Pesé a que la problemática es grande y de preocupación total, el Estado no ha brindado mayor garantía para cuidar a los niños, niñas y adolescentes del país. El conflicto para detener a los implicados en estes actos es que en la mayoría de casos, los afectados enfrentan dificultades para denunciar el hecho por miedo a represalias o a que nadie les crea.

Cada 14 de agosto, en el país se conmemora la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta fecha se conmemora desde el 2021 tras la sentencia de reparación en el caso Paola Guzmán Albarracín. Durante el gobierno de Lenin Moreno, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

Según un estudio de la Unicef (2020), 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. De esta cifra, varias de ellas sufrieron esta agresión mientras asistían a sus instituciones educativas. Sin embargo, las mujeres no han sido las únicas víctimas de este delito, ya que también hay casos de hombres que denuncian este hecho.

Las denuncias por este delito son mínimas, ya sea por el proceso difícil de aceptación, por las trabas en los establecimientos o por el silencio de los infantes.

En los últimos años, los sucesos por violencia sexual han aumentado, aunque en varios de estos acontecimientos la sentencia tarda. Uno de los últimos casos fue el de una institución al norte de Quito, que permitió la agresión a más de una docena de niños de entre 3 y 5 años por parte del conserje.

Expertos recomiendan que los padres de familia estén alertas a los cambios de humor de sus hijos. Asimismo, que los representantes deben crear un espacio seguro y de confianza para que el menor comente lo que le sucede.

El caso de Paola Guzmán Albarracín

En 2002, Paola Guzmán Albarracín de 16 años se suicidó tras enterarse que estaba embarazada de su agresor sexual, quien la obligó a abortar. La víctima fue abusada durante dos años por el vicerrector de su institución en Guayaquil.

Sin embargo, la sentencia de reparación le tomó a la familia 18 años, pues en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Guzmán se quitó la vida por sufrir violencia sexual en su institución educativa. La CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano.

En las resoluciones de esta sentencia está que el Ecuador debe tener estadísticas actualizadas por este delito. Además, que debía implementar programas de orientación, asistencia y apoyo a víctimas de violencia sexual en las aulas. Asimismo, se debía promover un plan de educación sexual y reproductiva para los menores de edad. (DCJ)

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Esta fecha se asignó en memoria de Paola Guzmán Albarracín. Una adolescente guayaquileña de 14 años que fue víctima de abuso y violencia sexual, en un centro educativo público.   

“La Estrategia Nacional se construye junto a nueve instituciones para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo”, publicó la Secretaría de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter.

El Caso de Paola Guzmán

Paola era una adolescente de 14 años que vivía en Guayaquil junto a su madre y hermana. Estudiaba en un colegio público y empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001.

El vicerrector de la institución, Bolívar Espín, aprovechó las malas calificaciones de Paola ofreciéndole una supuesta ayuda académica para que mejorara sus calificaciones. Sin embargo, el objetivo de Bolívar -50 años mayor a Paola- era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella.

El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó mucho sufrimiento a Paola. El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió diablillos; un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica y peligrosa para el organismo. Al llegar al colegio, la niña empezó a sentirse mal. Sus compañeras la llevaron a la enfermería, pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de la gravedad de la intoxicación.

Asimismo, las autoridades no llamaron a su mamá. Le dijeron que “se pusiera a rezar y a pedir perdón”. No obstante, las compañeras de Paola comunicaron a su madre sobre la situación de su hija.

Doña Petita, madre de Paola, llevó a su hija al hospital, pero ya fue demasiado tarde. Paola murió a los 16 años como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco, al día siguiente.

Días después, doña Petita se enteró que el causante real de la muerte de Paola fue el vicerrector Espín que la acosó y violó durante dos años.

La madre de Paola intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Los estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios de comunicación y la comunidad culparon a Paola por haber, supuestamente, seducido al vicerrector Espín.

No obstante, 18 años después, doña Petita logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió.

La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola. Asimismo, reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima.

Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados de América Latina y el Caribe deben garantizar la educación sexual y reproductiva adecuadamente a niños, niñas y adolescentes. De igual forma, establecer políticas para eliminar los estereotipos de género.

En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad. Le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas en el Ecuador.

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“Reconozco la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos de Paola, de Petita y de Denisse. Es a nombre del Estado Ecuatoriano que les ofrezco que acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron hace 10 años. Sobretodo por esa incansable lucha que no debió suceder nunca”, dijo el mandatario en un evento.

Agradeció a la madre de Paola por su persistencia para que estos delitos no prescriban. El mandatario no pudo evitar nombrar al gobierno anterior. “Nunca más. Dejaron que se prescriba en el gobierno anterior. No vamos a permitir que pase con nadie más. El abuso sexual en escuelas y colegios es un tema que nos preocupa, pero sobretodo nos indigna y duele en el alma”, acotó.

Las disculpas del Estado son parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte dispone que el Estado instaure medidas y protocolos para este tipo de casos porque, a pesar de que los menores sufren estos abusos todos los días, el Estado ha demostrado no tener la voluntad de protegerlos. Esta falta de voluntad se refleja en cada hecho ocurrido desde el 2001, cuando Paola empezó a sufrir los abusos.  

El pasado 15 de agosto, la CIDH condenó a Ecuador por la impunidad en el caso de Paola Guzmán, una adolescente que sufrió abuso sexual en una institución educativa fiscal de Guayaquil. Paola se suicidó en el 2002 y la justicia ecuatoriana no dictó prisión preventiva en contra de su agresor.

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Quito, 24 ago (La Calle).- El 12 de diciembre del 2002 marcó la vida de Petita Albarracín y su familia. Con 16 años de edad, Paola Guzmán se quitó la vida después de ingerir diablillos. La decisión que la orilló a tomar esa difícil decisión fue un embarazo producto del abuso sexual que sufrió durante dos años en la escuela Martínez Serrano, ubicada en Guayaquil. Desde ese día, su madre no ha dejado de pedir al Estado que se haga justicia en el nombre de su hija.

Petita Albarracín es una mujer de bajos recursos que vivía con sus dos hijas y su madre en un suburbio de Guayaquil. Antes de la tragedia, la mujer aseguró ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “tenían una vida tranquila. Había mucho amor y valores”, hasta que empezó a notar cambios en el comportamiento de su hija: ella jamás había tenido malas calificaciones, pero ahora esos números rojos delataban algo oculto.

La mujer, preocupada por la educación de su hija, asistió al colegio donde conoció al vicerrector, quien le había dicho que dará oportunidades a los alumnos con bajas calificaciones. “Le dije que yo le podía poner un profesor en casa a mi hija, pero creo que no le gustó la idea. Entonces no la ayudó», manifestó en la audiencia.

Paola, emblema de una tragedia humana

El 12 de diciembre del 2002, llamaron a la familia de Paola desde el colegio argumentando que debían retirar a la menor porque “había tomado algo”. En cuanto el vicerrector reconoció a Petita le dijo: “Coja a su hija y llévesela”. La adolescente no recibió atención médica hasta que la llevaron al hospital y le dieron el diagnóstico. Paola había consumido una dosis de entre 50mg y 60mg de fósforo blanco inorgánico, explicaron los peritos ante la Corte.

“¿Por qué lo hiciste? ¿Algún enamorado? ¿Qué pasó?”, preguntaba desesperada la madre en el hospital. De acuerdo con las declaraciones de Petita, Paola respondió: “No, mamá, no es nada”. “Mi hija se lo llevó a la tumba. Se lo calló. No me dijo nada, incluso cuando estaba agonizando”, denunció Petita aún doliente, durante una entrevista en Radio La Calle.

La respuesta a este terrible incidente vino de la mano de una periodista quien ingresó a la clínica buscando a la madre de Paola. En cuanto supo quién era le dijo: “Señora, usted tiene que denunciar a Bolívar Espín, el vicerrector, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó'», narró.

Y aunque los forenses intentaron mostrarle a Petita lo contrario, ella se aferró al testimonio de la compañera de su hija. El abuso no terminó ahí. «El victimario le indicó que debía practicarse un aborto en el servicio médico del colegio donde fue nuevamente víctima de violencia sexual porque el médico le condicionó el procedimiento a cambio de sexo», según registros del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil.  “Todos sabían menos yo. Nadie me dijo nada”, lamentó la madre de Paola.

Una luz tras 18 años de lucha por justicia

Doña Petita Albarracin, madre de Paola, manifestó que se sentía desamparada por la justicia ecuatoriana. “He vivido humillaciones. Iba a las 9 de la mañana y me tenían sentada hasta las 3 de la tarde sin respuestas. Nadie se acercaba a mí. Nadie me ayudaba hasta que encontré la oportunidad en una abogada. Gracias a ella pude avanzar en el caso”, señaló.

La abogada encargada del caso es Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil.

La lucha de una madre no ha terminado incluso 18 años más tarde. Petita Albarracín espera que la CIDH pueda ejercer la reparación que la Justicia ecuatoriana no ha podido. Los representantes en el país no asumieron responsabilidad alguna en el caso de Paola. «Ofrecer una disculpa pública y luego no reconocer la responsabilidad de los hechos es por lo menos contradictorio. Nos causó mucha indignación», afirmó Martínez para BBC Mundo.

“Nadie me va a devolver a mi hija solo quiero que el Estado cumpla lo que me prometió. Nunca lo hice por interés, solo quería justicia”, dice ahora entre lágrimas Petita Albarracín. “Por esa lucha no voy a revivir a mi hija. Me siento triste y espero que con esa reparación pueda continuar mi camino”, añade.

Petita suplicó a las madres que confíen en sus hijas, que se mantengan al tanto de las señales para que no sean parte de la manipulación de la que fue víctima su hija. Este es el caso de Paola Guzmán, el nombre que tuvo que salir de las cortes ecuatorianas para visibilizar una historia que puede estar más cerca de lo que imaginamos.

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“La Corte reconoció que el derecho a la educación contempla la educación sexual y reproductiva. A Paola no se le garantizó este derecho lo que, justamente, no le permitió comprender y denunciar la violencia sexual que sufrió. Además, exigió al Estado iniciar acciones de reparación y no repetición de manera inmediata, que serán supervisadas por ella misma, la cuales incluyen fortalecer medidas para prevenir la violencia sexual en contextos educativos”, reza el comunicado del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil.

La Corte dispone que el Estado instaure medidas y protocolos a seguir para este tipo de casos porque, a pesar de que los menores sufren estos abusos todos los días, el Estado ha demostrado no tener la voluntad de protegerlos. Esta falta de voluntad se refleja en cada hecho ocurrido desde el 2001, cuando Paola empezó a sufrir los abusos.

La cadena de impunidad en el caso de Paola Guzmán

1. Paola no era la primera víctima de Bolívar Espín, el entonces vicerrector. Más estudiantes fueron trasladadas a otros colegios por su acoso e incluso una profesora denunció ataques en su contra.
2. Cuando Paola se dio cuenta de que estaba embarazada de su violador, se vio obligada a abortar. El médico de la propia institución realizó el procedimiento, solo después de abusar de ella también.
3. En 2002, Paola decide ingerir fósforo blanco (o diablillos) y acabar con su vida. Sus compañeros pidieron ayuda en la enfermería de la institución, pero no hicieron nada. Ni siquiera llamaron a su madre. Una alumna se comunicó con ella y fue trasladada al hospital, pero no lograron salvarla.
4. Petita Albarracín, madre de Paola, empezó la dura tarea de buscar un abogado que se haga cargo de su caso. El Estado la abandonó después de haber perdido a su hija y sin recursos para lograr justicia.
5. Cuando consiguió ayuda para seguir el proceso, en 2003, solicitó prisión preventiva contra Bolívar Espín pero el juez negó el pedido. Cuando la función judicial decidió dictar esta medida, un año después, el violador escapó y no se presentó hasta que el caso prescribió.
6. Medios nacionales describían el hecho como una ‘relación sentimental’ que terminó en el suicidio de la menor por ‘decepción amorosa’.
7. Ante la inacción de las autoridades, en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace cargo del caso. El Estado ecuatoriano pide disculpas a la madre y la hermana de Paola, pero no se responsabiliza por los hechos.

El fallo de la Corte

La CEPAM considera un hecho histórico la condena de la CIDH contra el Estado ecuatoriano. La Corte determinó que no se protegió la vida, la integridad y la educación de Paola y que los menores están expuestos al abuso sexual, en parte, por la falta de educación sexual y reproductiva.

Lita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM-Guayaquil asegura que, en este momento, corresponde a las “organizaciones sociales continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injusticia en contra de Paola”.

Por su parte, Petita Albarracín asegura: “Sé que no la tendré más conmigo, pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, pues con esta sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más. ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!

El camino que queda por recorrer

Hace 18 años Paola perdió la vida por la indolencia de todo un Estado. Pero cada día niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas mueren por delitos sexuales. Ante esto, nuestro deber como medios de comunicación es instruirnos y dejar de pretender ser portaestandartes de la “objetividad” para ser voceros de la vida y la justicia. Es imperativo parar de justificar a los abusadores con titulares, por lo menos, canallas.

Y como ciudadanos, nuestro deber es unirnos a la vigilia de las acciones del Estado de hoy en adelante. A la lucha de las madres, de las hermanas, las amigas. A la lucha de hombres y mujeres que quieren romper la maldición de una sociedad que enseña a niños y niñas a obedecer a los adultos sin importar su opinión. Que les prepara para sentirse culpables de cualquier abuso. Una sociedad que les obliga a callar y le allana el camino al Estado, quien es el que, finalmente, les pone una mordaza.

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