El pasado 7 de julio de 2022 se llevó acabo la primera reunión para la mesa de diálogo establecida por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la cual fue desarrollada de manera satisfactoria con la presencia de los representantes de las organizaciones y miembros del Gobierno nacional.

En la reunión se estableció el desarrollo de 10 mesas de trabajo y una de coordinación, las cuales iniciarían este 13 de julio, a partir del cual se contabilizarán los 90 días previstos, con el fin de solventar los 10 pedidos planteados por las organizaciones.

Sin embargo, tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en una entrevista sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones convocado por el movimiento Indígena, el proceso de diálogo puede verse afectado.

«La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar al gobierno legalmente constituido. Esta es una alianza con el correismo y en esta participa un tercer actor que es quien pone el dinero para las protestas que habrán constado USD 15 millones», aseguró Lasso.

Respuesta de la CONAIE

Mediante un comunicado, la CONAIE rechazó las acusaciones y tildó de inoperante al gobierno de Lasso.

«Advertimos que la narrativa oficial del «narcotráfico y terrorismo», se dirige a criminalizar la protesta, pone es riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio 2022″, dice el comunicado.

¿Qué puede suceder con el diálogo?

Para la analista política, Paulina Mogrovejo el acuerdo fue firmado bajo el marco del principio de la buena fe con el propósito de finalizar con las movilizaciones, pero sobre todo de dar cumplimento a los 10 puntos planteados.

Sin embargo, con las acusaciones realizadas por del presidente Lasso, que no tienen pruebas, pone en duda la intensión del Gobierno.

«Queda una tela de desconfianza hacia el Gobierno, da una suerte de mensaje que no existe la intensión de cumplir con el mencionado acuerdo de llevar adelante el proceso de diálogo», expresó la analista a Radio La Calle.

Por su parte, el analista Mauro Andino aseguró que el Gobierno está buscando deslegitimar las protestas y las cusas por las cuáles las personas salieron a manifestar.

«Es lamentable que el Gobierno nacional siga implementando esta retórica del enemigo interno, deslegitimar las protestas. Solo refleja que el Gobierno y a la cabeza el presidente de la República en el fondo nunca quisieron dialogar», dijo.

Andino sostuvo que Lasso está dejando de lado al 39% de personas que viven viviendo en pobreza multidimensional en el país.

Así también, el analista político indicó que es imposible llegar a acuerdos y sentarse a dialogar con alguien que está levantando una imputación de un delito sin pruebas.

«Esto genera mayor desconfianza por parte del movimiento Indígena y de la CONAIE, porque es imposible que te sientes a dialogar con alguien que te está tildando de haber sido financiado por el narcotráfico.»

El papel desarrollado por el ministro de Gobierno

Según los analistas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez ha buscado procesar el conflicto social a través de la vía política, promoviendo el diálogo.

«Mientras el ministro de Gobierno firmó un acuerdo con la CONAIE y sigue reuniéndose en las mesas técnicas. El presidente de la República hace semejantes afirmaciones, eso le deslegitima», aseguró Andino.

Mauro Andino recalcó la existencia de una posible intención de boicot, frente a las acusaciones y declaraciones tanto del presidente Lasso como del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

«No hay que destacar que las afirmaciones del presidente y del ministro Carrillo quieran boicotear el diálogo para tentar a la CONAIE que se levante de la mesa de diálogo y se vayan, y con eso el Gobierno podría justificar el incumplimiento de su palabra y estafar políticamente a las organizaciones sociales».

De la misma manera, Mogrovejo dijo que entre las opciones que tendría el ministro de Gobierno está presentar su renuncia o seguir presionando al Ejecutivo.

«El ministro de Gobierno tendría que cumplir las disposiciones del presidente de la República, renunciar a su cargo si no está de acuerdo bajo el principio de la objeción de consciencia o tratar de seguir presionando e insistiendo sobre todo al interno del Ejecutivo para que los 10 puntos se acerquen al menos, si no se cumplen en su totalidad».

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Es difícil de determinar, sin embargo, existen algunos elementos que deben ser tomados en cuenta: cómo ha gestionado los derechos humanos, el desempleo, los derechos de las mujeres, las instituciones políticas y los servicios públicos. La gestión en salud y educación, ¿se ha hecho algo para mejorar este campo?, ¿podemos acceder a servicios de calidad? En cuando a bienestar, Moreno debe ser de los peores calificados y es otro elemento a tener en cuenta.

¿Cómo dirigió el Estado ecuatoriano?

Lo primero que habría que definir es quién ha dirigido el Estado. Creo que nunca conocimos cómo funcionó la dinámica de la toma de decisiones en estos cuatro años.

 Ni siquiera hubo vocerías adecuadas, en algunos casos hasta lo mandaron “a callar”, por sus constantes equivocaciones. Rotaron burós y personajes de cuestionable calibre como Briones o Cuesta. Al parecer cada quien gobernaba por su lado.

¿Fue hasta peor presidente que Juan José Flores?

Flores lideró el país en beneficio de un determinado sector de la sociedad, en un momento en que se estaba estructurando la vida republicana del Ecuador. Flores sentó las bases de un gobierno que no era de las mayorías. Moreno se dedicó a destruir el Estado Republicano y sentar los cimientos para que gobierne la plutocracia. ¿Hay algo peor?

Plutocracia que ahora está muy vigente…

En términos políticos, en términos sociales lo que está ocurriendo en Colombia, lo que casi ocurre en Bolivia y Ecuador, nos deja, en claro, que estamos a la mitad de un nuevo Plan Cóndor.

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A finales del siglo XX, el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman acuñó el término ‘modernidad líquida’ para señalar la crisis en el funcionamiento de los Estados nacionales y sus instituciones. El autor explica –entre otros temas- que en la actualidad enfrentamos una pérdida de la razón en las relaciones sociopolíticas, por lo que conceptos como Estado de Derecho, debido proceso, seguridad jurídica, separación de poderes, justicia independiente, y democracia, pierden su objetivo de garantizar el interés general y los derechos, para subordinarse a las leyes del consumo. 

En ese sentido, la razón, que tiene que ver con la capacidad de la autoridad de adecuar sus actuaciones al contrato social (Constitución), así como a las circunstancias reales que configuran el interés general y la garantía de la dignidad humana, se desvanece o diluye –como diría Bauman- y con ella el concepto de democracia racional. 

En términos positivos, esta crisis del Estado nacional, sin duda permitiría la construcción de instituciones políticas más horizontales, participativas, incluyentes, diversas, interculturales y plurinacionales. Sin embargo, un Estado líquido subordinado al mercado, trae como consecuencia instituciones sometidas a las leyes del capital. Desde esta perspectiva, el Estado líquido se traduce en instituciones inestables y sin cohesión social, las cuales derivan en Repúblicas y democracias simuladas. 

Los mismos actores desde hace 20 años

Desde luego, no me refiero solo a democracias instrumentales, cuya única función es obligar a los ciudadanos a votar en las urnas con el fin de obtener la papeleta de votación, o forzarlos a elegir entre lo que hay: Bucaram, Noboa, Lasso, Nebot, Gutiérrez y otros eternos candidatos, casi todos  en campaña desde hace más de veinte años. 

Con democracias simuladas señalo también la pérdida progresiva de poder político y soberanía por parte del pueblo, a pesar de las elecciones, frente a élites que gobiernan en alianza, a espaldas del electorado y su voluntad. 

Esta situación se denomina ‘Posdemocracia’, concepto desarrollado por Colin Crouch a inicios del siglo XXI y que se refiere a la degeneración de la democracia  en un gobierno de las élites, las cuales cooptan las instituciones y el sistema político para llevar adelante su agenda propia. 

Las condiciones que generan un ambiente ‘posdemocrático’ –según Crouch- son la desconfianza y distanciamiento ciudadano con la clase política (95% en Ecuador), influencia de las empresas transnacionales y organismos prestamistas en las políticas públicas, ausencia de debate público y consulta sobre los temas fundamentales, y privatizaciones de sectores públicos claves como educación, salud, áreas estratégicas, etc. 

A las causas señaladas por Crouch, agregamos otras como el retroceso de periodistas y corporaciones mediáticas,vinculados en especial a grupos financieros. Ellos abandonaron la búsqueda de la verdad y encontraron en la posverdad una forma de vida, a través de la producción y difusión de fake news o realidades falsas o inexactas, que en muchos casos apoyan, o pretenden presentar como ciertos, discursos oficiales sin ninguna legitimidad.

Realidades falsas en país

En el caso del Ecuador, la construcción de realidades falsas o inexactas se manifiesta en declaraciones como las expresadas en días pasados por el ministro de Salud, quien sin fundamento culpó a los médicos de llevar el COVID-19 a los hospitales. 

Así también, en las teorías de la conspiración sobre el golpe de Estado en octubre de 2019, la responsabilidad en el incendio de la Contraloría, los argumentos de defensa de  la ministra de Gobierno, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas y los excesos de la fuerza policial en las citadas protestas de octubre, la venta en secreto del Banco del Pacífico, los subregistros sobre las muertes por COVID-19; la denuncia y acusación selectiva en delitos de corrupción, entre otros mensajes y prácticas, que en lugar de ‘descontextualizaciones’, ‘errores de malos voceros’ o “intentos de desestabilización del orden democrático”; podrían ser prácticas políticas que le han funcionado al régimen morenista en estos casi cuatro años de gobierno. 

Urge una Comisión de la Verdad

En conclusión, podemos identificar elementos de ‘Posdemocracia’ o ‘No-Democracia’ en Ecuador, los cuales se constituyen, entre otros, a partir de una posverdad  negacionista y conspiranoica, difundida en muchos casos desde el discurso gobiernista. 

Por un lado, con el fin de legitimar La Verdad Oficial de Moreno sobre actos que en el futuro seguramente motivarán una Comisión de la Verdad. En el corto plazo sostienen las condiciones sociopolíticas para implementar la agenda del FMI y de los tenedores de deuda. Y, por el otro lado, que les permiten avanzar en prácticas al parecer efectivas para desanimar, distanciar y decepcionar profundamente a la ciudadanía; y, consecuentemente, hacer posible que las decisiones políticas se asuman de facto por un sector privilegiado, el cual gobierna y cogobierna en Carondelet, en manifiestas condiciones de opacidad.

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