»Hasta me daría pena seguir cobrando un sueldo para servirle al país con esto que hace el consejero (…) si puedo hacer lo mismo sin estar con un empleo con horarios, sin estar con los canones de la burocracia», dijo en entrevista para Radio La Calle.

El 26 de abril del 2023 el general Moncayo fue designado como consejero de Seguridad para el gabinete del presidente de la República, Guillermo Lasso. El exfuncionario relató que el mandatario le había ofrecido el cargo de Secretario de Seguridad.

«Yo le dije que ya no estaba para Ministerios y Secretarías. Le sugerí que designe a un general del Ejército con mucha experiencia (…) y le di el nombre de Wagner Bravo«, resaltó.

Por su parte, puso a disposición su asesoría ad honorem, es decir sin remuneración salarial, en temas de seguridad. Sin embargo, el jefe de Estado le manifestó que no era posible y lo nombró como consejero.

¿Qué hizo en dos meses de gestión?

Después de aproximadamente dos meses en el cargo, en su carta de renuncia Moncayo destacó que su función de asesoramiento fue cumplida. En este sentido, resaltó que entregó al menos cinco documentos con orientaciones para la estructura del sistema de seguridad en el país.

Agregó que la metodología que propuso está en análisis en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Indicó que lo único que le queda al Gobierno en este corto período es estructurar de mejor manera el sistema de seguridad. (A.G.M).

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«En todo lo que hace referencia a la planificación de una política de seguridad, de una doctrina de seguridad, de metodologías de planificación. Todo eso está ya en marcha. este momento están trabajando equipos de la propia institución militar, de la Secretaría Nacional de Seguridad para llevar adelante todo lo que significa crear la estructura, el sistema», dijo en entrevista con Teleamazonas.

Además dijo que estará siempre que el presidente Lasso lo necesite. «La verdad es que he renunciado a un cargo burocrático e incómodo, pero no he renunciado de ninguna manera a seguir siendo consejero del señor presidente en estos temas tan delicados. Así está escrito en los términos de renuncia. Estoy disponible 24 horas al día, el día que sea».

Lo niego todo

El entonces consejero estuvo presente en un evento sobre seguridad y medios de comunicación y negó ser parte del gobierno que lo puso en ese cargo. «Yo no estoy justificando que se cierre la información, no hay ninguna predisposición que yo conozca, yo no soy parte de este gobierno, pero no hay, que yo conozca, ninguna disposición que se haya entregado a ningún organismo del poder Ejecutivo sobre negar información que la prensa requiera». (MIB)

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En entrevista para Diario El Universo, el consejero explicó previamente cúal fue la razón por la que no se definió una lista de potenciales organizaciones terroristas. Según el ex alcalde de Quito, esto habría sido poco práctico debido a las forman en las que opera el crimen organizado.

«En el debate en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se planteó un tema práctico: si usted califica como terroristas a organizaciones, conociendo que el crimen organizado es muy flexible, cambia, mañana se desaparecen todos lo que ya estuvieron calificados como grupos terroristas y asoman otros«, mencionó Moncayo.

Los terroristas serán definidos como tal por sus acciones

Actualmente, 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas están desplegados en el territorio nacional con el fin de efectuar operaciones para contrarrestar el terrorismo «de las organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y el crimen transnacional que atentan contra la soberanía y la integridad territorial«, según se explicó en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

«Me pareció muy inteligente la idea de que se especifique las acciones terorristas porque terroristas puede ser una persona. Una persona puede cometer un acto de terror. Lo importante es, habiendo definido que el crimen organizado afecta a la estructura básica del Estado, a su soberanía y su integridad territorial, estas acciones serán entendidas, calificadas como acciones terroristas«, afirmó el consejero.

Sobre la prisión preventiva excepcional a uniformados

Anteriormente, el ministro Luis Lara declaró que dentro la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza se «garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal».

Moncayo agregó que «el señor Ministro de Defensa (Luis Lara) planteó que para casos excepcionales en que un policía o militar pueda ser llamado a la justicia y recibir una prisión preventiva, sería necesario que el policía o militar tenga un tratamiento especial, de ser posible un sitio o un local distinto». Sin embargo, esta alternativa fue revisada por expertos en la ley.

«El pedido del Ministerio de Defensa fue que existan centros aparte; los juristas hicieron un análisis de que constitucionalmente, legalmente, no se puede crear para determinados grupos, centros de detención específicos», agregó el consejero.

«Por eso se está poniendo que en caso excepcional, de que sucediera esto, de que el juez no tenga en cuenta que se le ha dispuesto que debe aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, en ese caso excepcional, de que queremos estar seguros de que nuestros policías y militares no vayan a ser enviados a sitios en donde va estar en peligro su vida y su integridad», añadió Moncayo.

Según expuso el Ministerio de Defensa, en caso de que algún militar enfrente un proceso penal por uso de la fuerza en sus funciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará, junto a esa cartera del Estado y la Presidencia, la defensa institucional, a través del patrocinio judicial. Sin embargo, la propuesta no ha convencido totalmente a algunos miembros de la milicia.

«El decreto evidencia apresuramiento. No ha sido consultado con quienes están en el terreno dirigiendo operaciones antidelictivas en coordinación con la Policía. Tampoco hay un sustento jurídico sólido ni empírico (experiencias similares sistematizadas en casos similares vividos en el pasado) sobre la intervención de militares en operaciones antiterroristas, bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y convenciones de derechos humanos», planteó al respecto el portal Código Vidrio, en declaraciones recogidas por Infobae.

Labor conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas, según Moncayo

«Hoy, Fuerzas Armadas y Policía, están integradas para operar coordinadamente, complementariamente, para que todos los recursos que dispone la fuerza pública puedan usarse eficientemente. Entonces ya no vamos hablar de la policía por aquí, las Fuerzas Armadas por allá. Vamos hablar, porque así tiene que ser, de ese viejo término que lo sacaron de la Constitución pero que sigue existiendo en la práctica, que es la fuerza pública», complementó el funcionario.

«Vamos a tener una acción coordinada complementaria perfectamente planificada (…) lo que tenemos que ganar es en seguridad, para que este país sea atractivo a la inversión legítima y absolutamente hostil al crimen organizado«, concluyó Paco Moncayo.

JR

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«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

Las funciones del Cosepe

Según el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Cosepe tiene dos funciones:

• Asesorar y recomendar al presidente las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública
• Recomendar al jefe de Estado la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y la nación.

JR

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en una reunión mantenida este jueves, 27 de abril, en el Palacio de Carondelet, declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y _por consiguiente_ a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana.

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»En el 95, vencimos en una situación muy compleja y en circunstancias muy difíciles. Volveremos a vencer ahora, porque hoy también tenemos a un país unido y fuerte como un puño», dijo Moncayo en un tuit.

¿Qué pasó en el Cenepa?

El conflicto bélico entre Ecuador y Perú inició el 25 de enero del 1995, durante el período presidencial de Sixto Durán. Las tropas del país fronterizo se tomaron el territorio de Tiwinza, cerca a la provincia de Morona Santiago.

Desde el nacimiento de ambas repúblicas independientes ya existían desacuerdos sobre los límites territoriales.

La guerra terminó luego de la intervención de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Tras 34 días de enfrentamientos se registraron 33 uniformados muertos y 103 heridos del lado ecuatoriano.

»Ganamos la guerra, perdimos en la mesa»

El 26 de octubre de 1998, el expresidente del Ecuador, Jamil Mahuad y su homólogo de Perú, Alberto Fujimori firmaron el Acuerdo de Paz en Brasilia. Tiwinza pasó a ser propiedad del país inca y le concedieron un kilómetro al Estado ecuatoriano para enterrar a los soldados caídos en combate.

En este sentido, un excombatiente del Cenepa que prefirió el anonimato, aseguró a Radio La Calle que »la guerra la ganaron en el combate pero la perdieron en la mesa de negociaciones».

El precio de la sangre

»Había gente remellada con esquirlas y recuerdo a un soldado que estaba agonizando porque le había alcanzado la ráfaga de una bomba, aproximadamente una hora después murió envuelto con la bandera de nuestro país», dijo el exuniformado.

Además, detalló que su destacamento quedó bañado en sangre y todos pasaron la noche en las trincheras absolutamente callados y con el temor de una nueva balacera.

En el 2016, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) reconoció a 5.550 excombatientes de la Guerra del Cenepa, sobretodo, a los que sufrieron afectaciones físicas a causa de este conflicto. Sin embargo, no todos los militares que pelearon en el Cenepa constan en la lista.

Actualmente, los reflectores apuntan al consejero de Seguridad, Paco Moncayo, y al secretario de Seguridad, Wagner Bravo, quienes fueron declarados excombatientes del Cenepa por estar al frente de las tropas durante el conflicto. (A.G.M).

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«La Secretaría General de Comunicación convoca a los medios de comunicación a la posesión del general (sp) Paco Moncayo Gallegos como consejero del Gobierno para Seguridad Nacional y el general (sp) Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública.», dijo la SECOM.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios?

Wagner Bravo es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Tiene estudios superiores en Seguridad y Desarrollo, Economía Popular y Solidaria, entre otros. Se ha desempeñado como especialista en temas de seguridad.

Fue combatiente en la Guerra del Cenepa de 1995 en la Brigada de Fuerzas Especiales. «El presidente de la República (Guillermo Lasso) tiene que crear ya una política pública clara que decante a que todos tengamos la prioridad de vencer al crimen organizado. Hay ideas de muchas personas, pero no hay algo conciso aún», le dijo en una entrevista reciente a diario Extra.

Paco Mocayo es un político ecuatoriano, militante de la Izquierda Democrática, con el que llegó a la Alcaldía de Quito en dos periodos y a la Asamblea por Pichincha de 2009 a 2013.

Fue candidato presidencial en 2017, enfrentándose al mismo presidente Guillermo Lasso y donde ganó el expresidente Lenín Moreno.

En el ámbito de seguridad, lideró al ejército ecuatoriano en medio de la Guerra del Cenepa, el conflicto entre Perú y Ecuador de 1995. (MIB)

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«No va a cambiar en los esencial nada de lo que sucede. Tiene pros y contras (…) Hoy estamos enfrentados al crimen organizado que tiene una gran diferencia en cuanto al armamento que usa, tácticas que emplea. No es que va a cambiar sustancialmente nada, el que podamos tener un arma las personas privadas», expuso el ex político de 82 años.

Durante una entrevista en Sonorama, Moncayo enfatizó que aunque dicha decisión posibilitará a la ciudadanía defenderse en escenarios concretos, la medida está lejos de garantizar un entorno seguro.

«Un arma a lo mejor nos puede servir en el hogar para defendernos ante cualquier ataque que pueda haber. Pero no soluciona en el fondo nada. Solamente volvemos a una situacion que ya existía antes. Esperemos que en algo ayude al tema de la seguridad, tan importante para los ecuatorianos», concluyó Moncayo.

Los requisitos

Entre los requisitos para portar un arma en Ecuador, el interesado debe tener al menos 25 años de edad, un certificado de prueba psicológica y examen toxicológico (para determinar si la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o que no sea alcohólica) emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Adicionalmente, requiere un certificado de destreza en el manejo y uso del arma avalado por el Ministerio de Defensa Nacional. Por último, tampoco debe tener sentencia ejecutoriada condenatoria por comisión de un delito, o registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros de su familia.

Los antecedentes

El Gobierno de Guillermo Lasso autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal a partir de este mes de abril. En paralelo, el Pleno legislativo tramita tres proyectos de ley relacionados al delito de tenencia y porte de armas, regulación respecto de importación y comercialización de las mismas.

El antecedente principal respecto a esta decisión ocurrió durante la sesión 832 del Pleno ejecutada el pasado 5 de enero de 2023. Un total de 117 asambleístas votaron a favor del proyecto que reformó varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, y que regula la tenencia y el porte de armas en el país.

JR

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