«Tras un operativo en el que fue detenido por la Policía Nacional, se leyeron sus derechos (Iza) para ser puesto a las órdenes de las autoridades judiciales en el marco de 24 horas legales. El responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente en la Fiscalía a primera hora de hoy (14 de junio)», reza el comunicado de la autoridad.

Según señala el escrito, la Fiscalía y el poder judicial deberán actuar con todo el rigor de la ley y la Constitución contra el líder indígena.

Asimismo, el régimen de Guillermo Lasso enfatiza que no permitirá que la «violencia» y el «vandalismo» se tomen al Ecuador. Agrega que el operativo se efectuó con total legalidad. Y que la Policía Nacional y demás autoridades que participaron en el operativo cuentan con todo el respaldo del Gobierno.

El ministro de Interior, Patricio Carrillo, señaló que «la Policía sí entregó el parte policial dentro del plazo legal (…) Iza fue aprehendido en Flagrancia (…) se leyeron sus derechos para ser puesto a órdenes de las autoridades»

Detención

Alrededor de la 01:00 de la madrugada de este martes 14 de junio, Leonidas Iza fue aprehendido por la Policía Nacional. Según las autoridades, el presidente de la Conaie estaba obstruyendo la Panamerica E35.

Los uniformados apresaron a Iza argumentando que impulsaba acciones para el «recrudecimiento y radicalización de la violencia«.

Actualmente, el líder indígena se encuentra en la Unidad de Flagrancia de Latacunga.

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El violento suceso tuvo lugar en el sector de Pastocalle, en la Panamericana sur, provincia de Cotopaxi. En ese lugar se puede observar cómo unidades de la Policía y de las Fuerzas Especiales del Ejército toman por la fuerza al líder indígena.

Ante el hecho, la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yasacama, llamó a «radicalizar» la movilización a nivel nacional, a la vez que denunció que desconoce el paradero de Leonidas Iza.

«Denunciamos al pueblo ecuatoriano y a nuestras organizaciones de base la detención arbitraria, ilegal e ilegítima de nuestro máximo líder, presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar. Denunciamos el desconocimiento del paradero de nuestro máximo representante de pueblos y nacionalidades, y responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier hecho que atente contra su vida e integridad frente a su detención ilegal», dijo Yasacama.

«El gobierno demuestra que no está dispuesto a escuchar al pueblo. Ante ello llamamos a todas nuestras estructuras organizadas, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a radicalizar la lucha a nivel nacional, en defensa de nuestra agenda de la lucha y de nuestro máximo representante», concluyó en el comunicado emitido en la madrugada.

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En la movilización contra las políticas del Gobierno de este miércoles 15 también se sumaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y productores agropecuarios, entre otros actores.

«El propósito de la movilización es enfrentarnos al paquete de reforma tributaria que el Gobierno quiere encubrir bajo el combate a la corrupción. Pero los grandes evasores de impuestos siguen evadiendo, lo que lleva a una repercusión de más de 7.500 millones de dólares».

Dijo a En Órbita Andrés Quishpe, coordinador nacional de la UNE y presidente del Frente Popular de Pichincha.

Según el entrevistado, «estos evasores son grandes industriales, de la banca y grandes empresarios. A esto se suma que en Ecuador existe un aumento progresivo en los combustibles, lo que genera un crecimiento del costo de vida. Los trabajadores también enfrentan una posible reforma laboral que busca volver a la tercerización y flexibilización».

Quishpe señaló que el país atraviesa una dura y larga crisis, agravada por la pandemia, la cual lentamente se está controlando debido al plan de vacunación. Sin embargo, aclaró que la vacuna «es un derecho y no una dádiva», por lo que no puede ser parte de la excusa para aplicar posteriores medidas de corte neoliberal hacia los trabajadores.

El coordinador nacional de la UNE y presidente del Frente Popular de Pichincha puntualizó que esta movilización «no es el inicio de una nueva etapa», sino la profundización de un «proceso de lucha» que ya estaba en marcha contra el actual Gobierno que asumió en mayo.

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Las redes sociales evidencian la represión en la Costa ecuatoriana. En tanto que las organizaciones sociales en Quito se convocaron para las 16:00 de este miércoles, en la caja del Seguro Social. Ellas se movilizarán hasta el centro capitalino para hacer escuchar su voz de rechazo a las políticas neoliberales del gobierno central. 

“Existe preocupación con las decisiones tomadas, incluyendo el aplazamiento de créditos a los trabajadores del campo, algo prometido en campaña”, dijo Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, la Federación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros del Ecuador. 

La manifestación rechazará la Ley de Oportunidad Laboral. Según José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), elimina la indemnización, la jubilación patronal y el salario básico.

El gobierno amenazó a los manifestantes

El presidente Lasso amenaza a sus detractores. El día que recibió su vacuna, el Mandatario aseguró que “quienes amenazan con un paro indefinido en las carreteras, les espera un tiempo indefinido en la cárcel”.

Ya anteriormente el Presidente en un acto castrense había dado su respaldo a los cuerpos armados en todas las acciones de control a manifestaciones y expresiones de rechazo.

“Aquellos que quieren comenzar con un chantaje de un paro que se encuentren con la Ley. Este Gobierno es amable sereno, pero firme. Los que quieren desafiliar a la Ley van a tener su respuesta: no vamos a permitir el caos y el desorden”, dijo entonces. 

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En el recinto Patricia Pilar, los ciudadanos sumaron su rechazo al gobierno con la queja al intento de privatización de la carretera, que implica poner un peaje en ese sector (ver video).

Las vías cerradas

De acuerdo con el informe de la autoridades, las carreteras cerradas en Guayas son las que conectan a la cabecera cantonal en Samborondón, y a la altura del redondel. 

También se registran incidentes en Juján, el recinto Tres Postes – a la altura del Centro Recreacional Rey Park. Los manifestantes también se encunetran en Naranjal y Puerto Inca. Otros puntos que presentan cierre de vpías son: Salitre, en la T, Santa Lucía, Sector El Espinal a 500 metros del redondel.

La vía a Babahoyo también se encuentra bloqueada. 

En la décimo cuarta convención del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), los dirigentes decidieron una Gran Movilización Nacional para este 15 de septiembre. 

La manifestación rechaza la Ley de Oportunidad Laboral, que según José Villavicencio, vicepresidente del FUT, elimina la indemnización, la jubilación patronal y el salario básico.

El gobierno amenazó a los manifestantes

El presidente Lasso amenaza a sus detractores. El día que recibió su vacuna, el Mandatario aseguró que “quienes amenazan con un paro indefinido en las carreteras, les espera un tiempo indefinido en la cárcel”.

Ya anteriormente el Presidente en un acto castrense había dado su total respaldo a los cuerpos armados en todas las acciones de control a manifestaciones y expresiones de rechazo.

“Aquellos que quieren comenzar con un chantaje de un paro que se encuentren con la Ley. Este Gobierno es amable sereno, pero firme. Los que quieren desafiliar a la Ley van a tener su respuesta: no vamos a permitir el caos y el desorden”, dijo entonces. 

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«Declarar que el prestador de servicios en frecuencia modulada Pichincha Comunicaciones E.P. no es responsable del cometimiento de la infracción de cuarta clase del artículo 120 numeral 5 de la Ley de Telecomunicaciones», dice el comunicado.

¿Qué dice la ley?

El artículo 120, numeral 5 indica que constituyen infracciones de cuarta clase las siguientes
conductas:

5. La prestación de servicios en contra de la seguridad nacional.

Pronunciamiento

«Dos años y medio después el gobierno de Lenín Moreno asume que radio Pichincha Comunicaciones no cometió ninguna infracción en Octubre 2019, pero en esa ocasión cerró la radio por varios días y la Fiscalía abrió una indagación penal, se amenazó a periodistas y empleados», escribió en Twitter, Orlando Pérez, representante legal del medio.

«Una vez más el tiempo nos da la razón, durante las protestas de octubre del 2019 Pichincha Comunicaciones se limitó a informar lo que sucedía en las calles del país. Confío que brille la verdad y la justicia en este y en todos los casos», escribió por su parte la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, «muchos de ellos arbitrariamente», según un comunicado del organismo publicado este viernes.

Organismos internacionales como la CIDH y la ONU enviaron misiones que investiguen y tomen testimonio de los actores de las protestas.

Desde el 02 de octubre, Ecuador salió a protestar por la derrogación de decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. El paro terminó el 14 de octubre con un diálogo entre la CONAIE y el gobierno.

La entrada Misión de la ONU confirma uso desproporcionado de la fuerza en el Paro Nacional se publicó primero en La Calle.

“Luego de un análisis minucioso de perfiles, decidió convocar para la conformación de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, a Rosalía Arteaga Serrano, Juan Cueva Ortega, Sybel Martínez Reinoso, Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas, como representantes de la sociedad civil, a fin de que se inicie el proceso de investigación de los hechos ocurridos y la vulneración de derechos humanos en el marco del paro nacional de octubre de 2019”, informó.

Los miembros fueron escogidos en función de la trayectoria de defensa de los derechos humanos. Además, no recibirán remuneración económica ni tendrán relación de dependencia con la defensoría.

El defensor del pueblo, Freddy Carrión, solicitó a las diferentes áreas de la institución que preside, el apoyo necesario y las facilidades para encaminar el trabajo a resultados favorables.

Comisiones del Paro

Además de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional formó la Comisión Multipartidista del Paro Nacional con el objetivo de recoger testimonios de varios actores de las protestas: medios de comunicación, estudiantes, movimiento indígena, policía nacional y miembros del gabinete de gobierno. Tienen hasta el 24 de noviembre para entregar un informe al pleno de la Asamblea.

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Durante las movilizaciones suscitadas del 02 al 13 de octubre se denunciaron varios casos de violación a los derechos humanos por parte de los manifestantes y la fuerza pública. Por lo cual, los organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional conformaron la Comisión de Justicia y Reparación Integral y la Comisión Ocasional Multipartidista. Ambas con el objetivo de investigar los hechos relacionados con el paro nacional.

Cabe destacar que, esta última comisión no solo tiene la misión de investigar las posibles transgresiones a los derechos sino, también, indagar sobre los supuestos abusos e intentos de desestabilización política y determinar responsabilidades. “Esta comisión efectuará control político sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública a nivel nacional, así como realizar un seguimiento al fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo establecido por el Gobierno”, indica el Legislativo en un comunicado publicado el 24 de octubre.

La Comisión Ocasional abrió el 02 de noviembre una convocatoria para que todos los interesados puedan entregar información sobre los sucesos en las manifestaciones. Los primeros en asistir ante los comisionados fueron los representantes de la Defensoría del Pueblo y la CONAIE, mismos que presentaron un recuento de las víctimas, heridos y detenidos en la semana del 04 al 08 de noviembre.

Actuación de la policía

El miércoles 06, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció ante la comisión, para dar detalles e información de las protestas. La secretaria de Estado indicó que los policías solo utilizaron armas de disuasión, no letales. Además, insistió que por parte de los manifestantes “existió preparación, entrenamiento y confección de artefactos artesanales, donde hubo ataque y proyección».

Las declaraciones de la ministra fueron criticadas por los medios alternativos digitales, quienes evidenciaron la fuerte represión producida sobre los manifestantes con gas lacrimógeno caducado, perdigones y toletazos por parte de la policía.

En una entrevista realizada el martes 12 por el medio digital La Posta, Romo aceptó que la policía hizo uso de gases caducados, justificando que se encontraban en una emergencia que se les salió de las manos. Los gases fueron utilizados en lugares en donde se hallaban niños, mujeres y ancianos, los cuales pueden provocar graves afecciones a la salud ya que inhalar este compuesto químico provoca convulsiones, abortos y problemas al corazón.

En la misma reunión, Cesar Rohon, asambleísta y miembro de la comisión multipartidista, preguntó a la ministra sobre las acciones de la Policía Nacional durante las manifestaciones. Romo respondió que “la policía redujo al máximo la posibilidad de enfrentamiento y de contacto físico con los protestantes”.

Sin embargo, los video en las redes sociales mostraban todo lo contrario. En uno de ellos se observa a un agente de la ley pasar por encima a un ciudadano con su motocicleta.

Durante las protestas, el movimiento indígena retuvo a 10 policías. Los gendarmes estuvieron a la vista de todas las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo medios nacionales, comunitarios y alternativos. A los uniformados se les entregó tarrinas de comida y fueron entregados pacíficamente, en horas de la noche, al Defensor del pueblo Freddy Carrión, bajo la supervisión del personal de la ONU, mismo que agradeció la entrega en un comunicado oficial.

Más testimonios

El jueves 07 de noviembre, diez miembros de la fuerza pública denunciaron ser víctimas de agresiones, calumnias y pérdidas oculares durante las manifestaciones de octubre. En respuesta a las declaraciones de los policías, Vargas afirmó que los gendarmes están mintiendo al país y están entrando en la mentira del gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mediante su cuenta oficial de Twitter, llamó a los medios nacionales a realizar una cobertura de lo que pasaba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Los periodistas que acudieron informaron que estaban ahí por su voluntad, y no retenidos.

Durante la misma jornada de comparecencias, la Comisión Multipartidista recibió a los exiliados tras las protestas. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes están con asilo en la sede diplomática mexicana, brindaron sus testimonios por videoconferencia. Los legisladores se catalogaron como perseguidos políticos y señalaron que no tuvieron más opción que acudir al asilo diplomático.

«Me asombra que la Asamblea en vez de proteger, nos cuestione», añadió Rivadeneira, quién también se solidarizó con sus coidearios, Virgilio Hernández y Paola Pabón, detenidos para investigaciones por supuesta rebelión y que comparecieron ante la Asamblea el lunes 11 de noviembre.

Un futuro informe

Fernanda Narváez, defensora de 33 ciudadanos detenidos en Contraloría, señala que hay varias inconsistencias en las aprehensiones incluso en las contradicciones.

Además, la dirigente Luisa Lozano lamenta que “el Estado tiene una deuda en cuanto a la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Asimismo, denuncia que durante el paro “la fuerza pública reprimió sin distinción de la presencia de mujeres, niños y ancianos”.

El asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Rohon condena las agresiones durante el paro nacional. “Ningún decreto puede generar tanta violencia, existieron hechos que perjudicaron al país económicamente”, declaró.

La Comisión tiene 30 días para presentar su informe al pleno de la Asamblea. De manera que, el 24 de noviembre, el país tendrá una respuesta del Legislativo.

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La acción sucedió después que la ministra de Gobierno, María Paula Romo insinuara en rueda de prensa, el pasado octubre, que Rusia estaba detrás del paro nacional que tuvo lugar en todo el Ecuador entre el 3 y 13 de octubre de 2019.

«Un nivel parecido de intensidad y de violencia al que se enfrentó en las calles del país también se enfrentó en la comunicación», como «el ataque en redes sociales» y «la cantidad de información falsa», señaló la ministra, quien además, ironizó sobre el hecho diciendo que «llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso», en referencia a RT.

El medio de comunicación ruso fue parte de la prensa extranjera que transmitió las protestas en contra del paquetazo del presidente Lenín Moreno. Y aunque no fue la única en transmitir, sí es la única en salir del aire.

“Sin previo aviso ni explicación alguna, la corporación nacional cortó este jueves la emisión del canal”, dijo RT quienes aseguraron que CNT lanzó la propuesta para que en lugar del medio ruso, puedan transmitir canales de deportes.

“RT, como muchos otros medios de comunicación internacional, transmitió en vivo las manifestaciones en el país suramericano. Las más masivas en los últimos 15 años, al igual que agencias y medios como EFE, El País y La Vanguardia, de España; El Tiempo, de Colombia; o Infobae, entre otros”, reclamó RT.

La entrada CNT censura al canal público ruso RT se publicó primero en La Calle.

«Nuestra labor como medio de comunicación independiente y alternativo fue darle la posibilidad a la gente de que conozca la realidad de lo que estaba pasando”, expresó Edison Pérez sobre el trabajo de Radio La Calle durante el paro nacional.

Andrés Sotomayor se refirió a la labor de los medios digitales independientes como espacios que lograron “romper el cerco mediático” con la difusión permanente de los hechos desencadenados en el paro. Coberturas que hicieron eco “no solo a nivel nacional sino en el exterior». Además narró un caso específico de represión que habría sufrido una persona cercana a él, por parte del Gobierno.

Por su parte, Carla Merino enfatizó la “importancia” que tiene la lucha de las mujeres en el paro nacional. No obstante, existe “olvido” por parte de los ciudadanos.

Jhairen Noriega se refirió al activismo de los estudiantes, no solamente en las movilizaciones, sino en los centros de acopio. Sin embargo, no existe apoyo por parte de autoridades. «Las federaciones no son capaces de canalizar las demandas estudiantiles, muchas de las veces responden a intereses políticos».

El evento finalizó con un análisis sobre el panorama político que se entrevé para el movimiento indígena en el marco de las futuras elecciones presidenciales.

CL

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“La fiscalización es parte normal a lo que un funcionario público está sometido, así tomo yo esta convocatoria o este llamado a dos juicios políticos”, dijo la ministra.

Además, acotó que responde por el trabajo de la Policía. “La actuación tiene que ser en el marco de la Constitución y la ley y yo confío en que así he actuado”, enfatizó.

En cuanto a los juicios políticos, Romo mencionó que: “primero se tendrá que determinar cuáles son mis funciones para ver si de alguna manera yo las he incumplido” (…) “Hay al menos dos de los casos que están incluidos en los juicios políticos que no hacen parte de mis funciones legales, el tema del cumplimiento pleno de la ley de prevención de violencia de género y el otro tema tiene que ver con el sistema carcelario. A pesar de que la Policía apoya con su contingente en la seguridad de las cárceles, es un tema que le corresponde a otro ministerio”

Dos juicios políticos

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso a dos juicios políticos en contra de la Ministra de Gobierno María Paula Romo este miércoles, por incumplimiento de sus funciones, crisis carcelaria e inseguridad del país.

La aprobación del CAL se dio con los votos favorables de los asambleístas Cristina Reyes (PSC), Patricio Donoso (CREO), Rina Campain (CREO) y Ana Belén Marín (Alianza PAIS). En cambio, se abstuvieron Cesar Litardo (presidente de la Asamblea), Cesar Solórzano (BIN) y Carlos Cambala (Alianza PAÍS).

La primera solicitud de juicio político apareció el 8 de agosto, con 42 firmas de respaldo. También se mencionó el mal uso de bienes públicos, como el helicóptero de la Policía en el feriado de Carnaval. El segundo pedido fue el 24 de septiembre; donde se hizo énfasis en la crisis del sistema penitenciario y la seguridad ciudadana.

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Esto se aprobó con cuatro votos a favor de los asambleístas Patricio Donoso, Cristina Reyes, Ana Belén Marín y Rina Campain. Tres legisladores se abstuvieron: César Litardo, Carlos Cambala y César Solorzano.

En la agenda del legislativo también constan temas como el análisis de la Proforma 2020. Además del evento Democracia y transparencia electoral en el marco de los debates sobre las reformas al Código de la Democracia.

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“Nosotros traemos el banco a la calle para asegurarnos de que todos los sectores productivos tengan el impulso financiero que necesitan para consolidarse”, expresa Jorge Wated, presidente de BanEcuador en su cuenta de twitter.

Este préstamo aplica para toda la población en situación de emergencia. De acuerdo con Wated, busca ayudar a reactivar los negocios, preservar los empleos y apoyar los emprendimientos.

La Cámara de Comercio de Guayaquil estimó que el prejuicio económico en el sector productivo nacional, durante los 11 días de paro alcanzó alrededor de USD 260 millones.

En el país, brigadas de BanEcuador han visitado más de 300 locales para informar sobre los beneficios que ofrece su servicio. Sin embargo, a pesar de que se trata de un banco impulsado por el Gobierno Nacional, la tasa de interés que maneja es relativamente alta. Esta es de 8,9%, y tiene plazos de pago de hasta 10 años; así la institución saca provecho de los préstamos a la ciudadanía.

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“La Comisión agradece la invitación y apoyo por parte del Estado de Ecuador para realizar esta misión de observación, y expresa su gratitud por toda la asistencia prestada para la organización y desarrollo de la misma así como por la logística de transporte y seguridad facilitada cuando fue requerida. Asimismo, valora la apertura y receptividad de las autoridades para abordar los temas de interés de la CIDH”.

Entre el 28 y el 30 de octubre de 2019, posterior a la invitación del gobierno ecuatoriano, la delegación visitó el Ecuador con el fin de observar y analizar el escenario de los derechos humanos tras las protestas registradas entre el 03 y el 13 de octubre, y que fueron generadas por las medidas económicas propuestas por el gobierno de Lenin Moreno.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

EM/DC/PE/EC

La entrada La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizó sus labores en el país se publicó primero en La Calle.

“Por la sangre de nuestros hermanos, no vamos a aceptar ni un otro Decreto parecido al 883. Ecuador no lo va a aceptar. Y eso quiero dejarlo en claro”, dijo el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. La propuesta, que recoge las peticiones del Parlamento de los Pueblos e Instituciones Sociales, que agrupa a más de 180 organizaciones, se analizará en las mesas de diálogo.

Esta alternativa económica surge de la inconformidad del movimiento indígena con las reformas económicas y laborales Lenín Moreno. Dichas medidas responden a las peticiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de un préstamo de USD10 mil millones.

El anterior intento del gobierno para ajustarse a las medidas solicitadas por el FMI terminaron en una movilización masiva que duró doce días, y arrinconó al gobierno hasta obligarlo a recular en su intención.

MM/CP/CM/sam

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«Agradecemos la gestión de fábrica surda, que es un colectivo que se mueve en los barrios del sur de la ciudad, a la UCE y a la ASO-FACSO que ha colaborado con el presupuesto.», contó Alex Pérez, estudiante de la facultad.

En la exposición se pueden visualizar ocho paneles con fotografías de las movilizaciones, suscitadas en la ciudad de Quito el 3 de octubre del 2019. Las imágenes representan las acciones de los protestantes, sus emociones y expresiones de lucha e ira.

Además, hubo una muestra de materiales que sirvieron para la resistencia durante los doce días de paro. En esta sección varios estudiantes compartieron sus experiencias con el gas lacrimógeno, así como varias piezas de este explosivo y otros instrumentos que fueron usados para agredir a los manifestantes. Los autores de estas fotografías fueron los estudiantes de Comunicación Social y del fotógrafo profesional mexicano Iván Castañeda.

MIB/DC

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«Fallece Edgar Yucailla de 32 años, Chimborazo, con trauma cráneo encefálico severo penetrante por arma de fuego. La violencia policial, en la represión a la movilización nacional en rechazo al decreto 883, suma otra víctima mortal», escribió la CONAIE en su cuenta de Twitter. 

Con la muerte de Édgar Yucailla, la cifra de víctimas mortales sube a once personas, según los datos de la Defensoría del Pueblo. Entre los fallecidos constan: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega, Silvia Mera, Edison Mosquera, Gabriel Ángulo y Edwin Bolaños. 

Este suceso tiene lugar en medio de la visita que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a Quito la noche del domingo para recabar información sobre los doce días de movilizaciones que se registraron en el país, a inicios de octubre.

El trabajo de la Comisión consistirá en recolectar testimonios de las personas que sufrieron vulneración a sus Derechos Humanos. La ciudadanía puede acercarse al Swissôtel Quito, en la Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero, de 09:00 a 18:00.

MIB/SAM

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Los dirigentes indígenas denunciaron públicamente, el miércoles 16 de octubre, que el Gobierno no está tomando en serio las mesas de diálogo, enviaron a un asesor presidencial y un subsecretario a la reunión. Esto exacerbó los ánimos y la paciencia del Movimiento Indígena.

Por su parte, los dirigentes de los trabajadores anunciaron movilizaciones para el 30 de octubre como una medida de presión por ser relegados del diálogo, sin embargo, el mismo día del anuncio, el jueves 17 de octubre, fueron recibidos por funcionarios de Gobierno en el Palacio de Carondelet. No obstante, la medida no fue levantada.

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Para este fin la CIDH convocó a todos los ciudadanos a asistir al hotel Swissotel, en Quito, entre las 9:00 y 18:00 para que ofrezcan testimonios sobre los hechos que acaecieron en las protestas.

Por eso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a las personas y familiares de quienes sufrieron vulneración a sus derechos humanos e integridad física a asistir a la sede de Conaie en la Av Granados y 6 de Diciembre, para que entreguen información sobre su situación. Adicionalmente, los trasladarán hasta el Swissotel para acompañarlos a presentar las denuncias.

La CIDH permanecerá en Ecuador hasta el miércoles 30 de octubre y está liderada por la presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño y la acompañan los comisionados Luis Ernesto Vargas, Antonia Urrejola y el secretario Ejecutivo Paulo Abrão, además de los relatores especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Culturales y Ambientales.

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