»Hace unos meses atrás por motivos personales yo tomé la decisión de salirme de la bancada, pero en ese momento no era lo apropiado. El movimiento pasaba por el proceso de desvinculación en el padrón electoral», dijo la asambleísta a los medios de comunicación.

Morillo dio a conocer su decisión al líder de la organización política, María Paula Romo, y ratificó que mantendrá su lucha contra la impunidad de manera independiente. Asimismo aclaró que no ha tenido acercamientos con otras bancadas.

Por otro lado, la parlamentaria indicó que la decisión fue tomada en conjunto con Patricio Carrillo. El exministro no pudo asumir su curul debido a que no puede ejercer un cargo público por dos años, esta limitación culminaría en los primeros meses del 2025.

Durante este período legislativo Construye registró varias bajas y ‘camisetazos’. Al llegar al Parlamento fue la segunda fuerza política más numerosa con un total de 28 curules, ahora cuenta con un registro de 15 legisladores. (AGM).

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Lasso, a través de su cuenta de X, alegó que la supuesta notificación para rendir su versión la habría pedido una procesada del caso y no la fiscal General del Estado, Diana Salazar. Además, mencionó que por «motivos académicos» se encuentra fuera del país por lo que no podría acudir al llamado.

Sin embargo, aludió que se encuentra presto a colaborar. Siempre y cuando sea a partir del 25 de marzo y de manera telemática, pues su domicilio se encuentra en Guayaquil. A razón de este escenario, el abogado de Lasso, Pablo Encalada Hidalgo, entregó un documento en la FGE para «justificar» la ausencia de su defendido.

«Si bien no tengo información relevante del tema, sigo presto a colaborar (…) Me encuentro fuera del país desde el 7 de marzo de 2024 por ser invitado del programa Senior LeadershipFellow», expresó.

Por su parte, información difundida por la Fiscalía detalló que el 18 de marzo de 2024, a las 11:00 am, debía comparecer el exmandatario, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; el exdirector del SNAI, Fausto Cobo; y el exministro del Interior, Patricio Carrillo.

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Casi como un discurso reiterativo, las autoridades de los últimos dos gobiernos se empecinaron en ponerse del lado del victimario, mas no de la víctima. O en su defecto, abogaron que no tienen responsabilidad alguna en las situaciones que golpean a Ecuador.

Según un informe de Fernando Villavicencio (+) y el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), la excomandante Tannya Varela habría coordinado la seguridad de una banda delictiva con el albanés Dritan Dijka. La «cooperación» habría iniciado cuando Varela se desempañaba en el área de migración, en Guayaquil.

Minutos más tarde, la excomandante de la Policía emitió un comunicado en el que rechazaba este tipo de acusaciones. Según ella, por recomendación de su abogado decidió mantenerse en silencio ante tantos «ataques sistemáticos». Alegó que «de ninguna manera» podría vincularse en un acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales.

«Y si las autoridades me requerirán, estaré siempre puesta a comparecer. Yo no he tenido la necesidad de huir del país ni esconderme», reza el comunicado.

¿Hasta cuándo debemos soportar estos «errores»?

No es la primera vez un agente en servicio pasivo o activo estaría involucrado en algún tipo de delito o escándalo.

Abril 2022, en Ibarra, los ciudadanos se llenaron de rabia e indignación al ver conocer que tres sujetos estaban implicados en el asesinato de una bebé de apenas siete meses. En el delito estarían implicados Ufredo B., José Luis L. y el policía en servicio activo, Luis Andrés L., 

Uno fue «escolta de Fito»

Julio 2023, el exministro del Interior, José Serrano reveló que uno de los escoltas en uno de los videos difundidos por Adolfo Macías, alias ‘Fito’, era un miembro de la Policía. El exfuncionario criticó esta acción y alegó que el uniformado debió abandonar la institución de inmediato. Además, comentó que debería ser enjuiciado porque denotan un «pacto» con el crimen organizado.

“Si Guillermo Lasso y su Ministro de Tránsito, perdón del Interior, autorizaron la presencia del oficial en este humillante y bochornoso acto para la Policía Nacional y para el país, también deberían enjuiciados penalmente», aludió.

Dieron de baja a quién investigó a Lasso

Diciembre 2023, la Policía Nacional dio de baja al teniente Rodney Rengel, uno de los investigadores del caso “León de Troya” que involucraba al expresidente Guillermo Lasso, así lo afirmó su abogado, Stalin Raza.

“Esta es la consumación de la consigna que dio Fausto Salinas antes de irse y que informó el exministro del Interior, Juan Zapata”, dijo para Radio La Calle.

El pasado 10 de octubre, Zapata informó que la entidad de control abrió un sumario administrativo en contra -el ahora- exteniente por supuestas faltas injustificadas. Pese a que el implicado advirtió que su vida corría peligro por varias amenazas que habría recibido.

Su peor error…

Diciembre 2023. Luego de que varios antisociales asesinaran a una familia en el Guasmo Sur, la Policía comentó que «fue producto de un error», pues el blanco de los antisociales habría sido la casa aledaña. En el acto murieron un menores de cinco meses de nacidos, tres, cinco y siete años. Días posteriores, se conoció que la madre, quien estuvo en terapia intensiva, estaba en estado de gestión y el ataque también mató al neonato.

De la banda «Los Lobos»

El 18 de febrero de 2024, agentes de la policía detuvieron a siete personas, dos de ellas son policías en servicio activo, en posesión de armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización, detalla Belén Mendoza. Todos pertenecían a la banda delictiva «Los Lobos». Según las autoridades, como evidencia se encontraron dos fusiles, una pistola, una mini cartuchera móvil, siete alimentadoras, 72 bloques de cocaína, dos porta pistolas y cinco prendas policiales.

El caso más reciente se trata del hallazgo del cuerpo de la pequeña Danna Ramos -de ocho ramos- en Riobamba. Por el caso, hay dos personas detenidas una mujer y el sargento M.R. Ramos, padre de la menor. El implicado guarda prisión preventiva desde el 9 de febrero.

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el padre y la prima, otra procesada, serían los presuntos ejecutores de la desaparición de la niña. La instrucción durará 90 días y en ese lapso podrán recopilar más datos y evidencia.

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El exfuncionario aclaró que el 11 de agosto del 2022 se reunió con Intriago para hablar de los temas de inseguridad que atravesaba el cantón. El encuentro se habría dado a petición del mismo burgomaestre. Hasta ese momento el cantón había sido escenario de dos sicariatos.

»Una cosa es una conversación entre mafiosos y narcotraficantes que involucran a terceros y otra es una participación directa», dijo en entrevista para Teleamazonas.

De acuerdo a los chats difundidos por Fiscalía, el nombre de Carrillo aparece en una conversación entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Helive Ángulo. Los chats detallaban que Carrillo se reuniría con el »UNO», que según el exministro sería el alcalde de Manta.

Lo niega todo

»Hasta donde le hace más favores usted mi estimado, que hasta los ministros le reciben a este man» decía Ángulo a Norero.

Ante este mensaje, Carrilo se limitó a decir que él »no puede justificar lo que dos mafiosos conversen» y cambió de tema. También negó la relación cercana que habría tenido con el excabecilla de Los Choneros, Junior Roldán. »Yo ni conozco ese sujeto», resaltó.

El exfuncionario señaló que cuando era Comandante de la Policía se abrió la investigación del Caso Norero, sin embargo, el proceso se había paralizado debido a la muerte del narcotraficante. Más adelante cuando ocupó el cargo de Ministro resaltó que volvió a abrir el expediente, incluso, manifestó que de lo que también se debería hablar es de las cientos de amenazas que recibía de los mismos grupos delictivos.

Personajes de Lasso

Las evidencias del Caso Metástasis también involucran al exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, quien habría ofrecido a Norero »realizar arreglos». Además se disculpó por la filtración de llamadas, videos y audios, y que las evitará en «lo más mínimo».

Por otro lado, Ordóñez habría mantenido contacto con la jueza de Samborondón, Glenda Ortega- implicada en el Caso Metástasis- para resolver uno de los procesos de Norero. En este sentido, el narcotraficante le agradeció por la ayuda prestada.

Ante lo expuesto, el exsecretario indicó que todo se trataba de un »burdo montaje» y que todo se trata de una falsificación a su usuario en WhatsApp. Resaltó que él jamás realizaría un acuerdo con delincuentes.

El nombre del exsecretario jurídico de Presidencia, Fabián Pozo también se encuentra implicado en las conversaciones filtradas por Fiscalía. No existe claridad en la respuesta que Ángulo daba a Norero pero decía que » ya tenía a los manes puestos por Fabián Pozo en Manta». El exfuncionario señaló a Expreso que jamás ha tenido contacto con Norero y ningún intermediario.(AGM).

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«Por hoy, no me voy a posesionar como asambleísta, pero seguiré luchando para que se respete la voluntad popular. También, voy a seguir de pie, en nombre de ese gran luchador que fue Fernando Villavicencio y de un Ecuador que se asquea con los pactos que traicionaron su confianza», publicó en su cuenta de X.

Carrillo está inhabilitado de ejercer un cargo público, como lo es el de miembro de la Legislatura, debido a que fue censurado y destituido a través de un juicio político por la Asamblea Nacional en febrero de 2023 por incumplimiento de funciones en el paro nacional de junio de 2022 y por el caso de María Belén Bernal.

La asambleísta Pierina Correa, quien presidirá la sesión inaugural, argumentó que Carrillo está impedido de ingresar como legislador. Asimismo, señaló que él impuso una medida cautelar con acción de protección. «Al momento, Carrillo nunca ingresó los documentos para vincularlo oficialmente en la Asamblea», refirió.

Correa añadió que asumirá la suplente de Carrillo hasta que las autoridades competentes se pronuncien por la acción de protección.

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La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

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Carrillo comentó que ADN aún no les ha enviado un «interlocutor válido» para dialogar. Apeló a que esta sea una «acción estratégica» porque de esas alianzas dependerá la gobernabilidad del régimen.

De la misma manera, el presidente nacional del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutiérrez, reprochó que el bloque de Daniel Noboa haya tomado contacto con otros asambleístas de su misma organización, pero no con él.

La realidad de Construye

Carrillo apuntó que continúan las conversaciones con las otras agrupaciones. Según él, lo que les une es el marco de urgencia por la seguridad y la economía. No obstante, señaló que frente a la realidad que vive Ecuador «debatirán y analizarán» mecanismos que son impopulares, pero necesarios. Uno de esos puntos es la tasa activa y pasiva de interés fijada, esto a través de la justa regulatoria.

«En estos 15 días no han dado respuestas claras para formar acuerdos. Estaremos expectante de las relaciones que mantenga», dijo en Ecuavisa.

Aseveró que los 26 legisladores con los que se mantiene el movimiento de María Paula Romo son los que «persiguen el legado de Fernando Villavicencio (+)». También, argumentó que lo que ha ocurrido a la interna del bloque es más ruido que hechos concretos.

El descole a Gutiérrez

El expresidente y asambleísta electo del PSP mencionó que ya no insistirá en hablar con Noboa. Sin embargo, apuntó a que las acciones de los parlamentarios demostrarán que «siempre estuvieron a favor de la gobernabilidad».

«A mí no me quita el sueño que hagan esa alianza para distribuirse la Asamblea, pero sí nos vamos a oponer a que quieran seguir una ruta de impunidad», refirió en Políticamente Correcto.

Además, repitió que en cuanto el Parlamento se posesione fiscalizará al Consejo Nacional Electoral (CNE), Consejo de la Judicatura (CJ), al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por las acciones que han llevado durante su estadía en el poder.

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«Hay que diferenciar entre lo político y jurídico. Seguramente eso fue utilizado con otros fines (…) así como está acostumbrado, tristemente, el Ecuador», dijo en A Primera Hora.

Recalcó que una versión por sí sola no puede desencadenar en un juicio penal para ninguna persona, sin embargo, es «importante atenderla e investigarla». Además, señaló que toda versión debe estar acompañada de pruebas y sustentos para que sea validada.

Un tema de no acabar

Según Carrillo, la idea de explotar el teléfono de Fernando Villavicencio fue expuesta por el abogado y exasambleísta Ricardo Vanegas para «obtener acceso a las fuentes del excandidato». Recalcó que la única participación de Vanegas en el caso es defender a una hermana y otro miembro de la familia de Villavicencio que «fueron vetados».

«Esto no está asociado a ningún caso, pero sí se vincula al pedido del exasambleísta y que quiere tener una participación gratuita. Todo esto es con un fin político», aseguró.

El exministro cuestionó que no aún no le entreguen el informe administrativo y el orden lógico que solicitó luego del asesinato de Villavicencio. Reclamó que todavía no se tiene conocimiento de las pruebas que obtuvieron de la reconstrucción de los hechos, la autopsia realizada, las pericias o las versiones de los testigos.

Una menos

Aunque Construye – Gente Buena ganó 29 curules en la Asamblea Nacional, Carrillo mencionó que una asambleísta electa por Guayas ya desertó. Ahora, con 28 puestos buscan formar alianzas con algunos bloques.

Carrillo detalló que aún no han conversado con el bloque de ADN, movimiento de Daniel Noboa, sin embargo, ya formaron coaliciones con otros movimientos que definieron a sus jefes de bancada.

«Si no quieren hablar ya nos dan las primeras luces del camino que van a tomar. Nuevamente serán UNES, PSC y el gobierno quienes trabajen desde otra línea», puntualizó.

Enfatizó que la intención de la bancada no es cogobernar o participar de la mano del gobierno, por lo que serán su supuesta «oposición ciega».

El mayor capricho

El asambleísta electo se empeña en que sí podrá ser posicionado en el Legislativo. Según él, una vez que el CNE entregue las credenciales pedirá al Ministerio de Trabajo que diferencie lo que es un cargo por designación y otro por elección popular.

«De ser necesario iremos a la Procuraduría, pero ahí estaremos para que se cumpla la elección del pueblo», resaltó.

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‘Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido», dijo de forma exaltada en una rueda de prensa en los exteriores de la Fiscalía General de Pichincha.

Este 5 de octubre, Zurita junto al asambleísta electo Patricio Carrillo llegaron a una de las sedes de Fiscalía, al norte de Quito, para entregar sus dispositivos móviles en el marco de la investigación del asesinato al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

El periodista señaló que no existió una orden judicial, pero que entregarán sus teléfonos para garantizar »la transparencia» del proceso. Sin embargo, recalcó que ellos no son los sujetos de investigación, más bien víctimas de los hechos.

Más cabos sueltos…

Días atrás, la defensa del exjefe de seguridad de Villavicencio, Cristian Cevallos denunció omisiones en el caso. Más de 100 partes policiales que alertaban las amenazas y el riesgo que corría el excandidato habrían llegado a manos de altos mandos de la Policía.

Zurita no desmintió las declaraciones, sin embargo, resaltó que esas acusaciones no eximen a Cevallos de su responsabilidad en el caso. (AGM).

#ATENCIÓN | El excandidato a la Presidencia, Christian Zurita señaló que el celular de Fernando Villavicencio (+) no tiene nada que ver en las investigaciones sobre su asesinato.

''Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido'', dijo en… pic.twitter.com/eeFyIN4wpM

— Radio La Calle (@radiolacalle) October 5, 2023

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La instrucción se oficializó la tarde del 3 de octubre de 2023, por lo que los implicados -que en su mayoría forman parte del círculo cercano de Villavicencio- tendrán un lapso de 48 horas para entregar sus dispositivos.

La solitud la habría realizado una de sus hijas con el afán de receptar información que ayuden a dar con los responsables del atentado a su padre. Además, pidió que revisen el GPS de la camioneta que conducía Cesar Gonzaga, guardaespaldas de Villavicencio, y que revisen el examen toxicológico que fue practicado el día de su muerte.

Añadió que las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante de la Policía, Fausto Salinas; y el director nacional de Seguridad y Protección, Santiago Martínez, también deberían incluirse en el proceso.

Sin embargo, Zurita, reemplazo de Villavicencio en la contienda electoral, señaló que esta nueva instrucción pretendería revisar las «investigaciones» que el excandidato guardaba.

«Antes se hablaba del asesinato a Villavicencio, luego de los teléfonos de su círculo y ahora de explotar la información que tenía», mencionó para un medio argentino.

Quieren silenciar todo

Por su parte, Edwin Romero, abogado del capitán y jefe de seguridad Villavicencio, Cristian Cevallos denunció que su defendido será destituido de la Policía Nacional por hacer más de 100 requerimientos para equipar a su grupo.

Romero apuntó que los uniformados habrían caído en una conducta «omisiva impropia» al no atender los requerimientos que hacía su defendido. Además, indicó que Cevallos solicitó a sus superiores que doten de armas largas, vehículos apropiados para dar seguridad, personal, logística y medios de comunicación.

«Hoy lo quieren sacar con dos sumarios administrativos de falta grave. No es justo que se aprovechen de los puestos y que el candidato haya fallecido para hacer eso», dijo.

Cómo va el proceso

Hasta el momento, hay 13 sujetos apresados por el magnicidio, pero no han logrado obtener pistas sobre el autor intelectual.

Incluso, el secretario de Estado de los EE.UU., Anthony Blinken ofreció -desde el Departamento de Estado- una recompensa de USD 5 millones por quien entregue información sobre el caso.

“Como muestra de nuestro compromiso con la justicia y el combate al crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención y/o condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio”, escribió en su cuenta X.

Blinken informó, el pasado 2 de octubre, que ya recibieron las primeras llamadas y correos para dar con los autores intelectuales del asesinato del excandidato.

“Es la primera vez en la historia que hemos ofrecido este tipo de recompensa en el Ecuador”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

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«A mi me sacaron justamente por eso. Soy el que más ha pedido transparencia dentro de la Policía», dijo en Ecuavisa.

Carrillo relató que el régimen no quiso actuar cuando «los elementos y negligencias del mando institucional» apuntaban a otras direcciones durante el caso. María Belén fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre de 2022.

Carrillo salió del poder el pasado 23 de septiembre de ese mismo año. «Tras los acontecimientos de los últimos días, he decidido que su servicio concluya, ministro Carrillo», anunció el primer mandatario en cadena nacional desde la Base Aérea Simón Bolívar.

Además, la extinta Asamblea Nacional inició un juicio político contra el exministro por incumplimiento de funciones, su participación en el paro nacional y el caso Bernal, por lo que el exfuncionario no podrá ocupar un cargo público por dos años.

El caso de Villavicencio

Carrillo enfatizó que la Policía debería aclarar el protocolo, omisiones y fallas que tuvo el día del asesinato de Fernando Villavicencio. Recalcó que el programa y la estrategia que implementará Estados Unidos (EE.UU.) intentará identificar a los actores transnacionales en el crimen.

Según él, la participación de EE.UU. en la investigación no se debe a un «tema de desconfianza», sino a una interpretación distinta del crimen organizado. Sin embargo, mencionó que los «conspiradores» de este asesinato están dentro del Estado.

«Se trata de estructura política, empresarial, criminal que está asociado al lavado de dinero, medios de comunicación y actores legales. Esto nos da esperanza de que todo se aclare», expresó.

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El 20 de agosto los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir las dignidades de presidente, vicepresidente y un total de 137 representantes para el Legislativo.

Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Revolución Ciudadana lleva la delantera tanto tanto en el apartado de asambleístas nacionales (39.37 %) como en provinciales (29.74 %), lo cual indica que serán mayoría dentro de la nueva Asamblea.

Al liderazgo de esta lista también se suma el movimiento Construye 25, que respaldó al excandidato Fernando Villavicencio, con un 20.14 % en asambleístas provinciales y 20.65 % en nacionales.

Entre los rostros más polémicos que alcanzaron el triunfo en la Asamblea se encuentra el expresidente Lucio Gutiérrez, el exministro del Interior Patricio Carrillo, la exasambleísta Ana Galarza, entre otros.

Lucio Gutiérrez

Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa llegó a la Presidencia de la República en 2003 con el respaldo de Sociedad Patriótica y Pachakutik, luego de liderar el levantamiento contra el gobierno de Jamil Mahuad. Sin embargo, solo duró dos años en el poder y fue derrocado en 2005 por la »Rebelión de los forajidos».

Durante su estancia en el Carondelet se lo acusó de traicionar a sus socios políticos para establecer lazos con la derecha ecuatoriana representada por el PSC. De igual manera empezaron las acusaciones por la ineficiencia del Gobierno y se denunciaron casos de corrupción por parte de funcionarios públicos nombrados directamente por Gutiérrez.

Uno de los escándalos que enfrentó fue la desaparición de armamento de las Fuerzas Armadas, una de las hipótesis a este descubrimiento planteaba que el arsenal fue entregado a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia.

Por otro lado, a través de su mayoría oficialista en el Congreso destituyó a jueces de la Corte Suprema del Ecuador y sus parlamentarios nombraros a otros. Lo curioso de estas designaciones, es que el nuevo presidente de la Corte fue Guillermo Castro, quien anuló los juicios contra el expresidente Abdalá Bucaram.

No puede faltar las acusaciones del descarado nepotismo durante su período presidencial, pues había puesto en manos de una interminable parentela importantes funciones políticas y administrativas del Estado ecuatoriano.

El escape

El 15 de abril del 2005 la presión de cientos de quiteños en las calles dejó a Gutiérrez una única salida: declarar Estado de Emergencia y escapar. Desde la sotea del Carondelet el exmandatario tomó un helicóptero para huir del país, no sin antes ordenar a la Fuerza Pública que custodiaran las instalaciones del Congreso.

Esta medida no funcionó pues los legisladores sesionaron en Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) y resolvieron su destitución por abandono del cargo. Su lugar lo tomó su vicepresidente Alfredo Palacios.

»Me drogaron»

En junio del 2023 Gutiérrez relató que su huida del Palacio de Carondelet fue porque supuestamente estaba drogado.

El exfuncionario relató que un médico capitán lo vio muy cansado y le dio unas pastillas. “Me dio unas cinco o seis pastillas y me las tomé. Tal vez mi error fue tener ingenuidad extrema”, respondió para Radio Sonorama cuando se refirió a su memorable salida del Palacio de Gobierno.

Como si todo quedara en el olvido volvió a la política en 2009 para lanzarse a la presidencia pero quedó en segundo lugar. En 2013 y 2021 postuló nuevamente para la misma dignidad y en 2017 para asambleísta sin éxito. Finalmente este 2023 logrará tener un puesto en la nueva Asamblea.

Patricio Carrillo

Uno de los rostros difíciles de olvidar es el del exministro del Interior Patricio Carrillo, el tercer funcionario en dirigir la gestión de la Policía y las acciones de seguridad durante el actual gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, solo duró seis meses en el cargo debido a que el mandatario pidió su renuncia.

Antes de su nombramiento como ministro, Carrillo era Comandante General de la Policía durante el período presidencial de Lenin Moreno de 2020 a 2021. Anteriormente ocupaba el cargo de General Inspector de la Policía y estuvo al frente de los operativos de seguridad y orden pública en el paro de octubre del 2019, esta crisis lo convirtió en la mano derecho de la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

Aquellas manifestaciones estuvieron marcadas por casos de  ejecuciones extrajudiciales, fallecidos, personas con heridas físicas y psicológicas, personas que perdieron un ojo y tuvieron lesiones permanentes por el impacto de bombas y perdigones.

El exdefensor del pueblo Freddy Carrión presentó una demanda en Fiscalía contra varios funcionarios públicos del gobierno de Moreno, entre ellos Carrillo, por el delito de lesa humanidad. Más tarde denunció amenazas en su contra y pidió ingresar al programas de protección de testigos.

Censura

Pesa a los antecedentes de Carrillo, el presidente Lasso lo puso al frente del Ministerio del Interior. Esta decisión causó polémica en la opinión pública, por su parte el dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su descontento y señaló que Carrillo fue uno de los ciudadanos que denigraron la lucha social.

Su paso por la política estuvo marcado por el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. Este hecho provocó que el exfuncionario fuera censurado en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, no solo en este caso sino también por la represión del Paro Nacional 2022.

La resolución del Legislativo señalaba que el exfuncionario no podía ejercer cargos públicos durante dos años. Sin embargo manifestó que no está postulando a un cargo público.

«Yo estoy presentando una candidatura, he aceptado para una elección popular. Y es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que decidir y no una Asamblea absolutamente deslegitimada», justificó.

Ana Galarza

Ya ocupó un curul en la Asamblea en el 2017 por el movimiento CREO, sin embargo, fue destituida por presunto tráfico de influencias. El informe de mayoría recomendaba solo una sanción administrativa a la exfuncionaria por el mal uso de la tarjeta electrónica ya que no encontraron veracidad en las otras acusaciones.

En la Comisión Multipartidista el esposo de la exasambleísta, Francisco Sevilla, admitió que usó la tarjeta magnética de Carmen Alvarado -funcionaria del despacho de Galarza- para ingresar al Palacio Legislativo. Galarza pidió disculpas por esta falta, sin embargo, señaló que no era una causal para su destitución.

Por su parte, la exasambleísta Amapola Naranjo realizó un informe de minoría en donde consideró que el denunciante Ronny Aleaga sí demostró que Galarza gestionó un cargo público en favor de su exasesor Lenin Rodríguez para que trabaje con la exasambleísta Jeannine Cruz. Este documento fue aprobado con 91 votos a favor en el Pleno.

Tras un proceso investigativo en Fiscalía, la titular de la institución Diana Salazar solicitó el archivo del caso. La jueza Daniella Camacho ratificó esta decisión por falta de elementos de convicción que sustentaran la acusación.

Arturo Moreno

Primo hermano del expresidente Lenin Moreno y líder de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), uno de los movimientos aliado a ADN. Según él, su organización no está relacionada con el exmandatario.

De acuerdo a un reportaje de La Historia en colaboración con la plataforma Connectas, el ahora asambleísta fue acusado por cohecho en el 2008.

La denuncia especificó que Moreno Encalada llegó al despacho del exdirector regional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marcelo León Jara, con un maletín de USD 12.500 que habría sido parte de una coima para desvanecer una deuda con la constructora Hidalgo & Hidalgo pero el funcionario no habría aceptado.

León denunció lo ocurrido y en una emboscada en donde Moreno Encalada admitió que el maletín era suyo la Policía salió del baño y lo detuvo. Más adelante fue absuelto por un Tribunal pues consideraron que la pruebas expuestas no tenían validez porque no fueron ordenadas por un juez. (A.G.M).

La entrada Los rostros polémicos de la nueva Asamblea se publicó primero en La Calle.

«Estamos profundamente dolidos ante la perdida de nuestro valiente presidente y amigo Fernando. En estos momentos de dolor pedimos la unidad y la paz de la ciudadanía. Que aquellos que creemos aún en la promesa de Fernando, respetemos y compartamos solo la información que viene de las fuentes oficiales», dijo la candidata a la vicepresidencia, Andrea González.

Agregó que Fernando es irremplazable. «Para nosotros, el país y el futuro de nuestros hijos. Su lucha la llevamos con nosotros. Entiendo y abrazo a aquellos que comparten, tan real como nosotros, este dolor». González pidió a los ciudadanos mantener la paz y la democracia en memoria de Villavicencio.

Una gran Asamblea

Carrillo expresó indignación en su mensaje. «Hoy que deberíamos estar conmemorando el día de la patria, tenemos que enterrar a un patriota. Eso dice mucho de la democracia que lastimosamente el Ecuador está viviendo».

El exministro del Interior dijo que es el segundo magnicidio en un proceso electoral y que debemos mirar en la historia porque la sociedad no puede desarrollarse de esta forma. «Nos unimos la dirección de Construye para pedir a todos los actores políticos al menos silencio en estos momentos de dolor. No puede ser que aquellos que tienen tentáculos con la mafia, sean los primeros que lancen en redes, falsedades y fake news».

Agregó que Fernando Villavicencio deja el legado de que vale la pena defender la patria. «La honestidad tiene que valer la pena, ser valiente debe valer la pena. No debe valer la pena ser corrupto y mafioso en este país».

Los miembros no hablaron sobre el proceso electoral y Carrillo anunció que en una Asamblea decidirán quién reemplazará a Villavicencio.

El abogado Antonio López solicitó a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que cambien la fecha del debate presidencial este 13 de agosto hasta que hayan guardado luto y puedan escoger reemplazo. (MIB)

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El magistrado desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. Con esta decisión, se mantiene en firme que el líder indígena ejerció su derecho a la resistencia ante las medidas económicas del presidente Guillermo Lasso.

El régimen acusó a Iza de obstaculizar el uso de servicios públicos y de alentar «actos vandálicos» contra la propiedad pública y privada. Al segundo día de protesta, el líder indígena fue apresado por efectivos de la Policía Nacional irrespetando el debido proceso, lo que desembocó en un paro nacional con miles de manifestantes en todas las provincias del Ecuador.

Sobre Carrillo

En la otra orilla, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, no camina con la misma suerte. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió la apelación de la prefecta del Guayas y presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, contra su candidatura a la Asamblea Nacional.

El juez de primera instancia, Guillermo Ortega examinará el proceso y emitirá su resolución ante el pleno del organismo electoral en los próximos días.

La objeción del correísmo se basa en que Carrillo fue censurado a través de un juicio político por el Legislativo cuando ejerció la titularidad de Ministerio del Interior.

El exministro de Lasso incumplió funciones en el paro nacional de junio de 2022 y en el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal. La Asamblea responsabilizó a Carrillo por reprimir la protesta social contra el neoliberalismo de Lasso y por su inadecuado proceder en la crisis institucional de la Policía Nacional en el caso Bernal.

El Parlamento lo censuró el 23 de febrero de 2023 con la inhabilitación de ocupar un cargo público o de dignidad popular durante los próximos dos años.

Carrillo busca una curul en la Legislatura encabezando la lista del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien es impulsado por el movimiento Construye, ex-Ruptura de la exministra María Paula Romo, acusada de corrupción en el reparto de hospitales durante la pandemia.

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Carrión, en entrevista con Radio La Calle, detalló que los resultados del abandono del Estado en la seguridad eran evidentes y no tomaron acciones a tiempo. Además, recalcó que ese grupo delictivo dejó cinco personas muertas en el Comité del Pueblo y los uniformados se quedaron de brazos cruzados.

«Todo eso responde a la furia de las personas. Enardecieron y como ya saben donde se esconden incendiaron las casas como justicia por su cuenta», afirmó.

Enfatizó que, los moradores del sector reconocieron que la última opción que tenían fue hacer justicia por mano propia. También señaló que de cada 100 homicidios tan solo cuatro o cinco reciben alguna sanción.

Es decir, que ahora los antisociales tienen «la plena certeza» que si llegan a cometer algún delito saldrán absueltos. «Esto responde al dicho de -plata o plomo- y se suma la corrupción de algunos jueces y autoridades», mencionó.

¿Cuándo entra el Estado?

Carrión comentó que los sujetos pertenecientes al Estado aseguraron que éste perdió la soberanía en algunos sectores. Es decir, hay sectores en los que la delincuencia tiene mayor participación que las autoridades.

«El propio exministro del Interior lo dijo en una entrevista la semana pasada y un general de la Policía ya lo había anticipado», refirió.

Además, repitió que la inestabilidad del Gobierno se evidencia en el constante cambio de personajes en su gabinete. En los dos años de mandato tuvo cuatro ministros del Interior, cuatro secretarios de Seguridad, dos ministros de Gobierno y cinco autoridades en el SNAI.

Manifestó que en ese mismo tiempo se decretaron cerca de 16 estados de excepción con los que se evidenciaba un cambio en la seguridad. Sin embargo, con la salida de Paco Moncayo hay una posibilidad que nuevamente el plan «se caiga«. (N.J.C)

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El 19 de junio el CNE aprobó el binomio presidencial de Hervas y Luz Marina Vega. El organismo concluyó que no se pudo demostrar que el precandidato auspiciado por el movimiento Reto tiene paraísos fiscales.

Ante las pruebas expuestas por la RC, se detalló que que el ciudadano Xavier Hervas Mora Bowen corresponde a un homónimo de Marcelo Xavier Hervas Mora.

Las pruebas de Hervas

El candidato presentó las respectivas pruebas de descargo ante el CNE. De acuerdo con el precandidato, en el documento de impugnación, el nombre del dueño de la empresa offshore aparece como “Xavier Hervas Mora Bowen”.

“Del relato de los hechos plasmados en la objeción planteada, se verifica una confusión de nombres, puesto que se impugna la candidatura de un ciudadano de nombres Xavier Hervas Mora Bowen, del cual no se refiere cédula de ciudadanía o identificación; para ello, debo especificar que nombre es Marcelo Xavier Hervas Mora portador de la cédula de ciudadanía No. 170595808-8”, dice el precandidato.

¿Qué no se ha dicho?

A Xavier Hervas se le vinculó con empresas offshore a partir de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso. El jefe de Estado acusó a Hervas de pedir favores tributarios a cambio de votos de la Izquierda Democrática (ID), partido con el que estaba relacionado en 2021.

“Quítame de encima al SRI; que no me sigan; que no me cobren a mí impuestos (…) me refiero a la Izquierda Democrática y al señor Xavier Hervas. Más claro y directo no puedo ser”, dijo el mandatario.

Carrillo como asambleísta

Respecto a Carrillo, el CNE aseguró que «no se ha demostrado que se encuentre inmerso dentro de una las inhabilidades para ser candidato a una dignidad de elección popular».

No obstante, el Pleno negó la calificación de la lista de asambleístas liderada por el exministro. La razón sería por incumplimiento de requisitos, después de la resolución tendrá 48 hora para resolver los respectivos inconvenientes. (A.G.M).

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«Yo no estoy optando por un cargo público, yo estoy presentando una candidatura, he aceptado para una elección popular. Es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que decidir, quien da su voto. Es el pueblo ecuatoriano y no una Asamblea absolutamente deslegitimada , sin embargo, la ley no prohíbe ser candidato, la ley no prohíbe un cargo de elección popular y ahí estaremos peleando la decisión del pueblo ecuatoriano», dijo el exfuncionario en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el mes de junio.

¿Puede Carrillo postularse para el Legislativo?

»Puede inscribir su candidatura, pero no podría ejercer el cargo público en caso de ser elegido mientras la censura dure», dijo el abogado Esteban Ron.

Aunque el exministro ya tenga un puesto seguro en el Legislativo no podrá ser posesionado. El 23 de febrero la Asamblea censuró a Carrillo durante dos años por incumplimiento de funciones, es decir, no podrá ocupar ningún cargo público durante ese tiempo.

En febrero del 2025 terminaría esta sanción y el asambleísta podrá ejercer su puesto durante tres meses puesto que el período legislativo concluye en mayo de ese año. El lugar de Carrillo deberá ocuparlo su alterna Nataly Morillo Solórzano.

Además, el Ministerio del Trabajo señaló que Carrillo sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos por la destitución en el Legislativo.

»NO EXISTE EXCEPCIÓN; la causal del impedimento, le inhabilita acceder a todo cargo, puesto, función o dignidad del sector público», resaltó el documento.

Menos tres… 

Tras los comicios electorales del 20 de agosto, Mover tuvo una intención del voto del 20.47 % en asambleístas nacionales y el 20.08 % en provinciales. Aún quedan pendientes seis curules indefinidos por fallas en la votación telemática en el exterior.

Por su parte, Construye manifestó que de los 31 escaños obtenidos hasta el momento, la bancada solo estará conformada por 28 legisladores, es decir, tres quedan afuera. El movimiento no detalló los nombres de los asambleístas que no serán parte de su cúpula en el Legislativo.

Carrillo y Villavicencio

El pasado 29 de mayo, el excandidato Fernando Villavicencio indicó que la lista de asambleístas nacionales la encabezaría el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Sin embargo, el exfuncionario fue censurado con 105 votos a favor.

La extinta Asamblea Nacional inició el juicio político contra Carillo por el incumplimiento de funciones en el paro nacional de 2022, el femicidio de María Belén Bernal y la falta de seguridad en el país. La decisión en este proceso le impide al exministro ocupar un cargo público por dos años.

No obstante, Villavicencio aseguró que equipo para las elecciones anticipadas 2023 está completo y junto a Carillo tienen una estrategia para combatir la inseguridad en Ecuador.

«El desafío es dejar de ser el representante de gente buena y periodista de investigación para convertirme en un candidato», refirió para Ecuavisa.

El juicio a Carillo

 El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 105 votos la censura del exministro del Interior Patricio Carrillo, quien fue acusado por incumplimiento de funciones en tres causales como el femicidio de María Belén Bernal y las protestas de junio del 2022.

El 23 de febrero  el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político y censura contra Carrillo. En la sesión unificaron tres de los cuatro pedidos de enjuiciamiento político que el exfuncionario tenía en su contra.

La primera solicitud fue interpuesta por los legisladores Peter Calo y Jhajaira Urresta  quienes pidieron la fiscalización del exfuncionario por su gestión en el Paro Nacional de junio del 2022 y la inseguridad ciudadana.

Por su parte, las parlamentarias Johanna Moreira y Lucía Placencia hicieron su pedido por incumplimiento de funciones por el abandono de temas de seguridad, en el contexto de homicidios y violencias del 2022. Por último, la asambleísta Gissella Garzón solicitó el juicio político por el Caso del femicidio de María Belén Bernal y su incumplimiento de funciones. MIB / N.J.C

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Ordóñez informó esta resolución a través de su cuenta de Twitter. El funcionario señaló que la acusación en su contra tiene acusaciones imprecisas y no cuenta con las firmas suficientes. Agregó que el Tribunal le concedió una acción de protección por «violación a sus derechos constitucionales».

Juicio político

 El 17 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la recomendación de juicio político por el caso María Belén Bernal al exministro del Interior, Patricio Carrillo; secretario de Seguridad, Diego Ordoñez y secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

El Legislativo debatió y aprobó con 96 votos a favor las recomendaciones de la comisión conformada por mujeres en el caso Bernal. Enfatizaron la responsabilidad política que recae sobre la Presidencia, Secretaría de Seguridad, Ministerio del Interior, Comandancia de Policía y Secretaría de Derecho Humanos. (A.G.M).

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El 1 de abril el mandatario anunció en cadena nacional tres medidas que forman parte de la estrategia de «la cruzada por la seguridad». Entre las resoluciones más polémicas se encontraba la aprobación de tenencia de armas y gas pimienta para defensa personal.

En este sentido, Carrillo expresó su negativa ante la decisión del mandatario mediante un tuit. También puso a comparación la situación de EE.UU, en donde el presidente Joe Biden, firmó una ley para controlar las armas fantasma y alejarlas de «manos peligrosas».

El mandatario norteamericano informó esta noticia en su cuenta de Twitter y Carrillo se limitó a decir «nosotros en contra vía». La idea del riesgo que consiste en tener a una población armada fue compartida por la exministra del Interior, María Paula Romo, quien replicó uno de sus tuits.

Otras reacciones

La medida implementada por Lasso tiene diferentes aristas. El jefe del bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, manifestó que esta decisión fue tardía pero positiva. Para el legislador esta resolución es necesaria en el Ecuador.

De igual manera, el asambleísta Fernando Villavicencio mostró su apoyo a la «iniciativa de Lasso». ¿Acaso solo los delincuentes pueden portar armas, secuestrar y matar a nuestras familias, eso quieren decir algunos amigos de pandillas y pandilleros», cuestionó el legislador. (A.G.M).

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«Vamos a frenar el Paro. En paz, sin violencia. Solo siendo ciudadanos, busquemos soluciones. La violencia nunca solucionó nada. Vamos a juntar un millón de voces, un millón de voluntades, para decirle al amigo IZA que no queremos violencia, no queremos el PARO», escribió en un tuit.

Después subió una foto con la frase: Un millón de voces contra el paro.

El exministro Carrillo fue censurado por la Asamblea Nacional con 106 votos afirmativos por el incumplimiento de funciones durante el Paron Nacional de junio del 2022 y el manejo del caso María Belén Bernal. (MIB)

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