La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, cuestionó las acciones legales emprendidas por Guarderas para intentar frenar el proceso. Según Aguirre, el consejero presentó dos acciones de protección contra ella y la presidenta de la Asamblea , Viviana Veloz.

La primera fue rechazada por un juez, mientras que la segunda está en espera de resolución. Aguirre calificó estas medidas como intentos de intimidación y aseguró que no detendrán el desarrollo del juicio. «Rechazamos esa persecución. No le tememos a la Función Judicial. No nos van a intimidar. Continuaremos con este proceso en estricto apego a la ley», afirmó.

Guarderas denuncia falta de notificación y acusa motivaciones políticas

En un comunicado Guarderas sostuvo que no fue notificado oficialmente sobre las sesiones relacionadas con su juicio político. «No fui convocado a través de ninguno de los canales oficiales: ni Quipux, ni Zimbra, ni Lotus, ni al correo personal, ni mediante notificación física», afirmó el consejero.

Además, Guarderas acusó a la RC de buscar su destitución para ganar mayoría en el Cpccs, lo que permitiría al bloque designar a Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, en su lugar. El consejero señaló que esta maniobra ocurre en un momento clave, dado que el Cpccs está en medio de procesos de renovación de autoridades en entidades como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.

«Nos vemos en la Comisión», expresó Guarderas en días anteriores, aunque no acudió a la sesión de este 12 de diciembre.

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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El pasado 14 de mayo la comisión de Fiscalización convocó a la fiscal Diana Salazar para el tratamiento del Caso León de Troya y ‘La Madrina’, denominado por Fiscalía como Caso ‘Poder Policial’.

La funcionaria acudió a la comisión por primera vez en este período legislativo para explicar y aclarar el detalle de ambos procesos. Sin embargo, resaltó que los legisladores solo deben fiscalizar temas políticos y que en el ámbito judicial a ella le corresponde rendir cuentas a los jueces.

Después de aproximadamente dos horas de comparecencia se llamó en comisión general al exasambleísta Ronny Aleaga, quien previamente aseguró mantener cercanía con la fiscal y que ahora fue acusado en el Caso Metástasis »injustamente». Este llamado generó desconcierto en la sala por lo que la funcionaria y gran parte de parlamentarios abandonaron la sesión.

Las consecuencias

»Lo más grave del tema es haber suspendido la comparecencia de la fiscal Diana Salazar para recibir en comisión general a un prófugo y generar conflicto en la comisión porque eso es lo que se buscaba», dijo el presidente del Legislativo, Henry Kronfle a los medios de comunicación.

Además resaltó que la comparecencia de Aleaga no fue socializada previamente con los demás miembros de la mesa parlamentaria, a quienes también les tomó por sorpresa este llamado.

Asimismo, a través de un comunicado Salazar le dio un plazo de 48 horas a la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que revele a la Fiscalía el paradero de Aleaga, pues junto al asambleísta Lenin Barreto estarían cometiendo un delito al conocer la ubicación de una persona requerida por la justicia.

La otra versión

Por su parte la legisladora Aguirre aseguró que no conoce el paradero de Aleaga y que ella junto a los nueve asambleístas de la comisión recibieron al mismo tiempo un correo electrónico en donde el exlegislador pedía participar en la sesión.

»Es imperativo que a los nueve legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la justicia debe perseguir delitos, no personas», resaltó.

Además argumentó que al atender la solicitud del asambleísta Barreto no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario y que no es la primera vez que se recibe en el seno de una comisión a una persona que se encuentra investigada.

A vísperas de un juicio político

“No le tengo miedo al juicio político”, dijo en su intervención la fiscal Salazar y recalcó que su administración se ha caracterizado por no responder a temas políticos.

Antes de finalizar el mes de mayo, la comisión de Fiscalización deberá calificar el pedido de juicio político contra Salazar y recopilar las pruebas de cargo y descargo para el sustento del proceso.

Tras concluir el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, seguiría el caso de la Fiscal Salazar. Según los cálculos de la asambleísta Aguirre el proceso empezaría el 22 de mayo y admitió que los informes del Caso ‘León de Troya’ y ‘La Madrina’ también formarían parte del seguimiento del tratamiento del juicio político. (AGM).

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En la comisión comparecieron: la exauxiliar de servicios de la Presidencia de la República, María Alexandra Guarderas; la experta en Gestión Cultural, Andrea Encalada; y el doctor en Historia Juan Paz y Miño.

Guarderas alegó que varios funcionarios y servidores -en ese periodo- fueron implicados en la presunta sustracción de bienes del extinto museo. También, comentó que uno de los implicados enfrenta tres procesos judiciales y otro se suicidó al no poder justificar el enriquecimiento ilícito.

La exservidora mencionó que tres meses más tarde de la posesión de Lenín Moreno, el director administrativo ordenó desmantelar el museo «de forma secreta». Además, supuestamente solicitó que los objetos se trasladen a la casa de la reserva Militar y al Museo del Pasillo. Los expertos enfatizaron que este es un grave delito contra el Patrimonio Cultural del Ecuador.

Por su parte, Andrea Encalada, advirtió que reabrir el Museo será una tarea complicada, por no decir complicada, pues Guillermo Lasso recibió un inventario con apenas 3 mil piezas, cuando realmente eran 11 mil.

«No solo se perdieron objetos valiosos, sino que también se dejó de lado la memoria histórica y se cerró las puertas de un museo importante», añadió.

Guarderas recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene conocimiento de todos los sucesos. Además, la asambleísta Pamela Aguirre presentó la denuncia en febrero de 2022 por el presunto delito de peculado. Sin embargo, poco o nada se ha realizado dentro de esta investigación.

El muy ofendido…

Desde Uruguay y a través de su cuenta de X, el expresidente indicó que es «perverso» que se lo involucre en la desaparición de las piezas de Carondelet. Replicó todas las acusaciones con el argumento que él fue «presiente de la República y no guardalmacén de la Presidencia».

«La fijación del correísmo conmigo es enfermiza (…) Entiendo que les debe doler el haber desmantelado la egoteca de Rafael Correa», expresó.

El Decreto 501 obliga a los mandatarios a reportar todos los obsequios valorados en más de USD 400 y que hayan sido recibidos durante su periodo presidencial. “Nos damos cuenta de que parecería que era una práctica recurrente de Moreno el no reportar determinados objetos y guardarlos para él”, aseguró Aguirre en entrevista con La Calle en 2022.

Eran aproximadamente 3.000 objetos más que debieron haberse sumado a los 11.300 ya existentes. La lista no llegó ni a la tercera parte.

“Entre gallos de medianoche”

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

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La parlamentaria dijo en entrevista a Radio Pichincha que en los últimos 7 años los gobiernos de turno prefirieron realizar 1.700 mantenimientos reactivos y emergentes, pero solo 200 mantenimientos preventivos. Esta acciones insuficientes habrían ocasionado los cortes de energía a nivel nacional.

“Fernando Santos Alvite dijo que estaba orgulloso de no gastar un solo centavo en el sector público, que estaba orgulloso de no haber ejecutado presupuesto”, resaltó.

El informe de la Comisión

De acuerdo a la mesa parlamentaria de Fiscalización, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico.

A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

La entrada Lasso y Moreno podrían enfrentar cargos penales por crisis energética se publicó primero en La Calle.

El informe fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por parte de la asambleísta de Construye, Adriana García, quien señaló que no se tomaron en cuenta sus observaciones, en donde se pedía analizar los informes del expresidente de la comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio (+), respecto a Coca Codo Sinclair.

De acuerdo a la mesa parlamentaria, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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La mesa legislativa recibió la documentación de sus antecesores y llamaron a comparecer a varias autoridades para «concatenar los hechos». La asambleísta Gissela Garzón señaló que la presencia del Ministerio de Cultura, encargados de Patrimonio y otros funcionarios que mantengan una relación directa con los espacios implicados es esencial para otorgar respuestas.

El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, resaltó la necesidad de continuar con esta investigación con la presencia de un notario. «En dónde están los bienes que le pertenecen al país ecuatoriano», cuestionó.

En enero de 2024, los legisladores presentarán en el Pleno un informe de fiscalización de recomendaciones y conclusiones con posibles responsabilidades políticas.

«Entre gallos de medianoche»

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

En manos de la Fiscalía

En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por la presunta desaparición de los bienes. La entidad informó a Moreno y a su esposa, Rocío Moreno, que tiene una denuncia por presunto peculado en el caso. La denuncia la interpuso la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre.

También advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Civil, Presidencia de la República y Contraloría General del Estado (CGE) para que remitan la información pertinente de manera inmediata.

Moreno ahora tiene una acusación por el delito de peculado en la Fiscalía por desaparecer más de 8 mil piezas del Museo del Palacio de Carondelet”, afirmó Aguirre en entrevista con Radio la Calle.

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Antes de la disolución del Parlamento tras la declaratoria de muerte cruzada, el juicio político se encontraba en la segunda fase de interpelación, es decir, en donde los legisladores podían realizar una intervención. Hasta ese punto del juzgamiento político habían intervenido 52 de 137 asambleístas.

Después de este punto, los parlamentarios debían emitir su voto a favor o en contra de la censura del mandatario saliente. No obstante, él se adelantó a los hechos y ordenó la disolución del Legislativo.

¿Qué sigue?

El abogado constitucionalista Esteban Ron explicó a Radio La Calle la existencia de una anomía jurídica. Detalló que no existe una determinación legal respecto a si se puede continuar con el juicio político.

»Sería diferente si ya se pasaba directamente al proceso de votación. Recordemos que uno de los interpelantes ya no está en la Asamblea Nacional (Esteban Torres)», resaltó.

El jurista expone dos soluciones, la primera es que se emita un informe por parte del departamento jurídico del mismo Legislativo para que realizar un análisis normativo y que el Pleno emita una resolución. La otra opción sería solicitar una consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado (PGE).

¿Y los demás juicios políticos?

Por otro lado, Aguirre expuso que existen algunos juicios políticos pendientes en la mesa de Fiscalización los cuales son dirigidos a; los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Estos juicios presentan el mismo problema, los proponentes ya no están en el Parlamento. Ante la situación la Presidenta de Fiscalización pedirá asesoría a la unidad jurídica. Por su parte, Ron también especificó que para seguir con los procesos se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al no tener interpelantes la situación es difícil.

»Documentalmente sería bastante complicado que se nombre a otro actuario del juicio político», manifestó. (AGM).

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A la víspera de resolver la situación política del Jefe de Estado en la Asamblea Nacional, volvieron las intimidaciones a las legisladoras proponentes. Por su parte, el 11 de mayo la asambleísta Viviana Veloz (UNES) expuso un mensaje de texto con un contenido ofensivo y vulgar en su contra.

»Haber como acaban acostados y fríos con la cabeza cortada », dice el mensaje en cuestión. El texto fue enviado desde un número que comienza en +502, código correspondiente a Guatemala.

Varios asambleístas de UNES le manifestaron su apoyo y respaldo, entre ellos Fernando Cedeño y Gissela Garzón. Por su parte, la parlamentaria Pamela Aguirre recalcó que desde las anteriores amenazas, se presentó una denuncia en Fiscalía y aún no han obtenido respuestas.

Otro caso…

El mismo día, Mireya Pazmiño (PK-r) denunció que »se han metido con sus hijos». La legisladora responsabilizó al Gobierno Nacional por la seguridad suya y la de su familia. De igual manera, dispuso sus cuentas a la Fiscalía y a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para las respectivas investigaciones.

»Nadie me va ha quebrar y seguiré con fuerza y firmeza luchando contra la corrupción de este gobierno mafioso», dijo en un tuit.

No es la primera vez

No es la primera vez que las asambleístas son víctimas de amenazas. El 20 de febrero, Veloz denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las amenazas de muerte que recibió por la fiscalización del caso “El Gran Padrino”. El mensaje llegó mediante un volante colgado en el auto de uno de sus asesores. La nota decía I Vedekur que significa “difuntos”.

“Responsabilizo al señor Guillermo Lasso y a todo su equipo, que si algo me pasa a mí , a mi familia o a mis padres , serán ellos los responsables”, manifestó la asambleísta.

De igual manera, el 26 de abril Pazmiño confirmó que recibió amenazas de muerte en su móvil, luego de presentar una denuncia en Fiscalía en contra del presidente Lasso por presunto delito de peculado.

“Tengo amenazas, apenas presenté la denuncia, salieron amenazas hacia mi vida. Y ahora, como había de esperarse, también tenemos las amenazas de parte de los legisladores de esta mesa», dijo en la Comisión de Régimen Económico. (A.G.M).

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El proyecto aprobado este jueves 4 de mayo, unifica diez propuestas presentados desde el 2019. Su contenido integra 74 artículos, 12 disposiciones generales, 8 transitorias, 5 reformatorias y una final.

Marcos Molina (ID), legislador ponente, enfatizó en que el Estado debe garantizar los servicios de atención integral en salud mental a aquellas personas que se sienten solas, estresadas, frustradas, o cuando lloran constantemente.

Desde su perspectiva, muchas de ellas no saben cómo proceder ante esos cambios psicológicos, incluso biológicos ocasionados por la exposición a circunstancias sociales, geopolíticas, económicas y ambientales desfavorables.

Combatir el aumento de casos de suicidio es uno de los objetivos

El proyecto de ley pretende crear una red de salud mental entre instituciones públicas y privadas en pro del bienestar común. También busca cuidar de los desprotegidos como personas sin hogar, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes cuyo padecimiento sea un trastorno mental.

Pamela Aguirre (UNES) recalcó que este tipo de tratamientos son excesivamente caros. También explicó que el sistema de salud pública debe contar con un número de especialistas necesarios. Enfatizó que en los grandes hospitales, el máximo de médicos formados en esta área usualmente son diez. A su criterio «insuficiente» para atender las necesidades que demanda la población.

Johanna Moreira (ID) expuso que esto se trata de un tema de salud pública y un derecho reconocido en la Constitución, que debe ser atendido. Para dimensionar la problemática, la legisladora citó cifras oficiales otorgadas por el ECU911. En las mismas se revela que en 2022 se registró 258 suicidios y 438 intentos de quitarse la vida.

Ahora, dicho proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo.

JR

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El proyecto consiste en aumentar de diez a quince días el permiso de paternidad; y de nueve a doce meses, el permiso de lactancia. Se abre así la posibilidad de que las madres tengan derecho a un permiso de maternidad de nueve a quince meses.

En el pleno se aprobó este proyecto con 113 votos y ahora pasará a conocimiento del Ejecutivo para su veto o sanción. Desde la notificación del proyecto se otorgará 30 días para tomar una decisión.

El proyecto

La propuesta se propicia para promover que los hombres y mujeres trabajadoras o padres adoptivos, en goce de licencia de paternidad, puedan estar más tiempo con sus hijas e hijos.

El proyecto cuenta con 40 artículos, 11 disposiciones reformatorias, diez disposiciones generales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. La iniciativa se dio desde marzo del anterior año. Este jueves fue aprobado tras un segundo debate.

En el caso de la lactancia, las madres podrán tener las dos horas diarias hasta el primer año de vida del infante. En cambio, los padres adoptivos contarán con un permiso de 30 días a partir de la llegada del niño o niña al hogar.

Desde UNES

Para la asambleísta, Pamela Aguirre, «el objetivo de esta ley es conciliar la vida laboral con la vida familiar, garantizando el derecho de los niños, niñas y mujeres a ser cuidados».

La legisladora aseguró que es necesario que las madres y padres tengan el permiso correspondiente, sin ser afectados laboralmente. Además, de que instituciones públicas como privadas deben crear salas de lactancia. (D.C)

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«El desempeño de la función como autoridades de elección popular lo ejercerán de elección popular lo ejercerán únicamente para completar el resto de los respectivos períodos; por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección», reza el artículo.

El mandatario y sus funcionarios se amparaban bajo la idea que este mecanismo ya no es posible porque ya se solicitó en el Pleno de la Asamblea en junio de 2022. Sin embargo, esta opción no se agota por el simple hecho de presentarla.

Este recurso solo es efectivo cuando se obtiene 92 votos a favor y se llama a elecciones anticipadas. En el marco del paro nacional, esta opción se activó, mas no se ejecutó.

Activación de la destitución

La asambleísta Paola Cabezas (UNES) presentó esta petición por grave crisis y conmoción interna a causa de la vinculación de Lasso con el caso Pandora Papers. No obstante, la solicitud solo alcanzó 80 votos de los 92 que necesitaban.

Los votos a favor fueron de la bancada de UNES, casi la totalidad de Pachakutik, una parte de la ID y los rebeldes de esta bancada.

Un blindaje para Lasso

El líder socialcristiano Jaime Nebot admitió que Guillermo Lasso se ha mantenido en el poder gracias al blindaje político del Partido Socialcristiano. Así lo afirmó en entrevista para Radio Sucre la mañana del 24 de noviembre de 2022.

El líder conservador precisó que la oposición no pudo destituir a Lasso durante el paro de 2022 debido a que los socialcristianos, comandados por él, rechazaron la solicitud «correísta». (N.J.C)

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El 12 de enero, las asambleístas por UNES, Pamela Aguirre y Viviana Veloz denunciaron ante Fiscalía al cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, por supuestamente encabezar una red de corrupción en el sector eléctrico. Sin embargo, aún no se ha presentado a declarar.

«Es indudable que estos potenciales hechos delictivos deben ser profundamente investigados para sancionar con todo el rigor de la ley (…) independientemente del grado de familiaridad y cercanía que tengan con el primer mandatario«, reza el documento.

El Gran Padrino

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El supuesto entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada “El Gran Padrino”, expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (A.G.M).

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«Recibido el viernes 11 de noviembre de 2022, el proceso Constitucional, tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos por acción de protección con medida cautelar seguido por Fernando Villavicencio en contra de Virgilio Saquicela», reza el oficio.

Sobre la sanción

El 10 de noviembre, el CAL suspendió a Villavicencio por una queja de su homóloga por UNES, Patricia Núñez. La sanción se debió a comentarios ofensivos y discriminadores contra la legisladora. Asimismo, Villavicencio enfrenta otra queja (aún no tramitada por el CAL) de Pamela Aguirre.

El asambleísta se refirió a Núñez a través de Twitter: «Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia, Patricia Núñez» o «Esta señora de Ecomoda irá a acompañar a Glas (en prisión)».

En la otra queja, Aguirre lo denunció por haber calificado a la bancada de UNES como una «banda de mafiosos».

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Luego de darse a conocer una investigación realizada por Radio La Calle sobre una colección de 150 piezas arqueológicas en poder del expresidente Moreno en su residencia, en el edificio Las Cumbres al norte de Quito, la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre solicitó un allanamiento a la vivienda de la familia Moreno-Gonzáles.

Frente a esto, la tarde de este 25 de julio, la Fiscalía llegó hasta el domicilio del exmandatario acompañado de miembros policiales.

«La Fiscalía efectúa diligencias en la vivienda del expresidente Lenín M., en el contexto de una investigación previa por un presunto delito de peculado, relacionado con piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas de Carondelet», indicó la institución en su cuenta de Twitter.

Cabe recalcar que las piezas arqueológicas no desaparecieron de Carondelet, sino más bien son piezas que le pertenecen al Estado ecuatoriano y que actualmente adornan el departamento de Moreno.

Invitación a la Fiscalía por parte de Moreno

Tras el allanamiento, Lenin Moreno aseguró que se trataría de una invitación y catalogó la denuncia como «otro cuento».

«Como lo dije el 14 de julio pasado, hoy invite a Fiscalía a ingresar a mi casa para que constante que la denuncia de la asambleísta de UNES, sobre la tenencia ilegal de piezas arqueológicas, es simplemente otro cuento de los muchos que han inventado», expresó Moreno en su cuenta de Twitter.

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“¿Usted cree que a la mayoría de gente que está en esto le importa Yachay? Yo estoy convencido que no. No les importa. A veces me da la impresión de que no les importa ni a unos ni a otros, de que es simplemente una especie de campo de disputa política. A mí si me duele porque yo trabajo en educación superior y entiendo perfectamente que el proyecto puede ser potenciado si, efectivamente, se logra reorientar algunas decisiones y algunas cosas en lugar de seguir en esa disputa”, sostuvo en entrevista con Radio La Calle.

Para Barrera, Yachay debería convertirse en una universidad de doctorado, vinculada a proyectos de investigación. Sostiene que así fue concebido inicialmente. “Hay que darle condiciones para que tanto los profesores como los alumnos que están ahí tengan posibilidad de desarrollar proyectos. Hay que generar un régimen adecuado para que toda la inversión que se ha hecho no quede desperdiciada”, sostuvo.

El académico insistió en que es necesario tomar decisiones sobre temas de infraestructura, no obstante, cuestionó que esto no se hace porque “resulta más rentable que eso este así, porque a partir de eso se puede construir una lógica política”

En este sentido hizo un llamado para pulir el proyecto de la Ciudad del Conocimiento y, fundamentalmente, de la universidad.

“Colocar un proyecto educativo de esa magnitud como una especie de objeto de disputa política me parece absolutamente perverso, venga del lado que venga (…) Esas no son cosas de propiedad de nadie, no es de quien provisionalmente puede tener funciones, estas cosas son de la ciudadanía, son hechos con recursos de la ciudadanía, y en la medida que atienden derechos fundamentales, evidentemente deben ser protegidos, preservados y optimizados”, enfatizó.

¿Qué hacer con Yachay?

Augusto Barrera sostiene que hay que trabajar carreras de cuarto nivel, maestrías y fundamentalmente doctorados. Asimismo, dice que hay que evitar los errores conceptuales. “Es decir, si usted es la mejor alumna de periodismo de una universidad, yo como autoridad no puedo utilizar su capacidad, su esfuerzo, para reivindicar una institución políticamente. Que ahí existan extraordinarios profesores y estudiantes es una maravilla. Eso es parte de su esfuerzo. Yo a eso no le puedo dar un uso político, como tampoco puedo contraponer eso a lo que hace la Central, o a lo que hace la Politécnica (…) Es decir, no podemos decir que todo el demás sistema universitario es pésimo, mediocre y que solamente la excelencia está ahí. Ese es un error fatal, porque Yachay como todo el resto de Universidades, debe ser parte de un sistema de Educación Superior de Investigación y de Innovación que empuje al país”, explicó.

Respuesta a las declaraciones de Pamela Aguirre

Antes de votar el informe sobre las universidades emblemáticas, que fue rechazado, el pasado 22 de febrero, la asambleísta Pamela Aguirre de UNES dijo que desde el 2017 en adelante, con Lenin Moreno, se empeñaron en destruir todo lo que construyó la Revolución Ciudadana y que, a través de sus ministros, entre ellos, Augusto Barrera, decidieron paralizar una serie de construcciones y dejar el proyecto a medio camino. “Coartaron la posibilidad de seguir creciendo”, insistió Aguirre en una rueda de prensa.

Ante estas declaraciones, Barrera aclaró que fue secretario de Senescyt entre mayo del 2017 y agosto del 2018, y que ese periodo es su responsabilidad. Aseguró que tanto la universidad como la empresa pública tienen un régimen de gobierno y de responsabilidad diferentes.

“Cuando yo asumí las funciones de secretario (…) lo primero que recibí como secretario de la Senescyt fue insistentes, dramáticos pedidos, básicamente del rector, de los profesores y fundamentalmente de los estudiantes en relación a las condiciones terribles en las cuales ellos estaban recibiendo en ese momento su actividad. Es decir, había más o menos cerca de 1.000 estudiantes, pero teníamos un problema gravísimo. Y es que en la práctica esos 1.000 y pico de estudiantes tenían algo más de 12 aulas y cuatro laboratorios. Y, por lo tanto, tenían que recibir clases en las aulas del Instituto Superior Tecnológico, que no son de la universidad y que es una institución que queda ahí cerca. De hecho se utilizaban aulas de ese instituto. Entonces, cuando yo asumí la responsabilidad, evidentemente había un problema enorme y yo tengo los sustentos de las cartas de que era inviable mantenerse así”, contó.

Asimismo, enfatizó en que había edificios que estuvieron abandonados dos años antes de que iniciara su gestión. De igual forma dijo que fue después de su salida cuando se convirtió a Yachay en una especie de apéndice de Senescyt y después en la empresa. “Mientras yo estuve, lo que estábamos haciendo es consolidar, fortalecer y darle viabilidad al proyecto. La decisión que me parece absolutamente absurda de mezclar todo y de trasladar los bienes es una decisión que se toma dos años después”, aseveró.

“Para mí era importante precisar estar cosas. Hay la documentación y mi afán no es politizar. Insisto, mi mensaje central es que tenemos que ir más allá. Tenemos que precautelar los elementos fundamentales y evitar que Yachay se convierte en una especie de botín de disputa política (..) Es increíble, todos estamos discutiendo eso y pregunten cuantos cupos hemos abierto o si los famosos cambios a la Educación Superior se han cumplido, el ofrecimiento de que ahora todo el mundo puede entrar a la universidad”, cuestionó.

Barrera reiteró que Yachay no le pertenece a algún gobierno o a alguna persona.  “Por favor, dejemos de pensar así. El primer esfuerzo es comenzar a tratar esto por fuera de la polarización que lo único que hace es eso, convertir a Yachay en un pretexto del debate político, de la persecución, del encubrimiento o de la pelea política. Ojalá esto permita que salga de ese espacio, y pueda ser pensado de una manera diferente”, sentenció

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“Nosotros dialogamos con todas las bancadas y en todas existe malestar respecto al funcionamiento de la Asamblea Nacional, excepto en la bancada de CREO”, manifestó la asambleísta durante una entrevista con Radio La Calle.

Aguirre expresó que Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, violó la institucionalidad y atentó contra la democracia al apagar las luces, dejarlos sin micrófono y sin sonido, durante la sesión del pasado 24 de febrero.

“Llori ha salido en medios de comunicación a decir que conspiramos y a revictimizarse respecto a errores permanentes que ha cometido en su actuar parlamentario”, afirmó la asambleísta.

Respecto a la posibilidad de realizar una auto convocatoria, Aguirre sostuvo que se necesitan 92 votos para hacerlo. “El pueblo ecuatoriano necesita resultados, tiene temas urgentes que tratar y por eso deberíamos auto convocarnos, porque Llori no nos convoca”, sostuvo.

Por último, la legisladora recalcó que la Ley de Atracción de Inversiones es un proyecto de 260 artículos y muchos de estos artículos tienen como objetivo la privatización y permitir la venta de activos públicos.

“Es importante analizar que esta ley, de cierta manera, facultaría al presidente de la República para delegar a gestores privados que manejen espacios públicos”, aseveró la asambleísta.

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Aguirre dijo que en la administración del exmandatario Lenin Moreno desaparecieron los bienes que se encontraban en el Palacio de Carondelet y que fueron dejados por su antecesor, Rafael Correa.

«El museo de Carondelet era uno de los más visitados de todo el Ecuador. Significaba recuperar el valor ético de la política ¿Qué presidente deja sus regalos en el Palacio de Gobierno para que los ciudadanos puedan verlos? Nadie», expresó Aguirre a los medios.

El museo tenía 11 salas, de las cuales una se reservó para los objetos de los expresidentes y futuros mandatarios quisieran dejar en el lugar. «En total tenían más de 11.500 obsequios. No sabemos dónde están. (…) Hemos presentado esta denuncia por presunto peculado porque son bienes del pueblo ecuatoriano y no pueden desaparecer así como así», añadió.

Una pérdida millonaria

Los asambleístas señalaron que los bienes desaparecidos tienen un valor aproximado de USD dos millones. Aguirre también manifestó que la presidencia actual emitió un inventario, el cual no concuerda con los objetos que se dejaron en el término del mandato de Correa.

Además, la funcionaria expresó que se espera que Fiscalía inicie las investigaciones al respecto de ésta situación, se investigue a Moreno y se apliquen las sanciones de acuerdo a la ley.

El Museo de Carondelet

Antes de terminar su mandato, el expresidente Rafael Correa utilizó una de las áreas del Palacio de Gobierno como sala para presentar los obsequios que recibió. Entre los regalos se encontraban joyas, espadas y otros objetos.

Además del cierre del museo, por la pandemia las visitas al Palacio de Gobierno están suspendidas. No hay un pronunciamiento oficial sobre si el Palacio volverá a ser un lugar de visita para propios y extranjeros.

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