«Este paquetazo es para darle la razón al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tocarle las puertas para pedir un nuevo crédito«, resaltó para La Calle.

Dávalos alertó que el pueblo ecuatoriano debe «prepararse» para pagar el IVA al 15 % en dos o tres semanas. Según el experto, durante el 2024 el país empieza a cancelar la deuda externa que renegoció el expresidente Lenín Moreno. Ante este escenario, la principal intención de Noboa es cumplir con estos plazos. Además, enfatizó que, luego de cancelar los primeros montos, pedirá otros préstamos lo que hará que el país quede con una deuda de USD 90 mil millones.

«No hay que ser ingenuos y menos con un presidente como Noboa que hace todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. El pueblo debe estar preparado«, expresó.

Explicó que en vez de incrementar recursos a los sectores que se encargan de la seguridad, el jefe de Estado los reduce o presenta un aumento mínimo. Es el caso del SNAI y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes tendrán un alza mínima en su presupuesto. Mientras que la Policía Nacional tuvo una reducción en sus recursos.

Las primeras consecuencias

Si bien el presidente mencionó que el IVA no afectaría al «consumo básico» de los ecuatorianos (alimentación, transporte, salud, educación), este impuesto sí afecta a otros servicios, materias primas o portadores de los productos. Es decir, si una persona compra ahora siete panes con un dólar, en los próximos días comprará cinco o seis panes por el mismo valor. Lo mismo pasa con los ciudadanos que venden alimentos agrícolas, deberán comprar fertilizantes y otros productos que encarecerán el alimento.

«Eso influye en todo. El IVA no lo cobren en el pan, pero sí en los insumos que utilizan para hacer ese alimento», explicó.

De la misma manera, explicó que quienes tienen un ingreso mínimo se verán en la necesidad de dejar de comprar algunos insumos para priorizar otros. A partir de esa analogía, mencionó que el gobierno optó por una medida que golpea a quienes menos tienen. «Es un golpe muy duro al pueblo ecuatoriano», alegó.

Nunca hubo alternativas

Dávalos puntualizó que el Gobierno Nacional no presentó otras alternativas para sacar al país del bache en el que se encuentra. Además, cuestionó que la Asamblea Nacional haya dado apertura a todas las leyes que envió el primer mandatario y no se hayan opuesto.

También, reprochó que en la nueva proforma tenga un recorte de política fiscal y de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s). Por lo que avizoró que los sectores populares se enfrentarán a una situación complicada por la falta de políticas y medidas económicas claras.

Con un pie en las elecciones

En el afán del jefe de Estado de participar nuevamente en las elecciones de 2025, trata de evitar a toda costa, lo que el economista tachó como, el «ruido político». Asimismo, mencionó que si los ecuatorianos le otorgan un rotundo NO en la consulta popular, Noboa desista de incrementar el IVA al 15 %.

Dávalos comentó que el presidente se abstiene de aplicar la focalización de los subsidios al precio de la gasolina, diésel y gas comercial por miedo a la respuesta de la Conaie. «El pueblo ecuatoriano hace un esfuerzo y no sabe que le están mintiendo, todo para tener la venia del FMI», dijo.

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Dávalos comentó, para La Calle, que el artículo 422 de la Constitución impide que el Ecuador se someta a tribunales de conciliación y arbitraje que no formen parte de los acuerdos regionales. Además, señaló que este tipo de procesos provocarían una inseguridad jurídica para el país. Todo lo contrario a lo que especifica la pregunta del primer mandatario.

A criterio del economista, para que esto se aplique en el país, la Corte Constitucional (CC) y la Asamblea Nacional tendrían que definirlo, pues contradice a los lineamientos de la Carta Magna.

«Ahora está en manos de la Corte y dudo mucho que esta de paso, sobre todo al no existir un permiso constitucional», refirió.

Un hipotético caso

En el hipotético escenario de que la Corte pase las preguntas de esta consulta, Dávalos argumentó que traería riesgos macroeconómicos al país. Primero, perjudicaría el presupuesto público, porque obligaría a poner una partida o contingentes. Este punto incluye todos los juicios y las demandas que Ecuador tiene por problemas de conciliación y arbitraje.

Segundo, habría un riesgo a la balanza de pagos, pues los contingentes ejercen una presión a este espacio. Según el economista, esto haría qua la deuda externa crezca con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), porque esto «sumaría la deuda más los contingentes».

En general, comentó que esto se aleja de la supuesta intención de abrir plazas de empleos, pues solo generaría un «riesgo moral», como se lo conoce en economía. Ejemplificó que si una empresa llega a Ecuador bajo el amparo de un TLC y considera que su rentabilidad no ha cumplido lo establecido por ley, puede someterle a juicio al Estado a nivel internacional. Si eso llegaría a pasar, éste debería pagar la deferencia de la rentabilidad que calculó la empresa.

No es la primera vez

Dávalos detalló que este esta «iniciativa» viene desde los años 80 con la globalización y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que involucra a los acuerdos internacionales de inversión: bilaterales o multilaterales.

Explicó que los acuerdos bilaterales incluyen Tratados de Libre Comercio (TLC) que tienen cláusulas y mesas específicas de normas y derechos. Mencionó que en este punto el Estado renuncia a su soberanía jurídica y se traslada a tribunales por fuera de su jurisdicción. Es decir, los problemas que podrían surgir no pueden ser resueltos con las leyes del país.

«Por ejemplo, cuando las empresas los trasladan se someten a leyes que no forman parte o no fueron aprobadas en el país. Es por esto, que la Constitución no da paso a este tipo de cosas», refirió.

Los casos más relevantes

El portal de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalla los siguientes casos como relevantes:

• Chevron y Texaco Petroleum Company contra la República del Ecuador: Este caso se dio al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con los Estado Unidos de América.
• Consorcio GLP contra la República del Ecuador: Un tribunal arbitral internacional administrado por la Cámara de Comercio Internacional, dictó su veredicto final en contra del país. El problema se desató por el supuesto incumplimiento de contrato en el Proyecto Monteverde.

Ecuador refutó todos los argumentos presentados por MAESSA sobre la inexistencia de violaciones al Tratado y la inexistencia de responsabilidad del Estado. La pretensión inicial de MAESSA (miembro del Consorcio GLP) fue de aproximadamente USD 48 millones (más intereses), pero condenaron a Ecuador al pago de alrededor de USD. $ 17´000.000,00 

• CODELCO contra la República del Ecuador: El proceso se suspendió para emprender contratos de negociación para finalizar la controversia.
• Consorcio Ayesa Advanced Technologies, S.A. – Informática El Corte Inglés S.A contra el Ministerio de Economía y Finanzas: Según el portal, las causas de este apartado también se debería al supuesto incumplimiento de un contrato.
• Inter RAO UES contra CELEC EP: El portal lo registra como un arbitraje confidencial
• República del Ecuador contra Gente Oil
• Empresa peruana Construcción y Administración S.A. y Empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo S.A. (Consorcio Fronterizo) contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Consorcio Nippon KOEI-Caminosca-SISA (Consorcio Nippon) contra Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Caso Caribbean Financial International Corp. (CFI) contra Ecudos SA.
• Syniverse Technologies, LLC. contra CNT EP.
• Caso Petrolia SA: La controversia inició con supuestos incumplimientos contractuales por parte del Estado ecuatoriano.
• Hydrochina Corporation contra la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
• Asociación Consultora CFE-PYPSA-CVA-ICA contra CELEC EP. – COCASINCLAIR EP.

El segundo bloque de preguntas

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, entregó el segundo bloque de 11 preguntas de la consulta popular de manera virtual a la CC, el pasado 9 de enero. El primer banco de interrogantes los envió el 2 de enero.

Los nuevos cuestionamientos engloban temas como: extradición de ecuatorianos, extinción de dominio para despojar de los bienes a los antisociales, minería ilegal, proyectos de ley urgente, indultos a los agentes de seguridad, inversión extranjera y arbitraje internacional, entre otros.

La CC aún no se ha pronunciado sobre este tema; sin embargo, Noboa aseguró que respetará la decisión de la entidad de control y enviará las preguntas que se aprueben. Este tema ha generado varias controversias, pues analistas consideran que los puntos que aborda la consulta se pueden resolver en la Asamblea.

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Dávalos mencionó que la presencia de Alberto Dahik en el gobierno de Noboa da cuenta de la línea que tomará el presidente electo. «Irá por el paquetazo económico», resaltó en Ecuador en Directo.

Además, puntualizó que el escenario arroja dos certezas:

1.- Menor carga fiscal para los grupos económicos, es decir, menos impuestos para los ricos.

2.- Más impuestos para los más pobres -eso incluye subir el IVA o eliminar los subsidios a los combustibles- lo que terminaría en un escenario de crisis y confrontación.

En las manos del FMI

«Le veo muy difícil que Noboa pueda salir del juego del Fondo Monetario Internacional (FMI)», resaltó.

Desde el 2020, el país firmó el Programa de Consolidación Fiscal y Reforma Estructural establecido por esa entidad que «mantienen al país atado de manos».

«Hay mecanismos de solución y si Noboa quiere diferenciarse de Moreno y Lasso debe llevar reformas a la defensa de la dolarización, ley de finanzas públicas», destacó.

La Asamblea Nacional

Enfatizó que llegar a acuerdos dentro de la nueva Asamblea Nacional será «más difícil, por no decir imposible». Comentó que el Legislativo estará bloqueado desde el día de su posesión.

Dávalos recalcó que el próximo escenario será de mayor ingobernabilidad que en el periodo de Guillermo Lasso. Detalló que el Pleno estará sesgado por los desacuerdos y chantajes por parte de Romo.

«Construye es el segundo movimiento más grande en la Asamblea Nacional, pues detrás de ellos hay un personaje macabro y tenebroso», apuntó.

En cuento a la ingobernabilidad, señaló que la «manipulación» que tuvo Lasso con los legisladores de Pachakutik (PK) no tendrá Daniel Noboa. «El presidente logró que PK gravite hacia los intereses de la banca, pero en este nuevo periodo será imposible», repitió.

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El pasado 11 de septiembre, Abad comentó que lo mejor que le puede pasar al país es regresar al patrón oro -un método que se erradicó en 1971- porque la dolarización provoca que seamos dependientes de Estados Unidos.

Abad cuestionó que las personas pretendan continuar en la dolarización cuando según ella se «pueden hacer las cosas bien con el oro».

Despiértese, señora…

Los economistas Wilma Salgado, Pablo Dávalos y Segundo Camino señalaron que es algo inviable y que no puede ser aplicable en el país. Para Salgado, eso demuestra «el pensamiento ultra conservador» de Abad.

Enfatizó que si eso llegase a pasar en Ecuador, otros países se llevarían todo el oro, dejaría de circular y nuevamente dependeríamos del dólar.

«Lo único que hace es mostrar su postura conservadora ante el manejo económico. Eso no es más que un sueño porque no alcanza para más», dijo.

Además, advirtió que el oro puede y va a tener fluctuaciones (variaciones) así como pasa con las monedas en todo el mundo.

De la misma manera, Dávalos apuntó que «desde hace 50 años, la humanidad dejó de lado ese sistema» porque se dio cuenta que la sociedad produce ganancias a grandes escalas que no pueden solventarse con el oro.

Recalcó que la mayoría de bancos establecen el «dinero fiat» que se trata de la emisión monetaria de acuerdo a la programación económica basada en el Producto Interno Bruto (PIB) y las metas de inflación.

«Es imposible regresar al patrón oro o al trueque. Eso es el claro ejemplo de la falta de preparación, conocimiento y asesoramiento de los personajes políticos para decir cosas alejadas a la realidad del mundo y el país», repitió.

¿Más oro, de dónde?

Salgado mencionó que si desea implementar esta idea equivocada las autoridades deberían extraer todo el oro que el país tenga. Sin embargo, detalló que el impacto en la economía sería brutal, pues el país necesita inversiones productivas que generen empleo y producción.

Por su parte, Dávalos y Camino apuntaron que la cantidad de oro que almacena el Banco Central del Ecuador (BCE) no podría sustentar ni medio día las transacciones comerciales que realiza el país.

Camino resaltó que el BCE debería soltar todas las reservas internacionales de oro y los depósitos para transformarlas en divisas y generar acuerdos internacionales. No obstante, «eso no alcanzaría nunca», argumentó.

«Nos tocaría intercambiar bienes con kilos de oro y tramitar el comercio en ese sistema. Eso sería una locura porque cada país gestiona sus divisas y tienen tipos de cambios flexibles», expresó.

Además, explicó que el Banco tiene una capacidad limitada en la política económica del país, por lo que ese proceso complicaría más las cosas. La entidad se enfrasca en mantener la política fiscal junto al Ministerio de Finanzas, Aduana, Servicio de Rentas Internas y Secretaría Nacional de Planificación.

Un recorrido por el mundo del patrón oro

Este sistema fue utilizado por poco tiempo en el mundo, pues la producción del oro en las minas no fue suficiente para solventar las operaciones económicas que se realizaban.

En 1945, el acuerdo de Bretton Woods dictaba que todo país, miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), obligaba a mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar. Es decir, podían intercambiar el dólar por oro. En aquel entonces, Estados Unidos almacenaba la bóveda más grande de oro.

Sin embargo, el expresidente estadounidense, Richard Nixon suspendió este acuerdo en 1971. La economía de EE.UU. presentó un déficit comercial que afectó gravemente a las reservas estadounidenses.

«En 1976 Nixon dijo ya no más, no tengo dinero. Tiempo después se utilizaron las monedas fiduciarias, que se basa en la fe de la comunidad. Ya no se respaldaba con metales preciosos, solo con la promesa de pago», indicó Salgado. (N.J.C)

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La principal disputa con el plan de trabajo de la candidata fue la utilización de las reservas internacionales para generar liquidez. Según los opositores, ese decisión sería tomar de manera arbitraria las reservas de los ecuatorianos.

No obstante, el economista Pablo Dávalos indicó, para Radio La Calle, que esa propuesta cambiaría el marco legal de la normativa que fue implementada en 2021. Aclaró que luego de ese año las reservas se destinaron a los bancos privados para que realicen giros internacionales, mientras que tiempo atrás eso se destinaba a la inversión pública y liquidez.

«Si cualquiera que gane no lo hace, estarían obligados a generar ahorros forzosos y se quedarían sin disponibilidad de hacer cualquier tipo de pagos en el sector público», detalló.

De la misma manera, el analista de datos Alejandro Valdivieso recalcó que lo importante es que los fondos del Banco Central se utilicen para obras y políticas públicas. “No se trata de que solo ayude a la banca y empresa privada, sino a todos”, expresó.

Sobre los Tratados de Libre Comercio

Otro punto de González es rechazar los Tratados de Libre Comercio (TCE), con cláusulas arbitrarias, y tratados Bilaterales con cláusulas de arbitraje para asegurar que se cumplan las disposiciones de la Constitución. Dávalos comentó que es punto que no se aleja del marco constitucional.

Recalcó que lo prudente sería que la Asamblea Nacional denuncie los acuerdos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y las cartas de intención con el FMI que rompen con el marco establecido.

«Todo eso quedaría prohibido porque alteran los procesos de relación y estadía. Esas fueron políticas de austeridad que nunca fueron aceptadas», apuntó.

Además, presentó una propuesta ligada al anterior periodo del expresidente de Rafael Correa. Una nueva arquitectura financiera regional que incluye: Banco del Sur, Fondos de Reservas del Sur y Sistema de pagos regional. De la misma manera, buscarán potenciar la cláusula con Unasur.

Taza de intereses

El binomio de González pretende disminuir, de manera generalizada, las tazas de intereses activas en el país, en todos sus segmentos. Una propuesta que Dávalos es un debate que todavía se mantiene es auge, pues es necesario considerar que existen diferentes niveles de interés, como el cooperativo entre el 8 %, 9 %, consumo 16 % y microcrédito entre el 30 % y 34 %.

Otras propuesta es regular los acuerdos horizontales entre competidores de cada eslabón para evitar la fijación de precios para dinamizar la economía proteger al consumidor y los contribuyentes.

Proteger la dolarización

Algo que generó revuelo fue la supuesta desdolarización por parte del equipo. Sin embargo, Arauz explicó que la dolarización no se fortalece con discursos o con políticas neoliberales.

«Eso no se hace con simples ideas así como los banqueros quieren posicionar. La dolarización se fortalece con dólares y nosotros vamos a traer más dólares al país”, sostuvo.

Para Arauz, es importante que el dinero de las exportaciones del petróleo, minerales y productos agrícolas ingresen al Ecuador. Asimismo, que los banqueros traigan el dinero al país.

Clic aquí para leer el plan de trabajo completo. (N.J.C)

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Para el economista Marco Flores, los siguientes días son cruciales para saber qué ocurrió con los precios de las acciones y el retiro de los depósitos en el banco suizo. Resaltó que es necesario controlar esta crítica situación para evitar el contagio en la economía mundial.

En el caso de nuestro país, manifestó que el Banco Central debe informar al país dónde está el dinero de las reservas internacionales. Se presume que parte de este capital puede estar en el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, quien fue directora del FMI hasta el 2019.

También recalcó que 25 % del presupuesto del país requiere de apoyo internacional, en donde están incluidos organismos multilaterales. La falta de financiamiento puede perjudicar no solo al Gobierno, sino a bancos privados que realizan sondeos en el exterior.

Cartas de créditos, importaciones y exportaciones sustentadas económicamente desde el exterior elevarían sus costos. Por lo tanto, los productos que se fabrican y venden en el Ecuador con bienes importados podrían subir su valor. “Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo para tratar de prever todo lo que se pueda en el mercado interno”, dijo a Radio La Calle.

Recuerdos del Feriado Bancario

Desde la visión del economista Pablo Dávalos, la desregularización de los bancos es un factor común entre el feriado bancario de 1999, en Ecuador y lo ocurrido en el Credite Suisse. Cuando ocurre una caída en los indicadores de eficiencia, las instituciones financieras buscan la expansión de su modela de negocios sin vigilancia.

La Ley General de Instituciones Financieras, aprobada en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1994, permitía el acceso de créditos a empresas, accionistas y administradores del banco que lo otorgaba. La pérdida para el Ecuador superó los USD 8.500 millones. Los banqueros dieron a sí mismos créditos y no los pagaron.

“Ahora bajo ninguna circunstancia hay que permitir que los bancos privados tengan la cancha abierta y el margen de maniobra que ellos desean. Hay que regularlos y controlarlos”, resaltó Dávalos.

La caída del Credite Suisse

El Credite Suisse se encuentra entre los 30 bancos más importantes del país. Uno de los principales factores para su declive es el alto incremento de las tasas de interés para enfrentar la crisis económica.

Un detonante fueron los comentarios de su principal inversor, el Banco Nacional Saudita, que manifestó que no estaba dispuesto a aportar más dinero tras haber comprado una participación cercana al 10 % por USD 1.500 millones el año pasado.

Además, el banco suizo perdió la confianza y credibilidad de sus clientes e inversores por una serie de multas y sanciones relacionadas con la evasión de impuestos, apuestas equivocadas y entre otros casos.  

Ante la situación del Credite Suisse, el banco rival Union Bank of Switzerland (UBS) adquirió la entidad financiera a un gran descuento por debajo de su valor. El objetivo de esta negociación sería detener la crisis bancaria desatada. (A.G.M).

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El pasado 7 de julio, representantes de las organizaciones sociales y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez establecieron la metodología con la que trabajarán en los 90 días para el tratamiento de los 10 puntos planteados.

Frente a esto, la primera mesa temática inicia este 13 de julio tratando 2 de los 10 pedidos.

El primer tema está referido a la focalización de subsidios a los combustibles con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dario Herrera.

Mientras que el segundo está enfocado en la moratoria y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero y contará con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.

Sin embargo, frente a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la supuesta financiación de las movilizaciones por parte del narcotráfico, la situación se agrava.

¿Quién tiene las de perder?

Para el economista, Pablo Dávalos, el Gobierno no tiene la voluntad de cumplir con los acuerdos, considerando lo indicado por el ministro de Economía de «ajustar la economía» para alcanzar el superávit de alrededor de USD 1 000 millones para este año.

«El gobierno no tiene ni capital político ni margen de maniobra. Es el gobierno quien tiene que ceder o aceptar los condicionantes. Pienso que el gobierno no tiene la más mínima voluntad política de cumplir con ningún acuerdo», dijo Dávalos a Radio la Calle.

Así también, el economista, Juan Pablo Jaramillo explicó que existe un error por parte del Gobierno al querer priorizar el tema de alcanzar el superávit como lo indicó el ministro de Economía y Finanzas.

«No hemos salido todavía del impacto de la Pandemia. La meta es recuperar la economía», sostuvo.

Frente a la condonación de deudas con la banca pública y privada, Jaramillo explicó que se tendría que hablar una refinanciación con tasas de interés más bajas y a largo plazo, donde el Gobierno tenga que intervenir para buscar soluciones.

«El Estado debe fijar parámetros y generar un marco conceptual», aseguró.

Sin embargo, Jaramillo sostuvo que no existe la voluntad de hacerlo, considerando que Lasso es parte de la banca e implica intereses personales.

¿Quién debería ceder?

Por su parte, el analista político, Xavier Flores sostuvo que en este diálogo las partes involucradas deberían ceder, con el fin de llegar a un consenso en beneficio de la ciudadanía.

«Creo que, para el éxito de un acuerdo, ambos deberían ceder. El Ecuador es una perpetua lucha sin acuerdos. Lo que menos me va a extrañar es que fracasen estas conversaciones», dijo.

Además, Flores aseguró que la posibilidad de un regreso a las calles sigue latente de no llegar a acuerdos en el plazo de los 90 días establecidos.

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Dávalos comentó que dicho proyecto de ley transforma al sector público en lo que el Gobierno denomina entidad delegante. Es decir, son entidades que pueden delegar gestores privados para que estos lleven a cabo proyectos de inversión pública.

“El sistema de rehabilitación social pasa a manos de sectores privados, la infraestructura de salud, educación, transporte, edificios públicos, y todo lo que corresponde al sector público se convierte en proyecto de inversión”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, manifestó que una vez que se traslada al gestor privado y se califica el proyecto de inversión pública, se define una arquitectura institucional para llevar adelante este proceso y el Estado asume los costos de la elaboración del proyecto.

“Una vez que se firma el contrato, el gestor privado tiene la gestión del control sobre la infraestructura pública. Además, el gestor privado tiene que construir un fideicomiso mercantil”, sostuvo el analista.

Dávalos también recalcó que el Gobierno ya ha establecido otras leyes de privatización como la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la utilización de fondos públicos, las reformas a la Ley de Dolarización, entre otras.

“Ahora viene esta ley que traslada infraestructura pública a gestores privados y establece fideicomisos. A todo esto, llaman atracción de inversiones”, aseguró Dávalos.

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Para entender los datos y el futuro manejo de la deuda, Radio La Calle acudió al economista Pablo Dávalos.

Si la deuda externa se duplicó en este gobierno ¿cómo se manejará en los próximos cuatro años?

Hay que indicar que las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley de Defensa de la Dolarización) señalan que la deuda tiene que financiar las reservas internacionales. Estas reservas tiene que financiar los pasivos privados. Es decir, se rompe la relación de endeudamiento externo con la necesidad de infraestructura y todo el endeudamiento externo se pone en línea directa con los bancos privados.

Esa es la reforma al artículo 33 del Código Monetario y Financiero. La regla de respaldo y la disposición de que si faltan recursos en las reservas internacionales en los bancos privados, el ente rector compensa esa falta con el endeudamiento externo. Vamos a un crecimiento mayor de la deuda.

¿Esa deuda irá a la banca privada?

Esta deuda, contrario a lo que establece la constitución que indica que debe ir a la inversión pública o el refinanciamiento, esta vez con las reformas van directamente a la banca privada.

¿Es una consecuencia de la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización?

Exactamente. La Ley de Defensa de la Dolarización altera el sentido de la deuda y contradice la Constitución. Mientras la deuda antes estaba orientada a llenar la brecha ahorro-inversión pública. Hoy está orientada a llenar las reservas internacionales para que los  privados dispongan de estas reservas para transacciones en el exterior.

¿La deuda va a aumentar con el siguiente gobierno, también en sintonía con el FMI?¨

Vamos a tener el doble o triple de préstamos internacionales. La ley dice que los bancos privados tienen la primera prelación para utilizar los recursos de reservas internacionales y cuando se agoten esos recursos, el Ministerio de Economía tiene que endeudarse, es un proceso de todas las semanas. La deuda externa que está en USD 45.000 puede llegar a unos USD 70 u 80.000.

Si no utilizamos la deuda para inversión ¿en qué se utilizó la deuda?

Es muy probable que el gobierno de Lenín Moreno haya utilizado esa deuda para el gasto corriente. Lo que está prohibido por el artículo 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que niega el uso de la deuda para gasto corriente.

¿Cómo se realizará el pago de la deuda?

La deuda está definida, los pagos hasta 2022. Veamos qué hace Guillermo Lasso. Lo que Moreno dice es que no se va a pagar la mortización en la renegociación de los bonos de deuda. Pero el resto se paga, se paga BID, CAF, FMI, Banco Mundial, China, preventa más los intereses sería el 6% del producto interno bruto (PIB).

¿Cuáles son las pautas para entender la economía los siguientes cuatro años?

La carta de intención que Moreno firmó con el FMI en septiembre del 2020 define la hoja de ruta para los siguiente dos años de Lasso. Alí están las directrices y la política económica. La privatización de la Seguridad Social, el aumento del IVA, las reformas tributarias. Todo eso está en la carta de intención.

¿Es posible el aumento del IVA?

No es solo posible. Es absolutamente imprescindible para el Fondo Monetario que ya tiene definida la fecha para enviar la reforma: septiembre de este año. El gobierno tendrá que enviar la reforma que suba el IVA al menos al 15%.

¿El país saldría al paro como ocurrió en Colombia si se aumenta el IVA?

Depende del movimiento social y la forma en que la ciudadanía escape del discurso que le brindan los grandes medios de comunicación que generarán una especie de necesidad sobre las medidas de ajuste. Si la ciudadanía decide salir, probablemente se replique el escenario de Colombia en Ecuador.

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«La dolarización no depende de las reservas internacionales sino de la balanza de pagos. La dolarización al momento es de USD 63 mil millones. USD 35.315 millones corresponde al «cuasidinero» que son herramientas de los bancos, USD 17.679 millones monedas y billetes. USD 10 millones de depósitos», indicó.

Según el especialista, encaje bancario y depósitos no son lo mismo. «El encaje bancario cumple una función financiera, se encarga de regular el volumen de crédito privado. Los bancos no puede retirar el encaje. Los depósitos, por otro lado, están cubiertos por el seguro de depósitos y no constan en las reservas internacionales. No pueden usarse para pagar ningún crédito»

De acuerdo con Dávalos, el descalce del Banco Central es un punto de vista. Si no se compara el balance con las reservas no se encuentra el descalce».

En cuanto a las reservas internacionales, Dávalos indicó que «de acuerdo con la ley actual no cumplen una función macroeconómica. Es decir, no son un respaldo sino posiciones en torno a los elementos internacional. Las reservas internacionales no manejan recursos del público, solo los pasivos y activos del Banco Central».

La banca privada

Por otro lado, José Prado, representante de la Banca Privada explicó que es importante que el Banco Central maneje la liquidez. «El Banco Central debe ser custodio de la liquidez. Si la gente no tiene confianza saca los dólares del país y la dolarización se cae», dijo.

«Retomemos la fuerza del Banco Central que ahora tiene un hueco de USD 7.000 millones por las malas leyes que no permiten atraer el capital», concluyó durante su comparecencia.

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Se prevé que esta semana entre a estudio de la comisión de lo económico. Así lo afirmó, el economista Pablo Dávalos en entrevista con Radio La Calle.

“El proyecto utiliza canales electrónicos, no se trata de dinero electrónico y, adicionalmente, lo digo con firmeza: no busca revertir la dolarización”, sostuvo.

La dolarización no tiene nada que ver con la Renta Básica Universal, lo reitera Dávalos, quien lo explica.

“En caso de que se aprueba el proyecto la ciudadanía recibirá 400 dólares, un porcentaje importante de los recursos serán preasignados para ser utilizado en la afiliación del IESS, la conectividad y un 60 por ciento será exclusivamente para la alimentación de la familia”.  

Nada de cigarrillos o plasmas

Los víveres se comprarían, únicamente, en tiendas escogidas que no son cadenas de supermercados, aclaró Dávalos, “de esta forma la ciudadanía no podrá comprar por mencionar un ejemplo: cigarrillos o plasmas”.

Este modelo fortalecería el modelo de capitalización del IESS, afectado por la situación laboral del país, como en lo relativo a la seguridad, pues este tipo de transacciones son susceptibles de rastreos, gracias a los algoritmos.

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“El ciudadano debe tomar en cuenta que se está jugando su futuro en las votaciones. Si se deja convencer y vota por la derecha, no puede quejarse de las condiciones en la que va a vivir. Si elige a un candidato de derecha, el votante tiene que estar seguro que el político va a continuar con las políticas de ajuste y austeridad porque seguirá al pie de la letra las recetas neoliberales”, dijo en una entrevista para Radio La Calle.

El experto plantea que, en el panorama electoral la mayoría de candidatos pertenecen a la derecha a excepción de la candidatura de Yaku Pérez por Pachakutik y Andrés Arauz por Unes.

“Las condiciones políticas de los habitantes se deciden en la democracia. Necesitamos apelar a la responsabilidad y a la razón”, añadió

La receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

De acuerdo a las declaraciones de Dávalos, la reunión de los candidatos con el FMI significa avalar sus políticas. “El FMI le ha hecho muchísimo daño al país y a Latinoamérica. Lasso Nebot y Montúfar están felices con su reunión, pero es cuestión de ética no acordar con ellos. No necesitamos negociar absolutamente nada con el FMI”.

Una mirada a las movilizaciones de Octubre

Pablo Dávalos recordó que hace un año, los manifestantes fueron recibidos de la misma manera que se recibió a los posgradistas en las últimas movilizaciones. El economista recalcó que si antes era un evento esporádico ahora se convierte en un problema reiterativo. “Lo que paso en octubre transformó la política nacional. Octubre generó una energía política con la que Yaku Pérez hoy es el segundo político que está más arriba en las encuestas”, añadió.

El economista mencionó que no hay misterio en el comportamiento de la Policía Nacional con respecto a la población en tiempos de manifestación. “Estamos viviendo la transparencia de la violencia. La política y las fuerzas policiales no conocen un límite y hacen uso de la represión para lograr su cometido”, concluyó.

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Dávalos dijo a Radio La Calle que el ahora presidenciable Andrés Aráuz “pertenece a un grupo de economistas heterodoxos que trabajó haciendo frente a las decisiones terribles de este Gobierno. Tiene todos los instrumentos para sacar adelante la economía. La presencia de él es saludable para la economía ecuatoriana».

Pese a que Dávalos prefirió no referirse en representación de su movimiento. Este suceso imprime más dudas respecto de las futuras decisiones en torno a un candidato proveniente del movimiento indígena, una vez que Leonidas Iza declinara definitivamente su candidatura a la Presidencia.

Este martes 18 de agosto, Unión por la Esperanza (UNES) presentó oficialmente a su binomio presidencial, Andrés Arauz y Rafael Correa, que anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de octubre de 2019, el incendio de la Contraloría y la persecución política.

UNES está conformada por los partidos políticos Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático (CD); y por las organizaciones sociales: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, Fuerza Rural y Productiva (FRP), Coalición Nacional por la Patria (CNP), Frente Patriótico Nacional (FPN) y el colectivo SurGente.

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