La legisladora argumentó que Corral era funcionario público, pese a que aún era accionista de una empresa que tenía contratos con el Estado, en este sentido, lo acusó de un incumplimiento sistemático de funciones.

»A pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que no le importaba», dijo la parlamentaria.

Agregó que este caso también está bajo la responsabilidad de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) durante ese período, del expresidente Lasso y su equipo de trabajo.

Manifestó que en un inicio Corral declaró deudas por aproximadamente USD 6 millones y al finalizar su gestión este valor fue de USD 2 millones. Además, habló de una cuenta bancaria en Panamá con USD 240 mil cuando los funcionarios públicos no pueden tener dinero en paraísos fiscales.

Juicios políticos en fila

En el radar de la Comisión de Fiscalización también está el exministro del Interior, Juan Zapata; el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.

El pasado 25 de noviembre asambleístas del oficialismo (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Zapata y Santos. En el primer caso por no abordar de manera eficiente la crisis de seguridad en el país y no ejecutar el presupuesto asignado para el 2023.

Por otro lado, la legisladora oficialista Nicole Saca encabezó la solicitud de juicio político contra Santos Alvite y alegó que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que provocó los apagones en el país. Según ella, el exministro tenía conocimiento desde abril de 2023 de la gravedad prevista en la temporada de estiaje. (AGM).

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El informe fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por parte de la asambleísta de Construye, Adriana García, quien señaló que no se tomaron en cuenta sus observaciones, en donde se pedía analizar los informes del expresidente de la comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio (+), respecto a Coca Codo Sinclair.

De acuerdo a la mesa parlamentaria, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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»No dejaron identificadas ninguna fuente de financiamiento para el pequeño saldo de la caja fiscal», dijo en entrevista para Teleamazonas. También aseguró que no quedó nada listo para cubrir los meses más complicados del año.

¿Qué decía Arosemena?

 “La transición de la cartera de Economía y Finanzas se realizará con transparencia, orden y evidenciando el financiamiento contratado para 2024″, decía el exministro Arosemena antes de la posesión del presidente Daniel Noboa.

Según él haría énfasis en cómo se entregaría la economía en términos de reducción de deuda y déficit, crecimiento económico y reservas. De igual manera, aseguró que el gobierno había conseguido USD 896 millones del financiamiento contratado.

Una economía en estado crítico

En su primer día de funciones Vega señaló algunas de las cifras más preocupantes de la economía del país:

• En la cuenta única del Tesoro actualmente existen USD 184 millones.
• Existen atrasos por USD 2.872 millones con IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados y más instituciones del sector público y privado.
• El déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.
• El monto total de deuda recibida es de USD 63.000 millones (entre deuda externa e interna).
• Recibimos un país con una caída del 9 % del ingreso per cápita en los últimos 10 años, por el escaso crecimiento en términos reales. Es decir, es una nación extremadamente empobrecida.
• El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos. Lo que implica que Ecuador sea excluido del acceso a mercados normales de deuda y complica la atracción de inversiones.

Sin empleo formal

También afirmó que el Gobierno actual recibe una economía que no genera empleo formal, ni adecuado; por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia. Además, existe una legislación laboral que fomenta la informalidad. A esto se suma que para 2024 hay algunas complicaciones adicionales:

• El fin de la contribución patrimonial.
• La disminución adicional al ISD.
• La reversión de la reforma tributaria.

Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias como el fenómeno de El Niño, la crisis energética, la situación en seguridad, salud, entre otras. (AGM).

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Según su carta de renuncia, Arosemena puso a disposición su cargo el pasado 15 de noviembre y agradeció al primer mandatario por la confianza depositada desde julio de 2022. «Una visión clara: orden fiscal y enfoque social. Ha sido un gran honor ejercer esta responsabilidad en su gobierno», reza el escrito.

En su carta enumera nueve logros de su administración en la economía y finanzas públicas.

• La culminación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que «financió inversión social».
• Reducción y eliminación de 19 tipos de impuestos y aumento de la recaudación tributaria.
• «Pago de deudas históricas» a gobiernos autónomos descentralizados, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a las universidades.
• Ejecución de la mayor colocación de créditos productivos desde la banca pública.
• Focalización de subsidios a los combustibles.
• Renegociación de la deuda pública con China.
• Canje de deuda por conservación de las Islas Galápagos.
• Reducción de la deuda pública.
• Gestión y contratación de créditos con multilaterales que serán desembolsados desde 2024.

Su legado, una economía en ruinas

El 2023 culminará con un déficit fiscal aproximado a los USD 5.000 y con estimaciones de crecimiento económico desalentadoras, según datos del Banco Central del Ecuador.

Para mediados de septiembre de 2023, la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 1,5 %. El 2022, el país cerró con un crecimiento del 2,9 %, una evidente tendencia a la baja, reportó Primicias.

En cuanto a la deuda pública, en diciembre cerrará con un total de USD 81.000 millones, tomando en cuenta préstamos externos, colocación de bonos de deuda interna, pasivos y obligaciones pendientes de pago, reseñó diario La Hora.

Respecto a la inversión extranjera, el régimen se encargó de ahorcarla con un riesgo país superior a los 1.800, una cifra que ahuyenta a los inversionistas.

Cabe mencionar que estos son solo algunos de los problemas que arroja la gestión de Arosemena. Hasta el momento los gobiernos provinciales y municipios exigen las transferencias correspondientes para pagos de salarios de sus servidores; así mismo, el IESS continúa con su deuda histórica y las universidades piden sus presupuestos y cese a los recortes económicos.

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“Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas a finales de septiembre.

Esta afirmación empezó a opacarse tras los hechos evidenciados en los últimos meses. En los primeros días de octubre salió a la luz una transferencia de USD 75 millones desde el Fondo Común Amazónico hacia la cartera de Estado que preside Arosemena.

La Presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, Guadalupe Llori, aceptó que transfirió esa cantidad de dinero. Argumentó que es un “ejercicio económico” que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando se lo necesite.

Ante la situación, la asambleísta electa de Construye, Alexandra Castillo solicitó apoyo al Grupo Parlamentario Amazónico para llevar adelante el juicio político contra Arosemena. Este cuestionable »préstamo» no es el único que marca la gestión del jefe ministerial.

Deudas a los GADs

En las últimas semanas los Municipios, Prefecturas y GAD’s parroquiales han denunciado públicamente el incumplimiento de asignaciones económicas de octubre y septiembre por parte del Gobierno central.

El presidente de la Conagopare Pichincha, Andrei Iza, aclaró que las asignaciones presupuestaria a las que se refirió el Gobierno son las que se han entregado desde el 2015. La deuda con las juntas parroquiales de es de más de USD 31 millones. «Hay una gran falsedad. Están con los atrasos desde el mes de octubre del 2023», aseveró.

Por otro lado, la presidenta del Congope, Paola Pabón señaló que la deuda que mantiene el Estado con las Prefecturas sobrepasa los USD 563 millones.

De igual manera, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclamó el adeudamiento de alrededor de USD 512 millones. El plazo para pagar la deuda era hasta este 9 de septiembre, caso contrario saldrán a una movilización nacional.

Pese a las denuncias de las autoridades, Arosemena desconoció el adeudamiento de los dos últimos meses. Resaltó que este Gobierno es el que más ha hecho transferencias a los GAD’s.

Deuda a la educación

La Universidad de Cuenca se suma a las denuncias contra Arosemena. La institución expresó públicamente su reclamo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.

En un comunicado la universidad aseguró que la deuda alcanza los USD 2.892.548,27 millones ; recursos relacionados a becas, servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, adquisición de insumos y materiales de laboratorio, e insumos académicos y de investigación.

#ComunicadosUCuenca l La Universidad de Cuenca manifiesta un reclamo público al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.
Exigimos la atención inmediata a las obligaciones que mantiene el Gobierno con nuestra institución. pic.twitter.com/IS4MjFiM9q

— UCuenca (@udecuenca) November 8, 2023

¿Déficit fiscal?

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.

El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.

Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. El economista Segundo Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.

Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales. (AGM).

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Al parecer, Bernal «podrá dormir tranquilo», pues según él, tiene la conciencia limpia de haber entregado todo por el Ministerio y el Ecuador.

«Pueden sentar aquí en frente a quien quieran que yo lo debatiré con datos, pues esta es una nueva realidad», apuntó en Radioi99.

Las cifras demuestran una realidad muy diferente a la soñada por el ministro. Ecuador en 2021 alcanzó un total de 2.131 asesinatos a nivel nacional, mientras que, el 2022 -uno de los periodos más sangrientos para el país- terminó con 4.632 . Sin embargo, en el tercer trimestre de 2023 se registró 4.835 muertes violentas, de esas 232 fueron menores de edad.

Ante la ola de violencia desatada en las calles del país, el gobierno justificó su inoperancia con que todas las cifras «responderían a problemas entre bandas delictivas». No obstante, para los analistas, a más de la indumentaria a la Policía Nacional, es necesario que las autoridades implementen políticas públicas que garanticen las condiciones de vida.

Los sectores más golpeados

Desde el 2021, los sectores de salud y educación son los que más reducciones presupuestarias han tenido. El presupuesto con Lasso ha tenido una variación similar a la de una montaña rusa. A eso se suma las intenciones -al igual que su antecesor Moreno- de reducir el dinero a las universidades públicas.

La última «obra» fue enviar un decreto a la Corte Constitucional (CC) que fue rechazado y considerado inconstitucional por atentar contra al principio de no regresión.

En cuanto a la salud, cientos de ciudadanos denunciaron que en los hospitales y casas de salud no hay gasas, torundas de alcohol y los insumos básicos para realizar procedimientos médicos. En el mismo decreto, el mandatario pensaba desentenderse de la atención a enfermedades catastróficas de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Utopía económica

Lasso y su ministro de Economía, Pablo Arosemena, también mencionó que se entregará una economía mejor de la que recibieron. Sin embargo, los economistas Jonathan Báez y Segundo Camino recalcaron que ese mito solo es cierto cuando se compara con las cifras actuales con la pandemia por covid-19.

“Lo ideal sería comparar la economía con los datos anteriores a la pandemia, en donde, incluso, los precios del petróleo eran similares a los que tenemos ahora”, dijo Camino a Radio La Calle.

Por su parte, el economista Báez manifestó que a Arosemena le faltó presentar los datos de pobreza y gasto social. Para él, el único foco de preocupación de este gobierno es no intervenir en la economía.

Actualmente, la población de escasos recursos llega al 30 % y solo el 35 % de los ecuatorianos tiene acceso a un empleo adecuado; aunque el régimen subió a USD 450 el salario básico unificado, la canasta básica está en USD 782,34.

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«Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas.

Los economistas Jonathan Báez y Segundo Camino coinciden en que el punto de partida para asegurar que existe una mejora en la economía es el año 2018 y 2019, en la prepandemia. Para ambos, es evidente que si se realiza una comparación de la economía después de la pandemia va a existir una mejoría.

«Lo ideal sería comparar la economía con los datos anteriores a la pandemia, en donde, incluso, los precios del petróleo eran similares a los que tenemos ahora», dijo Camino a Radio La Calle.

Las cifras del pasado

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.

El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.

Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.

Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales.

El déficit de la sociedad

Por su parte el economista Báez manifestó que al ministro Arosemena le faltó presentar los datos de pobreza y gasto social. Para él, el único foco de preocupación de este gobierno es no intervenir en la economía.

»¿Qué implica que el déficit disminuya? Que haya una sociedad que también está en déficit», destacó.

Este »logro» que se atribuyó Arosemena también podría ser la respuesta a la falta de inversión en salud, educación y bienestar social. Además de acuerdo a un cálculo con las cifras del INEC, aún existen más de 66 mil personas que no han recuperado su empleo después de la pandemia.

Según el BCE la balanza de pagos »va bien», pero de acuerdo con Camino este registro se sostiene de las remesas, por la tanto si hay más dinero, hay más migrantes fuera del país en busca de mejores oportunidades.

»La economía no es algo que solo deba evaluarse en números sino también en hogares e individuos porque es una ciencia social», destacó.

La visión del FMI

El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) relacionado a la solvencia y liquidez del fondo financiero del Ecuador señaló que los alivios financieros, como condonaciones, reestructuraciones y refinanciamientos de créditos, debilitaron la cultura de pago en el país.

Además, resaltó que el descontento político y social constituiría un riesgo sistémico que podría afectar la inversión privada y la actividad económica. (AGM)

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»La Institución se ha visto forzada a tener que desinvertir del portafolio del Fondo de Pensiones administrado por el BIESS, aproximadamente USD 480 millones, en lo que va del 2023. Este monto podría ascender a USD 1.511 millones hasta el cierre del presente ejercicio fiscal», dijo la vocal María de los Ángeles Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Por otro lado, manifestó que existe una extrema presión en los Fondos del IESS para la entrega de prestaciones, por lo que el pago de la deuda es urgente para evitar desinversión y descapitalización. El problema también acarrea el retraso de pagos a prestadores externos en los servicios vitales de atenciones médicas.

Según el documento, la cartera de Estado ha dejado de transferir alrededor de USD 1.250 millones por concepto del 40 % de aporte que le corresponde. En este mismo período, el BIESS invirtió USD 1.627 millones en bonos del Estado.

»Lo cual evidencia que el IESS ha financiado el Presupuesto General del Estado, por un valor total aproximado de USD 2.877 millones con recursos de los afiliados, jubilados y beneficiarios a nivel nacional», resaltó.

Las soluciones del IESS

Rodríguez que para cubrir la brecha de financiamiento mensual del pago de pensiones a nuestros jubilados y pensionistas destinan los valores recaudados en los préstamos hipotecarios y quirografarios de los mismos jubilados.

Esta solución es demasiado arriesgada ya que los montos no van a los fondos de inversión del BIESS. La alternativa de la institución genera un lucro cesante y la descapitalización del Fondo de Pensiones.

Desde el 2014, el IESS enfrenta una crisis que solo va creciendo con los años. Para el pago de pensiones, los afiliados aportan con el 11.6 %, mientras que el Estado contribuye con el 40 %, todo ese dinero va a un fondo común para pagar a los jubilados.

El ahorro de los afiliados para el 2023 sumará USD 3.080 millones, pero el gasto para las pensiones es de USD 5.279 millones, es decir, queda un vacío de USD 2.199 millones que a veces lo cubre el Estado o el IESS con sus ahorros. (AGM).

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La inestabilidad del gabinete no solo se evidenció en los desacuerdos con el Legislativo, sino también con los funcionarios que Lasso escogió para que conformaran su equipo de trabajo. Aquí el detalle.

Ninguno fue digno para Lasso

Los ministerios de Gobierno y Agricultura fueron los que más cambios tuvieron durante su periodo. Ambas tuvieron cuatro servidores, uno de ellos duró tan solo tres meses. Al momento, Henry Cucalón dirige el ministerio de Gobierno, mientras que Izaguirre se encarga del de Agricultura.

Otra de las instituciones más afectadas por los escándalos, fue la de Energía y Minas. Tuvo tres cambios, dos con juicios políticos y supuestos vínculos con casos de corrupción. El «finalista» es Fernando Santos Alvite, que ingresó el 28 de octubre de 2022, pero no todo fue color de rosa. Al inicio de su periodo lo acusaron de tener paraísos fiscales.

Algo similar ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lasso movió tres fichas y la última reagrupó. Uno de los cambios logró quedarse más del año, sin embargo, renunció luego de generar desacuerdos con las autoridades argentinas. La últma pieza es Gustavo Manrique, que se mantiene en el puesto.

De la misma manera, el Ministerio de Defensa tuvo tres cambios. Los dos llegaron solo a los seis meses y pasaron al olvido. Al parecer, Lasso pudo congeniar ideas con Luis Lara Jaramillo y se mantiene al frente de la entidad.

Ministerios con menos solo cambio

El Ministerio de Transporte tuvo solo dos cambios en este régimen. Los dos cambios estuvieron cerca de llegar al año de trabajo en la cartera de Estado. Sin embargo, las denuncias y las solicitudes de juicio político -contra uno de ellos- le costó el puesto.

El Ministerio de Economía, del Interior, Inclusión Económica y Social, Producción y Salud fueron las entidades con menos cambios. Durante el gobierno de Lasso hubo un solo reemplazo, que fue el definitivo. Aunque las quejas y pedidos de destitución no pararon contra algunos de los servidores, el jefe de Estado no ha tomado acciones para definirlos.

Vio que ahí no era

El Ministerio del Ambiente tuvo un solo cambio. El jefe de Estado removió a Gustavo Manrique de la cartera de Estado luego de casi dos años en el puesto. En su lugar designó a Juan José Dávalos, que se mantiene desde el 23 de abril de 2023.

Además, el Ministerio de Desarrollo Urbano tuvo un cambio, Dario Herrera fue removido al Ministerio de Transporte en junio de 2022. Once meses después de ocupar el cargo. En su lugar está María Gabriela Aguilera.

Los improvisados

Luego de la muerte de María Belén Bernal, el primer mandatario creó el Ministerio de la Mujer como reemplazo a la Secretaría de la Mujer. En aquel entonces, Bernarda Ordóñez se encargó de la entidad y renunció el 5 de mayo de 2022 por desacuerdos con Lasso.

Los sobrevivientes

Sin embargo, hay seis personajes de los ministerios que sobrevivieron a la decapitación y acompañan a Lasso desde el inicio, como las carteras de Estado de Educación, Turismo, Telecomunicaciones, Deportes, Trabajo y Cultura.

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Maldonado aseguró que el acuerdo 027 emitido por la cartera de Estado disminuye un 5,46 % del presupuesto de las entidades para obtener recursos y atender a las poblaciones.

«Esta disminución es un duro golpe para la prestación de servicios y el ejercicio de competencias cantonales. Esto es preocupante considerando que los Gobiernos Municipales atraviesan situaciones graves», resaltó.

Otra realidad vivieron algunas entidades bancarias, es el caso del Banco de Pichincha y el Banco de Guayaquil a los que el presidente Guillermo Lasso exoneró una gran cantidad de dinero en impuestos, los primeros meses del año.

La economista Wilma Salgado reveló que esos bancos se habrían ahorrado USD 112 millones en impuestos.

El representante detalló que esta disminución afectará a la gestión de sus competencias y a la prestación de servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y control del espacio público.

“Los alcaldes son responsables de solucionar los problemas de educación, salud e infraestructura. Sin embargo, los recursos son los que nos limitan y hoy, precisamente, nos encontramos aquí por esta gran preocupación a nivel nacional», indicó.

Respuesta del Gobierno

Según el Ministerio de Economía, cada cuatro meses deben revisar las asignaciones a las instituciones y que los ingresos estén acorde. Comentó que al tener un registro menor de ingresos permanentes y no permanentes el segundo cuatrimestre del años tendrán una reducción de más del 5 %.

En un comunicado, el Ministerio recalca que estas medidas «mantendrán la sostenibilidad fiscal».

Por su parte, Maldonado enfatizó que si Finanzas no transparenta las razones de este recorte los GAD’s presentarán una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo que fue presentado. (N.J.C)

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Borja indicó, en entrevista para Radio La Calle, que el esquema legal que propone este segundo decreto respaldará a las empresas existentes. Además, comentó que serían las mismas que tuvieron un beneficio tributario en el gobierno de Lenín Moreno y el de Lasso.

Uno de los temas del decreto es la creación de zonas francas, que son espacios donde rigen regulaciones distintas al resto del país. Una decisión que se encargaba, únicamente, el Estado. Sin embargo, en el proyecto del jefe de Estado le concede esta opción al sector privado con una una inversión de USD 100 mil.

«Lo que pretenden es vendernos humo como el famoso beneficio tributario que también envió Lasso. La inversión nacional se fija primero en la seguridad de los países y aquí no hay eso», precisó.

¿Cuáles son estos beneficios?

Según Borja, las empresas no pagarán por 10 años la extensión del impuesto a la renta, el IVA y tendrán disminución en el pago de aranceles.

El ministro de Producción, Julio José Prado, manifestó que con esto se exportaran cerca de USD 7 mil millones. Sin embargo, el economista argumentó que es una «cifra absurda», pues ese sería el monto de casi toda la oferta no exportable del Ecuador.

«Ellos dicen que los beneficios se verán de inmediato, pero ningún país que implementó esto tuvo resultados de manera inmediata», repitió.

El decreto

Lasso junto al ministro de Economía, Pablo Arosemena, presentó el decreto ley de atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, el 23 de mayo. Este documento pasará por la revisión de la Corte Constitucional.

“Este decreto ley es muy claro. Atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional, la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos”, dijo Arosemena sobre la normativa.

Agregó que el Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Asamblea hace dos años. “La Asamblea, en ese entonces, fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. No obstante, los exlegisladores habían advertido que este decreto solo beneficiaría a los grupos privilegiados. (N.J.C)

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«Este decreto ley es muy claro. Atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional, la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos», dijo Arosemena sobre la normativa.

Agregó que el Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Asamblea hace dos años. «La Asamblea, en ese entonces, fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. Hoy lo presentamos con mejoras».

¿Qué dice la ley?

Entre los principales temas están la creación de zonas francas para «fortalecer nuestras capacidades de exportación y producción a través de un marco jurídico moderno», según el ministro.

Entre los puntos del decreto ley están:

• Exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 10 años a las iniciativas públicas, privadas o mixtas. 15 años si están en zonas fronterizas
• Una vez terminado el período, reducción de 10 puntos porcentuales en el IR mientras dure la autorización de la zona franca.
• Exención de tributos al comercio exterior, con excepción de las tasas por servicios aduaneros para importaciones de insumos, bienes de capital y materias primas destinadas a la zona franca.
• IVA 0% para la adquisición de insumos, materias primas y bienes de capital importados o nacionales que se destinen exclusivamente a la zona autorizada.
• Exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD)en importaciones de bienes y servicios para la actividad registrada.

La zonas francas durarán 20 años. Los administradores deberán realizar una inversión de USD 100 mil en los primeros cinco años, los operadores no tendrán monto mínimo de inversión. (MIB)

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Lasso entregó a la CC el primer decreto-ley, la reforma tributaria, tras activar la muerte cruzada. Se pretende que la Corte evalúe, analice y acepte la reforma económica.

Según, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemana, el Gobierno emitirá nuevos decretos ejecutivos que ayuden a mejorar la «situación de las familias ecuatorianas«. De la misma manera, hizo énfasis en que todo lo que tenían planeado hacer en dos años se resolverá en seis meses.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Reforma Tributaria

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), fue presentada por el Estado, como un beneficio que recibirán cerca de 340 mil familias. El proyecto supuestamente reduciría el impuesto a la renta de los ecuatorianos y deducirá los gastos personales de USD 15,294.

Lasso y Arosemena, se negaron a dar de baja a la ley porque, según ellos, respondía a aspectos inconstitucionales y demagógicos. Ahora se espera que la ley pase el filtro de la CC para ser ejecutado.

Reforma Laboral

Para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, «el presidente va a aprobar leyes que no fueron tratadas por la Asamblea«. Una de ellas, es el proyecto laboral que fue entregado al Legislativo en 2021.

El paquete de reformas laborales que se presentó, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

«Yo también voy a recomendar el decreto, y como todo proyecto tiene que ser revisado, aclaró antes de ingresar a la reunión con todo el Ejecutivo.

¿Reforma en el sector de eléctrico?

El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la «maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido«. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

«El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines», reiteró. (DCJ)

Video: @patop12

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Lo grave es que son errores que cometen unos y pagan otros. El presidente Lasso y su ministro de Finanzas Cueva, al final del año 2021, en medio de la crisis económica, con destrucción de inversión y servicios públicos, impusieron una abusiva reforma tributaria que eliminó del impuesto a la renta por pagar las deducciones por gastos en salud, educación, comida y otros.

Eran deducciones que llegaban a 14575 dólares anuales pero las reemplazaron por un ridículo crédito tributario de 500 dólares al año, y con menor frecuencia, hasta de 1000 dólares anuales.

Hoy, vísperas del juicio político a Lasso el Gobierno anuncia una nueva ley para corregir en algo su pésima política tributaria y económica en general.
La Asamblea aprobará la nueva ley pero el necesario alivio tributario no se hará efectivo sino hasta el año 2025, cuando el gobierno esté de salida.

Mientras tanto los efectos negativos de la abusiva reforma del 2021 ya elevaron el costo de la vida perjudicando a las familias de Ecuador. Es que como era seguro esperar esta abusiva reforma tributaria subió los costos de producción en bienes y servicios, y por tanto, los precios finales que obligatoriamente debe pagar por ellos la gente.

La clase media fue la más afectada, pero no sólo la clase media, todas las personas en grado variable, en especial los 7 millones de pobres que el INEC reconoce tiene Ecuador y claramente las personas con ingresos bajos y fijos, simplemente porque así funciona el mecanismo de transmisión de precios en la economía.

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El Ministerio de Economía, a través de un comunicado, indicó en 30 días se priorizarán los proyectos de inversión y las necesidades judiciales para mejorar su ejecución.

«Cualquier asignación de recursos se realizará siguiendo el debido proceso y priorizando las necesidades de la ciudadanía», reza el comunicado.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, días atrás ya rechazó la exigencia de Terán. Según el funcionario, no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura.

Además, refirió que la acción del representante del CJ solo tiene la intención de politizar la economía.

«Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos», dijo en Contacto Directo.

Mientras tanto, el presidente de la Judicatura, a través de su cuenta de Twitter, explicó que por orden de la jueza el presupuesto a la Función Judicial se debe reestructurar de manera urgente. Con esto, se crearán mesas técnicas entre la Judicatura, Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación.

Terán contra Lasso

El dirigente del CJ presentó una acción de protección contra el jefe de Estado Guillermo Lasso por la falta de presupuesto en la función Judicial, el pasado 3 de abril.

Terán apuntó que el déficit en el organismo es de casi USD 256 millones que serían destinados para cubrir proyectos de transformación tecnológica de la justicia, infraestructura y modernización del sistema notarial.

La institución solicitó USD 374 9 millones para el 2023 y todos los recursos que hagan falta. Sin embargo, solo se aprobaron USD 337 millones.

“Estas cifras revelan que existe un ataque un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello hay una vulneración de derechos”, afirmó. (N.J.C)

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Arosemena mencionó que de ese presupuesto cerca de USD 70 millones se destinarán al Ministerio del Interior para la adquisición de chalecos antibalas para los policías.

«Con esto 53 mil uniformados podrán tener nuevos chalecos (…) Esas son las soluciones que da este Gobierno sin que sobre la plata y en beneficio de los sectores más sentidos del país«, refirió para Contacto Directo.

Desde el 2022, el exministro de Seguridad, Diego Ordóñez detalló que USD 36 millones serían utilizados para comprar chalecos antibalas y USD 28 millones para uniformes, pero esto nunca llegó.

Además, culpó a la hoja de ruta que debía seguir el Gobierno en este proceso que los policías no hayan tenido los recursos ofrecidos.

Tanto dinero y en 2022 no se invirtió ni la mitad

Según el Plan Anual de Inversiones 2022 (PAI), el Gobierno de Lasso solo invirtió el 31 % de todo el presupuesto para seguridad.

El régimen invirtió en el Ministerio del Interior el 0 % de todo el presupuesto, en Defensa Nacional el 33 % y para servicios de cárceles a penas el 21 %.

El SNAI solo recibió USD 7,6 millones de los USD 31 millones que estaban destinados para los proyectos de la entidad. Es decir, se utilizó menos del 25 % de todo el monto.

Más inseguridad en el país

Hasta marzo de 2023, Ecuador tuvo un total de 945 homicidios a nivel nacional, según El Universo. Sin embargo, los policías no han obtenido los equipos necesarios para proteger a la ciudadanía. (N.J.C)

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En diciembre de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones, dejando al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

«El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública», fue la respuesta del ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Para el titular de la cartera de Estado, no hubo transparencia y las tasas de interés eran más altas que cualquier crédito multilateral. Además, resaltó que existió eliminación de la aportación estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social »saquearon al Banco Central del Ecuador (BCE) y quedaron debiendo al Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)».

No obstante, la nueva deuda adquirida por el Ejecutivo para »mejorar el país» nos dejó en el quinto puesto de los países más endeudados con el FMI después de Argentina, Egipto y Ucrania. A partir del 2017, la suma de la deuda con el organismo internacional ha crecido de manera considerable.

Más deuda con el FMI

En diciembre de 2022, el presidente Lasso anunció que el FMI aprobó el desembolso de USD 700 millones al Ecuador. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

“Esta es una demostración de que estamos manejando en orden la economía, que hay un reconocimiento internacional y que el Ecuador va por buen rumbo. Orden fiscal y enfoque social es nuestra política”, recalcó el mandatario.

El acuerdo del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI fue suscrito en septiembre del 2020. Adicional al reciente desembolso, el país también ha tenido el “respaldo financiero” de USD 6.500 millones.

No hay reactivación

Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han “ayudado” a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país no ha logrado reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos.

La exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, mencionó que los resultados de los préstamos no son culpa del FMI, sino del gobierno de turno que no es capaz de generar políticas adecuadas para aprovechar el dinero.

“Tienes recursos, tienes una reserva internacional por los USD 8 millones, tienes unos resultados fiscales interesantes, con resultados superavitarios, pero eso no se está reflejando en la economía”, explicó para el medio.

El exministro de Economía, Francisco Ortiz, tiene el mismo criterio. Considera que Lasso está alargando el ajuste fiscal, que debió terminar en 2021. A su criterio, en 2022 debía flexibilizar este ajuste para tener mejores resultados económicos, pero decidió mantenerlo. (A.G.M)

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La deuda con el FMI creció con el último acuerdo de 2022, en el que el presidente Guillermo Lasso pidió USD 700 millones «para beneficio del país».

La lista de deudores la encabeza Argentina con un monto de USD 45 mil millones, le sigue Egipto con USD 18.117 millones, Ucrania con USD 12.164 y, finalmente, Ecuador con un monto que supera los USD 8.200 millones.

Según información del propio FMI, estas cifras no son nada alentadoras, pues esta entidad «ayuda» a los países que son incapaces de acceder a un crédito por otras vías.

Por ejemplo, el organismo multilateral prestó grandes cantidades de dinero a los dos primeros países de la lista. «Dinero que, incluso, va más allá de lo que normalmente puede prestar la entidad a sus países asociados», detalla Expreso.

Aunque, las declaraciones del FMI no son consoladoras, el Gobierno de Lasso solicitará más préstamos al fondo. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, comentó que el régimen se amparará en el organismo para solventar los desastres naturales que han golpeado a Ecuador en los últimos meses.

Sin embargo, fuentes allegadas al FMI indicaron que un nuevo financiamiento al país se dará luego de que se sepa la resolución del juicio político contra Lasso.

Último préstamo del FMI a Ecuador

En diciembre de 2022, el jefe de Estado anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de USD 700 millones. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

“Esta es una demostración de que estamos manejando en orden la economía, que hay un reconocimiento internacional y que el Ecuador va por buen rumbo. Orden fiscal y enfoque social es nuestra política”, recalcó el mandatario.

El acuerdo del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI fue suscrito en septiembre del 2020. Adicional al reciente desembolso, el país también tuvo el “respaldo financiero” de USD 6.500 millones. (N.J.C)

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El periodista Óscar «El Blue» recopiló versiones de los compatriotas en los que aseguraron que migran por la insostenible situación que golpea al Ecuador. Los viajeros detallaron que en el país premia la inseguirdad, la violencia y el desempleo.

Cientos de ecuatorianos envían dinero a sus familiares desde países extranjeros como apoyo, lo que tembién se entendería como remesas. Sin embargo, el ministro de Economía, Pablo Arosenema, mencionó que el incremento de las remesas en el país se debe al «apoyo entre EE.UU y Ecuador» y no al incremento de la migración en el último periodo.

«El Gobierno que tenemos no da pies ni cabeza. Estamos sufriendo por culpa de este presidente», expresó un migrante ecuatoriano.

Aunque los procesos de legalización en EE.UU. son complejos, los ecuatorianos depositan su esperanza en esos trámites para garantizar un futuro diferente a su hijos y familia.

Migrantes en el Darién

En lo que va del año, cerca de 48 mil migrantes cruzaron a pie el Darien. La lista la encabezan haitianos y ecuatorianos que tienen como objetivo llegar a EE.UU. Panamá ubica a los migrantes en albergues para que reciban atención y luego los traslada a Chiriquí para que continúen su trayectoria.

«Como se ha visto este año, van a venir más migrantes, eso es lo que se ve hacia el sur. Ya tenemos cifras muy elevadas, donde hay un ingreso de más de mil personas diariamente», indicó el secretario de Seguridad Pública de Panamá Juan Manuel Pino.

El desempleo en Ecuador

Según el INEC, hasta febrero del 2023 la tasa de desempleo fue de 3.9 % a comparación del 2022 que cerró con un porcentaje de 3.2 %. Por otro lado, la tasa de empleo no remunerado subió del 10. 7 % al 11 %.

El incremento de remesas

El Banco Central del Ecuador (BCE) reportó que el Ecuador recibió USD 4.743 millones en remesas durante 2022, una cifra récord según la entidad. 

Las estadísticas registraron un evidente crecimiento en la cifra de remesas desde el 2015 con una diferencia de más de USD 2 mil millones. Tan solo en el 2021, la cifra fue de USD 4.362 millones, es decir, existió un crecimiento de USD 380 mil.(N.J.C)

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«Guillermo Lasso, acuérdese de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda la fuerza para que el país tenga estabilidad democrática, que eso hace bien al país», señaló el secretario de Estado en Mariela TV.

¡Batalla de tuits!

El expresidente Rafael Correa ironizó las palabras de Arosemena en Twitter. El exmandatario cuestionó que cuando él gobernaba, el bando político de Arosemena tildaba la reelección como «caudillismo y dictadura», pero ahora que Lasso está en el poder lo califica de «estabilidad democrática».

«¡Qué daño hace al país la doble moral de los politiqueros! ¿Alguien ha hecho un test de IQ a Arosemena? En serio ya es demasiado», publicó Correa.

El titular de Economía respondió al expresidente: «¿Quién fue el GENIO que forzó inconstitucionalmente la reelección indefinida y al que en las urnas se la eliminó?».

¿La ganaría?

Aunque coloquialmente se conoce como «reelección» indefinida, el término correcto es postulación indefinida.

Sin embargo, para que valga la pena volver a reelegirse, una autoridad debe contar con una buena gestión, credibilidad y respaldo ciudadano.

No obstante, el presidente Guillermo Lasso apenas cuenta con un 13 % de apoyo ciudadano, es decir, nueve de cada 10 ecuatorianos desaprueban su mandato. Además, el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de febrero demostró el nulo capital político que tiene.

Eso no es todo. El régimen no tiene alianzas políticas en la Asamblea Nacional, quien analiza un eventual juicio político por la presunta red de corrupción en empresas públicas conocida como «El Gran Padrino», que salpica tanto a funcionarios de alto rango del Gobierno y del círculo familiar del presidente Lasso.

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