La denuncia fue presentada este lunes ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde las organizaciones exigieron que el candidato rectifique sus declaraciones, ofrezca disculpas públicas y enfrente la posible pérdida de sus derechos políticos.

Las declaraciones que motivaron la denuncia corresponden a una entrevista ofrecida por Tillería al medio digital La Posta el pasado viernes. En esta intervención, el candidato expresó opiniones polémicas sobre la identidad de género y los derechos de los niños y niñas trans, llegando a compararlos con trastornos psicológicos y actos ficticios.

Las opiniones de Tillería tendrían repercusiones

Estas afirmaciones se dieron en el contexto de una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que aceptó una acción extraordinaria de protección en un caso de discriminación por género hacia una niña trans. Tillería manifestó su desacuerdo con la decisión y cuestionó el papel que el Estado debería asumir frente a este tipo de casos.

Sobre el tema, declaró: «Nosotros respetamos a los niños, pero no podemos azuzar desde el Estado que ahora la Corte Constitucional de un dictamen para que el Ministerio de Educación lo asista en esta transición. (…) Les van a pedir a los profesores que tienen que hacer protocolos para que el resto de niños les entiendan en sus problemas psicológicos de que un niño dice que es niña», dijo Tillería.

Al referirse al caso de una familia española en Ecuador que motivó la sentencia, Tillería aseveró: «Esto viene de una agenda de (la exministra española de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos) Irene Montero, de España, donde tratan de adoctrinar a los niños y meter el germen en nuestra infancia».

El candidato también criticó las directrices que, según la sentencia, el Ministerio de Educación debe implementar para asistir a menores en su transición de género. En su opinión, estas deberían ser sustituidas por apoyo psicológico: «llegaron hasta la Corte Constitucional para decirle al Ministerio de Educación que tiene que hacer directrices, en lugar de tener un psicólogo en el colegio que le diga que es niña y de tratar de darle una guía psicológica para que entienda que tiene su fisonomía de niña y que tiene que ir a los baños de niñas», añadió.

Para Tillería, permitir que menores de edad tomen decisiones sobre su identidad de género es inaceptable. «Promover desde el Estado que un niño transite de género es una aberración que no tenemos que dejar que entre a Ecuador», enfatizó.

En una comparación, expresó: «Si el día de mañana mi hijo me dice que quiere mutilarse un dedo para parecerse a Spiderman, yo necesito, para que no vaya a mutilarse su dedo, llevarlo a algún tratamiento psicológico para que le explique que él no es Spiderman. Lo mismo ocurriría si él me dice que quiere mutilarse el pene para ser niño», insistió.

Aunque afirmó que no tiene problemas con que las personas adultas decidan sobre su cuerpo, concluyó que, desde su perspectiva, es necesario «proteger a la infancia».

Activistas y organizaciones respondieron

Las declaraciones de Luis Felipe Tillería generaron una respuesta inmediata y contundente por parte de activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Diane Rodríguez, activista y presidenta de la Asociación Silueta X, afirmó que no se puede permitir que un discurso que minimiza la identidad de género de las personas trans, especialmente de niños y niñas, sea normalizado bajo el pretexto de ser opiniones personales.

«Las palabras de Tillería reflejan un desconocimiento profundo sobre derechos humanos y promueven un entorno de odio e intolerancia que va en contra de los principios democráticos», expresó Rodríguez, dejando claro el impacto negativo que estos discursos tienen en una sociedad que busca avanzar hacia la inclusión y el respeto.

En un comunicado conjunto, varias asociaciones reforzaron esta postura, exigiendo que los actores políticos basen sus discursos y propuestas en la responsabilidad y el apego a los derechos humanos. Estas organizaciones recordaron que la protección de las minorías y el respeto a la diversidad son pilares esenciales de una democracia.

Rodríguez también subrayó que las declaraciones de Tillería carecen de fundamentos científicos y sociales, perpetuando prejuicios y fomentando un entorno discriminatorio. Citó investigaciones psicológicas y médicas que reconocen la identidad de género como una dimensión inherente al desarrollo humano, destacando que el acompañamiento adecuado puede mejorar significativamente la salud mental y emocional de los menores trans. Según la activista, utilizar el argumento de “proteger a la infancia” para negar derechos fundamentales, como el reconocimiento de la identidad, no solo es falaz, sino que refuerza la exclusión de un grupo ya vulnerable.

Horas después de la presentación de la denuncia, Tillería respondió en una rueda de prensa, reafirmando su postura y defendiendo sus declaraciones. «Yo me ratifico: tratar de adoctrinar a niños o asistir a niños en una transición transexual es una aberración», afirmó. Además, sostuvo que los profesionales de la salud que acompañen a menores en su transición de género «se ven obligados a hacerlo porque si no se meten en problemas con el Ministerio de Salud».

Tillería: de denunciante a denunciado

El 9 de enero de 2025 marcó un momento significativo para Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por el movimiento Avanza. En una resolución emitida ese día, el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia que Tillería había presentado el 6 de enero en contra del presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección por el movimiento ADN.

Tillería había acusado a Noboa de no haber solicitado licencia para realizar actividades proselitistas tras el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, el juez determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos legales para ser tramitada, ya que la normativa establece que únicamente los representantes de las organizaciones políticas, y no los candidatos de manera individual, están facultados para presentar este tipo de acciones. «Los partidos y movimientos políticos gozan de la legitimación para hacerlo, en consecuencia, los candidatos no pueden proponer este tipo de acciones de manera individual», señaló Muñoz en su resolución.

Mientras tanto, Noboa continuaba con su campaña en Santa Elena, su bastión político, tras haber delegado la Presidencia de manera interina a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración. En un movimiento estratégico, Noboa garantizó que su actividad proselitista se ajustara al marco legal, contrastando con las acusaciones de su adversario.

IF

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Quito, 24 dic (La Calle).- Tras el asesinato del candidato del movimiento Avanza por la provincia de Los Ríos, Patricio ‘Cholo’ Mendoza, la organización política deberá elegir un reemplazo, indica la Ley. No obstante, representantes y voceros del movimiento no se han pronunciado al respecto.

“Si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal, comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza”, señala el artículo 112 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia.

«Puede constar en la papeleta»

El pasado 22 de diciembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que si un candidato inscrito muere o es asesinado “las papeletas salen tal cual porque las candidaturas son irrenunciables. Ya nos ha sucedido en ocasiones pasadas, pero si es que este candidato resultare ganador el suplente pasa a ocupar ese puesto”. Así mismo, recalcó que “podría constar en la papeleta, pero tendremos que decidir sobre aquello”.

No obstante, la misma ley establece que si el deceso del candidato se produce antes de la impresión de las papeletas, se imprimirán nuevas actas con la fotografía y el nombre del suplente. Esto es probable, dada la pugna entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que no permite la definitiva impresión de las mismas por la inscripción del binomio Noboa-Cornejo.

Un hecho similar

En las elecciones seccionales de marzo de 2019, el difunto candidato socialcristiano Juan Gonzabay Cayetano obtuvo la victoria para vocales de Juntas Parroquiales en Juan Gómez Rendón (Progreso), en la parroquia rural de Guayaquil. El político del PSC murió tras sufrir un paro cardiaco el 13 de enero de 2019; a solo dos meses de las elecciones. Sin embargo, su nombre y fotografía constaron en las papeletas.  Su triunfo lideró las candidaturas con 1.731 votos.

Al respecto la Ley dicta que si las actas ya fueron impresas pese a la muerte del candidato, entonces, se computarán los votos al alterno.

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“Ya son dos años desde que expulsamos a Ramiro González. Nosotros hemos renovado filas. Hemos depurado todo el partido. Esta fue una de las decisiones acertadas para enfrentar las elecciones del 2021. En la actualidad, Álvaro Castillo es el presidente del partido, seguido de mi función como secretario general”, señaló durante una entrevista para Radio La Calle.

El miembro de la directiva Avanza, que auspicia al empresario Isidro Romero en su candidatura a la Presidencia, recordó que estas acusaciones afectaron al movimiento y por ello fue imprescindible reorganizar el partido.  “Nuestra lucha es contra la corrupción. De qué sirve que los legisladores estemos en constante tema de fiscalización si el sistema de justicia no funciona o si no existe un seguimiento. Es necesario extraer la maleza desde la raíz”, añadió.

Propuestas del movimiento Avanza

En caso de ganar las elecciones, el partido político implantará un “estado de bienestar productivo” desde una perspectiva social demócrata. Javier Orti Torres dijo que se enfocarán en tres dimensiones: una agenda legislativa que permita cumplir con reformas legales, seguridad jurídica, una firme fiscalización y un seguimiento al comportamiento legislativo.  “He sido crítico del modelo de gestión del oficialismo. Este gobierno irresponsable debe quedar en el pasado y los ciudadanos deberán olvidar este episodio”, señaló.

Torres propone, adicionalmente, que los legisladores sean pagados de acuerdo con la labor que realizan para evitar “que vayan a calentar el puesto”. El secretario considera que en esta crisis no hay modo de divorciar una estrategia económica pública de la privada por lo que es necesario que se trabaje en conjunto. “Nosotros somos de centro con la visión empresarial de Romero”, concluyó. 

Ramiro González se desempeñó como presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y fue ministro de Industrias y Productividad en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Avanza lo expulsó del partido el 20 de junio del 2018 y permanece prófugo de la justicia hasta la actualidad. (GG)

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