La normativa, que contiene un impuesto a la compraventa de autos usados, se negó y archivó con 84 votos afirmativos en primer debate por el Pleno Legislativo durante el 27 de noviembre. 

¿Qué dijo la Asamblea?

Desde la Asamblea se rechazó el accionar del Ejecutivo. El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, expresó que la acción del mandatario es inconstitucional.

«Este acto, sin duda, constituye un acto absolutamente inconstitucional, arbitrario y totalitario, que se ha denominado prácticamente un apagón jurídico; que resquebraja el orden constitucional; que violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado; y, que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia», dijo en una rueda de prensa.

En el Registro Oficial, también cuenta la negativa y archivo del proyecto de ley. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz preparará una acción de inconstitucionalidad en contra de esta decisión que enfrenta nuevamente a estos dos poderes del Estado.

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Quito, 29 ene (La Calle).- Frente a la negativa en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Izquierda Democrática (ID) de revisión y apoyo a los proyectos que buscan derogar la Ley Tributaria, esta bancada difundió un comunicado en el que pide que se consulte a la Corte Constitucional sobre la posible derogación.

El CAL suspendió el viernes la revisión de dos proyectos enviados por UNES y Pachakutik “hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional”, según el comunicado emitido por el órgano legislativo.

Durante la sesión, el CAL aprobó la moción de la Segunda presidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, con el fin de solicitar la acción de interpretación de la Constitución sobre las competencias constitucionales de la Asamblea. Esta solicitud de interpretación se refiere al inciso de algunos de los artículos por los cuales el informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendó no aprobar los proyectos de derogatoria de la ley debido a que incumplen con la normativa formal establecida en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Constitución.

Al final de comunicado ID expresó que es <<respetuosa con la institucionalidad y es consecuente con la realidad del país>>.

Contradicciones

En días pasados, Marlon Cadena, asambleísta y jefe de la bancada de la ID, aseguró a Radio La Calle que su bloque tramitará con urgencia estos proyectos de ley, que han afectado directamente a los bolsillos de la ya empobrecida clase media ecuatoriana.

Además, sostuvo que la designación de Guamaní como vicepresidenta -acto que tuvo la anuencia del primer mandatario y su bancada- no significa que ese bloque se iba a poner al servicio del Ejecutivo. Tal parece que no será así.

Los votos de Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela y Nataly Arias (BAN-CREO) y Yeseña Guamaní (ID) impidieron el paso de los proyectos para derogar la reforma tributaria.

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Un año después y con el anuncio del presidente Guillermo Lasso, la extra aumentó 0,80 centavos, mientras que el diésel subió 0,72 centavos. El sistema de bandas llevaba a la fluctuación de los precios que dependían de dos factores: el precio del barril de crudo WTI y los precios del mercado.

El cambio, desde que el gobierno de Lenin Moreno colocara este nuevo sistema en mayo de 2021, empezó a sentirse desde el primer mes con subidas progresivas hasta septiembre de 202º. En agosto el precio de la gasolina super se liberalizó y ahora es juguete de los precios que el mercado haya planificado para ese mes. En octubre de 2020 bajó a los USD 2,20, en abril del 2021 subió a los USD 3,17.

El anuncio del congelamiento de precios con su respectivo paquetazo fue anunciado ayer por el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional. El precio de la extra quedó en USD 2,55 y el del diésel en USD 1,90. Precios que estaban figurados para diciembre, de acuerdo con los últimos movimientos del recio del crudo.

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Al medio día de ayer, Guillermo Lasso anunció la suspensión del alza de los precios de los combustibles tras un alza. Adicional a esto afirmó que se regularán los precios del arroz, la leche, las frutas y demás productos de la canasta básica.

Richard Intriago, dirigente del movimiento nacional campesino, mencionó para Radio La Calle que es necesario solicitar aclaraciones al Presidente, pues «no se tiene claro si las regulaciones a los precios aplicarán tanto al sector productivo como al de los consumidores».

Actualmente el precio de la saca de arroz tiene un precio establecido,  así también existe precio oficial para productos como: arroz, maíz, banano, caña,  según indicó Intriago.

Los precios determinan que el costo del saco de grano largo es de USD 32, mientras que el precio del saco de grano corto es de  USD 30, sin embargo son precios que no se están respetando, pues Intriago señaló que actualmente ese precio es de USD 23 por saca de arroz.

El anuncio del presidente Lasso solicita a gobernadores e intendentes que hagan cumplir la disposición de respetar los precios oficiales de los productos de primera necesidad. Estas autoridades, según Intriago, igualmente, deben regular los precios de las productoras campesinas. Es aquí donde no se tiene claro si las regulaciones aplicarán en ambos sectores o solo del lado de los consumidores.

Precios inestables

El precio al consumidor no es fijo. En ciudades de la costa como Guayaquil el precio de la libra de arroz de grano largo se registra en 40 centavos, mientras que en ciudades de la sierra como Quito se comercializa en 60 – 70 centavos. No existe una relación entre el precio del campo y el de ciudad, indicó el dirigente.

Finalmente Intriago añadió que el incremento en el precio del Diésel afecta directamente al sector rural, pues usan transporte, maquinaria y bombas de riego. Recalcó también que su organización solicitó un subsidio focalizado para evitar la quiebra de familias productoras del campo.

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«Nos declaramos en resistencia a partir del martes 26 de octubre a nivel nacional, en coordinación con toda las organizaciones sociales, al FUT, Feine, Fenocin, Conaie y quienes somos integrantes del Gran Parlamento de los Pueblos», dijo en sus declaraciones el presidente de la organización, Leonidas Iza.

“El Consejo ampliado de la CONAIE analiza la situación del país, rechaza el nuevo incremento de 21 centavos al diésel y de 5 centavos a las gasolinas, el gobierno anuncia un congelamiento con un nuevo incremento que golpea la economía popular. Se analizan acciones unitarias”, indicó la organización.

Así mismo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en la figura de su presidente Ángel Sánchez, rechazó la decisión del presidente Lasso. “Creo que esa manera de responder al pueblo no es la adecuada, es burlarse del pueblo. Esta situación está echando al traste todo lo que se pueda hacer en materia de querer dialogar”, dijo Sánchez a un medio local.

¿Y Pachakutik?

Después de celebrar la decisión del presidente, el movimiento Pachakutik eliminó ese comunicado de respaldo y subió otro a sus redes sociales en el que indica no estar de acuerdo con la subida de los precios de la gasolina extra y el diésel.

“A último momento (el Gobierno) realizó un incremento adicional que afecta lesivamente a la economía familiar ecuatoriana. Por tal motivo, consideramos que aun cuando la elevación del precio de los combustibles se haya detenido y no se llegaron a los precios internacionales como se pretendía, este incremento continúa afectando”, dice parte del comunicado.

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 “Hay que sostener la unidad desde nuestras familias, desde nuestras comunidades y parroquias. Sostener esta unidad para llegar al poder en 2021, con trabajo colectivo, con los hermanos del campo y la ciudad, todos hay que llegar a la Presidencia de la República del Ecuador», dijo el dirigente indígena, durante una masiva concentración de comunidades indígenas en el cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, este sábado.

Horas antes tuvo lugar una reunión con la Asamblea Nacional, donde el dirigente habló sobre el impacto económico y social de las actividades mineras, haciendo referencia a los “40 años de explotación petrolera”, cuyas consecuencias, lejos del desarrollo inicialmente ofrecido, aún son visibles en las comunidades de la Amazonía.

La pérdida de vegetación, por la erosión del suelo y la contaminación de agua, que generan los químicos y combustibles manipulados ilegalmente para la minería, ponen en riesgo la biodiversidad, y, con ello, la vida de miles de comunidades del territorio amazónico.

Entre enero y octubre de este año, las autoridades incautaron 628 toneladas de roca mineralizada a ciudadanos que se dedica a la minería artesanal ilegal, según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

CP/CM/sam

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“Hay avances importantes en inclusión financiera. En 2017, el 57,6% de los ecuatorianos era cliente del sistema financiero nacional. Un año más tarde, en 2018, este porcentaje subió al 60,8%. Existe una mejoría, pero el camino para lograr que la mayor parte o la totalidad de los ciudadanos tengan acceso financiero aún es largo. Por eso, desde el BCE lideramos la construcción de una estrategia nacional”, dijo Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador.

Una estrategia que se lleva a cabo en el marco del debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que en su artículo 157, sostiene que, de aprobarse la ley, el BCE pasará de ser un instrumento de la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado a ser una institución encargada de “fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización”.

Este cambio abriría la posibilidad de que se destinen los recursos de la reserva internacional para “salvar” u otorgar créditos a las instituciones financieras privadas, es decir, un nuevo salvataje bancario.

Es curioso, por tanto, que incluir a más ciudadanos al sistema financiero se convierta en el objetivo del gobierno, cuando es posible que se apruebe una ley que ponga en riesgo total el dinero de los ecuatorianos, tal como sucedió en la crisis del 99.

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Quito, 10 nov (La Calle).- La sesión solemne por los 199 años de la Independencia de Cuenca estuvo marcada por el rechazo al presidente Lenín Moreno y a sus ministros de Gobierno y de Defensa, quienes ordenaron cercar el parque Abdón Calderón por “seguridad”, causando un malestar a ciudadanos locales y turistas.

Lenín Moreno Garcés estaba invitado por la Gobernación del Azuay a la sesión solemne por los 199 años de Independencia de la ciudad de Cuenca. Desde horas de la mañana algo inusual pasaba en los alrededores del parque Abdón Calderón, lugar emblemático y simbólico para los cuencanos y donde se encuentra el edificio de la gobernación: estaba completamente cercado y con un fuerte resguardo policial, algo poco usual en las celebraciones morlacas.

El cercado total del Parque Calderón afectó el ritmo normal del Centro Histórico durante el feriado, la Policía impidió el acceso a las personas para que se tomen fotos con el fondo de la Catedral, compren alguna artesanía o simplemente caminen.

La orden de cercar el parque…

A través de su cuenta de Twitter, el Municipio de Cuenca informó que el temporal bloqueo de las calles se debía a la sesión solemne y que no tenían nada que ver con el estado de excepción que aún regía en el país desde la primera semana de octubre.

La orden de cercar el parque Calderón la dio el Gobierno Nacional porque, según su criterio, recibió información de que estarían presentes manifestantes en contra del primer mandatario. Según el Ministerio del Interior, tenían toda la facultad de cercar el parque ya que el estado de excepción sigue vigente, lo que contradijo la versión del Municipio de la ciudad.

Para ingresar a la sesión solemne, el control fue exhaustivo. El primer requisito era ser partidario del presidente de la República. La Policía revisaba todas las maletas, cámaras y lo que las personas portaban. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicación, publicó un video en el cual se manifestaba el apoyo de algunas personas que se dieron cita en el parque Calderón hacia el presidente Lenin Moreno. Sin embargo, en el lugar había también cientos de moradores que rechazaban las acciones del primer mandatario y de sus Ministros.

La calle habla…

Una de las manifestantes fue Sonia (nombre protegido), quien es trabajadora pública, y que prefirió dar declaraciones bajo el anonimato por temor a represalias. De acuerdo a su testimonio, cuando se enteraron de la llegada de Moreno a la sesión solemne, la gente ni siquiera se organizó, sino que salió por su propia cuenta y se encontraron con un parque cercado, lo que acrecentó el malestar.

“Somos un grupo de ciudadanos autoconvocados que nos hacemos eco de todas las agresiones a las personas por parte del Gobierno, no somos terroristas”, dijo. Además, añadió que las manifestaciones en Cuenca no fueron exclusivas del movimiento indígena si no que fueron sostenidas por estudiantes universitarios, amas de casa, obreros, personas de cincuenta a setenta años armadas con las tapas de las ollas para reclamar.

“Salimos convencidos a las calles porque sabíamos que el paquetazo nos iba a llevar a la miseria. Queríamos decir alto, un no a las medidas neoliberales que nos querían imponer y que beneficiaban a unos pocos multimillonarios”, agregó la ciudadana.

Mientras Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, daba su discurso, los gritos de los manifestantes eran tan altos que se escuchaba en el hall del Salón de la Ciudad. Para ocultar las consignas, una banda de la Policía Nacional tocó música tropical con la intención de minimizar los reclamos. Mientras en la parte alta se realizaba un evento formal, en la parte baja sonaba con fuerza el “Juyayay” y la cumbia “Cariñito”.

Moreno huyó treinta minutos antes de que termine la sesión solemne

Palacios insistió en que la ciudad es pacífica y el presidente Lenín Moreno respondió que él tampoco creía que era necesario un operativo y manifestó: “en la esquina fui advertido ya, con un grupo pequeño de agresores, que seguramente no se enteraron que habíamos hecho la paz”.

Moreno se retiró treinta minutos antes que terminara la sesión solemne. En su salida la gente expresó su descontento con la gestión del mandatario. El “¡fuera, Moreno, fuera!” retumbó y penetró la extensa escolta de la caravana presidencial que abandonó el centro cuencano antes de las 18:00.

Sin embargo, el rechazo no era solo a Moreno sino también a la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, a quien los manifestantes llamaban “la ministra de la muerte”. Su presencia en suelo austral no cayó nada bien después de los acontecimientos del paro nacional. El malestar se extendió a las redes sociales.

El rechazo se mantiene

Después de los acontecimientos de los primeros días de octubre y de la posición y distorsión de la información sobre los hechos por parte de los medios de comunicación tradicionales, la población mantiene el rechazo a todo lo que no tenga relación con los medios alternativos.

Tanta es la tensión que nuestros corresponsales Paola Elizalde y Kevin Cornejo, al cumplir su labor periodística en la cobertura del evento, fueron confundidos con personal afín al gobierno, porque registraban en video a los manifestantes, por lo cual les lanzaron piedras.

Según Elizalde, “había personas que nos empezaron a lanzar piedras, e incluso una tenía una catapulta. Intentamos hablar con ellos, pero pensaban que éramos del gobierno y los estábamos grabando”.

Los colegas reporteros de medios de comunicación alternativos, Jorge García y Tomás Villota, estudiantes de periodismo de la Universidad Estatal del Cuenca y periodistas del medio Chasqui sur, ayudaron a apaciguar la situación para que nuestros corresponsales continúen con su trabajo. La paciencia de la gente parece agotada y el rechazo a la información falsa por parte de la prensa mercantil fue evidente durante la manifestación.

El contexto…

Las protestas que se suscitaron por 13 días en octubre, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de 11 muertos. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que detrás de las protestas, hubo un “intento de golpe de estado”, aludiendo que los manifestantes eran los “agresores” y que la Policía sufrió daños sicológicos.

Sin embargo, lo curioso de estas declaraciones es que todos los fallecidos eran manifestantes, es decir, no existió ninguna baja de la fuerza pública y es por eso que la ciudadanía se cuestiona y rechaza las decisiones del Gobierno Nacional, sobre todo a la presencia de actores puntuales como los ministros María paula Romo y Oswaldo Jarrín.

La entrada El alma de las protestas: lo que no se vio de la visita de Lenín Moreno a Cuenca se publicó primero en La Calle.

Incluso está por encima de Banco de Guayaquil del excandidato a la Presidencia, Guillermo Lasso. En el cierre de resultados de 2018, el BdP alcanzó la histórica cifra de $100 millones en utilidades. Esto significó un incremento del 42% con respecto al 2017.

A esto se añade que obtuvo $5.534 millones en activos, con una rentabilidad del 17.01% sobre el capital. «Resultado exitoso que se debe al cuidado de los costos y los excelentes servicios y productos que ofrece el banco», dijo el entonces presidente ejecutivo de BdP, Efraín Vieira.

Sin embargo, aunque está entre las empresas más rentables del Estado, el Gobierno ya anunció que iniciará su valoración para dar trámite a la venta de la institución.

La valoración estará a cargo del Bank of America Securities que es el segundo mayor Holding Bancario de Estados Unidos por activos. Solo en 2018 la entidad financiera colocó $1.502 millones en diferentes sectores de la economía, entre ellos en el sector inmobiliario y de vivienda de interés público, con $251 millones. Además que el banco cuenta con cerca de 2 millones de clientes.  

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“En Shushufindi la @PoliciaEcuador ha incautado hoy 900 galones de Combustible Líquido Derivado de Hidrocarburos (CLDH). Se conoce como gasolina blanca y es un precursor de la cocaína. Entre otros motivos, por esto debe revisarse el subsidio de combustibles”, expresó la Ministra a través de su cuenta de Twitter.

La eliminación de subsidios a los combustibles en Ecuador fue una de siete reformas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 02 de octubre del 2019. Este decreto fue rechazado enfáticamente por diversos sectores de la sociedad, quienes se manifestaron y paralizaron el país por 12 días con el fin de conseguir la derogación del Decreto.

Ministro de Finanzas anuncia recorte de USD 83 millones para la Universidad Pública en 2020

SP/CM/sam

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El documento señala que este proyecto de Ley carece de estudios técnicos e inacción legislativa. El comunicado, publicado en sus redes sociales, indica que las medidas económicas propuestas perjudican la estabilidad económica, social y política del país, además de “una reducción del espacio de soberanía nacional en los ámbitos fiscal monetario y financiero”.

El pasado viernes 18 de octubre, el Ministerio de Finanzas presentó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. De acuerdo con declaraciones del presidente Lenín Moreno, el proyecto contempla no incrementar el impuesto al valor agregado (IVA).

Este proyecto contempla además que las Empresas que tienen ingresos por 1 millón de dólares al año, harán una contribución que representará 532 millones de dólares, durante tres años.

DE/CM/sam

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«Fallece Edgar Yucailla de 32 años, Chimborazo, con trauma cráneo encefálico severo penetrante por arma de fuego. La violencia policial, en la represión a la movilización nacional en rechazo al decreto 883, suma otra víctima mortal», escribió la CONAIE en su cuenta de Twitter. 

Con la muerte de Édgar Yucailla, la cifra de víctimas mortales sube a once personas, según los datos de la Defensoría del Pueblo. Entre los fallecidos constan: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega, Silvia Mera, Edison Mosquera, Gabriel Ángulo y Edwin Bolaños. 

Este suceso tiene lugar en medio de la visita que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a Quito la noche del domingo para recabar información sobre los doce días de movilizaciones que se registraron en el país, a inicios de octubre.

El trabajo de la Comisión consistirá en recolectar testimonios de las personas que sufrieron vulneración a sus Derechos Humanos. La ciudadanía puede acercarse al Swissôtel Quito, en la Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero, de 09:00 a 18:00.

MIB/SAM

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Los asambleístas tienen 30 días para leer, entender, debatir, cambiar, enmendar, corregir y afinar las reformas enviadas por el Ejecutivo. Hasta hoy, lunes 21 de octubre, ya han transcurrido tres días, la Asamblea no se ha reunido, no han tratado el tema y el tiempo continúa inexorable.

El Gobierno desperdició tres días al enviar las reformas entre gallos y medianoche. ¿Será que el tiempo les alcanza a los asambleístas para tratar las reformas? Después de 27 días lo sabremos.

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El objetivo era ahuyentar a una burbuja inmobiliaria que merodeaba, por ese entonces, al mercado de la construcción.

Fue una ley polémica que detonó el descontento y protestas en Quito caracterizadas por blandir banderas negras en la avenida de Los Shyris. La propiedad y la herencia eran intocables para un grupo de la sociedad, opuesta a contribuir, incluso para su propio beneficio.

Esa Ley fue derogada en 2018 como efecto de la Consulta Popular. Se argumentó, con cifras del Banco Central del Ecuador, que su efecto inmediato fue la caída de la actividad de la construcción de 1,7% entre el tercer trimestre 2017 y el tercer trimestre 2018.

En las circunstancias actuales, la industria de la construcción no ha mejorado. Sigue contrayéndose y en el presente período ha disminuido 3,7% su actividad en relación al mismo período del año pasado. Algo no cuadra, quizás la Ley de Plusvalía no era la razón para la bajada en esta importante industria.

La baja actividad de la construcción es uno de los componentes que afectan a la economía ecuatoriana. En junio de 2019 -refiere el Ejecutivo en su nuevo proyecto de ‘Ley de crecimiento económico’ – el 57% de la población económicamente activa está en un empleo inadecuado (menos horas de trabajo, informalidad, deseo de cambiar de empleo).

Luego de la convulsión social que causó el Gobierno mediante un decreto desacertado respecto a los subsidios de los combustibles, sumado a un paupérrimo manejo de la crisis, se alcanzaron acuerdos. Las partes más polémicas y que deterioraban el empleo, fueron pulidas y descartadas mayormente del nuevo proyecto de Ley, mediante el que se pudiera recaudar 700 millones de dólares. Ahora, ¿adivinen qué?… les conviene revisar en la alacena sus provisiones de Nutella, porque de pasar el trámite de Ley, las reventas de inmuebles en los primeros cinco años pagarán tributos correspondientes al excedente de sus valores. Se propone la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y al mismo tiempo que no se permita deducir gastos a quienes perciban ingresos mayores a 100.000 dólares anuales. Se regresa la vista a quienes más pueden aportar. 

Los preocupados son los representantes de las diferentes cámaras, quienes suman sus críticas a las del exbanquero Guillermo Lasso, pese a que este tipo de regulaciones contribuyen a cuidar un mercado de una disparada caótica. Lo logró el pueblo en las calles;  no hay espacio para el egoísmo partidista en estos días críticos para este proyecto de Ley.

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Sí, y luego el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, añadió que se decidió eliminar los subsidios a los combustibles para salvar la dolarización. Entonces vale la pena echar una revista a algunos numeritos.

No todo está tan claro y hasta ahora no acabamos de entender por qué se tomó esta decisión, pero dejemos que sean la cifras las que hablen.

• Subsidios hay en todas partes, pues son estrategias para garantizar competitividad y atender a los más necesitados. De hecho, Estados Unidos subsidia su sector agrícola, en el que anualmente invierte no menos de 23.000 millones de dólares. Muchos recursos para grandes extensiones de monocultivos de maíz, producto que está en la base de su industria y del cual aprovechan casi todas sus características.
• Nuestro vecino y socio comercial, Colombia, cuya economía boyante, muchos piensan, es resultado de la liberalización del comercio, posee un sistema subsidiario tan grande, que muchos críticos piensan que “ahoga al Estado”. Casi el 9% de su PIB está destinado a sostener a personas en situación de pobreza, por ejemplo. Y, sí, también subsidian una parte del precio de la gasolina. Por eso hoy muchos compatriotas en zona de frontera buscan ahorrarse unos dólares tanqueando en Ipiales.
• Pasemos al diésel, el combustible que mueve la industria, el agro y la producción del país. En el pasado mes de abril, último período analizado por el Banco Central, Ecuador importó algo más de dos millones de barriles de diésel, y sus cuatro refinerías produjeron, a su vez, casi un millón de barriles de este carburante.
• El subsidio al diésel, en efecto costaba unos 85 millones de dólares por mes. Pero esta inversión apoyaba, por ejemplo, a la soberanía alimentaria en un país donde uno se da media vuelta y ya se está vendiendo fruta procedente de Perú o lácteos y procesados de Colombia.
• La eliminación del subsidio al diésel ecuatoriano consiguió que este pase a costarle al usuario 140% más, pero sus efectos contarios a la producción, sustituirá productos de primera necesidad por similares importados. Esto pudiera generar consecuencias devastadoras en miles de empleos, salida de divisas y riesgo para la salud del sistema de dolarización.
• Un empleado que recibe el salario básico, obtiene líquidos USD 360 dólares por mes. El 2,7% de ese ingreso se destinaba a tomar un bus de ida y otro de venida durante los 20 días de labores. Ahora esa cifra sube a 4,5% con un pasaje hipotético de 0.40 centavos. Si esto se suma a 4 miembros familiares, vemos que la eliminación de subsidio hará que solo en transportación pública, más del 15% de sus ingresos se vayan en buses. Esto, sin contar que, como efecto de ajuste, y también de especulación, el costo del almuerzo subirá, afectando a la parte más vulnerable de la ciudadanía trabajadora. Bastante es, para que además se merezca los apelativos de zángano y vago por parte del presidente ecuatoriano.
• Nuestro mandatario asegura que la escalada de protestas no son parte del malestar contra la eliminación de los subsidios estratégicos. No, entonces, ¿a qué, pues?

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