«Caso Ina Papers: como parte de la investigación por presunto cohecho, Fiscalía allanó las oficinas de Sinohydro -empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair- para continuar recabando información sobre la presunta infracción», publicó la Institución a través de su cuenta de Twitter.

Durante el operativo llevado a cabo esta tarde se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada con el proyecto hidroeléctrico. El operativo, efectuado con apoyo de la Policía Nacional, es parte de las diligencias que Fiscalía continúa realizando esta investigación.

Este 7 de septiembre se cumple un año, dos meses y 15 días desde el anuncio de la fiscal general Diana Salazar sobre la «sorpresa que se llevaría el país» en el caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno y sus familiares cercanos con una red de sobornos a través de una empresa offshore. Finalmente la Fiscalía decidió actuar.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

En 2019, Fiscalía abrió investigación previa por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, Diana Salazar no se ha pronunciado más allá de sus últimas declaraciones sobre la «gran sorpresa».

El 11 de febrero de 2022, Fiscalía allanó varios inmuebles en Quito y Guayaquil para recabar información. No obstante, diversos sectores consideran que el caso está estancado.

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“Las normas dice que se debe presentar esta moción con 48 horas de anticipación, pero existe un tratamiento excepcional cuando el tema es coyuntural y emergente. ¿No es coyuntural y emergente aclarar en qué se encuentra implicada la autoridad de la ciudad?», se preguntó en entrevista con Radio La Calle.

Reina recalcó que la Contraloría aceptó la denuncia presentada el 2 de febrero y en la Fiscalía también existe una denuncia presentada el 9 de febrero. El concejal presentó documentos de la Superintendencia de Compañías que evidencian que Guarderas es accionista de Coppa & Pi Inmobiliaria S. A. Esta empresa tiene sus bienes en paraísos fiscales.

El concejal reiteró que la denuncia presentada en la Fiscalía es por perjurio, debido a que Guarderas habría omitido esos bienes en la Declaración Juramentada, que debe presentar todo funcionario público. Asimismo, existe una denuncia que se encuentra en la Contraloría la presunción de tener bienes en paraísos fiscales.

 “Todos los quiteños necesitamos respeto, transparencia y eso es lo que estoy exigiendo. ¿Alguien puede estar por encima de la ley? ¿El alcalde puede estar por encima de la ley?”, cuestionó el concejal.

Reina sostuvo que Guarderas debería presentar la documentación respectiva y demostrar que no tiene ninguna vinculación con paraísos fiscales.

“No hay documento público, nosotros lo hemos invitado a desvanecer las denuncias en las que está implicado”, aseguró Reina.

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Vaca y otros 10 concejales negaron la moción para investigar a Guarderas por su vinculación en paraísos fiscales.

Según Vaca, su decisión está amparada en el artículo 226 de la Constitución, bajo el principio de legalidad. Señaló que las instituciones que deben controlar estos casos son la Fiscalía y la Contraloría, no obstante, aclaró que pidieron que el alcalde comparezca. También hablo de un exhorto para acelerar el proceso de investigación.

En entrevista con Radio La Calle, la funcionaria cuestionó que no se haya pedido una comisión especial para esclarecer lo que pasó en La Gasca o revisar la ordenanza de los asentamientos ilegales. «Con mucho gusto encabezo esas comisiones”, aseveró.

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El periódico reseña que el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango, de Pachakutik, envió el documento de 205 páginas, con carácter de confidencial, a los integrantes de la Comisión. Los asambleístas de la Comisión aprobarán el documento este 5 de noviembre, a las 8:00.

“La posibilidad que el Presidente Guillermo Lasso Mendoza esté incurso en la prohibición establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica  para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, y también incurso en la inhabilidad establecida en el artículo 7 de la referida ley para las elecciones generales del año 2021 (…), determinan un escenario de crisis de gobernabilidad”, dice el borrador al que tuvo acceso El Comercio.

Agrega que “en ese contexto el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva, lo que generaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político”.

“En un contexto de esa magnitud, la Asamblea Nacional tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo las normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución y la ley, a través de decisiones apegadas al ordenamiento constitucional”, concluye.

El borrador del documento también menciona que “con base a la información recabada y a la documentación remitida a la Comisión se pudo establecer que hay una vinculación directa entre el presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza como accionista mayoritario de la Corporación MULTIBG con el Grupo financiero Banco de Guayaquil que, además, actúa como entidad controladora y que agrupa a las empresas: administradora de fondos BG, Casa de valores Multivalores BG y COLARI S.A., BANISI y BANISI HOLDING domiciliadas en Panamá, entre otras”.

Para aprobar el texto se requiere al menos cinco votos en la Comisión. La mesa está compuesta por cuatro asambleístas de Pachakutik, tres de UNES y dos aliados del oficialismo.

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Flores es el padre del actual Jefe de Bloque de Creo, Juan Fernando Flores Arroyo.

Se trata de una designación que de alguna forma blinda a Lasso en uno de los paraísos fiscales identificados por la Comunidad Europea en 2019. La embajada nacional en Panamá es clave, pues es uno de los territorios, donde posiblemente el Presidente de la República mantiene inversiones como se revela en los Pandora Papers.

Otro territorio que está bajo fuego cruzado es El Vaticano, Roger Arosemena, de acuerdo con los decretos ejecutivos, la designación del exnotario de Lasso en la Santa Sede se produjo el 11 de julio.

Durante los últimos 16 días, este nombramiento ha sido atravesado por un clamor de transparencia.

Esther Cuesta, asambleísta por la circunscripción de Asia y Oceanía, escribió en su cuenta de twitter, que el designado (Arosemena) no cumple con el Código de Ética, ya que es concuñado, exnotario y socio del presidente de la República en al menos dos empresas.

El exembajador Fernando Yépez, aseguró al ser consultado en Radio La Calle, “El caso del Vaticano sí es especial.  No conozco si ya asumió funciones.  Si lo ha hecho tiene que haber renunciado a la Notaría y terminado sus depósitos o participaciones en empresas en paraísos fiscales. Si tiene capitales en paraísos fiscales no puede ser funcionario”.

Pero falta el detalle más importante. El decreto 35 de la Presidencia de la República confirmó a Ivonne Baki en la embajada de los Estados Unidos. Lasso, según la investigación del Consorcio Internacional de Inversiones, mantiene inversiones en Delaware y Dakota del Sur.

Finalmente, Roberto Illingworth Cabanilla embajador en Uruguay, otro de los paraísos fiscales detectado de por la Comunidad Europea, asumió el 20 de julio del año en curso, en reemplazo del exembajador Galo Galarza.

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