La operación Caminito se habría realizado en la antigua Senain para contrarrestar «hackeos» a cuentas de la presidencia, ministros y jueces.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió la prensa máxima (13 años) para Romero y cuatro personas más. Además del pago de USD 162 mil entre todos los acusados, como una multa de USD 120 mil como multa a cada uno por usar los fondos de la defensa nacional.

Romero seguirá en prisión por la sentencia en el caso de secuestro a Fernando Balda.

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“Llevo litigando varios años y para que un caso llegue al Tribunal necesita un mínimo de siete u ocho meses, pero al compararse con el Caso Sobornos, en tres o cuatro semanas estaríamos en audiencia de apelación para que nos den la razón, porque la tenemos”, explicó el abogado a Radio La Calle.

Perea aseveró que el Tribunal no quiere dejar libre a Rafael Correa, y que su intento de justificar la condena no tiene asidero. El expresidente es el único procesado en este caso que no ha recibido sentencia y su juzgamiento se encuentra suspendido puesto que no se puede juzgar en ausencia.

Incongruencias en el Caso Sobornos

Pablo Romero fue hallado culpable por el presunto secuestro agravado de Fernando Balda, en Bogotá. La única prueba en la que se apoyó el Tribunal es el testimonio de Chicaiza, quien señaló que Romero le ordenó llevar a cabo las operaciones contra este político en Colombia.

De acuerdo a las declaraciones del abogado, los alegatos de Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón no coinciden. “Todo nace de un testimonio sin ninguna prueba. No hay un análisis del porqué se les cree a estas dos personas”, añadió.

Perea explicó que el Tribunal debía declarar prescrito el caso, pero lo mantuvieron en vigencia aduciendo “malos tratos” entre los que describe insultos, daños psicológicos o estrés postraumático. “La ley define a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bajo estas cláusulas se precisó que el inculpado fue autor de un delito complejo y prescrito”, dijo Perea. El abogado espera la notificación de la sentencia para pedir apelación al caso. Un nuevo tribunal analizará los recursos presentados para revalorar las pruebas. (GG)

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Según el abogado de Romero, Juan Carlos Perea, en este juicio sucedió algo similar al que lleva a cabo la Corte dentro del «Caso Sobornos». «Todo nace del testimonio de estas dos personas (Chicaiza y Falcón) sin verificar coherencia y fiabilidad de lo que narran. Les creemos a ciertos procesados cuando nos interesa creerles», dijo Perea en entrevista con RADIO LA CALLE.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estuvo presidido por el juez Iván León. El magistrado manifestó la sentencia contra Romero. El documento también estipula que, adicional a la pena de nueve años, se le exige al acusado pedir disculpas públicas.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) deberá colocar una placa en el edificio. La misma deberá contener la siguiente inscripción: “El sistema de inteligencia y contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”. Así lo dispuso el Tribunal.

Romero es el tercer involucrado que recibe sentencia por este delito. El 14 de marzo de 2019, la justicia dictó pena privativa de libertad de un año, nueve meses y 22 días contra los exagentes de Inteligencia Raúl Chicaiza y Jessica Falcón. Los también involucrados se acogieron al mecanismo de cooperación eficaz y, una vez cumplida, la justicia ecuatoriana les otorgó la libertad.

Dentro del caso también se encuentra el expresidente Rafael Correa a quien, por encontrarse fuera del país, la justicia no lo puede sentenciar.

Según la tesis de Fiscalía, el secuestro se financió con fondos públicos y, según la institución, bajo la orden del expresidente Rafael Correa.

Antecedentes

Balda supuestamente habría sido secuestrado el 13 de julio del 2012. Sin embargo, denunció el hecho un año después. El delito ya fue juzgado en Colombia, lugar donde ocurrió el plagio. En el 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo convocó a firmar los documentos de su denuncia e inició, formalmente, el denominado «Caso Balda».

En audiencia ante la justicia española, Romero declaró haber sido contactado por el Gobierno de Lenin Moreno para que declare en contra del expresidente Rafael Correa. «El 22 de junio del 2018 se reúnen, en Madrid, Santiago Cuesta y mi abogado. Y le ofrece que confirme lo que dijeron los colaboradores eficaces. Y me ofrece una sentencia de tres meses» señaló Romero ante el tribunal. Además, el acusado calificó a Santiago Cuesta, el artífice de la propuesta, como «hombre duro de Lenín Moreno».

El 25 de octubre de 2019, la justicia española recibió el pedido de extradición de Romero. Una vez aceptado, en un documento del Ministerio Público español, el fiscal indicó que por las motivaciones especificadas en el escrito se “procede acceder a la solicitud de extradición de Pablo Humberto Romero Quezada”. En Madrid, la policía española capturó a Romero la madrugada del 19 de febrero de 2020. Lo hicieron por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Pablo Romero llegó desde España el 21 de febrero del 2020. Ese día la justicia lo trasladó a la cárcel de El Inca, en Quito. El 2 de mayo del 2020, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) encontró un chip y un celular en la celda de Romero.

En sus alegatos, la FGE pidió la pena máxima, es decir 8 años de prisión. Además, como reparación integral solicitó que se reconozca lo señalado por la perito que realizó el informe del entorno familiar y la afectación que determinó la misma.

Romero también puede enfrentar otro proceso por el caso El Caminito y por ingresar teconología a la cárcel de el Inca. (JBS – AB – DR)

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