Sin embargo, durante su época en la Asamblea Nacional defendió, a capa y espada, al presidente Guillermo Lasso de los actos de corrupción imputados.

Uno de ellos fue el caso Pandora Papers, que trataba supuestos paraísos fiscales de Lasso. Sánchez se abstuvo de votar porque, según ella, no existieron «pruebas fehacientes» de supuestos vínculos del jefe de Estado y empresas offshore.

Algo similar ocurrió con el último caso que sacudió al país, el caso «El Gran Padrino». La denuncia vinculaba al presidente y a su círculo cercano, como su cuñado Danilo Carrea, en una presunta red de corrupción en las empresas públicas.

La exlegisladora indicó que, no está de acuerdo y no apoyó la idea de enjuiciar políticamente al mandatario. También, alegó que no existe las pruebas necesarias para poder juzgarlo.

Ahora, y a puertas de las elecciones, Sánchez se dedicó a hacerle propaganda política a Villavicencio.

A favor del gabinete

Además, respaldó, junto a otros exlegisladores, al exministro del Interior, Patricio Carrillo y los exsecretarios de Seguridad, Diego Ordóñez y de Derechos Humanos, Paola Flores cuando se negaron a continuar con el juicio que llevaban su contra. Los implicados eran juzgados por su pésimo accionar en el femicidio de María Belén Bernal.

Según Sánchez, a esa petición faltan firmas, pues algunos asambleístas se retiraron en medio de la situación y varias pruebas no fueron aceptadas.

“Cuando se presentó el juicio, el documento no contaba con las firmas necesarias, faltaban tres o cuatro firmas y eso se puede catalogar como alteración de un documento público”, dijo.

Ahora es «Gente Buena»

Luego de la disolución de la Asamblea Nacional, Sánchez anunció su separación del movimiento Pachakutik (PK) debido a las “amenazas de supuestos líderes, diferencias políticas y el irrespeto a la Ley”.

La exlegisladora, ahora, salta a la palestra política, pero de la mano de Fernando Villavicencio. Según ella, en el Legislativo afianzaron lazos y lograron trabajar en equipo. De la misma manera, resaltó que «sus propuestas van en sintonía con las del candidato«.

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Según los legisladores, la Comisión de Fiscalización no aceptó las 70 pruebas que los interpelantes entregaron.

El 21 de marzo, los parlamentarios entregaron el documento para no continuar con el proceso contra los implicados por incumplimiento de funciones. Según detalló Sánchez, en esta petición faltan firmas, algunos asambleístas se retiraron en medio de la situación y varias pruebas no fueron aceptadas.

«Cuando se presentó el juicio, el documento no contaba con las firmas necesarias, faltaban tres o cuatro firmas y eso se puede catalogar como alteración de un documento público», dijo.

La legisladora argumentó que la excusa que le otorgaron fue que el documento se extravío en el proceso de escanéo y después incorporaron las firmas.

Indicó que sería un «acto irresponsable» continuar con un juicio político sin las pruebas de sustento necesarias. Además, mencionó que para no aceptar las nuevas pruebas que poseía, las autoridades manifestaron que no se puede seguir el juico a tres funcionarios a la vez.

«Íbamos a presentar nuevas pruebas testimoniales y esto fue negado por la Comisión de Fiscalización por unanimidad«, refirió.

La parlamentaria apuntó que, el 16 de marzo, Vanegas presentó una prueba ante la Comisión que fue negada. Reiteró que ella solicitó el viernes 17 de marzo que se adjunten las nuevas evidencias, pero no tuvo los votos suficientes.

Finalmente, dijo que analizarán la posibilidad de presentar un juicio para cada implicado y la comisión no presente más excusas. (N.J.C)

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La nueva cartera de Estado ejercerá todas las competencias, obligaciones, presupuesto, convenios y contratos de la Secretaría de Derechos Humanos. Por otro lado, las casas de acogida y centros de atención integral brindarán atención a las víctimas de violencia de género.

“Desde el primer día de Gobierno dije que usaría todas las herramientas a nuestro alcance para frenar esta lacra social. Hoy estamos pagando una deuda histórica de anteriores gobiernos con nuestras niñas y mujeres”, dijo el mandatario en su discurso.

Flores manifestó que desde la Secretaría de Derechos Humanos se brindó 48 mil atenciones a víctimas de violencia de género, en sus 45 puntos a nivel nacional. Ahora, para cumplir su objetivo de fortalecer las atenciones hasta el 2025, abrirá los denominados “Centros Violetas” en todas las provincias del país. Los primeros espacios será inaugurados en Esmeraldas y Sucumbíos.

El Registro Único de la Violencia contra la Mujer (RUV)

En el evento también se realizó la presentación de la primera fase del RUV, en colaboración con ONU Mujeres, la Unión Europea y la Iniciativa Spotlight.

La propuesta consiste en la creación de una plataforma digital que proporcionará información demográfica y datos estadísticos sobre incidentes de violencia. Esta acción permitirá crear políticas públicas y emitir una alerta temprana de violencia. El registro se construirá con el apoyo de las siguientes instituciones:

• Consejo de la Judicatura
• Policía Nacional
• Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio del Interior
• ECU 911

«Tengan la seguridad de que la decisión de mi Gobierno para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres no se detendrá ni un solo día», afirmó Lasso.

Desde el Consejo de la Judicatura, el titular Fausto Murillo manifestó que aportaron con más de un millón de registros de denuncias por violencia, acciones de protección, demandas de alimentos, delitos sexuales, entre otros.

Apenas se crea y ya le quitaron presupuesto

En la propuesta de creación se estableció que el nuevo Ministerio de la Mujer heredaría todas las funciones y recursos de la Secretaría de Derechos Humanos. En este sentido, la proforma presupuestaria 2023 destinó USD 12 millones a este sector, un 43 % menos frente a la designación del 2022. (A.G.M).

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La legisladora Mireya Pazmiño señaló que las conclusiones del informe enmarcan la responsabilidad estatal al no ejecutar políticas públicas que detallen un control político adecuado. Explicó que la Policía Nacional no está cumpliendo con los protocolos pertinentes y las instituciones encargadas  de la seguridad tampoco. “No tenemos un control adecuado en cuanto a la práctica de la Constitución, los derechos humanos y algunos tratados internacionales vigentes en el país”, precisó.

Enfatizó la complicidad del gobierno al no brindar información extra, ni los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad esa noche. Comunicó que la comparecencia de Ordóñez y sus comentarios misóginos a las comisionadas mostraron el desinterés y poca sensibilidad ante el femicidio de María Belén dentro de la Institución.

“Pedimos los nombres de las autoridades y cadetes que estuvieron en funciones el 10 y 11 de septiembre de 2022 como una forma de garantizar la verdad. Sin embargo hasta el momento no hemos tenido acceso a tal lista”, dijo.

La secretaria de la Comisión, Daniela Jervés informó que la señora Elizabeth Otavalo seguirá “desestabilizando” hasta saber lo que realmente ocurrió con su hija. Además, advirtió que Ordóñez prefirió cuidar la institucionalidad de la Policía que cuidar a las víctimas del caso.

“Las declaraciones de Ordóñez parcializan los hechos y vulneran los derechos de las victimas afectando la obligación del Estado de investigar las violaciones del derecho de la vida”, destacó.

Solicitudes de reparación detallados en el informe

Solicitan dar de baja a todos los funcionarios y autoridades que estuvieron presentes ese día y el cese de funciones a quienes omitieron su responsabilidad en el caso. Exigen que se investigue con celeridad y pertinencia la participación del Estado y lo que no debería hacer un Estado de derecho.

También piden juicios políticos contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Ministro del Interior, Patricio Carrillo; la secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores y la renuncia inmediata del Comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. (N.J.C)

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Para el mandatario, la reunión predispuesta era de vida o muerte. Al parecer las propuestas que presentaron eran la única esperanza que mantenía para erradicar la violencia contra la mujer. “Es indispensable mantener un diálogo de manera abierta, sin ningún limitante para poder tratar este tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos”, aseguró. Sin embargo, las acciones que ha tomado el mandatario solo responden al escándalo mediático, político y social ante el asesinato de María Belén Bernal.

Acuerdos establecidos con el Ejecutivo

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores informó que en la jornada de diálogo se concentraron diferentes mujeres de la academia, organizaciones civiles y mujeres afroecuatorianas. Todas con el propósito de establecer propuestas concretas contra la violencia hacia la mujer.

Las respuestas que ofreció Flores ocasionaron más confusión e incertidumbre, pues tras varias horas de reunión las únicas soluciones que se concretaron fueron:

• El presidente mediante decreto ejecutivo dispuso que el registro único de violencia contra la mujer (RUV) estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y no del Ministerio de Gobierno.  
• Se fortalecerá la institucionalidad de la Secretaria de DD.HH. mediante la propuestas de creación del Ministerio rector.
• Se mejorará la coordinación con gobiernos parroquiales, municipales y provinciales para fortalecer los sistemas de protección local y materia de DD.HH.
• Se incrementará el presupuesto a las casas de acogida y centros de atención para garantizar los servicios a mujeres y niños víctimas de violencia. 
• Se fortalecerá el sistema de formación referente a las víctimas de feminicidio.

Afirmó que esta no será la única sesión con el Ejecutivo, se prevé una segunda reunión el 18 de octubre.  

Declaraciones del Consejo de la Judicatura

La directora del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes comentó que implementaron una política técnica que cuenta con el apoyo y los recursos necesarios. Mientras que en el país se registra un aumento de los casos de femicidio y las victimas de violencia denuncian no recibir ningún tipo de apoyo o compensación.

“Se ha propuesta una política focalizada integral que atienda los casos de femicidio y muertes violentas. Es necesario encontrar y atender las causas de este problema a efectos de reducirlos”, enfatizó.

Según Goyes, el presidente brindó el apoyo y respaldo suficiente para poner en práctica las propuestas establecidas. Además, anunció que en la próxima reunión el Consejo de la Judicatura presentará un proyecto concreto contra la violencia de género.

“Es importante la unión porque las mujeres negras están en la lucha, es importante que sigan el proceso para erradicar la violencia contra las mujeres”, manifestó María Luisa Hurtado, coordinadora Nacional de Mujeres Negras. (N.J.C)

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La petición también está dirigida a enjuiciar al secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, y a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, por las mismas causas.

El asambleísta Ricardo Vanegas envió la solicitud de juicio político a sus 137 colegas el 28 de septiembre. Así lo anunció durante su intervención en la sesión número 800 de las Asamblea Nacional.

El legislador aseguró que su bancada ya cuenta con 32 firmas para este proceso. Señaló que buscan juzgarlos por su «omisión e inacción», pero enfatizó que no solamente por la muerte de la abogada. Las masacres carcelarias, la inseguridad que vive el Ecuador y la detención ilegal del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, constan en el listado de la petición.

El jefe de la bancada socialcristiana, Esteban Torres dijo a Radio La Calle que todavía no han discutido la iniciativa, que se reunirán para tomar una posición al respecto. Por su parte, la líder del bloque de UNES, Marcela Holguín no respondió a las llamadas.

«Tenemos 32 firmas para el juicio político (…) Esperamos las firmas de los asambleístas de Unión por la Esperanza, la Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano. El país pide sanción a quienes incumplieron funciones», publicó Vanegas a través de Twitter.

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“La defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador en cualquier circunstancia ha sido, es y será un puntal de mi gestión. Le damos tanta importancia a este tema que en noviembre de 2021 presentamos la campaña para la prevención de violencia contra las mujeres. El gobierno anterior destinaba USD 2 millones a esta causa. Nosotros lo incrementamos a USD 24 millones”, dijo el mandatario.

Agregó que, por primera vez, un gobierno crea una política pública para la rehabilitación social “Es importante que en los 36 centros de detención del país sean espacios de una verdadera rehabilitación. En esta época debemos fortalecer la reactivación económica, pero también garantizar el goce de derechos para los ecuatorianos”.

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Por su parte, Flores dijo que contribuirá desde la acción para que los derechos humanos no sean solo una utopía. “Agradeceré la confianza depositada cada día con esmerado trabajo y el servicio por la ciudadanía, organizaciones y colectivos en este Gobierno del encuentro, donde los ecuatorianos tienen un futuro claro. Un futuro donde caben todas y todos y podemos contribuir a una patria mejor. Estamos preparados para este gran desafío”.

Paola Flores

Antes de llegar a este cargo, Flores se desempeñó como concejala de Cuenca, auspiciada por el movimiento político Igualdad, liderado por el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Flores es abogada de profesión, titulada por la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2000.

De acuerdo con el portal Radiografía política, fue presidenta de la empresa privada Perusa S. A. (2006-2009), justamente cuando desempeñó ese cargo recibió una demanda por “pago de haberes laborales”, según consta en la página del Consejo de la Judicatura. Del 2010 al 2011 fue asistente administrativa en el Municipio de Cuenca. En su cargo como concejala presidió la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social. Es una de las personas de confianza de Marcelo Cabrera junto con el actual director de la Agencia Naciónal de Tránsito, Adrián Castro. MIB

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