Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso trataron de implementar esta disposición y la única opción de los ecuatorianos fue salir a las calles a protestar. No obstante, la represión fue la respuesta que recibieron del gobierno.

Pese a que esta medida se había suspendido en 2022, Lasso presentó un proyecto en el que revivió quitar el subsidio a los combustibles y se desató otro paro en la capital.

La entidad señaló que otro problema para que el programa crediticio no prospere son las modificaciones que recibió la reforma tributaria.

El FMI mencionó que se aplicaron gran parte de las condiciones del programa, pese a que existieron algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales.

Para la entidad financiera, la solución para garantizar la sostenibilidad fiscal es «profundizar las reformas económicas» y con eso abrir campo a otros mercados de deuda. Pero los datos muestran otra realidad, pues ni Lasso que se aferró a esta entidad pudo reducir el déficit fiscal.

De hecho, el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.

El FMI evaluó el programa crediticio de USD 6.500 millones que se dio a Ecuador entre septiembre de 2022 y diciembre de 2022. Según la institución, ese financiamiento «permitió una reestructuración de la estabilidad económica tras la pandemia por Covid-19». No obstante, analistas y economistas ratificaron que Ecuador es uno de los pocos países que no logra superar la crisis que generó.

La relación tóxica con el FMI

Aunque la propia entidad detalló que solo se deben realizar préstamos como última opción y en casos excepcionales, el país generó casi una dependencia a esta institución.

Hasta el 18 de abril, Ecuador estuvo entre los cinco primeros países que más deben al FMI. La deuda superaba los USD 8.200 millones y sus posibilidades de crecer aumentaban.

La deuda con el FMI creció aún más con el último acuerdo de 2022, en el que Lasso pidió USD 700 millones “para beneficio del país”. El expresidente Lasso siempre consideró a esta entidad casi como un Dios que podía remediar los vacíos económicos.

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Oportunidades hubo, pero para el gobierno de Lenín Moreno, del que fue vicepresidente, que pagó deuda y adquirió más deuda en los meses más duros de la pandemia del COVID-19 que dejó, hasta septiembre del 2022, aproximadamente 35.884 fallecidos en el país, según cifras del Ministerio de Salud. En total, entre 2020 hasta abril del 2022, el país registró 247.485 fallecidos por varias causas, según el Registro Civil. La mortalidad subió en nuestro país.

Oportunidades no hubo, en cambio, para los ciudadanos que caían fulminados en las calles del Ecuador, principalmente en Guayaquil, donde la COVID-19 mostró su cara más cruel. Las prioridades, sin embargo, estuvieron en otro lado.

Sonnelholzner continúa y dice que en lo financiero existieron ciertas opciones que «ojalá pudiera existir ahora. El Ecuador debía USD 17.000 millones en esa época en bonos. Fue una renogociación de deuda de bonos. Pagó (el Ecuador) USD 300 millones».

El candidato le pone a la periodista un ejemplo. Si a ti el banco al que debes USD 17.000 te dice que pagues USD 300 ahorita y no pagues nada más hasta cinco años. Sin subir el interés y te entrega USD 10.000, ¿aceptarías?, le interroga. Ella responde que si tiene su hijo enfermo y ese dinero puede comprar medicinas para curarlo, no le pagaría al banco.

¿Qué pasó en 2020?

Si para Sonnenholzner el pago de deuda es una bendición, para el país, que afrontaba una pandemia sin buena infraestructura hospitalaria, sin medicinas y casos de corrupción en hospitales que posteriormente se conocerían, fue una maldición.

El pago, que se hizo en marzo del 2020, fue desmentido por el entonces ministro de Economía, Richard Martínez en abril. Dijo que el pago de los bonos 2020 por USD 326 millones solo fue del capital y que USD 197 millones no se habían pagado.

El economista Marco Flores dio información distinta a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, ya que en la bolsa de valores de Luxemburgo, donde reposaban los bonos y nuestra deuda, se hallaron documentos de pago.

“En la bolsa de valores de Luxemburgo es donde se registran los bonos de deuda”, dijo al tiempo de informar que en la organización hay dos documentos oficiales del gobierno ecuatoriano. “El uno cae en el plano de no haberle dicho la verdad al país. Se pagaron también los intereses de los bonos 2020”, aseguró.

No solo eso, sino que había un segundo documento, donde el ministro Martínez, a nombre de la República, se comprometía a pagar desde agosto del 2020 sin período de gracia. Es decir, que los intereses de los tenedores de deuda con un valor de USD 811 millones. No solo no ahorramos dinero, como aseguraba el expresidente Moreno, sino que debíamos pagar desde agosto cuando el país seguía luchando contra la pandemia.

Más deuda

Los bonos global 2020 no eran los únicos que debíamos pagar. Según el Observatorio de la Dolarización, el gobierno pagó USD 865 millones de capital y 71 millones en intereses y comisiones por concepto de deuda externa a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc, en abril de 2020.

Entre agosto y octubre de 2018, el Estado realizó una apuesta especulativa y la perdió. Para febrero y abril de 2020, el país devolvió la liquidez prestada. “Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, gobiernos locales, proveedores del Estado, la seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual -e incluso adelantada- fue a los bancos de Wall Street”, decía el análisis del Observatorio de la Dolarización.

A eso hay que añadirle los préstamos que Moreno pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros multilaterales para asumir la crisis de la COVID-19. Una deuda que heredó Guillermo Lasso. En ambos gobierno, los intereses de los organismo multilaterales están por encima de los de los ciudadanos. Todavía tenemos deuda externa que pagar. (MIB)

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El precio de las viviendas descendió hace 31 meses y se ubica en el nivel más bajo desde el inicio de la serie, en diciembre de 2017.

Según el presidente del Colectivo Positivos, Henry Yandún, esta reducción se debe a la construcción de más viviendas en un lugar de menor valor, como las Viviendas de Interés Público (VIP), destinadas a núcleos familiares de ingresos medios, o de interés social (VIS), entregadas por el Gobierno Nacional.

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en 2022 se crearon más de ocho mil unidades habitacionales, detalla Primicias.

En 2023, estos proyectos están valorados a un precio menor. Es decir, las VIP van de USD 80.104 a USD 103.050; mientras que las VIS cuestan USD 80.100. Aunque estas útimas habitaciones registraron una disminución en 2022, despegaron en 2021, pues se crearon 7.976 casas.

Casas usadas con menos valor

Desde enero de 2019, las casas usadas disminuyeron su valor en un 9.4 %. Al momento cuesta USD 1.138. Para Yandún, esta reducción se debe a los nuevos modelos arquitectónicos que son más sustentables.

El precio de las casas nuevas estaba en USD 1.537, en enero de este año. Es decir, representó una disminución del 1 % en relación al 2022 y del 3.4 % con respecto a enero de 2019.

Sin embargo, las viviendas en preventa son más costosas. El precio promedio del metro cuadrado estaba en USD 1.693 con una reducción del 2.8 % en relación a enero del 2023.

Mientas que los alquileres volvieron a su precio promedio tras recuperse de la pandamia. Hasta enero de 2023, el arriendo estaba en USD 458 mensual, precio que estaba en diciembre de 2019. (N.J.C)

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Según las «noticias», la Alcaldía tuvo un plan de emergencia ante la crisis por el coronavirus. En entrevista, Viteri aseguró que su gestión logró reducir el número de muertos de 700 a 38 en 31 días. Su manejo de la pandemia tuvo resultados «impresionantes» de un día para otro. En el publirreportaje también participa su hija alabándola. Lo mismo hicieron los presentadores al finalizar el audivisual.

A todo esto, ¿quién pagó por estos «productos periodísticos»?, ¿los gastos corrieron a cargo del Municipio de Guayaquil, con dinero de los ciudadanos?, ¿y las noticias sobre los cadáveres arrojados en fosas comunes y en fundas de plástico?

Aguanta… ¿y la otra cara de la moneda?

Bueno, solo hay una cara de la moneda; y no es como la pintan los medios argentinos. En abril de 2020, la BBC publicó un reportaje que demostraba que la ciudad de Guayaquil tuvo más muertos por Covid-19 que países enteros.

Ni siquiera la prensa nacional pudo tapar esta realidad. El sistema de salud estaba tan abandonado que las muertes provocaron una crisis en el sistema funerario. La gente era arrojada en fosas comunes envueltas en fundas de plástico. Fue imposible un entierro digno para las personas.

Los guayaquileños morían en sus casas y en las calles, y nadie podía socorrerlos. Los cuerpos se descomponían frente a sus familiares. En vano se comunicaban con el sistema de salud, no habían citas o no se podían agendar. Si tenían suerte, por llamada telefónica, los funcionarios recomendaban tomar paracetamol y reposo.

Durante la última semana de marzo, 300 cadáveres fueron recogidos por la Policía. Miles de personas murieron por la desatención del Municipio y del Gobierno de Lenín Moreno. Hasta el día de hoy se desconocen las cifras reales.

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Según Primicias, en la encuesta realizada por Unicef más de mil niñas entre 10 y 14 años dieron luz en el 2021 y en adolescentes de 15 a 19 años hubo más de 39 mil partos. “Hay que recordar que el Ecuador es el segundo país en la región con un alto índice de embarazos adolescentes después de Venezuela”, enfatiza una de las representantes de Unicef, Luz Ángela Merlo.

Maltrato físico o psicológico en niños

Además, de los 1.800 hogares que participaron en la encuesta se evidenció que uno de cada siete niños ha sufrido maltrato físico o psicológico en sus hogares. El representante de la Unicef, Paúl Guerrero explicó que este tipo de maltrato se materializa en “golpes, insultos, gritos, bofetadas o nalgadas”.

Del mismo modo, Luz Ángela Merlo explicó el posible destino que tienen los niños y niñas víctimas de violencia. “Un niño que está expuesto a la violencia puede convertirse a futuro en un maltratador. Y, una niña que sufre un panorama similar tiende a normalizar la violencia y se acostumbra a ser una víctima”, comentó.

Unicef indicó que estos problemas continúan agravándose. Es decir, los niveles de violencia infantil incrementaron en los últimos 15 años y los problemas de deserción escolar y desnutrición infantil afectan a más del 27 % de niños de dos años.

Para Merlo, una de solución a esta problemática es la inversión en la infancia. “Una mayor inversión trae menos violencia, pobreza e inseguridad. Es necesario que el Estado cree políticas públicas para erradicar los problemas que los aquejan a los niños y niñas”, puntualizó.

Asimismo, otro delegado de la entidad, Juan Quiñónez señaló que se han reunido con varios ministros de Economía de diferentes gobiernos para solicitarles un incremento en el presupuesto para los niños. Sin embargo, cada uno de ellos mencionaron que existen “otras prioridades”.

(N.J.C)

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«Tenemos que hacerlo de manera formal a través del COE y es gracias a un proceso de vacunación desde hace un año. Es una decisión que se tomará en el COE junto al Ministerio de Salud. En 10 días lo anunciaremos. Esto significa que retomaremos nuestra normalidad», dijo el primer mandatario.

Salud y externalización de medicinas

El gobernante también habló sobre la situación de salud en el país. «El problema de la salud, por un lado el IESS y por otro el Ministerio de Salud. Estoy consciente de que faltan muchas cosas por hacer, pero hablemos de medicinas porque arrancó ya el programa de externalización de medicinas de manera digital».

El sistema funciona a través de una receta entregada en el hospital y que se reclama en cualquier farmacia integrada en el plan. Se han brindando 77.000 recetas hasta el momento en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí. «Encontramos un problema de corrupción. Se pagaba en el hospital medicinas de hasta USD 0.95 cuando algunas cuestan hasta USD 0.15. Con el nuevo sistema vamos a eliminar la corrupción y daremos una mejor atención». (MIB)

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Proceso legal

El 15 de septiembre de 2020 se formularon los cargos hacia el alcalde de Guamote. Los oficios fueron planteados por la compra irregular de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. El 23 de febrero de 2021, Quishpe solicitó la apelación de su caso, la Corte de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso.

En noviembre del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote y los dos funcionarios municipales. El delito fue comprobado por la entidad por medio de las certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial.  

El Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró la culpabilidad de los funcionarios en el hecho como autores y coautores respectivamente. Tras dos años en el proceso, el 30 de septiembre de 2022 la Corte ratificó la sentencia.

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Toapanta dice que la Corte debería dar las pautas para el alcance de los derechos laborales en un contexto de crisis, lo que epresentaría un ‘paraguas’ para las futuras reformas laborales. También sostuvo que la Corte, apenas conoció el caso, decidió tratarlo como ‘preferencial’, no obstante, eso no ocurrió y solo se convocaron a dos audiencias que no significaron un mayor avance.

Añade que se van a cumplir ya dos años de estas demandas sin respuesta. Pero, también hay otra vía para declarar la inconstitucionalidad de la «Ley Humanitaria»: la Asamblea Nacional. Cuando se implementó la ley, se determinó que su derogación era solo a través de la decisión del Pleno Legislativo.

Sin embargo, ello no sería tan factible ya que se trata de decisiones políticas y no técnicas, como las de la Corte por lo que su resolución no sería inmediata ni óptima. Aunque, Toapanta expresa que a pesar de haber presentado más de 20 demandas de inconstitucionalidad a la «Ley Humanitaria» y no haber recibido sentencia, la Asamblea no podría impartir estándares de derechos laborales.

Es decir, podría derogar o modificar la norma, mas no definir las pautas de derechos, lo que sí puede hacerlo la Corte. «La Asamblea trata otros temas de mayor prioridad debido a la coyuntura actual», acotó.

¿Cómo trata la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Humanitria?

«Hay jueces y juezas de la Corte que en su libre ejercicio profesional también representan al sector empresarial. O que cuando estaban en instituciones públicas, tuvieron una inclinación al sector empresarial», afirmó refiriéndose al ‘temor’ de que la votación de la sentencia se podría ver limitada.

El colectivo exige que no solo declare inconstitucional a esta ley, sino que sea «un fallo reparador para las miles de personas que en este momento se encuentran precarizadas por esta ley». Pero, explica que si la Corte emite un fallo negativo, volverán a acudir a la Asamblea «con menores posibilidades de actuar».

Dijo que en casos puntuales que lo requieran, acudirán a instancias internacionales, pero que esto tarda mucho más tiempo.

La ley humanitaria

En 2015 se eliminó la norma de contrato a plazo fijo en el Código Laboral, pero esta se volvió a implementar en 2020, con la excusa de la pandemia y el mantener las plazas de trabajo. Esta vez se denominaron «Contratos Especiales Emergentes».

Esto significa que el empleador puede reducir la jornada laboral junto con la remuneración correspondiente. Actualmente, hay al rededor de 100 mil personas que cuentan con este contrato.

Toapanta explica que incluso los microemprendimientos y negocios que recién empiezan se acogen al uso de estos contratos de plazo fijo. Ella explica que ninguno de estos negocios puede justificar el uso de los contratos especiales emergentes ya que se deberían usar en un caso de crisis económica como el de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

La coordinadora del colectivo aseveró que a dos años de la implementación de esta ley, se han perdido más de un millón de empleos estables. Muchas personas fueron obligadas a firmar ‘renuncias voluntarias’ para luego, en el mejor de los casos recontratarlas con un contrato de plazo fijo, según explica.

El empleo precario alcanza el 30%; miles buscan trabajo y otros abandonan el país

Con ello, dice Toapanta, se perdió estabilidad y antigüedad de los trabajadores y, actualmente, el contrato especial emergente es el segundo más usado en el país. .

¿Quienes son los beneficiarios de la Ley Humanitaria?

Toapanta revela los sectores en los que se encuentran la mayoría de este tipo de contratos: sector agroindustrial, florícolas, empresas de lácteos, comercio y floricultoras. Estos sectores se han visto beneficiados por estos contratos que ni siquiera contemplan una diferenciación o focalización de qué tipo o qué empresas pueden incorporarlo.

«Nos preocupa que no exista ningún control por parte del Estado, porque no es necesario que el empleador alegue que está pasando por una crisis de cualquier tipo. Sino que la ley se convirtió en una facultad de cualquier empleador en cualquier momento sin necesidad de que atraviese una crisis», manifestó Toapanta.

Mencionó que el Estado también resultó beneficiado con la Ley Humanitaria, pues la Corte declaró al artículo 25 de esta ley -que ratificaba el nombramiento permanente del personal médico- inconstitucional. Por ello, gran parte del personal público de la salud fue desvinculado a pesar de su derecho al nombramiento permanente expuesto en la norma.

Ante esta situación se han presentado numerosas demandas y el sector empresarial no se ha quedado atrás durante estos años, pues logró que se apruebe esta ley que les ha convenido en cuanto a sus ganancias. No obstante, buscan más retrocesos laborales, advierte Toapanta.

Con ello se refiere al impulso de la reforma Laboral por parte del Ejecutivo, la cual es «altamente precaria», en cuanto a derechos laborales y favorece al sector empresarial.

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En el estudio, el índice de democracia bajó de 5.37 en 2020 a 5.28 en 2021, el nivel más bajo desde 2010 según la sección de investigación y análisis del grupo (EIU).

El documento indica que Ecuador junto a México y Paraguay fueron relegados de ‘democracias deficientes’ a ‘regímenes híbridos’. Senegal, Ucrania, Hong Kong y Bangladesh también comparten espacio en esa lista.

“Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo. A esto se suma la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales”, señala el estudio.

Otros países

España en 2021 pasó en 2021 de tener el estatus de ‘democracia plena’ al grupo de países de ‘democracia deficiente’, donde se encuentran Israel, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.

Países como Luxemburgo, Suecia y Reino Unido (el cual se acerca a las democracias deficientes al haber perdido dos posiciones) se encuentran en democracia plena. A esta categoría también pertenecen Uruguay, Costa Rica, Japón, Mauricio y Corea del Sur.

Por el contrario, Ruanda, Venezuela, China, Argelia, Rusia, Nicaragua, Vietnam, Egipto y Cuba se encuentran entre los ‘regímenes autoritarios’. Aunque el país que se encuentra hasta el final de la lista es Afganistán, clasificado como el país menos democrático del mundo. Afganistán está bajo el gobierno de los talibanes desde mediados de 2021.

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“Nos ha preocupado que en dos días, de 1.200 contagios hayan subido a más de 4.100 contagios diarios”, manifestó Sánchez. Explicó que el aumento de contagios es la razón principal para postergar las movilizaciones. Asimismo, indicó que fijarán una nueva fecha, siempre y cuando, los contagios vayan disminuyendo.

Durante la rueda de prensa, participó también el epidemiólogo y dirigente de la Federación Médica, Alberto Narváez, que explicó la actuación de Ómicron. Reiteró que esta variante es de mayor transmisión, lo que podría saturar el sistema de salud.

 “Vamos a tener, por lo menos, unas cinco o seis semanas de transmisión y luego llegaremos al pico, aunque la disminución de transmisiones será lenta”, afirmó el experto.

Por otro lado, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, criticó al Gobierno, respecto al manejo de la situación sanitaria, el aumento de contagios, las medidas económicas y, sobre todo, por la vulneración de los derechos de los trabajadores. Expresó que el país se encuentra en una pandemia de corrupción e ineficacia.

“Señor Guillermo Lasso, vamos a postergar la movilización, pero cuidado, la crisis es dura y la movilización puede darse en cualquier momento si los ecuatorianos ven que su gente está muriendo”, sentenció.

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“El 30 de diciembre fueron despedidos médicos y sanitarios de los hospitales de las FF.AA. Presenté este martes formal reclamo administrativo. Felicito a la Fuerza terrestre por la respuesta. Van a devolverles sus trabajos. Para esto se estudia derecho, para defender al más débil”, publicó el abogado.

El documento señala que el personal médico y sanitario se reincorporará a partir del martes 11 de enero del año en curso. Asimismo, indica que la Dirección de Fortalecimiento de la autoridad militar realizará una prórroga a sus contratos.

En total son 32  médicos generales, cuatro enfermeros/as y dos médicos especialistas, reza el comunicado.

Despidos médicos

En lo que va del 2022, fueron 45 trabajadores de la salud, pertenecientes a las unidades médicas de las Fuerzas Armadas no se les renovaron sus contratos el pasado 3 de enero de 2022. De esta cifra, los 38 nombrados vuelven a sus labores.

Situaciones similares viven los médicos del Hospital del IESS Quito Sur, donde médicos, laboratoristas y otros profesionales reclaman ante la inestabilidad en sus cargos.

En el Hospital San Francisco del IESS se renovó contratos de manera ocasional, por los próximos 60 días. Es decir, en marzo de 2022, varios trabajadores de la salud engrosarán las tasas de desempleo.

Finalmente, el pasado jueves el Hospital Pablo Arturo Suárez terminó su relación laboral con el único infectólogo de la casa de la salud. El centro argumentó que, supuestamente, el despido se debería a que el galeno tiene título de internista y no de infectólogo.

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«Estimado presidente, esto es falso (…) Alguien le está pasando datos que no son y además engañando que al 85% en enero Ecuador tendría inmunidad colectiva. No hagan la pandemia algo político», dijo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, insisitió en que es entendible que todos quieran escuchar que en enero existirá inmunidad colectiva en Ecuador, que no habrá casos, hospitalizaciones ni fallecidos. «Pero eso no es realista, ni ayuda a prevenir la ola que tenemos.”, dijo Oporto en sus redes sociales.

Las declaraciones oficiales

El presidente Lasso, en su cuenta de Twitter, aseguró que Ecuador está dentro de los 10 países con mayor vacunación en el mundo. También indicó que el Ministerio de Salud está vacunando y haciendo pruebas de detección del COVID-19.

De igual forma, en días anteriores, la Ministra de Salud, Ximena Garzón, anunció que el 85,01 % de la población ha recibido una dosis (13´683.382 personas) y el 77,83% (12´528.430) las dos dosis.

En entrevista con El Universo, Garzón afirmó que hasta mediados de enero del 2022 se llegaría al 85 % de inmunidad colectiva, pero que esto dependería de la colaboración ciudadana.

Ante estas declaraciones, Oporto explicó que es imposible lograr esa meta. “No se enteraron de muchas variables como la disminución de efectividad de vacunas y variantes como Delta y Ómicron, reinfecciones. El virus no va a desaparecer porque se vacune un 2% más de la población”, detalló el experto.

Asimismo, cuestionó que no se expongan las cifras reales del proceso de vacunación. «El proceso de vacunación es muy bueno, solo den las cifras como son. No hay necesidad de mentir por temas políticos», argumentó.

De igual manera, sostuvo que de existir inmunidad colectiva con dos dosis, no habria necesidad un refuerzo. «Si en enero existirá inmunidad colectiva con dos dosis, ¿para qué los refuerzos? ¿Ya no los aplicarán?», cuestionó.

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No fue el único. Entre 2019 y 2020, 63 grupos económicos aumentaron sus ganancias. «Eso demuestra que, “con las reglas de juego a su favor”, los shocks externos son gestionados de manera interna para proteger a las élites. Desde esa perspectiva, estos 63 Grupos Económicos obtuvieron aproximadamente más de USD 1 400 millones adicionales en conjunto en el año de pandemia», analizó la Unidad de análisis de coyuntura de la Universidad Central del Ecuador.

De acuerdo con el análisis surgen varias interrogantes tras la oficialización de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. «¿Por qué se envió una ley con tantos articulados, si con un cobro de impuestos a estos 63 Grupos, grandes ganadores, se hubiera obtenido recursos sin afectar a la clase media?», se pregunta el artículo.

El top 5

En primer lugar de esta lista está Aurelian Ecuador que pasó de USD 1.78 millones en 2019 a USD 358.82 millones en 2020. Le sigue Holding Grupo Difare de USD 911.16 millones a USD 1016.75 millones.

En tercero está GISIS que tenía USD 409.51 millones y subió a USD 500.24 millones. El quinto puesto es para La Fabril que contaba con USD 641.22 millones y en 2020 recolectó USD 717.12 millones.

De acuerdo con la unidad de análisis, «al momento de reflexionar sobre el aumento de las fortunas de los más ricos en este periodo, es necesario preguntarse ¿Cómo es que construyeron ese entramado? Porque proporcionará pistas para desarmarlo y redistribuir progresivamente un evento de tal magnitud; así como aplicar políticas que permitan resarcir el acumulado de desventajas que han posicionado a ciertos actores privilegiados en la cúspide de la sociedad».

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El organismo señala que, hace aproximadamente un mes, el país y el Distrito Metropolitano de Quito han tenido un repunte de casos positivos de COVID -19. “En nuestra ciudad ese pico fue transformándose en un aumento leve, pero sostenido que ha ido incrementando la demanda de camas hospitalarias y de cuidados intensivos en los hospitales centinelas. Así como el aumento de consultas con sintomatología leve a moderada, en unidades médicas de primer nivel de atención públicas y privadas”, señala.

Además, argumenta que investigadores y expertos han manifestado que la variante Delta es la predominante. “A eso tenemos que sumar, el aumento de relajamiento por parte de la población que no entiende que el virus aún es comunitario y, cualquier violación de las medidas de bioseguridad, constituye un riesgo para su salud, la de su familia y de la población en general”, enfatiza.

El Colegio de Médicos de Pichincha dice que fue una desacertada decisión ampliar el feriado a 5 días. Considera aún más peligroso permitir festejos masivos por las fiestas de Quito, teniendo un aumento de 1.200 nuevos casos positivos, en los últimos 15 días.

Finalmente, solicitan a la comunidad disciplina y responsabilidad en la utilización de las medidas de bioseguridad. También piden a quiénes aún no se vacunan que lo hagan de manera inmediata y, sobre todo, que no acudan a los eventos masivos por las fiestas de la capital.

“Las celebraciones se las puede realizar en cualquier otro momento, la vida termina y no hay vuelta atrás. Hoy más que nunca, solicitamos que actuemos con responsabilidad, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de todos”, manifiestan.

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En este base de datos quedaron expuestos nombres, números de cédula, teléfonos, diagnósticos, historial clínico, entre otros datos custodiados por el MSP. Esto implica una vulneración a la privacidad de los pacientes. Además, entre estos datos consta también información médica de niños y adolescentes.

Si bien, en horas de la tarde del mismo día, se retiró la base, el Ministerio de Salud no ha aclarado cuantas veces fue descargada la información confidencial. Tampoco ha emitido algún comunicado al respecto.

Ante estos hechos, el especialista en datos, Carlos Oporto, recordó en su cuenta de Twitter, que anteriormente el MSP publicó una base de datos no anonimizada e instó a la institución a tomar los correctivos pertinentes, para no poner en peligro los datos de la ciudadanía.

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Es decir, en la región, el porcentaje de personas más ricas aumentó en 41 puntos porcentuales y el patrimonio combinado subió a 69%.

Los datos aparecen en un análisis hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, comparando marzo de 2020 con mayo de este año, según datos publicados por la revista Forbes.

Por países, la lista de los que tienen el mayor número de multimillonarios está encabezada por Brasil, México y Chile, seguida por Perú, Colombia y Argentina.

Desigualdad y pobreza

«La desigualdad en la región ha crecido mucho durante la pandemia», le dijo a la BBC Mundo Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Los sectores de dominio de los súper ricos están en 4 lugares. Financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud.

Para López-Calva, «estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo» y advierte que «cuando la concentración de recursos se traduce en una concentración del poder político puede provocar un círculo vicioso», que en la práctica retroalimenta la brecha.

Una de las soluciones para este funcionario es una mejor regulación y distribución de los recursos. Por lo que las reformas tributarias deben estar destinadas a este sector de la población en la recaudación de impuestos.

Los ricos

El porcentaje de ricos creció también por la situación favorable de Wall Street. Las personas con grandes fortunas en América Latina invierten en la bolsa de valores y por eso aumentan su patrimonio.

«En pocas palabras, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos», indica un artículo de BBC Mundo.

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“Ningún gobierno, ninguna familia logró cumplir sus objetivos, cuando el planeta se paralizó a causa de la pandemia. Ningún gobierno, ninguna empresa que haya recibido saqueada y quebrada su economía pudo cumplir sus metas”, dice parte del documento  tras el rechazo del informe.

El exmandatario no solo culpó a la pandemia y al gobierno del expresidente Rafael Correa sino también a la caída del precio del petróleo. Sin embargo, Moreno expresa que salvó al país de ser Venezuela.

“Logramos salvar al Ecuador de las manos mafiosas, dictatoriales que han destruido Venezuela y Nicaragua e hicimos todo lo posible para evitar que existiera impunidad […] “Transparentamos la economía, desnudamos las cifras sociales maquilladas, renegociamos la deuda cara, salvamos la dolarización”, añadió.

Rechazo en la Asamblea

En votación del Pleno, la Asamblea Nacional decidió, por unanimidad, rechazar el informe de gestión de Moreno y enviarlo a Contraloría y Fiscalía General del Estado paa su análisis.

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Quito 2 de may (La Calle).- De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, Ecuador se posiciona como el país que menos invirtió en rescate económico de su población junto a México con el 0,7% de su Producto Interno Bruto. Entre los países que destinaron más presupuesto está: Brasil (8,8%), Chile (8,2%), Perú (7,3%), Bolivia (5,1%), Colombia (4,1%) y Argentina (3,9%).

De acuerdo a un informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ecuador no recuperaría su Producto Interno Bruto (PIB) del año 2019 hasta el año 2025.

El economista Marco Flores, por su parte, advirtió en una entrevista a Radio La Calle: “El dinero que el Gobierno recibió en 2019 de los multilaterales sirvió para el pago de la deuda. Esto quiere decir que la situación más dura de la economía la va a tomar el siguiente Gobierno porque este solo se dedicó a gastar”.

¿Si no acudimos al FMI colapsaremos?

El analista manifestó que la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) no es la vía adecuada para enfrentar la pobreza y el desempleo. “La mejor forma de reducir el tamaño del Estado es hacer que el PIB crezca y es justamente lo que no hacen las autoridades, preocupados de generar ganancias para ellos”, manifestó.

El economista aseveró que más allá de las posiciones ideológicas, el próximo Gobierno debe socorrer a su pueblo. “La buena política económica es aquella que produce buenos resultados y el bien común. Si la economía no produce eso no sirve para nada”, concluyó.

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Quito 30 de abr (La Calle).- Desde el inicio de la pandemia, Rony Jimenez de la empresa Gran Vía Motors comenta que la venta de motocicletas eléctricas aumentó debido a los beneficios de movilidad.

Frente a la demanda, la Secretaría de Movilidad procesa la regulación de este medio de transporte.

«A finales de octubre de 2019 empezamos a vender las motos eléctricas. La empresa vio la oportunidad por las trabas que puso el Gobierno a los transportes. Si comparamos los precios entre una moto a combustión y una eléctrica, esta última es relativamente barata y no necesita presentar documentación», señaló.

En un principio la empresa promocionó dos motocicletas que, según el trabajador, se vendieron más rápido que cualquier moto a combustión. «A esta altura estamos vendiendo de 15 a 20 motocicletas al mes solo en una sucursal», señaló.

Libre movilidad en pandemia

La documentación no es la única razón por la que las personas compran la moto eléctrica. Mario Sandoval compró una moto eléctrica hace cinco meses y, aclaró, que una de las razones por las que adquirió una es por la restricción de movilidad en la Capital. Y es que estas motos eléctricas no tienen placas, lo cual facilita la movilización del conductor diariamente.

«Con la cuarentena aumentaron los obstáculos para movilizarme. Antes me tocaba viajar en Ecovía desde Guamaní hasta la parada de la Mariana de Jesús. Ahora voy todos los días en mi moto en menos tiempo, sin papeles y así evito el contagio», señaló.

Las motos eléctricas se caracterizan por poseer motores sobre los 1000 watts de potencia, pueden transitar a más de 50 km/h y cargar un peso mayor a 80kg. El peso, la velocidad y la potencia pueden variar de acuerdo al modelo.

Autoridades alistan normativa para uso de bicicletas y motocicletas

Desde enero de este año, la Secretaría de Movilidad prepara normativa para scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas en la Capital. Al momento estos medios de transporte no están incluidos en la Ley de Tránsito. En la propuesta se establecen los siguientes requerimientos:

• Restricción absoluta para transitar en las aceras.
• Restricción de velocidad máxima de 5 km/h en bulevares y calles peatonizadas
• Permiso para transitar por ciclovías con una velocidad máxima de 20 km/h.
• Permiso para utilizar los espacios destinados a bicicletas si cumplen con las siguientes características: hasta 25 kg de peso, 400 watts de potencia y 20 km/h de velocidad máxima.
• El casco no es obligatorio, pero es recomendable.
• Las motos eléctricas o motonetas eléctricas deberán pasar la revisión y obtener la matrícula. El conductor podrá transitar con la licencia tipo A y el uso de casco es obligatorio.
• Permiso para transitar por cualquier vía a excepción de las perimetrales donde se transita a 70 km/h.

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«La situación muy grave en torno al sistema sanitario. Hay 80 pacientes en espera de una UCI, muchos de ellos pierden la batalla. Esta pandemia incontrolable afecta a todo el mundo. Buscamos una tasa de mortalidad que nos permita tener una inmunidad masiva. Hacemos un exhorto a la conciencia de los quiteños, si no tienen que salir, que se queden en casa», dijo en entrevista con Radio La Calle.

El burgomaestre indicó que todavía realizan pruebas COVID-19 en el Distrito Metropolitano. «Tenemos que lamentar 2.200 fallecidos y si analizamos esa cifra es menor comparada con Guayaquil o Brasil, donde la situación es realmente terrible. Diagnosticar a un positivo y aislarlo es una herramienta muy importante».

La vacunación en Quito

Yunda explicó que el Ministerio de Salud Pública es el encargado de colocar las vacunas a los quiteños. «Nosotros pusimos el contingente y la logística y ha sido exitoso. Hoy nos solicitaron un local en la parroquia de Lloa. El problema es la llegada de las vacunas. Este proceso debe ser rápido para evitar la mutación del virus».

Precauciones

La disposición de cerrar los parques metropolitanos fue del COE Nacional. «La gente se contagia cuando se saca la mascarilla, se reúne, visita a su familia. Al aire libre y en sitios ventilados con uso de la mascarilla y distanciamiento es seguro», expresó Yunda.

Si se cumplen las disposiciones y el aislamiento voluntario habrá resultados en 15 días, asegura el alcalde. «Nos confiamos y nos relajamos. Lastimosamente la situación económica lleva a la reactivación sin tomar en cuenta que el virus no ha sido vencido. Lo único que nos servirá es nuestra conciencia. La vida nos ha puesto en una situación difícil a todos».

Sobre el Metro

«El Metro está culminado en su totalidad, se están acabando pequeños detalles. Se están haciendo una serie de pruebas. La empresa Metro está contratando empresas expertas a nivel mundial para la transmisión de conocimientos. Este año se pondrá a disposición de los quiteños», dijo.

Juicios en su contra

«Desde que entré al mundo de la política, el no aceptar que una persona de mis orígenes pueda ser alcalde de Quito me ha hecho blanco de dardos clasistas, racistas e incluso xenófobos. En el proceso de juicio podremos presentar las pruebas de descargo. Hay gente que vulneró la cadena de custodia mostrando chats de forma pública», indicó el burgomaestre respecto a las investigaciones en su contra.

«Yo desconocía de estos chats. Yo prohibí que mis funcionarios se reúnan con familiares. En ese contexto espero que mi hijo se pueda defender. Hay una serie de inconsistencias que ya he investigado casa adentro. Espero que se aclare y se defienda en un debido proceso. No he encontrado que se haya hecho una oferta irregular. Estamos seguros de que el proceso judicial aclarará las cosas».

Yunda separó de sus cargos a los funcionarios que hablaron con su hijo. «Es doloroso que mi hijo, con una alta inmadurez y no entendiendo el cargo que tiene su padre, haya escrito sobre esos temas. No veo una situación irregular. A mi abogado le preguntaban sobre los chats y él no tenía acceso a ellos. Así se maneja la justicia selectiva».

Sobre la sesión para analizar su remoción del cargo, Yunda dijo que «no habrá la sesión porque los ciudadanos retiraron la denuncia».

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