Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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La entrevistada habló sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la mención de Iza se produjo cuando se cuestionó a la legisladora sobre si votaría por Iza como presidente.

Pazmiño dijo que Leonidas Iza no es terrorista. No obstante, el locutor repitió paulatinamente «¿vio cómo aterró a Quito?, secuestraron a militares y que golpearon a policías mujeres«.

«Leonidas Iza es terrorista, porque él genera terror para tener el control del poder y así salirse con la suya», reclamó Vera. Asimismo, la entrevistada defendió al involucrado, a lo que nuevamente Vera respondió «él quiere volver al Tahuantinsuyo».

«Usted es comunista, porque votaría por Leonidas Iza para la presidencia de la República», le dijo Vera a su invitada. Según él, Iza promueve el comunismo latinoamericano.

¿Qué otras joyitas dijo Vera?

Además, Carlos Vera aseguró que la ciudadanía ya no quiere que las personas salgan a las calles, en el caso de que Lasso no sea destituido. «La gente no quiere más convulsión, la gente quiere paz«, manifestó Vera.

Según el periodista, la situación del país es evidentemente mala porque así la dejó el «correismo» y el mandatario solo se «ha estado preparando para actuar». De la misma manera aludió a que «las respuestas del presidente son tardías e insuficientes, pero han comenzado, desde permitir portar armas a civiles hasta la declaratoria para tratar a los terroristas de una forma diferente». (D.C.)

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“Así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas, para que se llevaran eso a Ucrania y se libre una guerra“, declaró el primer mandatario colombiano en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Argentina el martes 24 de enero de 2023.

El equipamiento militar fue adquirido en la administración de Iván Duque. El objetivo, combatir fuerzas como las Farc, pero sin la posibilidad de darles mantenimiento.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, había solicitado la donación de armamento militar ruso para la defensa del pueblo ucraniano.

Argumentó la incapacidad para el sostenimiento del mismo, ofreciendo cambiar el arsenal por uno de fabricación estadounidense.

El presidente Petro expresó su compromiso con la paz, oponiéndose a tomar una posición respecto al conflicto en Ucrania. Incentivó que América Latina exija la paz en lugar de jugar al bloque militar.

Decisión que fue valorada por la embajada Rusa en Colombia a través de un comunicado en Twitter “Valoramos mucho las declaraciones del Presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania“. (O.S.V)

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Durante seis meses, prorrogables según los avances en las negociaciones, las organizaciones armadas y el Estado suspenderán acciones. Habrá acompañamiento de un mecanismo de verificación internacional.

“Este es un acto audaz. El cese bilateral al fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, aseguró el mandatario. “La paz total será una realidad”, escribió el presidente en su último mensaje de 2022. Al hacer al anuncio, el Gobierno dijo que ha recibido cartas de la sociedad civil, de la Iglesia y de organizaciones comunitarias pidiendo el cese de la violencia.

En un comunicado publicado tras el anuncio del mandatario, el Gobierno ha explicado detalles del acuerdo. “El objetivo de este cese del fuego será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”.

El Gobierno ha anunciado que expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, en el que se determinará la duración y las condiciones del acuerdo. El inicio de estos pactos, que buscan contener la violencia, se extenderá hasta el 30 de junio de 2023, prorrogables según los avances en las negociaciones. El proceso tendrá veeduría nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

El ELN mantenía un alto al fuego unilateral que se terminaría el 2 de enero. Con el anuncio del presidente, la guerrilla, que se encuentra en medio de un proceso de negociación, extiende por seis meses su promesa, como señal de que está dispuesta a que esta vez sí se alcance un acuerdo de paz.

Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en el Colombia, ha saludado el anuncio del Gobierno con un mensaje de respaldo. “Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”.

Según Indepaz, durante 2022, se registraron 94 masacres y fueron asesinados 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz.

Redacción: El País

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Las organizaciones ilícitas rechazaron que la ola de violencia del 1 al 4 de noviembre haya sido perpetrada por sus miembros. Acusaron a otras bandas enemigas de haber realizado los atentados con explosivos y coches bomba, y los asesinatos a policías.

Ruedas de prensa en las cárceles

Las cinco agrupaciones hicieron ruedas de prensa, mientras el Gobierno de Lasso pavonea tener el control de los centros y las autoridades no dicen nada al respecto. De hecho el SNAI respondió que desconoce de la existencia de los videos a continuación.

«En la institución no se ha recibido ninguna comunicación al respecto. Solamente lo que circula en redes sociales», respondió la autoridad rectora penitenciaria.

Algo anda muy mal…

Las bandas del acuerdo acusan al Gobierno del Encuentro de presuntamente pactar con otras agrupaciones. De hecho, de la «unión de paz» quedaron fuera: Los Choneros, Los Águilas, Los Fatales, Los Gángters y los Chone Killers, ¿por qué?

Los Lobos

«Nos unimos por una sola causa que es retomar la paz y tranquilidad en todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país, como son: Cuenca, Latacunga, Ambato, Machala, Riobamba, Loja, Tena, Ibarra, El Inca y demás CPL del país. Estamos unidos para neutralizar este tipo de actos violentos contra la ciudadanía y el Estado. Sr. Presidente no estamos en guerra con usted y no somos autores de extorsiones y de atentados de los últimos días», señala uno de los reos.

Los Lagartos

«Hemos llegado a un acuerdo de paz con las organizaciones Mafia 18 Tiburones. Con esto nos sumamos a la pacificación con otras bandas como Los Lobos, Tiguerones y Latin King. Por el bienestar de nuestras familias y ciudadanos. Todos esos comunicados que dicen que nosotros somos responsables que todo lo que pasa en el país es falso», dice un miembro de Los Lagartos de la cárcel de Guayaquil.

Otra banda más pequeña como Los Duendes también sería parte de la unión.

Los Tiguerones

Desde Esmeraldas, un miembro de Los Tiguerones ratifica que las bandas antes mencionadas han pactado por la paz. Añade que la guerra desatada no es contra el Estado y que no son responsables de las «vacunas» o atentados en días pasados. Además, denuncia que todos esos actos violentos fueron realizados por las bandas «Las Águilas» y «Los Gángster» (aliados Choneros).

Finalmente, apuntaron que no reclutan a menores de edad bajo amenaza y que «colaborarán con las autoridades ante cualquier tipo de investigación».

Mafia 18 Tiburones

Mafia 18 Tiburones dice que llegó a un acuerdo de paz con Los Lagartos. Refieren que no son partidarios y colaboradores de los asesinatos, motines, vacunas y explosivos que ocurrieron en el Ecuador. «Repudiamos todos estos actos bochornosos y señalamos que vivimos en armonía con los demás pabellones (…) nos sumamos al proceso de paz», apunta un tiburón.

Los Latin King

«Por la igualdad y la paz, creemos que es necesario regresarle esos a los jóvenes y sus familias. El apoyo educacional, salud, generación de oportunidades laborales. Exhortamos al presidente Lasso a hacerlo», pronuncia un integrante de los Latin King.

Todas las bandas señalaron que necesitan una rehabilitación de calidad, cursos y capacitaciones con terapias psicológicas para las PPL. El SNAI precisó que desconoce de la existencia de los siguientes videos.

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“Ante los ojos de Colombia y el mundo, el Estado colombiano y las extintas FARC-EP firmamos un Acuerdo de Paz cuyo propósito general es erradicar definitivamente la violencia política y atender a las víctimas del conflicto armado. Un propósito por el que decididamente luchamos”, escribió en un tuit.

El líder del partido Comunes que se formó tras la disolución de las FARC explicó que, aunque ellos cumplieron lo pactado, el gobierno no hizo lo mismo. “Aunque no hay avances en la Reforma Rural Integral ni en la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la reincorporación comunitaria está desfinanciada. Sepan que no cesaremos en la lucha por implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Ese es nuestro mayor anhelo”.

De los siete millones de hectáreas de tierra que el Estado iba a formalizar, solo se ha realizado el 0,7%, es decir, 10.554. Tampoco se ha dado un esfuerzo suficiente para garantizar la sustitución voluntaria en vez de la erradicación forzada.

Excombatientes asesinados

La violencia contra los exintegrantes de la guerrilla también apareció durante estos cinco años. Asesinaron a 285 excombatientes desde la firma del acuerdo, 36 de estos crímenes ocurrieron en 2021, de acuerdo con los números de Comunes.

Según las cifras de Naciones Unidas, han matado en promedio a uno cada seis días desde septiembre del 2016, cuando la guerrilla se disolvió y se abrió paso a la vida civil.

Los registros de la ONU hablan de 32 muertes en 2017, 65 en 2018, 78 en 2019, 73 en 2020 y 40 más entre enero y agosto de este año. A esa cuenta de agresiones deben sumarse 21 casos de posible desaparición forzada, más de 300 casos de amenazas y 67 atentados contra exguerrilleros que se han mantenido en el proceso.

En 41 casos se han logrado condenas; otros 44 están en juicio y hay 49 crímenes por los que se han dictado 279 órdenes de captura. La Fiscalía informó a las Naciones Unidas que por problemas de seguridad, solo han ingresado al 65% de escenas del crimen.

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