De acuerdo con el medio, Iván Saquicela, que en aquel entonces se desempeñaba como juez del máximo Tribunal, cuestionó la resolución de la magistrada Daniella Camacho y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre el caso.

El magistrado cuestionó que las acusaciones y supuestas responsabilidades contra el exjefe de Estado eran distintas a las que se presentaron en la causa inicial, es decir, reprochó que la jueza inició las acusaciones bajo los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita; luego los descartó y formuló nuevos argumentos.

“Analicemos. ¿Qué dice el escrito? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de junio. ¿Qué fue el 19 de junio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela (Camacho)? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso (Alexis Mera)?”, cita Página 12 sobre el audio filtrado.

Sin embargo, Saquicela falló en contra del exmandatario y tiempo después asumió la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En palabras de expertos en el tema, Rafael Correa fue acusado por una cosa y sentenciado por otra.

¿Qué dijeron los organismos internacionales?

El exjuez español Baltazar Garzón comentó que el caso lo analizaban organismos internacionales de Derechos Humanos ante una «clara persecución» contra el expresidente Correa y funcionarios de su administración.

Para el exjuez español, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso», expresó en Radio Pichincha.

La historia del caso «Sobornos»

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que Correa y 20 altos exfuncionarios fueron acusados de haber recibido coimas para la campaña de las elecciones de 2014. La FGE inició las investigaciones en 2019, donde sentenció al exmandatario por «influjo psíquico».

Además, la “prueba principal” fue un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez. Los escritos relataban supuestos montos de sobornos, recibos y documentos que carecían de una firma o rúbrica.

Otro de los implicados, José Conceição dos Santos (exdirector de la constructora brasileña Odebrecht) comentó que la empresa habría depositado USD 2,6 millones para la campaña de Alianza País en 2013 y otros USD 2,5 millones para las regionales en 2014. No obstante, el sujeto no estuvo involucrado en las acusaciones de la Fiscalía.

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“A Pamela Martínez le incumplieron el acuerdo. Le iban a dar seis o nueve meses y le ponen 36 meses. Entonces ella contacta a mi abogado para decirle: ustedes pueden ayudarme para buscar asilo y digo la verdad ¿Cuál era esa verdad? La propia Diana Salazar le obligó a hacer el cuaderno para inventarse pruebas contra nosotros y fingieron el allanamiento a su domicilio”, dijo Correa en una entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Correa agrega que Martínez no aceptó que implantaran documentos en su computadora y por eso le dieron 36 meses, a diferencia de Laura Terán que dio paso y le aceptaron la Casación. Por ello, Terán consta como cómplice.

Se vendió

El exmandatario indica que “luego de que se le dice que, si se puede hacer algo, todo el apoyo con gusto. Ella va a negociar nuevamente con los jueces y la fiscal y les dice: Yo les hago lo mismo que Chicaiza, les tumbo el caso. Fíjense que es la única a la que le aceptan la casación y le ponen nueve meses. Es decir, Pamela Martínez, la única corrupta en esta trama. Porque ella sí recibió plata de Odebrecht. Ella sí tiene enriquecimiento ilícito. Ella sí hizo una compañía a mis espaldas para la plata que recibió del tráfico de influencias”.

El 7 de septiembre, un Tribunal no aceptó el pedido de Casación para Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y 17 personas más involucradas en este caso. La sentencia de Sobornos 2012-2016 incluye ocho años de prisión y en el caso de Glas y Correa la perdida de su pensión vitalicia y sus derechos políticos por 25 años. Entre las medidas se encuentran otras como la colocación de una placa en el palacio de gobierno y un curso de ética.

Candidatura a la vicepresidencia

Sobre la precandidatura a la vicepresidencia de la República para las elecciones generales 2021, Correa expresó: “Hay varias alternativas, tenemos que decidir estos días. Claro que yo no puedo participar. No nos hacemos ilusiones. Todavía no está ejecutoriada la sentencia, pero porque faltan los recursos horizontales. Igual hay varias alternativas. Está Carlos Rabascall que participó en primarias. Muchos proponen a Pierina Correa. Otro grupo propone a María Elsa Viteri. Habrá que analizar estos días cuál es la mejor propuesta. Pero conmigo o sin mí en la papeleta, tenemos que derrotarlos”

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Frente al juicio, la asambleísta llamó a la reflexión sobre el desenlace del Caso Sobornos 2012-2016, que ratificó la sentencia a varios funcionarios coidearios del expresidente Rafael Correa. Según el documento, Bonilla expresa que el sistema de justicia ecuatoriano trabaja para perseguir y eliminar al enemigo político.

La casación

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Rafael Correa y Jorge Glas. Según Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ambos “irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos”. En el dictamen se señaló a Pamela Martínez como quien distribuía el dinero al partido político. Por su parte, los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores del delito de cohecho. Sin embargo, la decisión no fue tomada de forma unánime. El Juez Milton Ávila, no compartió de las conclusiones de los otros dos jueces, Javier de la Cadena y José Layedra.

Diana Salazar también señaló que en el caso de Viviana Bonilla y Cristian Viteri se modificó la sentencia. Según explicó la Fiscal, los ciudadanos habrían encubierto los hechos. Por este motivo, Salazar expresó que se trata de un fraude procesal, que según la funcionaria ya no es de tipo penal. Cabe mencionar que la resolución determinó pese a que uno de los jueces reconoció como válidos los argumentos presentados por la Asambleísta.

Viviana Bonilla y la Alcaldía de Guayaquil

Según las acusaciones, la funcionaría habría sido la beneficiada de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3’834.527,41 y a USD 320.000. Bonilla en su momento rechazó la denuncia y expresó “que nunca gestionó, recibió o distribuyó recursos de AP, en la campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, en 2014”.

Además, Viviana Bonilla, señaló que los medios de comunicación fueron cómplices del hecho. Catalogó que es una “farsa jurídica concertada por las altas autoridades del Estado”. Por ello, adelantó que en instancias internacionales el Caso Sobornos será evidenciado como fraude procesal. De esta manera, anunció acudir a Cortes Internacionales en busca de justicia, que según palabras de la ciudadana le ha sido “esquiva”. (AB)

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