En un comunicado oficial, la empresa explicó que la decisión responde a una deuda que se ha prolongado por más de un año y al agotamiento de los esfuerzos por sostener la prestación de servicios sin recibir los pagos correspondientes. “El monto y la antigüedad de la cartera vencida son críticos, por lo que mantener el financiamiento se vuelve insostenible para nuestra organización”, señaló indicó en un comunicado. A pesar de esta medida, la compañía manifestó su disposición a buscar soluciones caso por caso para minimizar el impacto en los pacientes.

Denuncias desde las clínicas de diálisis

Cristina Freire, vocera de las clínicas de diálisis, denunció la falta de recursos para la atención de los pacientes renales mientras el gobierno asigna fondos a otros sectores.

“El Estado debe 200 millones de dólares a las clínicas de diálisis. Dicen que no hay dinero para los tratamientos, pero sí para bonos electorales como el que se otorgará a policías y militares”, criticó en entrevista para La Defensa. Según Freire, cerca de 5.000 trabajadores del sector han dejado de recibir sus salarios por meses debido a la falta de pago estatal.

Freire también destacó que el personal sanitario de los centros de diálisis enfrenta una situación crítica, ya que muchos han tenido que recurrir a fundaciones para conseguir insumos. “Hay entre 3.000 y 3.500 especialistas en nefrología, cardiología, nutrición y psicología afectados, además de camilleros y licenciados en enfermería. También hay al menos 1.000 personas más que forman parte del personal administrativo y de apoyo, todos trabajando en condiciones precarias”, añadió.

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales

El desabastecimiento de insumos médicos se ha convertido en una problemática recurrente en los hospitales públicos del país. Diego Jimbo, representante del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, alertó que la escasez de medicamentos ha llegado a niveles críticos y que, en algunos casos, los hospitales se ven obligados a prestarse medicinas entre sí para ocultar la falta de abastecimiento. “Ahora ni siquiera hay medicamentos que cuestan 10 o 20 centavos”, denunció.

Durante una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 20 de marzo, Jimbo reveló que un delegado del Ministerio de Economía aseguró que hay USD 226 millones destinados a la compra de medicamentos. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo ha ejecutado USD 29 millones de ese presupuesto. “Eso de que no hay plata no es verdad”, subrayó, cuestionando la ausencia de representantes del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la reunión.

Crisis en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil

La falta de pagos también ha repercutido en la seguridad de los hospitales. En el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, los guardias de seguridad abandonaron sus puestos debido a atrasos en sus sueldos de hasta tres meses. La empresa Líder Seguridad, encargada del servicio, adeuda a 84 vigilantes, quienes decidieron retirarse ante la falta de respuestas.

“Sin utilidades, sin décimos, sin nada. Teníamos que trabajar tres días de mañana, tres días de noche y dos días libres. Solo vinieron el día que recibieron el contrato y de ahí desaparecieron”, denunció uno de los guardias afectados a Ecuavisa.

Esta situación ha generado alarma, especialmente por la presencia de internos con antecedentes penales en la casa de salud y la falta de control en los accesos. Desde la tarde del 26 de marzo, las dos garitas de ingreso al hospital han permanecido desprotegidas. Familiares de los pacientes han manifestado su preocupación por la falta de vigilancia, lo que incrementa la vulnerabilidad del establecimiento.

Ante la ausencia de los guardias, las autoridades del hospital activaron el Código Plata, un protocolo de emergencia utilizado cuando ingresa un paciente con heridas de bala y se requiere resguardo policial. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para tranquilizar a médicos y pacientes, quienes temen por su seguridad.

A la crisis de seguridad se suma la incertidumbre sobre el servicio de alimentación en el hospital. En redes sociales se denunció la suspensión del servicio debido a una deuda de seis meses con la empresa proveedora. Aunque posteriormente se informó que el servicio se mantiene de manera parcial, la falta de claridad sobre el abastecimiento de alimentos ha generado preocupación entre pacientes y familiares.

Ausencia de respuestas del Gobierno

El Ministerio de Salud Pública no ha emitido un pronunciamiento sobre la falta de pago a los centros de diálisis, la escasez de medicamentos o la crisis en el Hospital Monte Sinaí. La falta de respuestas ha generado indignación entre pacientes, familiares y trabajadores del sector sanitario, quienes exigen soluciones urgentes.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos advierten que, de no tomarse medidas inmediatas, la crisis en el sistema de salud podría agravarse, poniendo en peligro la vida de miles de ecuatorianos. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor continúan creciendo en un sector clave para la atención de enfermedades crónicas y catastróficas en el país.

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Pacientes renales en Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Tulcán se toman las calles para exigir el pago de más de USD 200 millones que el gobierno les adeuda desde hace 15 meses. Se desmiente al Gobierno por anunciar supuesto pago.

Según información de los manifestantes, la deuda del Ministerio de Salud con los centros médicos asciende a USD 200 millones , mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda otros USD 90 millones. Esta situación ha afectado directamente a 10.000 pacientes, quienes han visto reducidas sus sesiones de hemodiálisis y han debido cubrir costos adicionales para su tratamiento.

«En muchas clínicas, los pacientes no reciben sus tres terapias semanales. Les piden comprar insumos que pueden costar hasta 70 dólares por sesión«, dijo a Radio Pichincha Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales.

Falsas promesas

Frente a las protestas, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el desembolso de USD 4 millones para 37 clínicas dializadoras. No obstante, los afectados aseguran que la cantidad es insuficiente y que no se ha especificado a qué centros se han destinado los fondos. «Esa cantidad solo alcanza para una semana de atención», señaló Álvaro.

Las manifestaciones también se registraron en otras ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo y Carchi. Decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad, se concentraron en la Plaza Grande de Quito, frente al Palacio de Carondelet, exigiendo respuestas.

«Si no nos hacen la diálisis, vamos a morir en una semana. Con una diálisis que no nos hacen, nosotros nos intoxicamos y no avanzamos ni siquiera a caminar. No nos avanzamos a mover», gritaba una paciente renal.

Durante la jornada, los pacientes denunciaron que en ocasiones anteriores han sido desalojados con gas lacrimógeno cuando intentaban protestar en el Ministerio de Finanzas. Además, aseguraron que las autoridades no los atienden directamente, sino que delegan a funcionarios de menor rango que solo ofrecen promesas sin cumplir.

Según cifras de las asociaciones de pacientes, en 2024 más de 1.000 personas con insuficiencia renal fallecieron debido a la falta de tratamiento oportuno. «La diálisis es vida, queremos vivir», coreaban los manifestantes, quienes advirtieron que sin una solución inmediata, su situación seguirá agravándose.

La crisis sanitaria que atraviesan los pacientes renales se ha convertido en un problema humanitario que requiere una respuesta urgente del Gobierno. La exigencia es clara: que se cumpla con el pago de la deuda para garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar más pérdidas humanas.

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Las dializadoras enfrentan una grave crisis económica generada desde junio del 2023 por la deuda de más de USD 140 millones por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de USD 85 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La suspensión del servicio afectaría a 17 mil pacientes renales derivados del MSP y 8 mil afiliados y pensionistas del IESS. Asimismo, por la falta de pago las clínicas externas adeudan cinco meses de salarios al personal de salud.

Frente a este problema, los prestadores de servicios externos hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para sentarse a un diálogo que permita llegar a acuerdos concretos. De igual manera, solicitaron a los directivos del IESS que procedan a contratar una nueva plataforma digital que les permita subir información para la auditorías correspondientes.

El paquete integral de diálisis tiene un costo de USD 1.456 por paciente. El servicio incluye de 12 a 14 sesiones, chequeos y controles médicos con nefrólogos, nutricionistas, cardiólogos y psicólogos, exámenes periódicos, y tratamientos para controlar la hipertensión y diabetes que también padecen los pacientes renales.

El calvario de las dializadoras

“Nosotros no pedimos el pago total de la deuda, pero sí una voluntad de poder pagar y seguir atendiendo a los pacientes, que es lo más importante en este gran problema. Vamos a seguir, aquí o en las calles, reclamando hasta que se nos preste la atención debida”, indicó Juan Acurio, presidente del Directorio de Hemodiálisis, en las instalaciones de la Asamblea.

Agregó que para poder subsistir las clínicas tienen que prestarse los insumos médicos para las diálisis. También indicó que el coordinador provincial del IESS en Guayaquil, Javier Torres, manifestó dos soluciones para salir de este problema: cerrar las clínicas o demandar al IESS. (AGM).

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