El presidente de la mesa parlamentaria, Patricio Chávez, señaló que este acuerdo debió aprobarse por el Legislativo, pues tiene características que componen la estructura de un tratado internacional.

Por otro lado, resaltó que el préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene como finalidad financiar el gasto social. Por el contrario, el crédito buscaría pagar la deuda con la misma entidad financiera. El 29.7% del desembolso que equivale a USD 2.761 millones corresponden al valor de esta deuda.

»El resto sería un crédito destinado para pagar a otros acreedores del Estado, en conclusión, este préstamo sería pagar otro préstamo», indicó el legislador.

Chávez expuso que el acuerdo también sería inconstitucional al no respetar la soberanía del país ya que el gobierno tendría que consultar al FMI sobre el manejo de su política económica para la toma de decisiones. En este sentido, el parlamentario denunció la inobservancia de las claúsulas por parte del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

El informe fue aprobado con ocho votos a favor y una abstención. Fue respaldado por los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK). (AGM),

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A raíz de la suspensión del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Patricio Chávez, por inhabilidad para ejercer un cargo público salieron a la luz más casos similares en los que estarían involucrados otros legisladores.

Frente a esta situación, la Asamblea notificó a los servidores involucrados y dispuso un plazo de 15 días para que puedan regularizar y subsanar su situación.

»Se incurre en inhabilidad especial por mora para el ingreso al servicio público, cuando las personas se encuentren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada», establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

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