“Un NO a todas las 8 preguntas a esta consulta mañosa del Régimen. No queremos que el presidente siga gobernando por decreto, al margen de la Constitución y de las leyes que se construyen”, resaltó.

Según Sánchez, todos los asambleístas de PK respaldaron esta decisión. Por su parte, el coordinador principal de PK, Salvador Quishpe, manifestó que iban a dejar abierta la posibilidad de respaldo a cualquiera de las opciones.

Las organizaciones que conforman PK estarán difundiendo la campaña por el NO en redes sociales y en los diferentes territorios y comunidades, así lo manifestó Sánchez en rueda de prensa. “No queremos minería a gran escala sobre territorios indígenas y fuentes de agua; también le decimos no a la metida de mano mañosa del presidente Lasso en la justicia y los órganos de nominación de todas las autoridades a nivel nacional”, agregó.

La Conaie y el NO

Días atrás, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, hizo un llamado a sufragar por el “NO” en la consulta popular del próximo 5 de febrero. Para el líder indígena, el Gobierno Nacional no goza de buena popularidad y el referéndum buscaría darles credibilidad política.

“El 5 de febrero, ningún tanque de oxígeno al Gobierno Nacional en la consulta popular que no resuelve ningún problema de este país”, mencionó Iza.

Para la Conaie, el referéndum no ayudará al progreso de los ecuatorianos, sobre todo de las comunidades indígenas. Las “8 preguntas mañosas de Lasso” no contribuirían con la generación de empleo, el cuidado al medio ambiente, el acceso a la educación, entre otros problemas del país. (A.G.M).

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“87 votos permitieron que se convoque al juicio político a los vocales del Consejo. Son 92 votos los que se necesitan para la destitución. No creo que logremos esos votos», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Sánchez detalló que la justicia está permeada por muchos grupos de interés, elites económicas y elites políticas que buscan su propio beneficio.

Además recalcó que el sistema de justicia debe ser reestructurado para que garantice justicia al pueblo y no debe seguir siendo manejada y utilizada por las élites del país.

“Esa votación que vivimos ayer es la que se va a reflejar en la sesión convocada para la destitución. Son cálculos políticos», sostuvo la asambleísta.

Además se refirió al altercado que ocurrió en la sesión virtual respecto al asambleísta Ricardo Vanegas y aseveró que debe existir plena conciencia y preparación de los contenidos que se van a tratar en las reuniones.

“Yo entiendo la decisión del señor Vanegas de participar en esa sesión, pero la reunión requería de formalismos”, afirmó la legisladora.

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“Con este proyecto de ley se busca crear una banca pública de desarrollo, la Cooperativa Financiera Ecuatoriana y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, protegida por la ley porque solo la regulan decretos ejecutivos, tanto es así que con un decreto se fusionaron la Corporación Financiera Nacional CFN y el BanEcuador”, explicó en una entrevista con Radio La Calle.

Sobre el tema principal del proyecto, la legisladora expresó que “al objeto de la ley le precede un título que es la defensa del Banco del Pacífico. Es la segunda institución financiera más importante, el banco es público, a pesar de que lo que todos en el Gobierno digan, tiene administración privada, pero es público”.

El banco del Pacífico nació en 1972 de forma privada y fue beneficiado de una política de fortalecimiento desde el Estado. “El último gran rescate que tuvo este banco con fondos públicos fue en el periodo del feriado bancario y eso el presidente Lasso lo sabe porque fue protagonista del feriado. Es público porque el Estado invirtió muchos recursos en rescatado, sus activos pertenecen a la CFN. Su patrimonio realmente es de USD 3.000 millones”, añadió Sánchez.

Proceso de venta

De acuerdo con la legisladora se ha realizado una limpieza dentro del banco para prepararlo para su venta. “Hay el despido de muchos empleados y cierre de agencia. Es un proceso de sanación para que aquella empresa que lo adquiera lo encuentre sin problemas y rentable.”

Añadió que, si bien no es posible evitar la venta, se puede revertir el proceso. “La ley no puede impedir la venta del banco, lo que está tipificado en este proyecto de ley es que el proceso de venta puede ser revertido por la procuraduría en el marco de la ley. ES vox populi que la venta ha conmovido a los ciudadanos. En su último reporte de utilidades prevé que en 2022 será de USD 100 millones”.

Para Sánchez, se quiere justificar la venta del banco con la desnutrición infantil. “Lo que se quiere hacer es vender un recurso publico a precio de gallina con peste. La venta del banco elimina la competencia para el gran negocio financiero en Ecuador. Detrás de esto está la captación de sus 2,7 millones de clientes”.

El gran riesgo es que la venta de este banco puede ser una medida de control de los créditos. “La banca no llegará a los pequeños productores y medianas empresas. Si solo nos quedamos con la banca comercial, el abanico de posibilidades se cierra. No realizan créditos a largo plazo. Si se cierra este banco no se atenderán esas necesidades. El país se entregará totalmente a un capitalismo especulativo sin procesos de capital productivo”. MIB

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Además, la legisladora señaló que la normativa impulsa el proceso de privatización, bajo la figura central de la ley, que es la delegación.

Sánchez explica que «delegar» implica entregar al privado todo el patrimonio público y los servicios del Estado, sin que el Estado reciba nada a cambio. Así como que el Presupuesto General del Estado, sirva para financiar a los prestadores de servicios privados.

«Delegación no implica inversión. El proyecto de Ley establece que es el mismo Estado, a través de la banca pública, quien financiará los proyectos de inversión, incluso con créditos provenientes de deuda externa (Art. 31)», señala en su cuenta de Twitter.

Dice que bajo la premisa de atraer USD 30 millones en inversiones en un plazo de cinco años, para la supuesta creación de dos millones de empleos, se pretende privatizar los sectores de estratégicos públicos, como telecomunicaciones; infraestructura terrestre, náutica y aeronáutica (puertos, aeropuertos, autopistas y ciclovías); salud, como la red de hospitales, servicios de salud y personal médico; y educación, como los colegios, escuelas; y también recursos naturales

Sánchez insiste en que el Ejecutivo pretende, con el proyecto de ley, convertir al país en un paraíso fiscal para la inversión externa e mpulsar un proceso de privatización, a costo cero, dado que la Ley no garantiza ninguna inversión.

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“En los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”, dijo la legisladora del oficialismo a un medio digital.

El brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador exigió a Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que exhiba los nombres de los asambleístas que estarían en el mercado de votos. 

“Exigimos que el Gobierno nacional y sus funcionarios denuncien a los asambleístas que están haciendo del voto una mercancía de negocio personal. Y un llamado al pueblo ecuatoriano para que esté vigilante del actuar de los asambleístas en las votaciones del pleno y las comisiones”, señalan. 

A decir de la organización, lo dicho por Cordero no pasa de ser un chisme de pasillo “si las acusaciones se hacen sin precisar nombre”. Además sugieren que “la única certeza que deja esta declaración es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la corrupción en nuestro país”. 

El documento está firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango y Ángel Salvador Maita.

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Quito, 2 dic (La Calle).- Si existe voluntad política en la Asamblea Nacional, haría falta solo 60 días para derogar la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia por el ministerio de la Ley, aseguró la asambleísta de Pachakutik (PK), Patricia Sánchez, en entrevista con Radio La Calle. 

“De no tener un bloqueo político, el proceso no debería durar más allá de entre 45 y 60 días en los que el Pleno debería estar pronunciándose sobre la derogatoria”, dijo la legisladora. Asimismo, explicó que para lograr este proceso se necesita una mayoría simple, es decir 70 votos.

La Ley de Desarrollo Económico, conocida también como Reforma Tributaria, entró en vigencia por el ministerio de Ley desde el pasado 28 de noviembre, debido a que en la Asamblea no  fue aprobada ni negada.

Según Sánchez, el Proyecto de Ley Derogatoria presentado por PK el pasado martes debería entrar a la Comisión de Régimen Económico para su análisis. Esta propuesta consta de dos artículos que incluyen la derogatoria de la Reforma Tributaria y la reversión de los efectos que haya ocasionado su aplicación. La legisladora asegura que la propuesta se ampara en el artículo 140 de la Constitución, que faculta a la Asamblea a realizar este procedimiento. 

Relación con UNES

Sánchez afirmó que existe una actitud de apoyo entre de las bancadas, sobre todo con la de Unión por la Esperanza (UNES). “La Asamblea sabe que no tuvo la mejor actuación el día viernes y hay un sentimiento generalizado de que eso se quiere remediar”, aseguró.

En este sentido, al referirse a la votación del informe de minoría de UNES, en el que PK no votó a favor, defendió la postura del bloque porque «había un artículo que ampara la legalización de las empresas offshore».  

Consultada por un posible acercamiento con UNES, manifestó que a pesar de tener coincidencias coyunturales con PK, no establecerán acuerdos. Según ella, ese movimiento político defiende un proyecto de modernización del capitalismo.

Un tema relevante que marcará la jornada de este jueves en la Asamblea es la votación del informe de Pandora Papers en el que el presidente Lasso está involucrado. La asambleísta manifestó que la bancada de PK aprobará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por su coiderario Fernando Cabascango. 

¿Qué dice la Ley?

El artículo 140 de la Constitución, en su parte pertinente dice:

Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

Mire aquí la entrevista completa:

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