Al respecto de la situación, Noboa enfatizó que es muy probable que se envíen preguntas adicionales. Estas podrían surgir a través de la petición o solicitud de cualquiera de las bancadas que integran la Asamblea Nacional. Pero solo serían admitidas si son válidas.

«No vamos aceptar cosas que perjudiquen a los ciudadanos. Si viene una pregunta válida del Partido Social Cristiano (PCS), Revolución Ciudadana (RC), ‘destruye’ (Construye) o de los independientes, si está bien, es válida, y se enviará a la Corte Constitucional», mencionó Noboa.

María Paula Romo: ¿un pokémon?

Adicionalmente, Noboa afirmó que el movimiento ‘Construye‘ legalmente no debería seguir existiendo. Pero también se refirió a María Paula Romo.

«Construye, ‘destruye’, ex correístas, no se como determinarlos. Son ex correístas. María Paula Romo fue presidenta de la Comision de Justicia del correísmo, fue Asambleísta Constituyente del correísmo, fue elegida por el correísmo, luego traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultra derecha, es una evolución increíble, un pokémon más o menos», argumentó Noboa durante el diálogo.

«No tengo piedras en el zapato (refiriéndose a ‘Construye’), por ahí una basurita en el ojo pero me la limpio«, destacó el primer mandatario respecto de las posturas adoptadas por parte de la oposición.

JR

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«Acuerdos por la gobernabilidad»

Henry Kronfle destaca que los acuerdos se centran en trabajar por la gobernabilidad y mejorar la ley. Asegura que la intervención de todos los movimientos políticos garantizará los votos para aprobar proyectos gubernamentales.

«Legislando para el empleo y la eficiencia»

La Asamblea, bajo la presidencia de Kronfle, se enfocará en impulsar el empleo y eficiencia legislativa. Se trabajará en proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y se buscará despejar 600 proyectos represados, priorizando la dinamización del empleo.

“Compilamos 35 proyectos de (reforma al) Código Orgánico Integral Penal, que ya son uno. Estamos trabajando en los 600 proyectos represados, ojalá los podamos hacer 50 por materia”, señalo.

«Reforma Tributaria y sus matices»

Kronfle elogia la Reforma Tributaria por su impulso a zonas de desarrollo y la deducibilidad para la generación de empleo. Reconoce la necesidad de pulir ciertos aspectos, como la venta ocasional de bienes inmuebles, para fortalecer la industria de la construcción.

“Tiene cosas buenas y hay que pulir otras cosas. Trata de impulsar las zonas especiales desarrollo y las zonas francas (…) Veo muy bien la ley en el impulso a través de la deducibilidad de la generación de empleo para la juventud”, recalcó.

«Vigencia y posible veto presidencial»

Anticipa que la primera ley de Noboa estará vigente antes del 31 de diciembre. Aunque no se ha discutido, duda que el presidente vete su propia ley, a menos que no se ajuste a parámetros aceptables.

«Recuperación de credibilidad y eficiencia legislativa»

Kronfle busca recuperar la credibilidad de la Asamblea a través de un cronograma que permita a los asambleístas trabajar en sus territorios. Aboga por limitar cambios innecesarios en el orden del día y enfocarse en leyes relevantes para evitar pérdidas de tiempo en asuntos triviales.

“Y hay que aprobar las leyes que son necesarias. Y discúlpeme, dejar de perder el tiempo en el Día del Bizcocho, del Mazapán, de la Bicicleta, de la Bujía, porque eso a nadie le interesa”.

El asambleísta debe trabajar en territorio

Kronfle destaca que es necesario que los asambleístas trabajen en territorio y que su tiempo no solo se destine a estar encerrados todo el día en una oficina; aislado de los problemas de la ciudadanía.

“Una vez que pasemos esta etapa de transición de la reapertura de la Asamblea, espero ya en 90 días tener un cronograma para que, por lo menos una semana al mes, el asambleísta no esté encerrado en Quito”, concluyó.

JR

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«No hay pacto ni acuerdo (…) Dato mata relato, el vicepresidente de ADN obtuvo 130 votos. Pacto de qué si ahí están metidos todos. O sea, pactó el 95 % del Legislativo», dijo en entrevista.

También, mencionó que supuestamente no habrá impunidad para los personajes políticos de ninguna ideología política. «Ni de izquierda, derecha o centro», ratificó.

Apuntó que los legisladores podrán estar de acuerdo en algunas cosas, mientras que en otras se mantendrán las diferencias. Recalcó que como bancada no estarán a favor de ningún tipo de impunidad.

Días atrás, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta comentó que lo que existió fueron conversaciones legislativas, pero nunca un acuerdo. Según él, si eso se hubiese oficializado las otras partes (RC y PSC) lo hubiesen «violado desde el primer día».

El pedido de una supuesta banda

Noboa reveló que una banda delictiva le habría pedido un acuerdo de paz con el Gobierno. «Esa carta significa que algo estamos haciendo bien», enfatizó.

Además, anticipó que debería existir violencia pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. Mencionó que publicarán en los diarios los jueces o fiscales que dejan en libertad, pese a que los policías y militares se jugaron la vida en su arresto.

«Claro y lo publicaremos en los diarios y lo sacaremos en la televisión para que se empiece a sentir la vergüenza pública», repitió.

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Vicente Tayano, jefe de bancada del PSC, mencionó -la noche del 5 de diciembre- que el partido y sus aliados firmaron la solicitud de juicio político contra los vocales y exvocales del CJ.

«Reafirmamos nuestro compromiso de respetar la independencia de la Función Judicial, que además debe ser absolutamente transparente tanto en la gestión administrativa como en sus resultados», reza el comunicado.

A la par, el oficialismo indicó que apoyará esta solicitud. Alegó que velará para que la legitimidad no sea menospreciada y manipulada por sujetos que la manejan de manera irresponsable.

«Los servidores públicos deben responder por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones(…) La impunidad no es parte de la agenda de ADN», detalla el comunicado.

El asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel anunció que iniciarían un proceso de juicio político contra el presidente Wilman Terán, y los vocales Xavier Muñoz y Ruth Barreno.

Pese a que ya tienen las 35 firmas de respaldo para impulsar el proceso, el legislador detalló que no trabajarán con la Revolución Ciudadana (RC). No obstante, el momento en que la petición entre en debate en la Asamblea necesitarán 91 votos para que se puedan censurar y destituir a los implicados.

La respuesta de Terán

La única respuesta del titular del CJ la emitió en su cuenta de X. Terán afirmó que entregará todo la documentación requerida para el control por parte del Legislativo.

Según él, mientras tanto los integrantes de la institución se «mantienen trabajando con normalidad y continúan con el reto de entregar al país una justicia célere».

Un cúmulo de problemas

Terán estaba en el ojo de la opinión pública, pues el integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), señaló que habría recibido una denuncia ciudadana que interpusieron algunos simpatizantes de Fernando Villavicencio (+) sobre supuestas irregularidades en la designación de Terán.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte y que no existió ninguna comisión ciudadana. Sin embargo, el titular del CJ, en entrevista con Radio La Calle, que su designación estuvo «apegada en derecho y cumplió todos los requisitos».

”Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán”, dijo a los medios de comunicación.

La entrada El PSC y el oficialismo se suman a la petición de juico político contra Terán y otros vocales se publicó primero en La Calle.

Izurieta mencionó, en entrevista en Noti Mundo, que si existiría un pacto «las otras partes lo violarían enseguida». Resaltó que solo es una especie de «tregua» luego de los cuatros años de desastre que tuvo que pasar el país.

Sin embargo, el 13 de noviembre -día en el que entregaron las credenciales a los legisladores- la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, y sus homólogas Pierina Correa y Marcela Holguín, de la RC, confirmaron que llegaron a un acuerdo de gobernabilidad.

Por otro lado, Izurieta apuntó que lo que existió fue «conversaciones legislativas» que permitirían afrontar el reto de cómo ocupar las instancias legislativas.

Señaló que «estas conversaciones» permitieron que baje la temperatura política y las demandas políticas. Según él, el Estado ahora tiene otras prioridades y retos en materia de seguridad y violencia que debe atender.

«Todo partido político tiene sus intereses y trabajarán en todas las esferas para perseguirlos. Ahora, tenemos una lección presidencial distinta por los tiempos», dijo.

La entrada “No hay acuerdo, hay una tregua con la RC y el PSC”, dice el secretario de Comunicación de Noboa se publicó primero en La Calle.

Recalde comentó, en entrevista para Radio La Calle, que esa es una respuesta que tienen los ciudadanos a la crisis política y social que atraviesa el país. Además, señaló que esto muestra una amplia expectativa y confianza en el presidente electo Daniel Noboa.

«Lo que vivimos es la evidencia del grado de inestabilidad y desorden por la falta de gestión y colaboración entre el Legislativo, el Ejecutivo y las fuerzas políticas», dijo.

Sin embargo, hay un escenario que muestra otra realidad, y es que solo el 3 % de los ecuatorianos confía en la Asamblea Nacional. Mientras que tan solo el 2 % tiene confianza en los partidos políticos.

De la misma manera, reveló que apenas el 8 % confía en el Estado y solo el 3 % en el Gobierno Nacional.

«Ante ese déficit de confianza institucional debe haber una razón especial para que no se renueve este descrédito», puntualizó.

Credibilidad en Noboa

Recalde mencionó que al menos el 74 % de los ciudadanos consideran que Daniel Noboa tiene una buena imagen, lo que genera expectativas positivas. Además, apuntó que más del 37 % esperaría que el presidente electo genere un diálogo con todos los partidos.

También, resaltó el ascenso que mostró Noboa en los últimos meses. Actualmente, tiene nueve puntos más de los que obtuvo cunado terminó ganador en la segunda vuelta electoral. «Eso sin contar que desde que estaba en campaña ya tenía una buena calificación», repitió.

El famoso pacto

La directora de Perfiles de Opinión detalló que los acuerdos con las fuerzas políticas en el Pleno demuestran que movieron su agenda para llegar a un punto de gobernabilidad. No obstante, manifestó que las divisiones internas en Construye mostraron, de alguna manera, que su agenda no permitiría avanzar con el plan que estaba diseñado.

«A la RC, PSC y el oficialismo no les une el amor, pero sí el espanto frente a la otra agenda o a la inestabilidad como consecuencia de no llegar a estos acuerdos», resaltó.

Apuntó que esta alianza no necesariamente implica un cogobierno, pues las declaraciones de los legisladores sobre su agenda política generarían algunos desacuerdos que los «resolverían en las votaciones».

«Un punto importante de esto es que el presidente electo aún no se ha referido a las fuerzas políticas de la misma manera que el presidente saliente», citó.

Finalmente, aclaró que todos los actores políticos mantienen una agenda política, pero indicó que conforme pase el tiempo estos demostrarán si antepusieron sus intereses o las necesidades de los ecuatorianos.

La entrada El 58 % de los ecuatorianos aprueba el acuerdo legislativo entre la RC, el PSC y el oficialismo se publicó primero en La Calle.

El asambleísta del PSC, Henry Kronfle fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional. El socialcristiano obtuvo 128 a favor y solo nueve abstenciones, que pertenecen a los asambleístas de Pachakutik, Claro que se puede, Avanza y Construye.

El nuevo presidente del Legislativo alegó que el pacto entre su bancada, la RC, y ADN es el «primer paso para la madurez y responsabilidad política». También, señaló que el mecanismo de la muerte cruzada que decretó el jefe de Estado, Guillermo Lasso, permitió evidenciar el desgobierno en que vive el Ecuador.

«Nunca más un pueblo empobrecido. Es momento de devolverle la credibilidad a este Pleno que nos acoge», dijo.

Primer vicepresidenta

Por su parte, la legisladora Viviana Veloz (RC) fue seleccionada como la primera vicepresidenta del Pleno. Veloz obtuvo 99 votos afirmativos, 24 en contra y 14 abstenciones.

La moción fue presentada por su colega Pamela Aguirre. Veloz fue ponente del juicio político contra Lasso en la extinta Asamblea.

«Es un honor presentar a mi compañera y una de las representaciones de la bancada», expresó Cuesta.

Segundo Vicepresidente

Este puesto lo ocupará Erick Recalde, asambleísta de ADN. El segundo vicepresidente obtuvo 130 votos afirmativos y siete abstenciones.

El parlamentario aseguró que trabajará para las personas que los «gobiernos de turno han olvidado». Recalcó que es momento de forjar un nuevo país en pro de los ecuatorianos.

«Los grupos de poder económico y político critican esta unidad porque siempre buscan que estemos en confrontación y divididos», dijo.

Vocales del CAL

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada bancada de la Asamblea debe tener una representación en el CAL. De no existir una nominación es aceptable que los legisladores mencionen a uno de sus compañeros.

Los puestos quedaron de la siguiente manera:

• Primer Vocal: Ester Cuesta con 101 votos afirmativos, 22 en contra y 14 abstenciones.
• Segundo Vocal: Diego Matovelle, quien obtuvo 131 votos a favor y seis abstenciones.
• Tercer Vocal: Este puesto aún está vacante, debido a que la nominación de Ana Galarza a Amy Gende solo obtuvo 68 votos a favor.

Para que un legislador sea aprobado se necesitan al menos 70 votos, de lo contrario la moción se reconsidera.

Luego de los resultados, Construye se reunió para elegir a un nuevo representante. SIn embargo, pese a que Galarza y Gende buscaron apoyo en otros sectores, el presidente del Legislativo suspendió la moción y continúo la reunión.

• Cuarto vocal: Jorge Acaiturri fue respaldado con 130 votos a favor y siete abstenciones.

Finalmente, Kronfle suspendió la sesión y convocó a otra el próximo domingo 19 de noviembre para terminar con la selección del o la tercera vocal del CAL.

La entrada Así queda conformado el Consejo de Administración Legislativa, sin espacio para Construye se publicó primero en La Calle.

Correa apuntó que los nombres de los posibles candidatos a la Vicepresidencia del Legislativo aún se tratan con sigilo por los eventuales actos que puedan generarse. De la misma manera, mencionó que al ser una de las bancadas más grandes aspiran llegar a la primera Vicepresidencia.

Asimismo, Marcela Holguín (legisladora de la RC) indicó que existe la posibilidad de que dos parlamentarios de la bancada ocupen un lugar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Un sí con condiciones

Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, señaló que el acuerdo nacional en el Legislativo era necesario para garantizar la gobernabilidad de Daniel Noboa. Sin embargo, remarcó que hay «líneas rojas» que no van a cruzar. Una de ellas, la intención de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, o «los temas de impunidad».

«Ahora somos una bancada más grande. Ya somos 25 personas que trabajaremos juntos. El acuerdo será para tener los votos en las leyes económicas urgentes del presidente», dijo.

Además, aseguró que dentro del pacto tendrán lo que les corresponde que es una vocalía en el CAL y un candidato a la Vicepresidencia.

Un golpe bajo

Mientras que a Construye no le cayó muy bien la idea de que se haya concretado el acuerdo entre esas bancadas, por lo que Patricio Carrillo, detalló que están dialogando con otros legisladores para generar una oposición en las «líneas que crucen la raya».

Además, a través de un comunicado, resaltó algunos puntos «inquebrantables» para la gobernabilidad de este periodo; entre ellos: cero tolerancia con las mafias, una reforma constitucional para la extradición de criminales, depurar y fortalecer la administración de la justicia, impulsar y apoyar una agenda productiva y económica, entre otros.

Además, resaltó que «no postergarán ni sacrificarán el contenido de su agenda política por a cambio de una negociación».

«Exigimos al gobierno una actitud de mayor respeto a las bancadas y organizaciones políticas; conversaciones francas sobre los temas del país», reza el comunicado.

La entrada RC, PSC, y ADN respaldan a Kronfle para que llegue a la Presidencia de la Asamblea se publicó primero en La Calle.

En un comunicado ambiguo, el PSC informó que la Asamblea Nacional de la organización política aprobó por unanimidad apoyar oficialmente la candidatura a la Presidencia de Topic.

Asimismo, estuvo de acuerdo en otorgarle a él el derecho a proponer el nombre de la candidata a la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, aclaró que la Asamblea continuará instalada en sesión permanente debido a que sus miembros analizan los «requisitos» de Jácome para la postulación.

• Independencia partidista;
• Filosofía de Economía Social del Mercado (la organización de los mercados como mejor sistema de administración de los recursos y la vida);
• Que la candidata esté alejada de cualquier tipo de socialismo y de la derecha neoliberal; y,
• Mano de hierro (dentro de la ley) contra la delincuencia

El escrito del 6 de junio no aprueba ni rechaza la designación de Jácome, pero al menos demuestra una indecisión por parte de los dirigentes socialcristianos, quienes tienen dudas de la abogada debido a un supuesto pasado con inclinación hacia el correísmo.

Sobre el binomio

El precandidato a la Presidencia Jan Topic anunció que la abogada y comunicadora Diana Jácome será su nuevo binomio para las Elecciones presidenciales y Legislativas 2023.

Tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto a la paridad de género, la alianza con Pedro Freile no pudo concretarse. Ante la situación, este 6 de mayo anunció a su nueva compañera para los comicios electorales, según él cuenta con el perfil idóneo.

”Estamos seguros de que la experiencia profesional de Diana Jácome como comunicadora y experta en leyes, así como su comportamiento ético demostrado a lo largo de su trayectoria, complementan adecuadamente el binomio presidencial que luchará por un #EcuadorSinMiedo”, dicta el comunicado.

¿Quién es Diana Jácome?

Jácome es abogada de profesión por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Además cuenta con dos maestrías: una en Derecho Constitucional y en Argumentación Jurídica. Actualmente estudia un tercer posgrado en Derecho Penal, otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Respecto a su trayectoria como periodista ha trabajado en canales como Gama TV, Ecuador TV, Televicentro y TC Televisión. También tuvo un paso en la emisora radial FM Mundo.

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La legisladora anunció esta decisión la misma tarde en la que el Pleno votaba por el futuro del proceso contra Lasso. Según ella, lo que sucede al interior de la bancada es «insostenible» y prefiere dar un pie al costado.

«El domingo me hicieron firmar un papel en blanco en el que cedía a mi alterno la potestad de asumir mi puesto en caso de que me enferme», expresó.

Weber mencionó que no concuerda con los pensamientos e ideologías de la bancada. Recalcó que es imposible continuar trabajando con personas que tienen dudosas reputaciones.

«Estaré siempre agradecida con el abogado Jaime Nebot, pero primero está Dios, luego el pueblo y después los principios que forjamos», repitió.

La parlamentaria detalló que nadie la puede obligar a votar a favor o en contra del juicio político contra el jefe de Estado. Además, enfatizó que los asambleístas del PSC advirtieron que si no se unían a la votación los desafiliarían.

Con la salida de Weber, el partido se queda con 12 miembros. El Pleno necesita 92 votos para, finalmente, aprobar la censura y destitución de Lasso.

Primero su fue Ortiz

Esteban Torres, jefe de bancada del PSC, comentó que el partido decidió separar a Javier Ortiz de la bancada legalmente. El asambleísta aclara que Ortiz se “apartó” de la bancada, pero no de manera legal. Ellos lo hicieron formalmente.

Torres declaró que el Gobierno se aproximó al legislador por la presunta compra de votos en el juicio de Lasso.

También se fue Narváez

El jefe de bancada indicó que el PSC expulsó a la asambleísta Elina Narváez, por su presunta desvinculación.

Radio La Calle tuvo acceso al documento que Torres envió al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el que especifica que, desde el 3 de mayo, Narváez ya no pertenece a la bancada. Asimismo pidió que se reorganicen los curules luego de esta separación.

Adiós a Bonilla

La legisladora Karen Noblecilla, también, se separó del PSC debido a una “vulneración a su derecho de expresar su pensamiento libremente” al interior de la bancada.

“Me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada – bloque del PSC y aliados de la Asamblea Nacional; a la directiva del PSC de la provincia de El Oro; y la segunda vicepresidencia de la directiva cantonal de Santa Rosa”, expuso Noblecilla en la misiva.

Según Noblecilla, por muchos años admiró la ideología del PSC, buscando el desarrollo y progreso del país bajo la visión de una democracia en libertad”.

No obstante, reveló que en algunas ocasiones no se sintió respaldada por su bancada, e incluso citó un incidente previo que generó malestar en la legisladora. (N.J.C)

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Ortiz, en el espacio de réplica, aseguró que ya está trabajando la demanda contra ED junto a sus abogados. La amenaza la dijo luego de que el presentador le cuestionara sobre su cambio de postura ante al juico político contra Lasso.

«Así como ustedes me llamaron sinvergüenza y que mi vida tiene un precio, el quipo ya está elaborando el documento», expresó en ED.

ED en su red social Twitter mencionó que estará a la espera de las pruebas y la resolución del documento. Además, afirmaron que el medio cumple su rol informativo y rechaza cualquier tipo de amedrentamiento.

Lo sacaron de su bando

El 19 de abril, el jefe de bancada del PSC, Esteban Torres, comentó que el bloque decidió separar legalmente a Ortiz. El legislador aclaró que su colega no se desvinculó de la bancada de manera oficial, por lo que el PSC decidió hacerlo.

Según el legislador, el Gobierno Nacional se aproximó a Ortiz por la presunta compra de votos para que el juicio no continúe.

Ortiz en su defensa comentó que la bancada lo estaría «presionando» para que firme a favor del juicio contra el primer mandatario.

“Yo fui electo por Esmeraldas, no fui electo para seguir órdenes de un bloque legislativo. Nosotros estamos en los graderíos y los tres compañeros (Almeida, Muentes y Torres) eran los que estaban en la cancha jugando. Los de las graderías no dijeron ni una sola palabra. Yo dije no estoy de acuerdo con el juicio”. (N.J.C)

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Según afirma el partido, la salida de Karen Noblecilla de la bancada ocurrió previo a una operación en la que estaría involucrado Henry Cucalón, Ministro de Gobierno, y Pascual del Cioppo, ex presidente del PSC. Esto en el marco del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Desde el partido afirman que en dicha operación se gestó la entrega de cargos públicos, varios ya otorgados, otros en proceso de entrega y también exigidos, en la provincia de El Oro, por la asambleísta y su grupo. En este supuesto caso de compra de votos, el PSC argumenta que están involucrados al menos siete cargos públicos en distintas entidades.

Asimismo, el PSC respaldó su comunicado con una lista de los cargos que habrían sido entregados, así como los que se encuentran en proceso y exigidos. Se trata de los siguientes:

Otorgados:

• Juan Carlos Berrú Cabrera coordinador zonal del Ministerio de Energía y Minas, en El Oro (ARCOM)
• Carlos Mera (Coordinación zonal del Ministerio de Energía y Minas en Orellana)
• Byron Zapata (Gobernación de El Oro)
• Rolando Castillo, Administación de Unidad de Negocios El Oro (CNEL-EP)

En proceso de entrega:

• Gerencia de Telecomunicaciones de El Oro
• Dirección del Seguro Social El Oro

Exigidos

• Gerencia del SRI Región Costa

Al final del comunicado, la bancada advierte que «pueden seguir inventando motivos y excusas falsas, pero hay una sola verdad: ningún cambio de camiseta es gratis; es un negocio entre personas despreciables».

Esto último, en respuesta a las motivaciones planteadas por la legisladora Noblecilla tras su salida del partido. La asambleísta había mencionado que su abandono ocurrió a causa de una “vulneración a su derecho de expresar su pensamiento libremente” al interior de la bancada.

JR

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«Me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada – bloque del PSC y aliados de la Asamblea Nacional; a la directiva del PSC de la provincia de El Oro; y la segunda vicepresidencia de la directiva cantonal de Santa Rosa», expuso Noblecilla en la misiva.

La acción de la asambleísta, representante de la provincia de El Oro, ocurre en el marco del proceso de juicio político que afronta el presidente Guillermo Lasso.

Ahora, tras confirmarse el suceso, el número de legisladores que decidieron desvincularse de dicha bancada asciende a tres. El primero fue Javier Ortiz, ex asambleísta del PSC, por la provincia de Esmeraldas, y Elina Narváez, legisladora por la provincia del Guayas.

Las razones de Noblecilla para abandonar el PSC

Según Noblecilla, por muchos años admiró la ideología del PSC,»buscando el desarrollo y progreso del país bajo la visión de una democracia en libertad». No obstante, reveló que en algunas ocasiones no se sintió respaldada por su bancada, e incluso citó un incidente previo que generó malestar en la legisladora.

«El 16 de septiembre de 2022, al asumir como legisladora principal, fui víctima de un atropello con un procedimiento indigno, que me ofendió como mujer en virtud del desalojo violento de la oficina que me correspondía en el parlamento, por parte de un compañero de bancada; y pese a la queja que elevé al coordinador del bloque, nunca tuve el respaldo ni mucho menos solución a lo acontecido», detalló Noblecilla.

Sin embargo, y pese a lo sucedido, la representante de la provincia de El Oro se mantuvo en el partido «apoyando decisiones y votando en el pleno leyes en beneficio del país».

Noblecilla en desacuerdo con el juicio político contra Lasso

No obstante, su decisión de salir de la bancada también está ligada al proceso de enjuiciamiento que enfrenta el primer mandatario. Según Noblecilla, desde el principio se mostró en desacuerdo al respecto.

«Sobre el juicio político que se sigue al señor presidente, en uso de mis derechos constitucionales, de opinar y expresar mi pensamiento libremente, manifesté mi desacuerdo desde un inicio, sobre la forma que se planteó y fundamentó el mismo; y, el tiempo me dio la razón a tal punto que sus proponentes tuvieron que hacer varios cambios para que la solicitud se ‘ajuste’ a los parámetros exigidos por la Corte Constitucional», argumentó la asambleísta.

Asimismo, aseguró que sus planteamientos, incluso el de otros compañeros de la bancada, no fueron escuchados. Y al igual que Javier Ortiz, aseguró que existieron amenazas desde el PSC.

«Ahora que se acerca las votaciones sobre el juicio político, el bloque PSC de manera innecesaria y arbitraria, nos amenaza e impone decisiones, sin siquiera socializarlas al interior del bloque y sin tener argumentos jurídicos válidos para tomar una decisión tan trascendental para el país».

Fue así como Noblecilla optó por abandonar las filas del PSC, «frente a esta realidad política, sumada al manejo de quienes dirigen el bloque, y, ante la vulneración de mi derecho de expresar mi pensamiento libremente«.

A partir de ahora, la legisladora actuará de forma independiente. Mientras la bancada del PSC se reduce a 13 asambleístas en el Pleno, a pocos días de conocerse el informe final que absolverá o enjuiciará al presidente Guillermo Lasso por presunto delito de peculado.

JR

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El asambleísta aclara que Javier Ortiz decidió «apartarse» de la bancada, pero no de manera legal. Ellos lo hicieron formalmente.

Torres declaró que Javier Ortiz fue uno a los que el Gobierno se aproximó por la presunta compra de votos en el juicio de Lasso. Por ello, la bancada «protegió» a todos los miembros por el tema de la imagen y reputación como señaló Ortiz.

Espera que no existan más especulaciones de la salida de otros miembros, a través de una publicación de Twitter de La Defensa.

Sobre la salida de Ortiz

Ortiz emitió un comunicado el 20 de abril sobre su salida de la bancada por supuestas «amenazas» disfrazadas de decisiones dentro de la comitiva.

En contraposición, a través de un comunicado, la bancada aseveró que, sobre el presunto conteo de votos comprados por el Gobierno, el grupo lo desmintió y censuró la ofensiva en una segunda pronunciación con previa consulta a sus miembros.

Ortiz no asistió a ella, cambio de opinión respecto al primer comunicado del partido y se negó a firmar. Por ello, se lo desvinculó. Deslegitimando las razones del legislador. (A.F)

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El lesgilador se desvincula del partido luego de una denuncia pública sobre presunta extorsión y compra de asambleístas emitida el 4 de abril del 2023 por parte de la coordinación de la bancada.

El comunicado señaló que no existían negociaciones, sino una línea de corrupción por la compra de votos en contra por la destitución del presidente en el juicio político. Advirtieron que involucraron cargos públicos.

Ortiz adjunta que esta no es la única decisión por la que deja el movimiento. Asegura que las decisiones internas del partido ya no se generan por acuerdos, sino, por amenazas.

En cambio, continuará sus funciones en condición de independiente como legislador dentro del organismo. Atañe que está para servir a los ciudadanos, en especial a la provincia de Esmeraldas. Una de la más afectadas por la hecatombe de inseguridad. Y que el Gobierno de turno no ha encontrado solución. Añade en una carta dirigida al presidente del PSC.

Con Ortiz de salida, el bloque se queda con 15 integrantes.

¿Compra de cargos en la Asamblea?

Henry Cucalón, ministro de gobierno deslegitimó el comunicado emitido por el PSC sobre la compra de cargos en la Asamblea, aseguró que «es la sumatoria de berrinches sin pruebas«. Esto, tras las denuncias por partidas presupestarias donde se intentaba extorsionar a los asambleístas. (A.F)

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El legislador inició la indagación a Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. De acuerdo a una nota de 2015 de El Telégrafo, la segunda empresa fue creada en Panamá, su fundador es Nebot Saadi y administra todos sus bienes.

Las dos primeras empresas están en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Según Villavicencio, el bufete de abogados Sucre/Arias y Reyes las creó.

«Piensa mal y acertarás»

Antes que iniciara el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el asambleísta -dizque independiente- ya mostraba una posición defensiva hacia el régimen.

Es más, el parlamentario ya tenía conocimiento del informe «León de Troya», una investigación de la Fiscalía y la Policía que contiene las evidencias de supuestos ilícitos de Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del mandatario. Sin embargo, no la difundió como suele hacerlo en otros escándalos de corrupción.

Fiscalización, su trinchera

Desde la Comisión de Fiscalización, Villavicencio aseguró que el proceso de juicio político «está caído». Según él, el documento no reunió todas las pruebas acusatorias, dijo en Teleamazonas.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra Lasso. El órgano aprobó la acusación por el delito de peculado, pero rechazó las dos de concusión por no cumplir con la exigencias de la ley.

Frente a este escenario, Villavicencio quiso poner las reglas del juego cuando pasó el informe a la mesa legislativa que preside. Allí anticipó que se enfocarán únicamente en los casos de peculado en parte de FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.

Descartó indagaciones con Leonardo Cortázar, Rubén Chérres y los presuntos nexos con la mafia albanesa y el narcotráfico.

Eso no fue todo. Impuso a los interpelantes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, un plazo de 72 horas para presentar las respectivas pruebas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el plazo es de cinco días.

Ante la arbitrariedad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) llamó la atención y solicitó al presidente de la Comisión Fiscalización que cumpla a cabalidad la sustanciación del juicio político al jefe de Estado.

El CAL detalló que Villavicencio debe aplicar de manera directa y sin dilataciones la normativa que corresponde en el procedimiento de juicio político al primer mandatario.

A regañadientes

Pese a todas la trabas del oficialista, tuvo que notificar al presidente Lasso el inicio del juicio político en su contra.

En el portafolio estarán las 20 pruebas documentadas y las 36 comparecencias realizadas por los interpelantes Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Rodrigo Fajardo (ID).

Aunque el proceso sigue su curso, Villavicencio reiteró que en las pruebas presentadas no se detalla un recurso que pruebe el presunto delito de peculado por el que se le acusa a Lasso.

El legislador mencionó que después de la notificación correrán los diez días para la presentación de pruebas, diez más para evaluarlas y diez para redactar el informe motivado que enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

¿’Vacunar’?

Durante todo el proceso de juicio político, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) han ratificado su postura por la destitución y censura de Lasso. El jefe de bancada, Esteban Torres, ha denunciado las «jugarretas mediáticas» contra el PSC.

La «emboscada» del pelagato José Hernández en Ecuavisa -a través de la entrevista con Carlos Rojas- intentó posicionar una supuesta desestabilización por parte de la Asamblea Nacional y un «hambre de poder» para que Virgilio Saquicela asuma la Presidencia de la República en caso de expulsar al actual inquilino de Carondelet.

Luego vino la autorización de la tenencia y porte de armas de Lasso. Una especie de «halago» a los socialcristianos, que se mostraron a favor de la medida, pero que no recularon ante el juicio político.

Finalmente, el anuncio de una investigación a Nebot, aunque en el tuit no lo nombra directamente, sino como «político guayaquileño».

Actualización 17:00

El exalcalde se pronunció en redes sociales. Respondió que dichas empresas no son un paraíso fiscal y que tienen jurisdicción en Estados Unidos. No obstante, según el acta fundacional de una de ellas recogida por El Telegrafo:

“Jaime José Nebot Saadi, por sus propios derechos, por la presente constituye una Fundación de Interés Privado, como una persona jurídica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 25 del 12 de junio de la República de Panamá”, señala el documento.

El último registro del domicilio de la Fundación es el edificio Sucre, Arias y Reyes, que es también el nombre del bufete de abogados. Los servicios de esta firma legal están vinculados al comercio corporativo, banca, fusiones, seguros y tributación local e internacional. Opera principalmente en Panamá y en oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Belice y Anguila, países considerados paraísos fiscales por la legislación ecuatoriana.

Finalmente, Nebot dijo que procedería «en la forma que él crea conveniente». Una pelea de «aliados ideológicos».

Le ardió…

El legislador reaccionó a la nota de Radio La Calle. Como no es novedad, insultó al medio de comunicación e interpretó la nota como una defensa a Jaime Nebot, el mismo que hizo alianza con Guillermo Lasso para llegar a la Presidencia de la República.

Preguntas de cajón: ¿Por qué no investiga también la presunta offshore del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, o la recién revelada supuesta offshore del secretario de Administración Pública, Sebastián Corral?

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Mencionó que si el presidente Lasso decide activarla luego de la decisión de la Corte Constitucional (CC) sería un mecanismo «inconstitucional y carecería de efecto jurídico».

Según el PSC, si Lasso se va por esta vía estaría incumpliendo los artículos 148 y 424 de la Constitución.

«Los doctores Nuques, Corral y Herrería no responden al PSC. El partido no presenta dobles juegos, es siempre frontal y coherente», reza el comunicado.

El artículo 148 señala que el presidente tendrá la opción de disolver la Asamblea, siempre y cuando:

• Se hayan tomado funciones que no le competen constitucionalmente;
• obstruyan de manera reiterada en el Plan Nacional de Desarrollo; y,
• grave crisis o conmoción social

Se tiran la pelota

La muerte cruzada es una opción que la analizan tanto la Asamblea como el Ejecutivo para disolver uno de los dos poderes.

Desde el 2022, el régimen amenaza con activar la muerte cruzada por la fiscalización de la Asamblea Nacional ante el incumplimiento del Plan de Gobierno de Lasso.

Sin embargo, el Ministerio de Gobierno enfatizó que esa no es una causal de destitución. En cambio, la obstrucción a que este se ejecute sí puede terminar en la disolución del Legislativo.

Se le viene el movimiento indígena

En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado.

La relación entre Lasso y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tampoco es alentadora, pues tras el paro de 2022 y las fallidas mesas de diálogos las pugnas entre los poderes crecieron.

El papel de la Corte Constitucional

La Corte tuvo un primer debate el 27 de marzo en el que discutió el proyecto de dictamen que entregó la jueza Teresa Nuques. El documento no alcanzó los votos necesarios y los magistrados resortearon y eligieron a Richard Ortiz como el nuevo sustanciador.

El Pleno de la Corte Constitucional tiene hasta el 30 de marzo para entregar un dictamen final. (N.J.C)

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Este sábado 4 de marzo, el Pleno Legislativo sesionará para «conocer, debatir y resolver» el informe presentado por la Comisión ocasional (liderada por Viviana Veloz), en el que se recomienda ejecutar juicio político en contra del presidente Lasso. Según el criterio de los legisladores, la conducta del jefe de Estado se adecua al cometimiento de delitos contra la seguridad del país, invocando el artículo 129 numeral 1 de la Constitución.

Los asambleístas que votarían a favor de dicho informe pertenecen al movimiento Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados en Izquierda Democrática y Pachakutik, principalmente. A ellos se sumarían los votos del grupo de independientes liderados por el presidente del Asamblea, Virgilio Saquicela. Entre estas bancadas obtendrían cerca de 70 votos.

Luego de aprobar, o no, el informe en cuestión, la labor de la Comisión habrá culminado. En el caso de aprobación, y para que el proceso de enjuciamiento contra el mandatario prosiga, cualquiera de los legisladores podrá plantear una solicitud con las pruebas y firmas suficientes para que primero pase el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). No obstante, los grupos de oposición todavía no determina quien, o quienes, serán los asambleístas que cumplan con esta acción.

Asambleístas cuestionan las últimas acciones de Lasso

«Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, qué le pasará al presidente mentalmente (…) Aquí el grave problema es Guillermo Lasso. Y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema (…) Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles y el pueblo ecuatoriano se estará levantando, pero la solución hay que darla», expresó Mireya Pazmiño, vicepresidente de la Comisión ocasional.

«Cuando termina la confianza en un mandatario no hay más remedio que cambiarlo. Ningún pueblo merece vivir en la desesperanza. Deshacerse de la corrupción de un mal Presidente no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral«, manifestó Viviana Veloz, respecto de la pérdida de credibilidad del presidente Lasso.

Por ahora, de aprobarse el informe de la Comisión, será la CC encargada de decidir la ejecución de enjuiciamiento. La votación de sus nueve magistrados, definirán el futuro del mandatario. Dicho organismo tendrá un plazo de seis días para emitir dictamen, luego de que el CAL remita la solicitud de enjuiciamiento.

JR

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Tras aprobarse el informe no vinculante que recomienda el juicio político, el PSC sostiene que existen méritos para llevar a cabo el proceso contra el primer mandatario. Según los legislador de este bloque, Lasso podría ser acusado bajo el grado de omisión por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución (concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito).

Sin embargo, la bancada rechazó que deba ser imputado por «Traición a la Patria» establecido en el numeral 1 del mismo artículo. También precisó que el informe no constituye un llamamiento a juicio o el inicio de uno.

Finalmente, el bloque advirtió que la Fiscalía debe continuar con las investigaciones relacionadas al caso «Encuentro» (Gran Padrino) que apuntan a otras personas con los presuntos delitos que detalla el informe legislativo.

Por su parte, la bancada de Pachakutik anunció que votará favor de enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso. Asimismo, hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para tomar la misma postura.

«(…) dejaremos un precedente a las futuras generaciones, así como pedimos al País, estar alerta ante cualquier intento de negociación por debajo de la mesa y pedimos a nuestros Asambleístas a continuar con su labor fiscalizadora», reza el escrito.

Pilas con el Quishpe

En redes sociales circuló un video donde el asambleísta Salvador Quishpe aparentemente hacía un llamado a votar en contra del juicio político contra el presidente Lasso. No obstante, la bancada aclaró que dicho mensaje fue descontextualizado.

En un nuevo video, el legislador despejó las dudas apuntando que el audiovisual difundido correspondía a «fechas anteriores y cuando la coyuntura política nacional era diferente». Acotó que él y su bloque votarán a favor del juicio contra el mandatario.

¿Se viene el Gran Juicio?

La Comisión multipartidista que investiga el caso «El Gran Padrino», aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, de acuerdo al Art. 129 de la Constitución numerales 1 y 2.

El numeral 1 refiere a delitos contra la seguridad; en tanto, el numeral 2 menciona a los delitos cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito. En contrapartida, esta Comisión no procedió con la acusación de «traición a la Patria» hacia el primer mandatario.

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A pesar de esta pérdida, ganaron 28 alcaldías y 2 prefecturas, la de Esmeraldas y Los Ríos, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, el líder más importantes del PSC, Jaime Nebot, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En la misma, exhibió todos los puntos en los que ganó su partido y aseguró que también tienen aliados: el prefecto de El Oro y los alcaldes de La Libertad en Santa Elena y Durán. Indicó que estas alianzas se dieron “por coincidir en tesis políticas económicas y sociales”.

Alfredo Serrano reconoció que la perdida de la alcaldía de Guayaquil si demuestra un retroceso dentro del partido. Luego de tres décadas de hegemonía política, en estas votaciones se esperaba una nueva reelección.

Sin embargo, la ciudadanía eligió como prefecto de Guayaquil a Aquiles Álvarez y como prefecta del Guayas a Marcela Aguiñaga. Ambos representantes del Movimiento Revolución Ciudadana, quienes se preparan para asumir el liderazgo político en el puerto principal.

Los líderes de esos 31 años del PSC en el mandato

En todo ese tiempo que el PSC lideró Guayaquil se dieron a conocer tres figuras protagónicas: León Febrés Cordero (1992-2000), Jaime Nebot (2000-2019) y Cynthia Viteri (2019-2023).

Serrano aseguró que la perdida de este mandato generó bastante impacto emocional, pero sobretodo político. Pero también sostuvo que tras los resultados el PSC es la segunda fuerza política del país.

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