Hasta agosto pasado el Ministerio de Finanzas debitó USD 670 millones de diferentes cuentas de empresas e instituciones públicas para a través de los llamados «convenios de liquidez», dedicarlos a financiar el desfinanciado Presupuesto General del Estado vigente, escribió en su cuenta de X. 

La deuda pública del país, según datos del Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas, ha alcanzado los USD 80 mil millones, lo que representa el 75% del PIB. Los pagos por capital e intereses de esta deuda absorben alrededor del 25% del Presupuesto General del Estado (PGE).

Este escenario genera un círculo vicioso en el que el gobierno debe recurrir a más endeudamiento para financiar los pagos de la deuda, lo que a su vez aumenta el peso de la deuda sobre la economía y dificulta el crecimiento.

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No es el único problema

El débil crecimiento económico es otro factor que contribuye a los problemas económicos de Ecuador. En los últimos 6 años, el PIB ecuatoriano apenas creció un promedio de 0,5% anual.

Este crecimiento insuficiente se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran la caída de los precios del petróleo, la incertidumbre política, las nulas políticas económicas del gobierno para generar ingresos y la debilidad de la inversión privada. (MIB)

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En redes sociales circulan supuestas facturas a nombre de la FEUCE Quito, las cuales especifican los objetos adquiridos entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Los montos superarían los miles de dólares. Radio La Calle accedió a algunos documentos y se evidencia compras de mojitos, cócteles, sangría, entre otros.

Ante el escándalo, estudiantes confirmaron que la Federación intentó desmentir la información. Además, precisó que la cuenta de Instagram de la institución fue vulnerada por personas ajenas no identificadas que realizaron «publicaciones inapropiadas».

El Consejo de Asociaciones informó que los representantes de las 17 asociaciones escuelas se reunieron por el hackeo a la página. Hoy a las 21:00 se citaron, vía Facebook, con el presidente FEUCE-Q, Alejandro Morocho, para esclarecer las acusaciones. Sin embargo, no se conectó.

Una estudiante de la PUCE -que prefirió el anonimato- mencionó que el aporte por estudiante es de USD 30 antes del inicio de cada semestre con la matrícula, pero es posible desafiliarse.

¡Fiscalización ya!

Los/as presidentes de las 17 «Aso» en la reunión decidieron iniciar un proceso de fiscalización. Se recomendó que se realice una auditoría; además, de que se ponga un límite de dos semanas para que el resultado sea expuesto.

También se ingresarán solicitudes de información sobre:

• 18 libros contables
• Movimientos de las cuentas bancarias
• De comprobarse, se iniciarán acciones legales contra Morocho
• Convocar a una Asamblea General con el 5 % de los estudiantes para solicitar la renuncia de Morocho a la Presidencia.

El caso será llevado a instancias legales no solo contra Morocho, sino el equipo de FEUCE 2022-2023. Finalmente, se realizarán dos plantones pacíficos el viernes 30 de junio a las 09:00 y 12:00 para que Alejandro Morocho dé las respectivas explicaciones.

Las presuntas facturas

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Según el medio, “Sebastián” pagó USD 50 para que una “institución de capacitación” le entregue un banco de preguntas. Asimismo, el caso de otro joven que desembolsó USD 500 para que realicen por él su examen. El estudiante pudo “burlar” las reglas, como la cámara encendida.

En el examen previsto para el 2 de septiembre más de 262 mil aspirantes debían dar la evaluación. Sin embargo, solo 125 mil estudiantes tendrían la posibilidad de entrar a la educación pública superior.

¿Eliminar del examen?

La eliminación del examen Transformar trae consigo varias interrogantes ¿Cómo estará estructurado? ¿Existe garantía para el acceso a la universidad? ¿Habrá irregularidades como el presunto cobro por parte de identidades que “dan capacitación”?

En una entrevista de diario EL Expreso, dirigentes de la FEUE plantearon algunas consecuencias  como los elevados costos que implementarán las universidades. Además, mencionaron los trámites administrativos que deben hacer los jóvenes para ingresar. También la preparación que tendrían que hacer. Esta última, si el estudiante quiere rendir el examen para postular en más de dos carreras deberá prepararse para cada una de ellas.

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“RECOBAQ se vio en la necesidad de presentar esta nueva acción de protección, ante las vulneraciones a la seguridad jurídica, derecho a la defensa, tutela efectiva y prohibición de trabajo gratuito, por parte de EMASEO EP durante la ejecución del Contrato suscrito con el Consorcio RECOBAQ”, informó la empresa en un comunicado.

Así mismo, indicaron que, a pesar de todos los pedidos y la presión en medios de comunicación, “EMASEO EP continúa en su afán de dilatar la revisión oportuna de planillas. Así no se procederá a realizar los pagos que corresponden, por el servicio de gestión y administración de flota. A esto se suman los retrasos en el pago del crédito, otorgado por el Consorcio, para la compra de los vehículos que actualmente facilitan la recolección del 70% de la basura que genera diariamente la ciudad de Quito”.

Historial de demandas

El 13 de marzo de 2021, el juez constitucional competente, en primera instancia, aceptó la acción de protección y dispuso a EMASEO EP pagar los valores pendientes y los que se generen en el contrato.

Seis meses después, los pagos todavía no se realizan y EMASEO debe USD 3 millones. La empresa municipal presentó en septiembre un pedido de apelación que fue rechazado por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas.

RECOBAQ solicita que, tras la sentencia de la justicia, el pago se realice sin más contratiempos para poder seguir brindando el servicio de recolección de basura. Sobre este consorcio reposa el 70% del manejo de la basura de la ciudad.

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«Entre julio y agosto de este año, (el Ministerio de Finanzas) ha pagado más de USD 5 millones a los becarios posgradistas del Ministerio de Salud Pública, poniéndose al día con las transferencias a este sector», aseguró la cartera de Estado en un comunicado.

El Ministerio también aseguró que destina un total de USD 35 millones mensuales para los pagos de 58.000 profesionales de hospitales públicos. Sin embargo, esto no se refleja la situación de los 170 trabajadores de la salud quienes recibieron contratos por servicios ocasionales. Finalmente, el MSP los separó de sus puestos el 31 de julio pasado.

Las trabas del Ministro Zevallos

El 20 de julio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos indicó que los salarios de médicos posgradistas están al día. Lo hizo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero no fue así, la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (ASEMP) desmintió el anuncio del ministro y realizó plantones permanentes.

A mediados de agosto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional le preguntó a Zevallos “¿Para cuándo van a estar al día con los sueldos de los servidores de la salud?”. La respuesta del Ministro fue “No sabría decirle una fecha exacta”.

Ley de Apoyo Humanitario

El Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario propone que los médicos posgradistas pueden acceder a una remuneración mediante una firma de contrato ocasional con el MSP o EL IESS. Los galenos son parte del personal de primera línea por la pandemia. La Ley fue aprobadA el 15 de mayo de 2020 por la Asamblea Nacional.

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