15 años, USD 600 millones; la administración estatal del OCP, USD 117 millones. El FUT expresó que la reducción del IVA al 10% dejaría USD 1.230 millones y el alza del salario básico a USD 550; USD 840 millones.

Por su parte el expresidente Rafael Correa dijo que otras alternativas pueden ser. «Volver el ISD a su anterior valor de 5%. Impuesto único a las utilidades de la banca (más de USD mil millones, récord histórico). Impuesto único a los grandes patrimonios. – Eliminar beneficios tributarios y arancelarios». Además de «ahorrar USD 50 – 60 millones de una consulta inoficiosa».

El economista Alberto Acosta Bureno expresó – en su cuenta de X – que «la metida de mano al bolsillo de los ciudadanos al elevar 3 puntos de IVA» sería de USD 2.000 millones y que irá a la cuenta única del tesoro «que es una CUENTA MÁGICA porque todo lo que TOCA LO DESAPARECE».

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Actualmente, Noboa mantiene su RUC suspendido y no tiene deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, al realizar la consulta referente a la salida de divisas las cifras no cuadran.

De acuerdo a los datos del SRI, del 2009 al 2013 el presidenciable pagó un total de USD 33.578,32 por impuesto a la salida de divisas (ISD), pero el sistema refleja que hasta la fecha la declaración a la renta no ha sido presentada. »Lo que significa que no pagó ni un centavo por sus rentas del período», dicta el documento.

De ahí en adelante tiene un modesto pago del impuesto a la renta, incluso, en el 2014 pagó únicamente USD 83 por un ISD de USD 14.754,85. Según los cálculos realizados con los datos recopilados, en los últimos 14 años ha pagado un ISD de USD 122.069,71.

»¿Cuánto dinero sacó al exterior? Transfirió a sus cuentas del extranjero un aproximado de 2,1 millones de dólares», dice el estudio con base en la información del SRI.

Dudas sin respuestas

A pesar de lo expuesto, las organizaciones señalan que Noboa nunca fue objeto de una auditoría del SRI. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la evasión tributaria es un delito sancionado hasta con cinco años de cárcel.

De acuerdo a los expertos consultados en la investigación, es sorprendente la cantidad de dinero que transfiere al exterior el candidato Noboa, cuando su declaración patrimonial, que consta en Contraloría, es de USD 643.848.

El candidato incluyó entre sus bienes una mansión en Santa Elena comprada en 2015, en la que reside tres o cuatro días a la semana y es valorada en USD 1,5 millones. También informó que tiene deudas por USD 859 mil por un préstamo hipotecario. Además, no reportó vehículos propios, en los últimos años se ha movilizado en carros de la empresa Industrial Molinera. (AGM).

Las cuentas tributarias @DanielNoboaOk no cuadran En 5 años no pagó Impuesto Renta pero hizo millonarias transferencias a sus cuentas en extranjero A Contraloría reportó patrimonio d $643.848 El SRI no le ha hecho ninguna auditoría. Según el COIP es delito d evasión tributaria pic.twitter.com/iQCFaWjPmZ

— Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (@de_petrolero) October 11, 2023

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Varias organizaciones de esta iniciativa se agrupan alrededor de lo social. Buacan crear confianza, brindar servicio e institucionalidad. El 82% desconfía de su entorno.

La agenda global de juventudes trabajará en seis ejes importantes: inserción laboral, emprendimiento, salud mental, derechos humanos, ambiente, venezonalidad.

Entre las actividades alrededor de esta agenda están los acuerdos con universidades. Sesiones de terapia para jóvenes migrantes venezolanos. Creación del perfil del migrante joven.

Así también la asistencia técnica en derechos humanos. Capacitación para jóvenes en derechos humanos. Protocolos para los migrantes y refugiados.

Redes de organizaciones de la sociedad civil, academia, privados enfocados en ambiente. Sensibilización sobre temas ambientales y acuerdos internacionales en los que participe Venezuela.

Revise aquí, la agenda.

Ciertos problemas

La agenda se creó por el trabajo de redes de organizaciones que forman el Plan país. Las encuestas tuvieron presentes a todo tipo de migrantes, con estabilidad laboral y también grupos vulnerables.

El emprendimiento es un espacio importante para mejorar la situación de los migrantes jóvenes. El objetivo es llegar a emprender en tecnología.

A pesar de esos esfuerzos, existe una falta de políticas públicas en migración. No hay cifras exactas de cuántos venezolanos están en el Ecuador. La Cancillería dice que 300.000 personas están en nuestro país y el Ministerio del Interior coloca la cifra en menos de 200.000.

A eso se suma que no todos tienen la posibilidad de facilidades para la estabilidad económica. Menos del 20% se puede permitir una cuenta bancaria. El 90% de los migrantes venezolanos está en la informalidad y su situación legal les impide ejercer su profesión en nuestro país. (MIB)

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Según Cucalón, la imposición no debe ser una alternativa a la razón. Dijo que los señalamientos de las organizaciones respecto a los acuerdos son imprecisas. «En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena. Hasta hoy, ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos».

Los acuerdos según el Gobierno

El ministro explica que existe varios puntos que el gobierno ya ha cumplido:

• Duplicaron, mediante decreto ejecutivo, el presupuesto para la educación intercultural bilingüe.
• Entregaron, a través de cooperativas de economía popular y solidaria, USD 120 millones destinados a sectores rurales y campesinos.
• Restructuración de créditos de hasta USD 3000.
• Instrumentalización de la focalización de subsidios con hoja de ruta y plazos.
• Acceso a la educación superior de ciudadanos indígenas.

Para el Gobierno, el diálogo permite cumplir más objetivos de desarrollo, «a diferencia de lo que sucede cuando se impone la irracionalidad y la violencia».

No obstante, las organizaciones sociales han insistido en que no se están cumpliendo los acuerdos. En el Consejo Ampliado de la Conaie se discutieron las medidas a tomar y aunque no habrá un paro nacional se han convocado para una movilización el próximo 8 de marzo. (MIB)

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Quito, 9 sep (La Calle).- Samuel Lema, dirigente de la FEINE anunció que la mesa de diálogo sobre la focalización del subidio a los combustibles se extenderá hasta el 12 de octubre.

“Ayer coincidimos con el tema de focalización de combustibles (…) Nosotros hemos dicho que hoy día no cerramos la mesa de focalización, la extendemos hasta el 12 de octubre” expuso el dirigente a los medios de comunicación.

Según Lema, esta medida la toman los dirigentes en conjunto con los representantes del Estado después de ver avances en el tema. Además, aseguró que ya se han llegado a acuerdos. 

Por el lado del Gobierno

El ministro de Obras Públicas, Darío Herrera explicó que tienen cuatro consensos de un total de 14.

“El acta firmada en la mesa de ayer no está relacionada con la rebaja al precio de los combustibles. El objetivo es que el subsidio llegue a las personas que realmente lo necesitan y que sea eficientemente entregado” expuso el ministro.

De esta manera, la mesa de diálogo estará abierta durante lo que resta de los 90 días que tienen los dirigentes y el gobierno para llegar a un acuerdo.

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Este 29 de julio concluyó la tercera semana de diálogo para el tratamiento de las 10 mesas temáticas establecidas por los representantes de la CONAIE, FENOCIN y FEINE y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En una rueda de Prensa , el ministro de Gobierno explicó sobre el desarrollo de las tres primeras mesas y cuáles han sido los acuerdos a los que se ha podido llegar entre las organizaciones.

Así también, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza indicó que existen coincidencias en algunos puntos con el Gobierno.

Sin embargo, Iza sostuvo que en la planificación de la política no se evidencia lo establecido.

Primera mesa temática: Focalización de subsidios para los combustibles

El ministro de Gobierno indicó que no se ha llegado a ningún consenso en relación a la focalización de subsidios y que se continua con su tratamiento.

«Esta semana se terminó el trabajo de esta mesa. No se ha podido llegar a un acuerdo todavía. Se entiende que se va a seguir trabajando en la mesa de focalización la próxima semana», dijo.

Con respecto a la primera mesa temática, las organizaciones sociales presentaron al Gobierno 8 pedidos, con los que se busca trabajar en la identificación de los beneficiarios y en los mecanismos de implementación de la focalización.

«Para ello, el Gobierno se compromete a presentar la documentación necesaria hasta el día 7 de agosto, para el diseño de la política de focalización», indicó Iza en el Pronunciamiento de la CONAIE.

El líder indígena sostuvo que los recursos derivados de la focalización deberán beneficiar a la población con indicadores más pobres y los sectores más vulnerables, así como a los sectores productivos de mayor impacto para la economía del país.

Por su parte, Francisco Jiménez dijo que de no lograrse un acuerdo con respecto a la primera mesa, el tema será tratado en la mesa de coordinación al final de todas las 10 mesas temáticas.

«A parte de existir las 10 mesas de trabajo, existe una mesa de coordinación donde llegan los resultados de todas la mesas que no se llegó a un acuerdo y que puedan ser tratas al final», señaló.

Segunda mesa: Financiación y condonación de deudas con la Banca

Entre los acuerdos establecidos en la condonación de deudas se incluye los intereses de mora y gastos legales y la eliminación de las medidas dictadas dentro de los procesos de coactiva una vez condonado el crédito.

Asimismo, el directorio de BanEcuador implementará el destino de USD 100 millones para el servicio de una línea de crédito productivo para pequeños y medianos productores.

Los créditos que se otorguen deberán ser por montos desde USD 5 000 hasta USD 20 000 al 5% anual y hasta 10 años plazo.

Iza indicó que pese a los acuerdos establecidos aun existen temas pendientes referidos al pedido sobre la Banca y aseguró que se necesita avanzar en un mecanismo de seguimiento.

«Hay temas pendientes. Los ecuatorianos salimos a las calles por el punto número dos pero hasta el momento nos han comunicado que las deudas bancarias no se están resolviendo. Puede ser que esté firmado pero en realidad no se están avanzando», señaló.

Tercera mesa: Control de especulación de precios y productos de primera necesidad

En relación a la mesa de control de precios se dio a conocer que se encuentra en su etapa inicial.

El presidente de la CONAI señaló que como primer paso para el desarrollo de la tercera mesa, se debe iniciar por la identificación de los productos de primera necesidad que necesiten que se garantizase el control en sus precios.

Iza aseguró que son 44 productos los que presentan una constante variación en sus costos.

Así también, el líder indígena recalcó tres puntos que deberán ser tratados en las próximas reuniones.

• Creación de una tabla de control de precios para los productos que han sido identificados.

• Control externo de precios, con el fin de establecer políticas y acciones orientadas al control de contrabando.

• Limitar la expansión de Tratados de Libre Comercio.

Respuesta del ministro de Gobierno sobre la subida de precios

Por su parte, el ministro de Gobierno recalcó que no todo es culpa del Gobierno.

Sino más bien, explicó que el tema de la inflación es una cuestión internacional que involucra la recomposición de la economía tras dos años de Pandemia, mediante la subida de precios a nivel mundial.

Además, Jiménez afirmó que el Ecuador estaría entre el tercer país con más baja escala inflacionaria de Latinoamérica.

«Factores internacionales y la guerra de Ucrania y Rusia provocó el cierre de algunos mercados internacionales afectando al Ecuador con el tema del camarón, banano y la uria, generando un impacto en las exportaciones», dijo.

Jiménez manifestó que no siempre van a estar de acuerdo ambas partes y que son las mesas de diálogo, donde se puede intercambiar ideas.

Mientras tanto, Iza hizo una invitación a la ciudadanía para estar pendientes.

«Les invitamos a todas las compañeras y compañeros ha estar pendientes que estos 90 días signifiquen participación, debate, decisiones, para que pongamos nuestra voluntad en resolver los problemas más sentidos en este país», indicó.

La entrada Acuerdos y desacuerdos presentes en las mesas de diálogo se publicó primero en La Calle.

«Esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su nefasta antecesora, la LOC, aprobada en 2013. Está plagada de vulneraciones al derecho inalienable deo ser humano a la libertad de expresión y de opinión. Por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos», dice parte del documento.

Agregan que denunciarán ante las relatorías de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como «un nuevo atentado a la libertad de expresión y de prensa».

Los firmantes de la carta recuerdan al presidente Lasso «el compromiso de su Gobierno para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas».

El pasado 21 de julio, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría sobre la Ley de Comunicación, lo que dejó de lado el informe de mayoría presentado por el presidente. El Ejecutivo informó que vetará de forma total lo aprobado por el Legislativo. MIB

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«Sobre el tema de los subsidios ahora se reanuda la mesa para escuchar sobre lo que hemos enviado con datos técnicos. De la misma manera escuchar al Gobierno. En ese sentido se van a instalar en algunos puntos específicos para poder comprender los datos», dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Agregó que también hablarán sobre la especulación. «Hay un sentir a nivel del Ecuador. Hay un decreto, pero sin embargo no hay una tabla para controlar los precios. Estamos las tres organizaciones – CONAIE, FEINE y FENOCIN – con sus delegados técnicos para iniciar este proceso».

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Hugo Aguiar, expera desarrollar la metodología y llegar a acuerdos en los próximos cinco días. También estará en la mesa, el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. «Como autoridad tributaria tenemos información sobre la venta de combustible. El tema de subsidios es complejo y esperamos seguir dialogando para conseguir el acuerdo».

Tema financiero

iza se pronunció sobre los acuerdos en el tema financiero. «Después de dos semanas intensas de trabajo se ha avanzado en la mesa de alivio financiero, sin embargo quedan temas pendientes, sobre todo en el área privada, donde se ha solicitado la convocatoria de los entes involucrados».

La CONAIE presentó un comunicado que recalca que los acuerdos en el tema de banca pública y privada son importantes, pero no suficientes. «Por ahora, la gran banca lo único que acepta es reestructurar o refinanciar, cliente por cliente, las operaciones de crédito vencidas desde el 1 de enero de 2020 al 31 de junio de 2022». MIB

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Hasta el momento se registran 12 agresiones muy graves, cinco agresiones moderadas y ocho agresiones graves. Entre las del primer grupo aparecen agresiones físicas contra manifestantes en el cantón Shushufindi, detención de cuatro comuneros en San Miguel del Común, la detención de un periodista del Movimiento Indígena del Cotopaxi y las detenciones del presidente Conaie y el vicepresidente de la FICSH.

La policía también ha disparado contra manifestantes, comuneros, reprimió a personas en las afueras de la cárcel de Latacunga y agredió brutalmente a un periodista en esa ciudad durante una cobertura.

Entre las agresiones graves están el ataque a un adulto mayor por parte de un policía en Quito, agresiones contra abogadas y represión y un desmedido uso de la fuerza contra los manifestantes en la Plaza del Teatro y el Colegio Mejía.

Pueden seguir el mapa con información actualizada en el siguiente enlace:

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapa-de-la-violencia-del-estado-en-el-paro-de-juni_776365#8/-0.882/-78.574

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Quito, 23 de sep, (La Calle). – Varias organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, presentaron este jueves las medidas cautelares contra la construcción de una carretera en el corazón del Yasuní.

El encuentro tuvo lugar a las afueras del Consejo Judicial del Norte. Allí solicitaron a las autoridades que se detenga el avance de la construcción de la vía. El proyecto del Estado afectaría a los pueblos y nacionalidades que habitan en el sector. Además, vulnera los derechos de los residentes de la zona.

Vivian Idrobo Mora, coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos por el Ecuador dice que los abusos a las vulneraciones de los derechos de los pueblos, afectaría gravemente con la construcción de infraestructura petrolera.

Por su parte, Pedro Bermeo, representante del colectivos Yasunidos, dice que el adelanto de la obra está traspasando la zona de amortiguamiento

El gran perjuicio de esta obra de la carretera, significaría la afectación en aspectos de contaminación y deforestación de los espacios verdes y sobretodo del Yasuní.

Instancias legales de la demanda contra el estado

Existe un proceso legal de los Yasunidos en la Corte Constitucional en relación a la consulta popular en el que se decidió evitar la explotación del Yasuní.

Además, existiría un gran perjuicio a la desaparición de los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane que habitan en el sector. En el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al estado ecuatoriano medidas cautelares a favor de los pueblos aislados.

Se espera la decisión del Consejo Judicial que determinará a un juez para que acoja el proceso y tome la resolución sobre estas medidas cautelares.

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«Hacemos un llamado al TCE a actuar en el marco de lo que establece la ley ecuatoriana y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Con el fin de garantizar la participación de todas las fuerzas políticas, en cumplimiento de la norma legislativa vigente. Además, asegurando la existencia de elecciones libres, democráticas y transparente», se lee en el documento

Este pedido se realizó antes de la decisión del TCE que podría dejar al margen al movimiento político. «Instamos a los organismos internacionales de observación, vigilancia y control electoral, y a la comunidad internacional en general, a mantenerse alerta ante la situación jurídico-electoral en el Ecuador para garantizar el ejercicio de la democracia en las elecciones presidenciales del 2021», añadió

Obstáculos a la Revolución Ciudadana

En la petición se afirma que el partido político tuvo bloqueos reiteradamente de forma ilegal e inconstitucional. «Es alarmante el bloqueo judicial hacia dicha agrupación política, liderada por Rafael Correa, a la que en los últimos tres años se le arrebató ilegalmente su movimiento original.(..) Hoy se le pretende impedir su participación en las elecciones del 2021 recurriendo para ello a subterfugios e interpretaciones reglamentarias expansivas. Éstas van en contra los derechos y principios básicos de la participación política y la democracia».

De la misma manera, las autoridades aseguran que los medios de comunicación inciden en el proceso jurisdiccional para calificar al binomio Arauz-Rabascall. En este sentido, la carta pretende garantizar el ejercicio de derecho a elegir y ser elegido. «En el artículo 328 de la ley electoral determina que en ningún caso podrá negarse la inscripción de una candidatura», reza el comunicado. (GG).

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