El pasado 5 de diciembre la Asamblea aprobó con 123 votos a favor este proyecto de ley que permitirá a la empresas privadas de seguridad portar armas bajo ciertos parámetros. Para Altamirano, existe la idea equivocada de creer que la seguridad privada estará a disposición del Estado.

»Las empresas tienen contratos de prestación de servicios en donde se delimitan sus obligaciones», recalcó en entrevista para Radio La Calle.

Agregó que capacitar a un guardia para el uso de un arma requiere mayores costos, especialmente para su uso responsable porque mantener las cualidades de un tirador defensivo requeriría un entrenamiento permanente.

No obstante, destacó que el Estado es el principal encargado de velar por el bien de ciudadanía pero el Ecuador está comenzando a caminar en la privatización de la seguridad. »La industria de la seguridad en el país que tiene un crecimiento impresionante y es la muestra clara del abandono del gobierno y de las prácticas de prevención comunitaria», argumentó el excomandante.

Además consideró importante no caer en extremismos debido al hecho de creer que una ley puede generar calma en un determinado sector. En este sentido puso sobre la mesa la importancia de recomponer aspecto de carácter estructural.

Sobre la ley…

El objetivo de este proyecto de ley es evitar la precarización del sector que brinda seguridad privada y que el personal pueda acceder al porte de armas con la capacitación adecuada, contar con pólizas de seguro y tener apoyo legal en caso de ser procesado.

Sin embargo, la legisladora Patricia Núñez cuestionó que no existe un definición clara de lo que es »peligro inminente» por lo que el guardia de seguridad que aplique la normativa deberá hacerlo bajo su interpretación.

El vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores d la Seguridad Privada (Fenaspe), Vicente Arroyo, compareció al Pleno del Legislativo y señaló que la seguridad privada es un negocio que ha lucrado con el trabajo de los más humildes.

De igual manera, denunció una serie de abusos y condiciones adversas en las que viven los guardias en su actividad de alto riesgo. Pidió que se considere la protección y se garantice los derechos laborales de quienes ejercen esta labor.

Por su parte, Carlos Arrobo, representante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, indicó que hace 10 años su sueldo era de USD 954 y hoy en día es de USD 760 y cada año se reduce más. (AGM).

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«Recibido el viernes 11 de noviembre de 2022, el proceso Constitucional, tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos por acción de protección con medida cautelar seguido por Fernando Villavicencio en contra de Virgilio Saquicela», reza el oficio.

Sobre la sanción

El 10 de noviembre, el CAL suspendió a Villavicencio por una queja de su homóloga por UNES, Patricia Núñez. La sanción se debió a comentarios ofensivos y discriminadores contra la legisladora. Asimismo, Villavicencio enfrenta otra queja (aún no tramitada por el CAL) de Pamela Aguirre.

El asambleísta se refirió a Núñez a través de Twitter: «Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia, Patricia Núñez» o «Esta señora de Ecomoda irá a acompañar a Glas (en prisión)».

En la otra queja, Aguirre lo denunció por haber calificado a la bancada de UNES como una «banda de mafiosos».

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El legislador fue suspendido por comentarios ofensivos y discriminadores contra la asambleísta. «Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia, Patricia Núñez» o «Esta señora de Ecomoda irá a acompañar a Glas (en prisión)», fueron las palabras de Villavicencio cuando estalló el escándalo de presunta corrupción de fármacos que vincularían a él y su familia.

El parlamentario confirmó la decisión del CAL en rueda de prensa. Declaró que el verdadero motivo de la suspensión es debido a que «destapó» las presuntas tramas de corrupción del expresidente Correa y exfuncionarios de su gobierno.

«Me suspenden a 20 minutos de defenderme en el Pleno por un pedido de Iván Saquicela, que le tiemblan las canillas, y no puede pedir que me levanten la inmunidad parlamentaria, entonces le pide a la juececita de al lado que tramite el levantamiento de inmunidad», señaló.

«¡Saben cuál es mi delito! Haberle dicho al señor de la piscina de Miami que es un ser humano peligroso», finalizó.

El asambleísta Ronny Aleaga señaló que el CAL todavía debe tramitar otra queja presentada por su compañera Pamela Aguirre. En esta causa, Villavicencio fue acusado por llamar a la bancada Unión por la Esperanza como una «banda de mafiosos».

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