Si usted es uno de los quiteños que no ha realizado su declaración y pago de patente, siga leyendo esta nota ya que le daremos una pequeña guía del cómo y quiénes deben hacer el pago anual de este impuesto municipal.

¿Qué es la patente municipal?

La patente municipal es un impuesto a través del cual cada Municipio regula y controla la actividad económica existente en su respectiva jurisdicción territorial. Por otra parte, es el mecanismo del Municipio capta recursos económicos que pueden utilizarse en el mejoramiento de su infraestructura, así como el desarrollo económico y social de la localidad. 

¿Quiénes pagan la patente municipal?

• Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pagarán únicamente el impuesto de patente sobre la(s) actividad(es) económica(s) que ejerzan, independientemente de que cuente o no con un local físico y deben realizar la declaración hasta el mes de mayo de cada año.
• Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas pagarán el impuesto de patente y el impuesto de 1,5 x mil sobre los activos totales y deben realizar la declaración a partir del mes de junio de cada año.

¿Cómo se paga la patente municipal?

1. EL usuario debe hace un Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) por medio del sitio web:

https://pam.quito.gob.ec/mdmq_declaracionPatentes/login.aspx

2. Ir a «registro usuario nuevo», donde se recuerda qué personas deben cumplir las obligaciones tributarias.

3. Al dar clic en aceptar se despliega un espacio para colocar el RUC y una prueba de caracteres. Una vez allí hay que llenar los datos requeridos y creación de una contraseña. Para tener un usuario activo se debe firmar electrónicamente el documento de Acuerdo para uso de Medios Electrónicos. Con todo aquello se puede ya ingresar al mismo enlace con el RUC y la contraseña.

4. Una vez dentro se debe escoger la opción Seleccionar la opción «RAET – ACTUALIZACIÓN DE DATOS», es obligatorio actualizar los datos del contribuyente.

5. El usuario debe seleccionar la opción «Impuesto al Juego» y contestar la pregunta de validación.

6. Después deberá dar clic en la opción «DECLARACIONES – NUEVA DECLARACIÓN», de allí, deberá ir a “Nueva Declaración” y ejecutar la declaración de acuerdo a lo indicado en la guía proceso de patente en línea. Debe escoger el año fiscal (o los años) a declarar, uno por uno, y colocar la actividad económica correspondiente al RUC para hacer el cálculo.

7. Finalmente se debe generar e imprimir la orden de pago. EL usuario puede realizar el pago de diversas maneras:

• En varias instituciones del sistema financiero como bancos o cooperativas con el número de RAET y la cédula de ciudadanía.
• En línea a través del portal de servicios municipales,
• A través de la banca virtual a la que esté afiliado el ciudadano con el número de RAET y la orden de pago.

¿Si cerré el RUC o lo tengo inactivo debo pagar patente?

Si por cualquier razón razón el ciudadano cerró, suspendió o dejó inactivo el RUC, sin que haya pagado la patente, deberá pagar el impuesto anual de la patente municipal al año que le corresponde el cierre y con ello dar de baja su registro (RAET) para no seguir generando obligaciones.

¿Qué pasa si no pago la patente?

Si usted se pasa de la fecha en la que debe pagar este impuesto, deberá pagar las multas, recargos e intereses correspondientes. Asimismo si no se registra en el RAET como usuario, deberá pagar multa.

¿Hay período de remisión?

El Municipio de Quito abrió un período de remisión hasta el 26 de julio de 2024, por lo que si usted todavía no ha creado un usuario y no ha declarado la patente desde 2018 tiene hasta esa fecha para realizarlo, evitar el pago de las multas y solo cancelar el valor original. Según la municipalidad, 414.877 ciudadanos se beneficiarán de esta herramienta.

¿Cómo puedo obtener ayuda personalizada?

Están abiertos los canales del Municipio de Quito: contact center municipal 1800-510-510, opción 6, portal de servicios https://servicios.quito.gob.ec/ , redes sociales @sciudadanosuio y los Balcones de Servicio para obtener más información.

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Sanciones leves

Equivalen al 25% del salario básico unificado (SBU), es decir USD 115.

a) Realizar actividades culturales o artísticas dentro del subsistema, sin la autorización
correspondiente;
b) Irrespetar las filas de atención o tránsito en la prestación del servicio;
c) Obstaculizar el paso y el embarque de otros usuarios;
d) Ingerir alimentos que por su composición puedan generar malos olores y, por ende,
molestias a los otros usuarios;
e) La persona que ingrese con un animal de asistencia o guía que no recoja los desechos
naturales generados por el animal;
f) La persona que ingrese con un animal de asistencia o guía que no cuente con la
correa, arnés;
g) Apoyarse en las puertas del material rodante, ascensores, puertas de emergencia,
puertas cancelas y en los bienes que determine el operador con los carteles
informativos o de precaución; y,
h) Utilizar de manera indebida las escaleras mecánicas, gradas y ascensores de uso
general, así como, las instalaciones dispuestos para las personas con discapacidad.
i) Agredir verbalmente a personal interno y externo del “Metro de Quito”

Sanciones graves

Equivalen al 50% del SBU, unos USD 230.

a) Sentarse en los pisos, gradas, espacios de desplazamiento del subsistema o del
material rodante, con excepción de aquellos casos en los cuales los
usuarios/visitantes, por necesidad física o de salud, así lo requieran;
b) Fumar, o utilizar vaporizadores o cigarrillos electrónicos, consumir drogas,
sustancias estupefacientes o bebidas alcohólicas, dentro del subsistema, así como
ingresar bajo el efecto de dichas sustancias;

c) Permanecer en el subsistema una vez que se realice el cierre de las instalaciones o
resistirse a desalojar la infraestructura o material rodante que no presten servicio,
cuando lo indique el personal autorizado del subsistema;
d) Transportar mercancías u objetos al interior del material rodante que, por su tamaño,
dificulte la movilidad del resto de usuarios al interior de las unidades, ya que, el
equipaje tendrá un espacio destinado para ello. Las dimensiones y características de
los objetos permitidos, serán las definidas por la operadora, en los instrumentos que
emita para el efecto; y,
e) Desplazarse en el subsistema usando patines, patinetas, bicicletas, unidades de
tracción a motor u otro dispositivo de movilidad personal, a excepción de la
transportación de los coches de bebé o aquellos de uso requeridos por prescripción
médica o para personas con discapacidad.

Sanciones muy graves

Equivalen al 100% del SBU, es decir, USD 460.

a) Saltar y realizar movimientos bruscos en ascensores, gradas y escaleras mecánicas,
en el material rodante u otra infraestructura del subsistema catalogada por la
operadora como delicado o sensible;
b) Obstaculizar o introducir objetos o partes del cuerpo que fuercen la apertura o
impidan el cierre de puertas en el material rodante, ascensores, puertas de
emergencia, puertas de pasillo u otro acceso que es parte del subsistema;
c) Realizar actividades o campañas políticas, proselitistas religiosas o de culto en el
subsistema;
d) Utilizar la infraestructura y vehículos de transporte para realizar volanteo,
actividades publicitarias y de propaganda, sin previa autorización de la operadora;
e) Activar indebida o injustificadamente los dispositivos de emergencia y/o sistemas
de alarma en el subsistema;
f) Portar armas de fuego, armas blancas u otro objeto que esté prohibido por la
legislación ecuatoriana;
g) Ingresar al subsistema con elementos o productos peligrosos, inflamables,
corrosivos, radioactivos o similares que puedan poner el riesgo la salud y seguridad
de los demás usuarios/visitantes;
h) Ejecutar cualquier tipo de actos de violencia y/o acoso en contra de otros usuarios,
visitantes y servidores(as)/trabajadores(as);
i) Ingresar a las cabinas del material rodante o espacios restringidos por la operadora;

j) Ejercer actividad económica o comercio en el subsistema;
k) Inobservar las indicaciones del personal de la operadora, las cuales tengan como
finalidad precautelar la seguridad de los usuarios/visitantes del subsistema;
l) Aprovecharse de los beneficios individuales y personales, tarifarios de la integración
y/o transferencia para grupos de atención prioritaria, cuando no sea parte de dicho
segmento;
m) Realizar acciones que podrían poner en peligro la integridad física de los usuarios;
n) Manipular el sistema informático para generar beneficios en las tarjetas electrónicas,
máquinas de venta y recarga automática, validadores y/o diferentes elementos
asociados al sistema de recaudo;
o) Tener cualquier tipo de relaciones sexuales en cualquier parte de la infraestructura
física o tecnológica que conforma el Subsistema de Transporte Público de pasajeros;
p) Realizas necesidades fisiológicas del cuerpo en cualquier parte de la infraestructura
física o tecnológica que conforma el Subsistema de Transporte Público de pasajeros;
q) Arrojar desechos o cualquier tipo de materiales u objetos que afecten a la sanidad e
higiene del subsistema; y,
r) Realizar acciones que puedan suponer daños de cualquier tipo al subsistema, tales
como despegar las etiquetas de información, rayar, manchar, escribir, pintar, pegar
carteles u otras afectaciones;
s) Acceder a los andenes sin validar o pagar el acceso a la estación respectiva

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Para pagar este impuesto existen dos maneras: la primera es mediante el sistema bancario. La mayoría de instituciones del sistema financiero tienen convenio con el Municipio para el pago del tributo. De esta forma se puede pagar desde este lunes.

Desde el martes 2 de enero del 2024, el servicio se reanudará en las Administraciones Zonales. Allí estarán habilitadas las ventanillas para el pago. La administración general del Municipio dispuso el personal necesario para solventar las dudas y pagos de los contribuyentes.

Nuevos avalúos

El Concejo Del Quito aprobó la Ordenanza para la actualización del catastro. Esta es una obligación establecida en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

Los datos de la Dirección Metropolitana de Catastro muestran que el 65% de los predios se ubican en avalúos entre los USD 0 y USD 70.000. Eso significa que se catalogan entre las viviendas de interés social y no pagarán predial. No obstante, para las viviendas que si lo hacen habrá un aumento. El 75% de esos inmuebles pagarán alrededor de USD 5 más.

Descuentos

El Cootad establece descuentos cada quincena entre enero y junio del 2024. Los descuentos se aplican así:

Del 1 al 15 de enero: 10%. Entre el 16 al 31 de enero: 9%. Del 1 al 15 de febrero: 8%. Del 16 al 29 de febrero: 7%. Entre el 1 al 15 de marzo: 6%. Del 16 al 31 de marzo: 5%. Entre el 1 al 15 de abril: 4%. Del 16 al 30 de abril: 3%. Entre el 1 al 15 de mayo: 3%. Del 16 al 31 de mayo: 2%. Del 1 al 15 de junio: 2%.

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El presidente Daniel Noboa había informado la catastrófica situación que sufre el país en materia económica. USD 180 millones se registraron en noviembre, para el último día del mes, la cifra estaba en USD 419 millones, pero una vez que se pagaron los sueldos de noviembre quedó en USD 95 millones.

A eso se suman las primeras protestas que debe enfrentar el gobierno de Noboa. Los jubilados de las Fuerzas Armadas protestaron este jueves por la falta de pago de sus pensiones. El retraso ya lleva una semana, y los afectados consideran que el Gobierno debería realizar el pago de manera inmediata.

El almirante Alan Molestina, del Frente de Defensa del Issfa Guayas y el Litoral, explicó que la razón del retraso es que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) no ha recibido la transferencia correspondiente al 60 % de las pensiones por parte del Estado. Los jubilados han empezado a realizar protestas pacíficas en todo el país. Molestina contó que este miércoles se realizó una al pie de la Gobernación, y que continuarán.

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Oportunidades hubo, pero para el gobierno de Lenín Moreno, del que fue vicepresidente, que pagó deuda y adquirió más deuda en los meses más duros de la pandemia del COVID-19 que dejó, hasta septiembre del 2022, aproximadamente 35.884 fallecidos en el país, según cifras del Ministerio de Salud. En total, entre 2020 hasta abril del 2022, el país registró 247.485 fallecidos por varias causas, según el Registro Civil. La mortalidad subió en nuestro país.

Oportunidades no hubo, en cambio, para los ciudadanos que caían fulminados en las calles del Ecuador, principalmente en Guayaquil, donde la COVID-19 mostró su cara más cruel. Las prioridades, sin embargo, estuvieron en otro lado.

Sonnelholzner continúa y dice que en lo financiero existieron ciertas opciones que «ojalá pudiera existir ahora. El Ecuador debía USD 17.000 millones en esa época en bonos. Fue una renogociación de deuda de bonos. Pagó (el Ecuador) USD 300 millones».

El candidato le pone a la periodista un ejemplo. Si a ti el banco al que debes USD 17.000 te dice que pagues USD 300 ahorita y no pagues nada más hasta cinco años. Sin subir el interés y te entrega USD 10.000, ¿aceptarías?, le interroga. Ella responde que si tiene su hijo enfermo y ese dinero puede comprar medicinas para curarlo, no le pagaría al banco.

¿Qué pasó en 2020?

Si para Sonnenholzner el pago de deuda es una bendición, para el país, que afrontaba una pandemia sin buena infraestructura hospitalaria, sin medicinas y casos de corrupción en hospitales que posteriormente se conocerían, fue una maldición.

El pago, que se hizo en marzo del 2020, fue desmentido por el entonces ministro de Economía, Richard Martínez en abril. Dijo que el pago de los bonos 2020 por USD 326 millones solo fue del capital y que USD 197 millones no se habían pagado.

El economista Marco Flores dio información distinta a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, ya que en la bolsa de valores de Luxemburgo, donde reposaban los bonos y nuestra deuda, se hallaron documentos de pago.

“En la bolsa de valores de Luxemburgo es donde se registran los bonos de deuda”, dijo al tiempo de informar que en la organización hay dos documentos oficiales del gobierno ecuatoriano. “El uno cae en el plano de no haberle dicho la verdad al país. Se pagaron también los intereses de los bonos 2020”, aseguró.

No solo eso, sino que había un segundo documento, donde el ministro Martínez, a nombre de la República, se comprometía a pagar desde agosto del 2020 sin período de gracia. Es decir, que los intereses de los tenedores de deuda con un valor de USD 811 millones. No solo no ahorramos dinero, como aseguraba el expresidente Moreno, sino que debíamos pagar desde agosto cuando el país seguía luchando contra la pandemia.

Más deuda

Los bonos global 2020 no eran los únicos que debíamos pagar. Según el Observatorio de la Dolarización, el gobierno pagó USD 865 millones de capital y 71 millones en intereses y comisiones por concepto de deuda externa a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc, en abril de 2020.

Entre agosto y octubre de 2018, el Estado realizó una apuesta especulativa y la perdió. Para febrero y abril de 2020, el país devolvió la liquidez prestada. “Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, gobiernos locales, proveedores del Estado, la seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual -e incluso adelantada- fue a los bancos de Wall Street”, decía el análisis del Observatorio de la Dolarización.

A eso hay que añadirle los préstamos que Moreno pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros multilaterales para asumir la crisis de la COVID-19. Una deuda que heredó Guillermo Lasso. En ambos gobierno, los intereses de los organismo multilaterales están por encima de los de los ciudadanos. Todavía tenemos deuda externa que pagar. (MIB)

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El juez Máximo Ortega aceptó el pedido de caución solicitado por la defensa de Sebastián Yunda. En un inicio el equipo de Yunda ofreció USD 5.400 pero Fiscalía no aceptó. En cambio, la unidad investigadora solicitó 200.000. Sin embargo, el juez impuso el monto final.

Sebastián Yunda aún se encuentra fuera del país, y su juicio está en pausa hasta que el retorne al país. Al momento, se planea la extradición del implicado que se encuentra en manos de la policía en Argentina.

En caso de que se cancele la caución se suspende la prisión preventiva. Además, para asegurarse de que Yunda cumpla con su presencia en el juicio, deberá presentarse una vez al mes. Estas medidas se llevarán a cabo después de 15 días de su retorno al país.

El caso

Sebastián Yunda es procesado por asociación ilícita en presuntos actos de corrupción en la anterior administración de su padre, Jorge Yunda, en el Municipio de Quito. Fiscalía lo acusa por presuntas irregularidades en dos contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por la entidad municipal.

La caución fue posible después de que un Tribunal ratificará la inocencia de Adrián Haro, Cynthia Puga y Wang Yilong, quienes eran coprocesados de Yunda hijo en el caso de asociación ilícita. (D.C.)

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El presidente nacional de SOLCA, José Jouvín, recalcó que el Seguro Social no ha hecho ningún abono a la deuda de 2008 por USD 140 millones, sin embargo, confía en que se retome el convenio de pago.

“Los USD 22 millones de lo que hablan en un comunicado corresponden a facturas de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, sobre esos pagos ha habido un flujo normal”, declaró Jouvín a Ecuavisa.

Además, explicó que es la burocracia interna del IESS quien obstaculiza los pagos, refiriéndose específicamente a César Rodríguez, vocal representante de los empleadores.

Solca optó por suspender el servicio el pasado viernes 26 de agosto por la falta de pago de la deuda que mantiene el IESS con la institución. El Instituto rechazó esta decisión e hizo un llamado a SOLCA para reconsiderar esta posición.

El Seguro detalló en un comunicado que estaba avanzando con los procesos administrativos internos para seguir cubriendo los pagos y así reducir cada vez más los montos adeudados. Sin embargo, no dio una fecha en la que se haría el próximo pago. 

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El MEF recalcó que esta obligación se debe al gobierno del expresidente Rafael Correa. «En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo, que es el resultado de decisiones adoptadas por el gobierno de Rafael Correa».

Según explica el Ministerio, «el proceso arbitral del caso Perenco inició en abril del 2008. La petrolera exigía un pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de una ley en 2006». Dicha ley estableció una participación mínima del Estado equivalente al 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados. Mediante el decreto Ejecutivo 662 en 2007, dictado en el Gobierno de Rafael Correa se incrementó en un 99%.

El problema del pago

El pago del laudo se ha detenido, según el MEF, por la falta del pago de impuesto que tiene Perenco con el Servicio de Rentas Internas (SRI). «Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía que ya no opera en el país para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos».

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Con el impuesto a la salida de divisas, el pago del ministro para 2022 es de USD 1.959, mientras que en 2021 fue de USD 2.318. En su discurso de posesión, Arosemena resumió su plan económico en “orden con enfoque social”.

“Vamos a ejecutar el gasto social para que llegue a los ciudadanos. Bajar el costo de la vida y los atrasos como segundo punto del plan. Tercero construir obra pública y generar empleos de calidad», dijo el funcionario.

Por otro lado, el representante del Ejecutivo en el directorio del IESS, Alfredo Ortega, es el nuevo funcionario que paga más de impuesto a la renta con USD 118.319 en 2021 y USD 104.644 en 2020. En el caso del impuesto a la salida de divisas es de USD 475.79 en 2022 y de USD 2.900. MIB

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Quito, 10 jun (La Calle). – La vicepresidenta administrativa de Gente Oil, Silvana Pastor conversó con Radio La Calle sobre el laudo final de un tribunal arbitral internacional que sentenció a favor de la empresa y obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 11 millones en torno al caso Singue.

¿Cómo termina el arbitraje internacional revisando el caso de Gente Oil y el Estado ecuatoriano?

En agosto de 2017, la Contraloría General del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad penal y acusaciones civiles – administrativas ante algunos funcionarios. Dichas acusaciones también iban en contra de la empresa Gente Oil básicamente por un supuesto peculado en la adjudicación del Campo Singue.

La compañía decide en abril del 2018, al ver que no había intención judicial de aceptar las pruebas de descargo, iniciar un proceso arbitral, ya que se sintió que en las instancias locales se cometía una injusticia. Se plantean varios temas: las razones de incumplimiento del contrato a la compañía Gente Oil y el arbitraje se realiza por incumplimiento de contrato, lo que implicaba también el informe de Contraloría. Incumplimientos desde el punto de vista operativo: transporte de entrega de crudo, tarifas económicas y una glosa que incluía a la empresa.

¿Cómo analizan que Contraloría haga informes con irregularidades y generan el perjuicio al Estado?

Eso es el gran problema del país y que no permite desarrollarnos como industria sobre todo en la petrolera. Si pregunta a los funcionarios de esta industria, no se mueve nada porque le tienen terror a la Contraloría. Por más que los técnicos petroleros explican los temas, la Contraloría es un ente que lamentablemente en estos años, no es técnica.

La persona que hace el informe de Contraloría que lleva a todos estos procesos no tenía título, ni experiencia en el tema petrolero, no había hecho auditorias de este tipo. Nos exponemos a que personas sin conocimiento empiecen a evaluar las acciones de compañías multinacionales que quieren invertir, sin el menor conocimiento de cómo funciona la industria. El laudo de singue era muy esperado porque la mayoría de las empresas operan de la misma forma. Una tarifa que se negocia y un monto de reservas.

Este caso empieza en 2015 con la publicación de un artículo que denuncia irregularidades en el Campo Singue, publicado por Focus, un portal administrado por Fernando Villavicencio ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de denuncias donde no hay una certeza al 100%?

Yo critico al sistema judicial ecuatoriano. No puede ser que los ciudadanos estemos expuestos a cualquier denuncia infundada sin garantías de los derechos. Estamos propensos a denuncias y no hay una estructura judicial que proteja y busque la verdad.

Personas con intereses y malicia hay siempre, pero si el sistema de justicia fuera responsable y apolítico esto no pasaría.Si hay una denuncia mal infundada no debe pasar los filtros de Contraloría, Fiscalía o Procuraduría. No se puede usar el revanchismo político para llevar presa a gente inocente. Además de la pérdida de inversionistas. Es criminal.

¿Hay posibilidad de revertir esta sentencia? La Procuraduría solicitará una acción de anulación

Creo que no es posible. Ha sido contundente lo que hemos presentado. Obviamente la Procuraduría puede apelar, lo mismo hubiese sido si perdíamos nosotros. Los tribunales internacionales son bastante técnicos y no están politizados. Es muy difícil que se pueda anular. Habrá que ver cuáles son los resultados.

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“Estamos en una posición difícil ya que no hemos recibido la asignación fiscal desde enero de 2022. Recibimos ese presupuesto desde 1994 cuando empezamos a formar parte de un contrato con la Casa de Cultura (CEC). La negociación está estancada. El MEF ha entregado USD 1’200.000 de nuestra asignación. Somos 100 empleados que estamos esperando esa asignación”, dijo a Radio La Calle

“La nueva administración de la Casa de la Cultura consideró que no deben tener elencos nacionales. Nuestra asignación se entregó a la CEC y a otras instituciones como la biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. Así aniquilan al Ballet Nacional del Ecuador y la posibilidad de llevar un mensaje artístico a las demás provincias del país”.

“Si yo me candidatizo para la dirección de la CCE, debo saber cómo conseguir nuevas rentas porque los recursos entregados son exiguos. Hace falta una gestión más importante por parte de la CCE para conseguir nuevas fuentes de financiamiento para permitir el desarrollo de la cultura”.

En los últimos cuatro años, el Ballet ha realizado 4.116 presentaciones y por sus aulas han pasado 11.100 estudiantes que buscan promover este arte en todo el territorio ecuatoriano. MIB

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“El Tribunal de Ejecución que conoce el proceso No. 17721-2017-00204, seguido en contra el excontralor Carlos Pólit por el cometimiento del delito de concusión, atendiendo la petición e insistencias de la Procuraduría, emitió un mandamiento de ejecución para que el sentenciado pague USD 40 millones al Estado”, dice parte del comunicado.

La institución agregó que, si Pólit no paga en el término de cinco días, la Procuraduría realizará el inicio del procedimiento de ejecución forzosa. “La Procuraduría no cesará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias de los jueces competentes y restituir el daño al Estado ecuatoriano”.

Proceso en Estados Unidos

Además del juicio en Ecuador, el excontralor enfrenta una acusación por parte de la justicia estadounidense por el caso Petroecuador en el que habría hecho uso del sistema financiero de EE.UU. para encubrir sobornos.

Pólit se declaró no culpable ante una corte de Florida de los seis cargos que se le imputan en Estados Unidos. El jurado en su juicio estará conformado por 12 personas.

Según la sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal, Pólit habría formado parte de un esquema que usó el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos en Ecuador.

La jueza Katherine Williams dispuso que el juicio tenga lugar el 18 de julio próximo. No obstante, se citará a las partes el 12 de julio para una conferencia. MIB

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“El IESS utilizará los fondos provenientes de la devolución del IVA, que se ha comprometido a entregar el Ministerio de Finanzas, hasta el mes de mayo entrante y que suma aproximadamente USD 140 millones para el pago de las deudas pendientes. Se aplicará un 10% en las deudas hasta el año 2020”, dice parte del comunicado.

Otros puntos

Agregan que no es necesario para el pago de dichas obligaciones, que el IESS haya realizado las auditorías que no hizo en los plazos estipulados; sin embargo, de lo cual, el IESS se reservará el derecho de auditar posteriormente las atenciones y realizar las compensaciones respectivas.

Tanto el IESS como los núcleos de SOLCA organizarán grupos de trabajo operativos y jurídicos para afinar los detalles del acuerdo. “El IESS y SOLCA revisarán el convenio de prestación de servicios para establecer normas que permitan asegurar la realización de los pagos en los plazos establecidos y que las dos instituciones tengan derechos y obligaciones equitativos”. MIB

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“Ecuador puede cambiar su mal historial. El 2022 se perfila como el año en el que el país puede culminar, por primera vez, un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), en casi 40 años”, dice una parte del artículo.

El medio indica que Ecuador y Argentina son los países que han pedido desembolsos debido a sus problemas económicos, pero que no han pagado la cantidad que se les ha prestado. El Expreso recuerda la época del expresidente Correa donde el economista dijo que el país era ‘mal alumno’ del FMI.

El programa

Tras esa valoración se recuerda que, si no existen imprevistos, el país con Guillermo Lasso a la cabeza, podrá terminar su programa con el FMI dentro de ocho meses. “Hasta agosto de 2022 el Gobierno de Guillermo Lasso deberá cumplir las últimas metas con el organismo y el ‘examen final’ será en diciembre. En caso de aprobar, se desembolsarán los últimos USD 400 millones”, indica el diario.

Ecuador recibirá un total de USD 6.500 millones por el Programa de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), que fue suscrito por Lenín Moreno en septiembre de 2020 y renegociado por Guillermo Lasso en 2021, agregó el medio.

La entrada Ecuador ya es el ‘buen alumno’ del FMI, según los medios se publicó primero en La Calle.

Daños materiales

En un principio, Emilio Palacio solicitaba el pago de más de USD 1 millón, entre lucro cesante y daño emergente. El periodista alegaba la pérdida de trabajo, salario, el traslado a Estados Unidos, el envío de divisas a Ecuador, la compra de un seguro privado en EE.UU.

La Corte decidió que «no se cuenta con información suficiente que permita determinar los ingresos que efectivamente dejó de percibir el señor Palacio Urrutia por motivo de su renuncia a El Universo, ni sobre el impacto económico real que esto tuvo en su patrimonio al tener que ejercer su profesión desde Estados Unidos». Por lo que la suma en lucro cesante quedó en USD 250.000 y USD 20.000 por daño emergente.

Daños inmateriales

Palacio pedía USD 50.000 por daños inmateriales, ya que «vio coartado su proyecto de vida personal y profesional», según su defensa. Asimismo, se solicitaba un pago de USD 10.000 para cada representante de diario El Universo.

La Corte determinó el pago de USD 30.000 para Palacio y USD 20.000 para Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga.

Las costas y gastos para los miembros de la defensa de las partes y la CIDH quedó en USD 40.000. Ecuador tiene el plazo de un año para entregar esos valores.

¿Becas para los hijos de Palacio?

Los representantes «solicitaron que se otorguen becas educativas a los hijos del señor Palacio Urrutia para la realización de sus estudios hasta completar su formación profesional en el lugar en que deseen».

El Estado alegó que «no existe un nexo causal que permita verificar que efectivamente el acceso a los estudios por parte del hijo del señor Palacio Urrutia fueron afectados por el proceso penal en contra del padre, por lo que considera que dicha solicitud es impertinente». El pedido no prosperó.

La entrada Ecuador deberá pagar USD 360.000 por el caso Emilio Palacio se publicó primero en La Calle.

“Las entidades competentes deberían coordinar las acciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta obligación de carácter internacional y precautelar los intereses del Estado”, indica parte del documento de la institución.

Después de los diálogos entre ambas partes, la cantidad que tendrá que pagar el Estado ecuatoriano a Perenco es de USD 374’373.154. A ese número se suman los intereses que se acumulan desde diciembre de 2019 hasta el momento del pago.  

¿Cómo se originó la deuda? 

En el año 2006, Ecuador y Perenco estipularon que el Estado tendría una participación mínima del 50% para los excedentes en los precios de venta del petróleo que no consten en el contrato original. En 2007, el porcentaje cambió al 99%.

”Perenco alegó que dichas disposiciones alteraron su trabajo previsto en los bloques 7 y 21. Esto constituía una violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Francia y Ecuador”.  

Un Tribunal emitió una disposición final el 27 de septiembre de 2019 y determinó la violación del tratado y los contratos de inversión. Ordenó al Ecuador pagar USD 471’820.400. La cifra se redujo debido a la demanda de anulación de esta decisión. Misma que estipuló la existencia de la condena por daños medioambientales causados en la zona de explotación petrolera a cargo de Perenco. 

Al momento ni el Gobierno Central ni el Ministerio de Energía han emitido un pronunciamiento oficial acerca del pago a Perenco. Los intereses aumentan a medida de que el tiempo pasa y no se paga la deuda.  

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Quito 12 de abr (La Calle).-  El pago a los miembros de la junta receptora del voto (MJV) no cuenta con una regulación, En unos casos les pagan antes de lo esperado y, en otros, no les pagan hasta después de un año y medio.

Mishell de 24 años sirvió en las dos vueltas electorales en Mindo, San Miguel de los Bancos. Ella asegura que al finalizar la jornada electoral le pagaron el monto establecido en ese momento. Ella completó el formulario para la entrega. “Nos hicieron llenar el registro de las cuentas porque es obligatorio. Nosotros teníamos que poner la firma de que nos pagaron los USD 10. Y según pregunté lo otro fue un formalismo que se debe seguir», sostuvo.

Hay otros casos como el de Stefanía de 21 años quien ha estado en mesa en reiteradas ocasiones. Ella no espera mucho de esta compensación, ya que asegura que cuando fue parte de la mesa en la Consulta Popular de 2018, no le cancelaron hasta después de un año y medio.

Multas y compensaciones

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), la sanción por ser miembro de mesa y no asistir es de USD 60, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado. Esto en cada vuelta, es decir que si el miembro de la junta electoral no asistió a los dos procesos, pagará USD 80. Ahora si el miembro no vota se suman USD 40. Cada multa es acumulativa, a menos que tenga una justificación.

Durante el proceso electoral, los miembros no debían abandonar las funciones hasta que finalice el escrutinio. Si esta condición fue violada, la multa va de USD 4.400 a 8.000. En cambio, si el miembro asistió a la mesa recibirá USD 10 por vuelta, es decir que terminado el proceso electoral es acreedor a USD 20.

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“En los primeros 30 días de mi gobierno realizaremos una primera transferencia de 400 millones de dólares para que los GAD’s puedan retomar la obra pública y reactivar la economía”, expresó el candidato de Unión por la Esperanza (UNES) quien, ofreció pagar por medio de un cronograma de desembolsos.

Por otro lado el candidato por CREO-PSC, Guillermo Lasso, afirmó que priorizará la deuda con los GADs. “Otorgaremos mecanismos para la renegociación de la deuda que mantengan los GADs municipales. El Banco de Desarrollo del Ecuador dará novaciones, refinanciamientos y reestructuraciones crediticias. Hay que trabajar de manera transparente con los municipios en beneficio de las familias”.

Raúl Delgado y los demás integrantes de AME se reunieron con los dos candidatos a segunda vuelta por separado para conversar sobre las propuestas para los municipios de llegar al poder.

Deuda con los GADs

«El ministro de Economía dijo que no le adeuda nada a los municipios. Tenemos deudas desde el año 2020 nos hicimos cargo en tiempos de pandemia. Nosotros exigimos que nos paguen la deuda (…) En varios municipios no han parado el trabajo. Contratamos inversión privada para las obras, pero al momento de pagar necesitamos lo que nos deben. Hemos hecho autogestión, pero no es suficiente», le dijo el alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana a Radio La Calle.

Para Orellana falta la voluntad política por parte del gobierno. «Con el Gobierno Nacional no se solucionará nada. Esperamos respuestas de los dos candidatos a segunda vuelta (…) Aquí falta voluntad política. Nuestras conversaciones con Arauz han dado fruto, pero no hemos encontrado coherencia en las charlas con Guillermo Lasso», precisó.

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“No me quieren jubilar. Vuelvo y repito. He pagado, he entregado mi plata, mi juventud, todo. Entrego también mi sangre a lo mejor mi vida también”, expresó. La policía y personal médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le prestaron ayuda.

El adulto mayor recicla plástico para obtener un ingreso adicional. Explicó también, que la pandemia le ocasionó más problemas para su subsistencia. Los funcionarios del IESS no dieron declaraciones sobre lo sucedido.

El presidente Lenín Moreno indicó que el primer desembolso de FMI pagará las deudas de la Seguridad Social ¿qué presupuestos se van a manejar?

Estado y Seguridad Social

Del primer desembolso de USD dos mil millones del Fondo Monetario Internacional, el gobierno utilizó USD 60.926.720 para el pago de la seguridad social, específicamente la de la Policía (ISSPOL).

Los atrasos por la contribución del 40% del Estado al Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social legarán a USD 1.485 millones durante este año. El nuevo acuerdo entre el IESS y el Estado contempla USD 600 millones en efectivo y USD 885 millones en bonos del Estado. Los primeros USD 200 millones vendrán del desembolso del FMI, los siguientes pagos dependerán del flujo de caja.

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Al grito de “liquidaciones”, los exempleados de la empresa pública hacían sonar su cacerola frente al edificio. Los ciudadanos pidieron al Ministerio de Finanzas que entregue el monto destinado a sus pagos.

El 4 de septiembre pasado, también protestaron frente a las instalaciones de Ecuador TV. “El doctor [Edison] Toro (gerente de Medios Públicos) nos ha dado apertura. Él nos ha explicado que la situación de las liquidaciones. Burocráticamente ha hecho lo posible para que se gestionen los recursos para el pago. Está consciente de que el plazo venció el 24 de agosto, al cumplirse un mes de la liquidación. Una vez que Finanzas transfiera el monto, ellos tienen todo listo”, dijo una de las extrabajadoras, que agregó que el gerente no quiere «lavarse las manos» ante este pedido.

El 4 de agosto, un mes antes, los trabajadores protestaron en los exteriores del edificio de diario El Telégrafo en Guayaquil. Sus consignas estuvieron orientadas, sobre todo, al gerente de Medios Públicos Edison Toro y al ministro de Economía, Richard Martínez.

Antecedentes

500 trabajadores fueron despedidos el pasado 24 de julio en el proceso de liquidación de Medios Públicos (EP). La última vez que recibieron su salario fue el 23 de junio, correspondiente al mes de mayo.

El 80% de la plantilla de Medios Públicos salió de sus puestos. El proceso de liquidación como empresa pública dio paso a una nueva estructura en la que ahora trabajan alrededor de 109 personas. “Los medios de comunicación públicos no desaparecen, se transforman (…) El proceso consiste en la extinción de los medios públicos para optimizar la empresa. Los medios se consolidan como medios populares, inclusivos”, indicó Edison Toro en esa ocasión.

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