»Te extraño Tunita y días como este, dan gasolina a la vida de uno. Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa», dijo el hermano del fotoperiodista asesinado Paúl Rivas.

El 8 de abril el magistrado de la CC resolvió disponer la desclasifisicación de las actas, transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que se relacionen exclusivamente al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La actual ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá un plazo de 30 días para entregar estos insumos a los familiares de las víctimas. De igual manera, el Secretario del Cosepe deberá emitir un informe a la CC sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por otro lado, la institución llamó la atención a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior del período de Lenín Moreno por no presentar ante la Corte la resolución de clasificación de las actas del caso.

Una lucha de 6 años

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Sus promesas se las llevó el viento, pues hasta su salida del cargo no se ejecutaron acciones.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el Gobierno de Lenín Moreno confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que el exmandatario les dio para acabar con el secuestro. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el Estado confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. 

Moreno también prometió desclasificar la información recopilada en el caso y tratada en el COSEPE pero tampoco cumplió con su palabra hasta terminar con su período de mandato. (AGM).

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Los familiares de las víctimas solicitaron que todos estos documentos pasen de la categoría «secreta» para dar nuevas pistas sobre el suceso.

El expresidente Lenín Moreno y Lasso prometieron a los allegados de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas desclasificar la información y dar con los responsables. Sin embargo, esta «recomendación» se suma a la lista de promesas incumplidas del primer mandatario.

De acuerdo con el hermano de Paúl Rivas, Ricardo Rivas indicó, para Radio La Calle, que esta promesa fue solo una «letanía» de los gobiernos de turno para desviar la atención, pero que todo queda en el aire.

Además, enfatizó que los últimos gobiernos priorizaron la imagen del Estado sobre la vida de las personas. Recalcó que si se niegan a desclasificar la información es porque afectaría las relaciones entre Ecuador y Colombia.

«El uno (Moreno) anunció siete veces que se iba a desclasificar y el otro lo dijo en prensa internacional, pero solo se ha hecho un show viéndonos las caras a las familias», refirió.

¿Por qué no desclasifican?

El Secretario de Seguridad, Wagner Bravo, señaló para diario La Hora que las actas deberían ser develadas dentro de 10 años, debido a la categoría en la que ubicaron. Apuntó que los documentos no han sido pasado por un proceso de desclasificación.

Según él, los informes guardan estrategias de defensa nacional, protocolos y procesos ante posibles amenazas contra el Estado.

No obstante, Rivas aseguró que esa es la excusa del régimen para no dar paso a esas solicitudes. Aclaró que los documentos no mantiene información sensible como mencionan las autoridades.

Puntualizó que el país tiene un Estado y un Gobierno que se maneja bajo tres aristas en todas las ocasiones: negación, encubrimiento y silencio absoluto. Rivas recalcó que las investigaciones han avanzado gracias a las solitudes de los familiares y no fue una iniciativa de la Fiscalía General del Estado.

«El exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez dijo que estaban ajustando un informe para desclasificar todo y no ha pasado nada. Estamos cercanos a cumplir seis años y todos se mantiene callados», destacó.

De brazos cruzados

Rivas detalló que esperan una respuesta de la FGE en la que aclare porqué se paró la investigación. Aclaró que esa no es un justificación pertinente, pues la entidad guarda más pruebas y otras pistas que podrían utilizar. También, cuestionó que la Corte Constitucional (CC) no se haya pronunciado sobre la solicitud de desclasificación de la información.

«Según ellos se detuvieron porque no hay desclasificación, pero no es así. Aquí hay una omisión indudable y es porque están relacionados allegados al gobierno de ese entonces», expresó. (N.J.C)

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