El último concurso de méritos y oposición realizado por el Cpccs para la designación de esta dignidad fue en el 2017. En este proceso fue reeligido Carlos Pólit, quien estuvo a punto de cumplir 10 años en el cargo, pues fue nombrado como contralor en el 2007 durante la administración del expresidente Rafael Correa.

El exfuncionario renunció el 20 de junio del 2017 en medio de investigaciones por el delito de concusión en el Caso Odebretch. Más tarde huyó a Miami y la justicia norteamericana presentó cargos en su contra por lavado de activos, sobornos de la constructora Odebretch y desparición de glosas.

Enredos de subrogantes

Tras la salida de Pólit, hubo una disputa sobre la ocupación de la nueva vacante. Carlos Celi asumió las riendas de la CGE, sin embargo, el contralor saliente aseguró que el subrogante fue cesado de sus funciones días antes de su renuncia y no podía ejercer el cargo.

«Celi secuestró la Contraloría con la ayuda de la exministra de Justicia, Rossana Alvarado y su guardia pretoriana», dijo la exdirectora de Talento Humano de la CGE, Ligia Cobo en 2017.

Pólit aseguró que antes de irse dejó firmadas dos acciones de personal, en una de ellas nombraba Sabbet Chamoun como subcontralora. A pesar de las declaraciones del exfuncionario su sucesora no pudo ocupar el puesto, pues la exministra Alvarado reconoció a Celi como el nuevo contralor.

En junio del 2018, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció a Chamoun a un año de cárcel por usurpación y simulación de funciones públicas al ponerse al frente de Contraloría.

¿Un blindaje a Celi?

Después de la Consulta Popular del 2018 realizada durante la administración del expresidente Lenín Moreno se conformó un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) también conocido como Trujillato.

Los nuevos consejeros evaluaron, destituyeron y posesionaron a nuevas autoridades de control, pero no se metieron con la autoridad de Contraloría.

El Pleno aprobó una resolución para que Celi se mantenga en el cargo hasta el 2022 o hasta que se conforme el Tribunal de Cuentas que plantearía un nuevo modelo para el manejo de la entidad de control.

El inicio del fin

En abril del 2021, el ahora excontralor fue a prisión preventiva junto a otros cuatro exfuncionarios por el delito de delincuencia organizada. Durante ese tiempo accedió a una licencia médica y en su ausencia debía encargar el puesto.

El cargo lo asumió Valentina Zárate en medio de polémicas, pues fue acusada de presunto delito de usurpación y simulación de funciones. Un denunciante de nombre Roberto solicitó a Fiscalía que se verificara la acción de personal con la que Celi nombró a Zárate como su subrogante.

La exfuncionaria duró cerca de dos meses en el cargo, el 21 de junio del mismo año presentó su renuncia sin detallar los motivos.

La última ficha y el nuevo concurso

Tras la salida de Zárate asumió el cargo Carlos Riofrío quien se ha mantenido en el puesto hasta la actualidad. En marzo del 2022 también atravesó una crisis ya que el Legislativo se opuso a que siga al frente de Contraloría ya que se había acabado el período para el cual fue electo Pólit.

De acuerdo al abogado Ramiro Aguilar no era posible repetir el concurso de méritos y oposición para la elección de Contralor después de la renuncia de Pólit. La ley establece que debe suplirlo el subcontralor hasta que se cumpla el período constitucional.

El proceso para elegir Contralor se inició con la convocatoria a la veeduría el 12 de agosto del 2021. Por otro lado, la convocatoria para integrar la comisión ciudadana se realizó el 15 de octubre de ese mismo año, tuvo que pasar más de un año para que se consolidara el proceso.

El expresidente del Cpccs Hernán Ulloa justificó el retraso del concurso por el Paro Nacional de junio del 2022. A esto hay que sumarle los trámites de impugnación y los desacuerdos entre consejeros.

Las disputas internas desembocaron en la destitución masiva por parte de la Corte Constitucional debido al incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia para designar al nuevo presidente de la Judicatura. La designación a esta dignidad tomó más de un año y el envío de cuatro ternas.

Mauricio Torres, el nuevo contralor

Finalmente, en medio suspensiones e incluso agresiones a uno de los postulantes, el actual Cpccs presidido por Nicole Bonifaz designó a Mauricio Torres como nuevo contralor. La decisión se tomó el 7 de noviembre con seis votos a favor y uno en contra. La autoridad electa deberá oficializar su cargo en la nueva Asamblea Nacional.

Por otro lado, el consejero Augusto Verduga indicó que el proceso para el nombramiento del Contralor estuvo plagado de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

Enfatizó que es necesario que todas las “preocupaciones” durante el proceso sean atendidas de manera inmediata por parte de la Comisión de Selección, quien ya recibió un informe de veeduría ciudadana, pero no ha emitido una respuesta. “Mi voto fue en contra de todo lo que está detrás de este proceso y no en contra de una persona”, recalcó. (AGM).

#ATENCIÓN | Augusto Verduga, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), indicó que el proceso para la designación del Contralor estuvo plagada de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

Enfatizó que es necesario que todas las… pic.twitter.com/Xtm651u5bc

— Radio La Calle (@radiolacalle) November 7, 2023

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El órgano judicial también condenó a 10 personas más. Sin embargo, las penas son diferentes. La justicia identificó al excontralor Celi, a su hermanos Esteban Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, como los líderes de la estructura criminal, por lo que deberán pasar el mismo tiempo tras las rejas.

En cambio, la exasesora de la Gerencia, Natalia C., y el exgerente de Refinación, Daniel O., fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel en calidad de colaboradores del delito.

Finalmente, en el eslabón más bajo de esta red de corrupción fueron condenados Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L., y Ángelo R., a siete años de prisión. SIn embargo, para Martha B., se dictó la pena reducida de seis meses de privación de libertad gracias a la cooperación eficaz.

Caso Las Torres

La Fiscalía sostuvo que la red de corrupción que lideraba Celi estuvo compuesta por un grupo de funcionarios y personas particulares que tenían como fin obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, entre 2017 y 2020.

Fiscalía investigó a 11 de funcionarios de la Contraloría, la estatal Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de Lenín Moreno. Todos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la entidad de control.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera, en Miami. Posteriormente, fueron apresados el ahora excontralor (s) Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (N.J.C)

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Celi aseguró que Salazar le habría hecho pedidos específicos mediane chat cuando se desempeñaba como Contralor. Estas declaraciones las realizó durante el juicio del caso Las Torres, el 22 de noviembre de 2022.

La Fiscalía sostiene que Celi, su círculo familiar y exfuncionarios públicos encabezaban una red de delincuencia organizada. Las pruebas serían chats de los teléfonos de los implicados, entre ellos Celi.

Ante el impulso fiscal, el excontralor (s) añadió: “Si se iban a usar los chats de mi teléfono, muestre también los chats donde usted (Diana Salazar) me hacía peticiones”.

La defensa de Celi

La Fiscal investiga a Celi por supuestamente formar parte de un entramado de corrupción que gestionaba sobornos a cambio eliminar glosas y evitar multas a la empresa Nolimit (proveedora de equipos de refinación a Petroecuador).

El excontralor culpó también al exfuncionario Luis Miño de haber sido él quien firmó las glosas de Nolimit. También alegó que utilizaron la investigación Raúl de la Torre y Roberto Barrera para perseguirlo.

Finalmente, señaló que el proceso en su contra tiene irregularidades, pues se enteró del inicio de la investigación el 13 de abril del 2021, cuando fue detenido.

Caso Las Torres

Fiscalía investiga a 11 de funcionarios de la Contraloría, la estatal Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de Lenín Moreno. Todos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la entidad de control.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera, en Miami. Posteriormente, fueron apresados el ahora excontralor (s) Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (N.J.C)

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Su salida del centro de reclusión responde a lo dispuesto por el Tribunal del caso Las Torres, que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. 

El cambio de medidas se da porque Celi cumplió 65 años y es considerado un adulto mayor, con lo que pudo acogerse al beneficio penitenciario, estipulado en el artículo 537 del COIP.

Funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) instalaron, en el domicilio de Celi, el equipo con el grillete electrónico y también se anunció que contará con vigilancia policial permanente.

El exfuncionario estuvo detenido en el centro carcelario desde el pasado 13 de abril del 2021.

La entrada Pablo Celi dejó la cárcel 4 y cumple con arresto domiciliario se publicó primero en La Calle.

Además, el órgano judicial dispuso vigilancia policial permanente y grillete electrónico.

«Ante el incidente presentado por la defensa de Pablo C., tras haber cumplido 65 años –y debido a que le asiste un derecho constitucional–, Tribunal sustituye la prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y vigilancia permanente», escribió la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

La prisión preventiva por el caso Las Torres caducaba el próximo 13 de abril. Sin embargo, el 28 de marzo se dictó una nueva medida de prisión preventiva en contra del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y el empresario Pedro Saona, por el presunto delito de cohecho, en el caso China CAMC.

Hasta el momento se conoce que Celi no podría abandonar inmediatamente la cárcel. Sin embargo, su defensa ya habría solicitado una nueva medida de sustitución.

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Esta etapa de juicio se trató de instalar desde febrero pasado, pero no se había logrado por problemas en la conformación del tribunal de juicio. Incluso, en esta convocatoria se trató de diferirla debido a que el conjuez, Adrián Rojas, estaría contaminado.

Según Marcelo Ron, abogado Celi, existen dos razones por las que el conjuez, Adrián Rojas, debe excusarse de ser parte del Tribunal de Juicio.

Una de las razones sería que Rojas decidió ordenar la prisión preventiva por cohecho, el cuál sería derivado del Caso Las Torres, es decir una causa conexa, y para disponer la medida cautelar analizó elementos de convicción que serán parte del juzgamiento por el delito de delincuencia organizada.

David Vaca, abogado defensor de Esteban Celi, considera que el conjuez Rojas debe excusarse de conocer el caso por delincuencia organizada, pues ya conoció información en un caso conexo, el caso por cohecho en el que se inició una instrucción fiscal por 90 días contra los hermanos Celi, Pedro Saona y la empresa China CAMC. 

Sin embargo, el mismo Rojas y la Fiscalía rechazaron el pedido del caso. Por lo que Walter Macías, juez ponente del caso, descartó el pedido e instaló la audiencia

Diana Salazar, fiscal General del Estado presentó su alegato de apertura. La fiscal relató que en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia funcionó una estructural delincuencial. Organización que estuvo presidida por Pablo Celi, Pablo Flores y José Agusto Briones, quienes eran los titulares de esas instituciones y que gestionaron el cobro de un soborno por el 20% de una factura por USD 20,3 millones, que Petroecuador debía a Nolimit.

Luego vendrá la fase probatoria. Se cree que el juicio podría durar entre cuatro y seis semanas. Entre las partes acusadoras y los procesados han anunciado un total de 297 testigos y 69 peritos.

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Según la Comisión, no existen pruebas suficientes que determinen el incumplimiento de funciones de Riofrío. El legislador de UNES, Ronny Aleaga, quien fue el proponente del proceso, acusa al funcionario de que contrataciones públicas no cuentan con el informe previo de pertinencia de la Contraloría.

«El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, violó flagrantemente la Ley Orgánica de la Función Legislativa al emitir el Acuerdo N° 013, yéndose por encima de esta. Lo cual ha desencadenado en más de 10 mil procesos de contratación de bienes y obras públicas que no tienen un informe de pertinencia. Lo que nosotros estamos haciendo es una lucha real contra la corrupción. Hoy, de manera descarada la Comisión de Fiscalización decide archivar el juicio político en contra del Contralor, Carlos Riofrío», dijo Aleaga.

Riofrío fue designado por Pablo Celi de la Torre, desde la cárcel 4 de Quito y no solo ha incumplido con la auditoria pertinente a contratos públicos, tampoco ha presentado los informes referidos a los casos INA Papers y Pandora Papers, que involucran directamente al expresidente Lenin Moreno y al actual presidente Guillermo Lasso.

La bancada de UNES ha denunciado la inoperancia del actual contralor subrogante y también ha insistido en que se está protegiendo a alguien cercano a Pablo Celi, excontralor procesado por el caso Las Torres.

«La verdadera lucha contra la corrupción exige un contralor que acredite idoneidad. Eso no sucede con el señor Carlos Riofrío, contralor subrogante de otro subrogante, Pablo Celi, que firmó su designación desde la cárcel 4 de Quito. 10 mil contratos públicos sin auditar», dijo la legisladora Victoria Desintonio.

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De acuerdo con el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta condición le facultará para solicitar una sustitución de medidas cautelares, lo que podría reemplazar la prisión preventiva con arresto domiciliario.

Marcelo Ron, abogado de Celi, el 9 de abril de 2022 solicitará la sustitución de medidas. Además, cuatro días después de su cumpleaños también caducará su prisión preventiva, es decir, deberá recuperar su libertad de forma inmediata.

Se considera que la caducidad también beneficiará a Esteban Celi, hermano de Pablo, otro de los procesados de este caso.

El juicio

El Tribunal escuchará a más de 400 testigos durante el juicio. La Fiscalía, la Procuraduría y Petroecuador (partes acusadoras) convocaron a 168 testigos y 300 peritos.

Sin embargo, el pasado 3 de marzo de 2022, la audiencia se suspendió por tercera vez. Y se espera que este lunes se fije el cuarto llamado a audiencia del caso Las Torres, donde Celi es uno de los principales acusados.

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Esta solicitud se presentó cuando ya se procesaba otra petición de juicio político, contra Celi, propuesta por el legislador de UNES, Juan Cristóbal Lloret. El archivo de la solicitud fue mocionado por el exPachakutik, Bruno Segovia.

La moción de archivo se aprobó con 7 votos favorables y dos abstenciones. Los votos positivos fueron de los legisladores independientes Fernando Villavicencio y Pedro Velasco; Soledad Diab del PSC; Roberto Cuero, Gabriela Molina y Pascasio Córdova de la bancada de UNES; y Bruno Segovia.

Los asambleístas argumentaron que las causales planteadas en la solicitud, ya fueron evacuadas en el juicio político contra Celi, resuelto en agosto, donde Celi fue censurado por incumplimiento de funciones.

Respecto al pedido contra Zárate, Villavicencio dijo que “el procesado debe ser la máxima autoridad de la entidad de control y que en esa fecha Zárate era la subrogante del subrogante».

En este sentido, aseguró que: «no será la comisión de archivo, pero tampoco se convertirá en un tribunal de la inquisición, para que todos los procesos que lleguen, pasen por el sagrado cuchillo del juicio político”

La entrada Asamblea archiva otra solicitud de juicio político contra Pablo Celi y Valentina Zárate se publicó primero en La Calle.

A través de un comunicado, Muñoz sostiene que, «tras develar la perversa forma de funcionamiento de la Contraloría de Celi, les corresponde a algunos de sus socios mediáticos retomar la infamia, la injuria y el desprestigio de quienes les son incómodos”.

“En mi caso hacen referencia a dos potenciales glosas que no tienen sustento. No están en firme y fueron impugnadas en 2018 y 2019 para que un tribunal honesto e imparcial, el Tribunal Contencioso Administrativo, analice las barbaridades de los informes de la Contraloría”, asegura.

Además, denuncia que continuarán las acciones para el desprestigio individual de ciertos legisladores, así como del trabajo colectivo de la Asamblea Nacional.

El caso de Pabel Muñoz

Según Muñoz, son dos informes de la Contralaría por haber participado en el directorio de Tame, como representante de la Secretaría Nacional de Planificación. Estos informes tratan sobre la autorización de la ruta a Nueva York y el arrendamiento de un avión Airbus A330.

El legislador de UNES aclara:

1. La Contraloría pretende glosar al directorio por no establecer políticas alineadas a la planificación nacional. Esto es falso, Tame sí contaba con esas políticas desde 2009. Por lo tanto, las decisiones que se debían adoptar por mandato constitucional eran: crear condiciones adecuadas para el retorno de los migrantes ecuatorianos; garantizar los derechos de las personas migrantes; y fortalecer los vínculos con las comunidades de migrantes en el exterior.

2. Los informes pretenden sancionar la apertura de nuevas rutas y la adquisición de los medios que permitan su operación, que son anteriores al inicio de mi primera participación en tal directorio.

3. La aprobación de una ruta aérea no es responsabilidad ni de Tame ni de ninguna aerolínea. Por Ley, es competencia de la autoridad aeronáutica nacional.

4. La Contraloría reconoce que la competencia del directorio se limita exclusivamente a establecer políticas y que no le corresponde administrar la empresa. Sin embargo, responsabiliza al directorio por la gestión comercial, financiera, técnica y operativa que son responsabilidad de los órganos administrativos y ejecutivos.

5. La selección del Airbus A330 y su proceso de contratación fue íntegramente desarrollado por los órganos ejecutivos y no por el directorio. Menos aún por la Secretaría Nacional de Planificación.

6. La Contraloría, como en otros “1.000 casos», no respeta tiempos ni el debido proceso establecido en su propia Ley. Tan solo 48 horas después de que se notificó el inicio del examen, la Contraloría me notificó con los resultados provisionales y, al día siguiente, me convocó a la lectura del borrador de Informe de Auditoría.

7. La Contraloría desechó, sin el menor análisis, toda la prueba documental que presenté en mi recurso de revisión.

8. Contraloría, sin ningún método técnico, determina un daño al patrimonio de Tame de «modo estimado». El proyecto original establecía 5 años de penetración de la ruta. Sin embargo, al tercer año ya se registró operación con números positivos. De hecho, la ruta siguió operando años después, siendo así: ¿Por qué no hay funcionarios del gobierno de Moreno “glosados” si siguieron operando la ruta después de los exámenes de Contraloría?.

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El asambleísta Rafael Lucero mocionó censurar a Celi por la causal de incumplimiento de funciones, pues la causal está dentro de las competencias de la Asamblea.

Lucero y otros asambleístas señalaron que no corresponde analizar el mandato del Consejo de Participación transitorio y que no hay competencia en el caso de delincuencia organizada.

La censura prohíbe a Celi ejercer cargos públicos durante los dos años posteriores a la resolución. Además el informe del juicio se entregará a la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.

Posturas de los legisladores

El asambleísta Fernando Villavicencio empezó saludando la intervención del legislador de UNES e interpelante del juicio, Juan Lloret. “Casi no debo intervenir porque Lloret es el que ha reivindicado el trabajo de la Comisión de Fiscalización y también porque el propio acusado, con verbos y sustantivos, echó esa falacia de que el presidente de la Comisión tenía un oscuro interés de defender a este presunto delincuente”, dijo.

Asimismo, aseguró que a pesar de los errores que ha tenido la Comisión de Fiscalización han realizado un buen trabajo. Sin embargo, dijo que se debe contar la “historia completa”. En este sentido, acusó al exmandatario Rafael Correa de ser el causante de la corrupción, pues según Villavicencio, todo empezó con un Decreto de Emergencia firmado por Correa.

Dijo que el gobierno del exmandatario tenía firmados contratos con Daniel Salcedo; lo acusó de haber firmado los contratos con Nolimit, también de haber llevado al país a Odebrecht.

Por otro lado, el asambleísta de CREO, Diego Ordóñez, aseveró que los interpelantes de UNES, han hecho “apología del gobierno más corrupto de la historia”, refiriéndose al mandato de Rafael Correa.

Dijo que los que están enjuiciando a Celi no tienen la calidad moral para juzgarlo. “Lloret orillaba la verdad. Decía que no va a defender a Capaya o a Bravo pero se olvidó de Glas. Nosotros que nos enfrentamos a ese gobierno, estamos libres. No cargamos en nuestras espaldas delincuentes que están presos o prófugos”, sentenció.

Por su parte Ronny Aleaga afirmó que es preocupante la fijación de ciertos asambleístas con Rafael Correa. “Si les quitan esa palabra se va el 70% del discurso», dijo.

Recordó también que Celi fue el protegido del gobierno de Lenín Moreno “para tapar más indicios de sus actos delincuenciales que involucran el dinero de los ecuatorianos». Además aseguró que acusan de corrupción a su bancada, pero no recuerdan a Ana Galarza, “una asambleísta corrupta y diezmera de la bancada de CREO”.

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Aseguró que durante este proceso, ha tenido que “responder a la maleficencia, a las intrigas, a las intenciones perversas, a la mala fe. No he venido a sumarme al aquelarre”, argumentó.

Respecto a la causal de incumplimiento de funciones, reiteró que existen inconsistencias. Advirtió que se empuja a un proceso que podría tener implicaciones para la Asamblea.

“No hay elemento de hecho o de derecho que pueda presentar las pretensiones del interpelante, como si fueran sustento para probar incumplimiento de funciones. No sé de qué me tengo que defender tampoco como hacerlo, si hay tanto vicio de procedimiento”, dijo.

Asimismo sostuvo que está previniendo “con lealtad política y procesal de las consecuencias que tiene el someterse a esta extensiva y arbitraria interpretación de su propia norma. No es un insulto a la Asamblea es leal y transparente advertencia de procedimientos”, aseguró.

Dijo que si en el principio no estaban claras ni probadas las causales supuestas de incumplimiento de funciones, mucho menos ahora, cuando no existe un informe de la Comisión, que las califique y las sustente.

Rechazó que se hable de redes de corrupción, círculos y mesas chicas porque, según aseveró, las actuaciones han sido de conformidad con la ley, reglamentos y manuales. Dijo que se ha endilgado a personas honestas que no tienen nada que ver con esto.

Respecto a la causal de delincuencia organizada, Celi insistió que hay una violación procedimental, denegación del principio de defensa, violación a la Constitución, al COIP, a la Ley de la Función Judicial y de la Asamblea Nacional. “Es un proceso donde soy completamente inocente”, aseveró.

Asimismo, acusó a los interpelantes de estorbar su defensa. “Con desfachatez se ha dicho que no me referido a ninguna de las seis causales (…) Me quitan el tiempo repitiendo cosas que ya mencioné, eso se llama estorbar la defensa. De manera permanente se ha estorbado mi defensa en el juicio”, acusó.

La entrada Celi: “No sé de qué tengo que defenderme tampoco como hacerlo, hay tanto vicio de procedimiento” se publicó primero en La Calle.

En sesión semipresencial, Lloret recusó a Celi, quien durante tres horas fustigó al asambleísta y a la Revolución Ciudadana.

Para Lloret, el tema está claro: es momento de que la Fiscalía inicie las investigaciones del caso, al igual que a la propia Contraloría y que las sanciones sean publicadas justamente para que se cumpla lo previsto en la ley, es decir que Celia no pueda asumir un cargo público los próximos dos años.

“Celi mafioso como tu sobrino mañoso”

Frase, cuyo autor intelectual es Juan Cristóbal Lloret, quien durante su alocución, repitió constantemente esa frase a manera de eslogan durante el el juicio.
“Oriéntese señor Celi, de los mil procesos con responsabilidades penales, que usted ostenta, al menos 583 quedaron sin trámite y otros tanto quedaron caducados”, sostuvo Lloret.

En cuanto a la carpeta informativa, al parecer en contra del asambleísta, Lloret solicitó que se la entreguen al Pleno, aunque no la ha revisado.
“Tenemos las manos limpias, cuidado no se le de la vuelta al tema”.
A las 16h45 comenzó la réplica de Pablo Celi, luego comenzará el debate.

La entrada Lloret sugiere una investigación penal en Fiscalía contra Celi se publicó primero en La Calle.

Sus blancos, durante su argumentación de defensa, fueron: la Revolución Ciudadana, sus acusadores de la bancada de Unes, Juan Cristóbal Lloret, Viviana Veloz y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

Tuve tres horas para defenderse, Celi las dedicó al ataque, pues partía de la premisa que todo estaba conjeturado y el juicio político al que se sometía “no es más que un show”.

Cuando no atacaba, Celi resaltaba su gestión, por ejemplo, sostuvo que “en su periodo se realizaron más de tres mil auditorías, se determinaron responsabilidades en más de siete mil informes y mil incluyeron responsabilidad penal”.

Defendió que desvanecer glosas era parte de sus responsabilidades y, que las mismas, dependían de un estudio técnico. “Son procedimientos normales, que garantizan el derecho a la defensa, para no actuar de forma unilateral en contra de los acusados”,

En cuanto a la comisión de Fiscalización, la acusó de desarrollar un proceso repleto de vicios, que se evidencia en el hecho de la falta de un informe, en el que se incluya el voto argumentado de sus miembros. “Por esta razón, los miembros de la Comisión deben ser sancionados por las irregularidades cometidas”.

Poco después, Celi entregó una carpeta, en la que dio a entender presentaba información en contra del denunciante Juan Cristóbal Lloret, no hizo comentarios sobre la misma, para no anticipar criterio.

Sobre el CNE, Celi aseguró que las observaciones realizadas a este organismo, la mayoría nunca fueron incorporadas por parte del organismo electoral y llegó al punto de solicitar que en las comparencias, parte del proceso, intervengan exvocales del CNE y la propia María Paula Romo, exministra de Gobierno y Policía de la pasada administración.

Hizo referencia a que el pueblo ecuatoriano debería consumir más historia y literatura para conocer a sus detractores. Aludió a la Comedia Humana de Balzac, las Almas Muertas de Gogol y las obras de Dostoyevski

La Asamblea tiene previsto reinstalarse a las 15h30 para los argumentos de los interpelantes, posterior el debate, antes de la votación final.

La entrada Celi fustigó a sus acusadores, para el acusado, el juicio político es solo un show se publicó primero en La Calle.

Después de conocer las posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización, los legisladores decidieron que el pedido de censura llegue al Pleno.

Las causales

Primera: Inaplicabilidad del Mandato del 8 de marzo de 2019, expedido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El hecho tiene relación con la designación del subcontralor del Estado, Pablo Celi, y las acciones de personal emitidas por el contralor Carlos Pólit que lo destituyó del cargo.

Segunda: Incumplimiento de funciones por no determinar las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht, que tiene relación con el desvanecimiento de glosas o responsabilidades civiles.

Tercera: Incumplimiento de funciones por inobservar el procedimiento de control interno y responsabilidad de la entidad contratante con la Empresa HDC Producciones C.A. El contrato fue por el monto de USD 1´150.000,00.

Cuarta: Interferencia en las competencias de la Función Electoral, ante el supuesto incumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA1-0053-2019, aprobado por la Contraloría.

Quinta: Interferencia en el proceso electoral, por cuanto el excontralor Pablo Celi solicitó que se “posibilite una auditoría informática por parte de la Contraloría del Estado, antes que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral”.

Sexta: Delincuencia organizada. Respecto al tema de la supuesta “estructura delictual dentro del máximo órgano de control del Estado”, también existe un proceso penal que lleva la Fiscalía.

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Estas declaraciones las hizo tras conocer que los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, ambos de la alianza UNES, interpelarán a Celi.

Villavicencio aseveró que la bancada correísta centrará su intervención en denunciar los actos de corrupción de la Contraloría, durante el gobierno de Moreno, y que minimizarán la responsabilidad del gobierno de Rafael Correa.

“El objetivo del juicio político será lanzar toda la acusación contra Pablo Celi, de que es el gran perseguidor del correísmo. El país no va a conocer, entonces, como esta trama de corrupción va mas allá de Pablo Celi. Es una trama constante desde la época de Polit. Es decir, el desvanecimiento de glosas no es exclusiva de Pablo Celi”, aseguró.

Según Villavicencio la intención del correísmo es clara. “Van a llevar hacia la banda izquierda un juicio absolutamente politizado, ideologizado y con clarísimo interés de atacar y desconocer lo actuado en los últimos 4 años. Esto para defender a los delincuentes del correísmo, que hoy están presos, y a otros procesados como Jorge Glas y el propio Rafael Correa”, señaló.

También dijo que Juan Lloret, el primer interpelante, no cumplió con un acuerdo en el que se establecía que el asambleísta Diego Ordoñez, de CREO, sería el segundo interpelante en el juicio.

Por su parte, Lloret ha enfatizado en que nunca hubo consenso respecto a quién acompañaría su intervención. Por ello, optaron por proponer a Veloz.  

Sin embargo, Villavicencio insiste en que es un “peligro” que la interpelación la haga la bancada de UNES.

“El peligro que yo veo es un interés del correísmo de impedir que se establezca la responsabilidad de estas glosas. Por ejemplo, en el caso de Nolimit, esas glosas fueron ejecutadas por contratos corruptos firmados durante el gobierno de Correa. Los contratos de Nolimit se firmaron desde el 2012 y, para la firma de los contratos, se pagaron sobornos. Para el pago de facturas con Alex Bravo se pagaron sobornos. Es decir, que la causa de la corrupción que llegó a Contraloría está en el gobierno de Correa que entregó contratos a dedo”, aseveró.

La entrada Fernando Villavicencio acusa a Rafael Correa de interferir en el juicio político contra Celi se publicó primero en La Calle.

“Se llame a atención al Presidente y a los miembros de la Comisión de Fiscalización y de Control Político por las violaciones a la Constitución, a la ley y a instrumentos que se han verificado en la tramitación ante ese órgano de la Función Legislativa”, dice parte del pedido de Celi.

El exfuncionario también solicitó “se dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario en contra del Presidente y los miembros de la Comisión por incumplimiento de funciones.

Juicio político

Con 134 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi.

Después de conocer las posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización, los legisladores decidieron que el pedido de censura llegue al Pleno. Celi será juzgado por seis causales: Inaplicabilidad del Mandato del 8 de marzo de 2019. Incumplimiento de funciones por no determinar las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht. Incumplimiento de funciones por inobservar el procedimiento de control interno Empresa HDC Producciones.

Interferencia en las competencias de la Función Electoral y la Delincuencia organizada.

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En una entrevista con Ecuador en Directo, Rodas aseguró que el director nacional de Responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño, reveló que Celi le pidió “que se de la tarea y cumpla con la consigna de ver de qué forma le jode a Jorge Yunda”. Estas declaraciones se habrían dado a través de una colaboración eficaz hecha a la Fiscalía.

“Está claro que la intervención por parte de la Contraloría persecutora de Celi De La Torre empezó a fustigar, en contra de Yunda, con esta famosa triangulación de lo que implicó la repavimentación de Quito”, dijo.

Afirmó que hay una clase política, una clase económica y sectores productivos que no quieren que Yunda sea el alcalde por las tasas del Metro de Quito, la cuantificación económica y la administración de los recursos que pueden ingresar.

“El causante de la gran crisis de la ciudad de Quito, en la medida de la persecución sistemática, del invento de temas penales o del invento de una mala administración es el PPL, Pablo Celi De La Torre”, aseveró.

Argumentó también que, debido a las declaraciones de Miño, Celi debe ser investigado una vez más. “Celi responde a las élites de este país y no podemos dejar de decir lo que es una gran verdad”, aseguró.

Según Rodas, la conspiración habría iniciado en una fiesta celebrada en la casa del exalcalde Paco Moncayo, a la que asistieron Pablo Celi, Gustavo Larrea, entre otras personas.

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En un plazo máximo de cinco días, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, deberá incluir en el orden del día, el debate y tratamiento de este juicio político, donde el Pleno absolverá o censurará a Celi.

Entre las múltiples causales por las que se procesa a Celi en este juicio político están el desvanecimiento de glosas. Entre ellas una de USD 7 millones en contra de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. También seis glosas por USD 13 millones en favor de la empresa Nolimit, entre 2017 y 2020; y una glosa a favor de la telefónica Claro por USD 112 millones.

También está acusado de haber usurpado las funciones de contralor, de delincuencia organizada y de intromisión en otra función del Estado.

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Además, sostuvo que no queda claro si existió la omisión o si hubo intencionalidad en no avanzar con la notificación a la presidencia de la Asamblea. En este sentido, señaló que la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite sancionar conductas de este tipo.

“El artículo 26, en el último inciso, establece que se podrá remover a los presidentes y vicepresidentes por incumplimiento de sus funciones. Sus funciones son cumplir con lo que establece la Ley, la Constitución, con los plazos, con el debido proceso”, señaló.

El asambleísta afirmó que es evidente que Villavicencio no cumplió adecuadamente en el ámbito de la actuación de la presidencia de la comisión, que es la que lleva adelante la parte administrativa y operativa.

Asimismo indicó que Gabriela Molina, asambleísta de UNES y miembro de la Comisión de Fiscalización, ratificó que Villavicencio debería ser sancionado. Para ello, explicó, se necesita el apoyo de las dos terceras partes de los miembros de la comisión.

La sanción podría ser la destitución del cargo de presidente, más no como legislador. “La comisión deberá resolver que hace con Villavicencio”, apuntó.

Transparencia del proceso

Lloret asegura que la comisión cumplió con el debido proceso hasta el día del error de Villavicencio. “Se cumplió con la posibilidad de recibir las comparecencias, las pruebas documentales y las pruebas de cargo y descargo. Es decir ese proceso está totalmente limpio”, dijo.

Asimismo, informó que con la posición de los legisladores de la comisión, el juicio se sostendría.

“Yo no creo que nadie en su sano juicio, ante los hechos, ante las pruebas que han sido difundidas, ante los elementos de convicción que se han presentado, pueda actuar en contra de la censura de este funcionario, que a todas luces dista mucho de preceptos importantes como la honradez, la probidad para ejercer un cargo público”, señaló.

Indicó que son múltiples las causales para el enjuiciamiento. “No solo es el tema de delincuencia organizada, es la intromisión en otra función del Estado. Es la legalidad al frente de la Contraloría, son las glosas de Odebrecht”, dijo

“Yo no creo que ninguna bancada se pueda dar ese tiro en el pie. Lo que si me llama la atención es lo que nos ha tocado vivir para llevar adelante este juicio político. No olvidemos que el 25 de junio hubo votos para un juicio político que no cabía. Y el error de <<buena fe>> de Villavicencio, que casi nos tumba el juicio”, concluyó.

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