En su domicilio de Samborondón se recabaron algunos indicios, entre los que se incluyen computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. Respecto a la ubicación de Toledo, la institución indicó que están realizando otros 3 allanamientos en oficinas y domicilios de Guayaquil para ubicar al abogado.

Denuncia realizada

El abogado Diego Chimbo, defensa del exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga, colocó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, una denuncia por peculado y fraude procesal en contra de Francisco Fierro, Ricardo Noboa Bejarano, Esteban Noboa Carrión y Mayra Salazar.

El jurista habló con los medios de comunicación e indicó que «el Banco del Pacífico pagó por la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis» y presuntamente habría sembrado información en el testimonio anticipado de la comunicadora en el caso Purga.

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«Yo era un demócrata, porque mi intención era servir a la gente y no quedarme en el poder», explicó a los estudiantes.

Aunque Lasso disolvió el Legislativo en medio del juicio político que llevaba en su contra por el presunto delito de peculado, el exjefe de Estado se excusó con que «no era capaz de entregar el poder a personas corruptas«. Además del proceso en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaba el caso El Gran Padrino, una presunta trama de corrupción en el sector público que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera.

«Lo que querían era hacerme quedar mal a mí y ahí si cometer peculado», dijo.

Lasso no solo fue salpicado por este caso, sino también por la crisis de inseguridad que azotó al país, la crisis energética, los recortes presupuestarios a los sectores de salud y educación. El expresidente eliminó la Asamblea el 17 de mayo de 2023, desde esa fecha, gobernó vía decreto por seis meses hasta que el país eligió un nuevo presidente en octubre de ese año.

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«Condiciones para todo»

A raíz del caso Metástasis, otra trama de corrupción en el sistema judicial, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, citó al exmandatario el 18 de marzo para que rinda su testimonio. Sin embargo, no asistió porque no recibió un «llamado formal». Además, envió una carta a la titular de la FGE para solicitar que su comparecencia sea a partir del 25 de marzo.

Según el expresidente, sus labores académicas terminan en esa fecha y no puede regresar antes. De la misma manera, pidió que sea de manera virtual, pues su domicilio está ubicado en Guayaquil. No obstante, repitió que «estaba presto para cooperar con las autoridades».

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En la comisión comparecieron: la exauxiliar de servicios de la Presidencia de la República, María Alexandra Guarderas; la experta en Gestión Cultural, Andrea Encalada; y el doctor en Historia Juan Paz y Miño.

Guarderas alegó que varios funcionarios y servidores -en ese periodo- fueron implicados en la presunta sustracción de bienes del extinto museo. También, comentó que uno de los implicados enfrenta tres procesos judiciales y otro se suicidó al no poder justificar el enriquecimiento ilícito.

La exservidora mencionó que tres meses más tarde de la posesión de Lenín Moreno, el director administrativo ordenó desmantelar el museo «de forma secreta». Además, supuestamente solicitó que los objetos se trasladen a la casa de la reserva Militar y al Museo del Pasillo. Los expertos enfatizaron que este es un grave delito contra el Patrimonio Cultural del Ecuador.

Por su parte, Andrea Encalada, advirtió que reabrir el Museo será una tarea complicada, por no decir complicada, pues Guillermo Lasso recibió un inventario con apenas 3 mil piezas, cuando realmente eran 11 mil.

«No solo se perdieron objetos valiosos, sino que también se dejó de lado la memoria histórica y se cerró las puertas de un museo importante», añadió.

Guarderas recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene conocimiento de todos los sucesos. Además, la asambleísta Pamela Aguirre presentó la denuncia en febrero de 2022 por el presunto delito de peculado. Sin embargo, poco o nada se ha realizado dentro de esta investigación.

El muy ofendido…

Desde Uruguay y a través de su cuenta de X, el expresidente indicó que es «perverso» que se lo involucre en la desaparición de las piezas de Carondelet. Replicó todas las acusaciones con el argumento que él fue «presiente de la República y no guardalmacén de la Presidencia».

«La fijación del correísmo conmigo es enfermiza (…) Entiendo que les debe doler el haber desmantelado la egoteca de Rafael Correa», expresó.

El Decreto 501 obliga a los mandatarios a reportar todos los obsequios valorados en más de USD 400 y que hayan sido recibidos durante su periodo presidencial. “Nos damos cuenta de que parecería que era una práctica recurrente de Moreno el no reportar determinados objetos y guardarlos para él”, aseguró Aguirre en entrevista con La Calle en 2022.

Eran aproximadamente 3.000 objetos más que debieron haberse sumado a los 11.300 ya existentes. La lista no llegó ni a la tercera parte.

“Entre gallos de medianoche”

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

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La empresa pública que fue parte de los escándalos del destierro político del anterior mandato sigue dando de qué hablar. De acuerdo al documento expuesto por el periodista Andrés Durán, la entidad no solo reportó viáticos y por más de USD 500 mil, también invirtió en viáticos al exterior por USD 289.100 mil y USD 268.31 mil por gastos de residencia.

Por otro lado, el informe revela la intención de construir un edificio en Quito valorado en USD 751.656.52 mil, se tiene previsto que la obra concluya en enero del 2024.

¿Se acuerdan de @FlopecEp? Sí, de la empresa que le costó la cabeza a Lasso…
Resulta que Flopec gastó USD 500 mil en viáticos. También planean construir un edificio en Quito, valorado en USD 700 mil, mientras la matriz de Esmeraldas está en soletas.¡Centralismo/corrupción! pic.twitter.com/rpvSdSTZJy

— Andrés Durán (@AndresDuranEc) December 27, 2023

Flopec y Lasso

El 30 de marzo del 2023 la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, y solo encontró indicios en el delito de peculado. Para el órgano de justicia, el mandatario tenía responsabilidad en las irregularidades de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC).

La acusación de peculado consta en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y hace referencia a la malversación de fondos públicos, es decir, quedarse con el dinero del Estado o destinarlos a un fin inadecuado.

El delito tiene una pena de cinco a 13 años dependiendo el caso. Por otro lado, los funcionarios involucrados en este acto ilícito quedarán incapacitados de por vida a ejercer un cargo público. El peculado también es conocido como “delito de cuello blanco” o “hurto al Estado”.

En cuestión al juicio político contra el presidente Lasso, la CC descartó las dos acusaciones por concusión en el caso de Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

El delito de peculado

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud que emitió la Asamblea Nacional el mandatario fue acusado de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, se explicó que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

“El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, decía el documento del Legislativo. (AGM).

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El asambleísta adujo que no existen las pruebas para demostrar que el presidente haya incurrido en peculado y que si la proponente del juicio político, Viviana Veloz le presenta la prueba madre de que Lasso cometió latrocinio, él apoyaría la destitución del mandatario, así lo dijo en entrevista con Teleamazonas.

Según diario El Universo, el informe borrador de 278 fojas expresa que, con los aportes y comparecencias en la fase de presentación de pruebas, comprobaron que no hubo una celebración del contrato entre FLOPEC y Amazonas Tankers en el período del presidente Lasso.

El informe borrador se incluirá en la reunión de la Comisión de Fiscalización a la que convocará Villavicencio el 6 de mayo. Después el documento se enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela para que aplique el artículo 92 de la Función Legislativa que define los plazos para que los legisladores revisen el informe y se convoque al Pleno para su conocimiento, debate y resolución. (MIB)

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La legisladora comentó que esta demanda también va para el expresidente del Directorio de EMCO, Hernán Luque; el cuñado del presidente, Danilo Carera; el exsecretario de Administración Pública, Iván Correa y Osca Zambrano.

Recalcó que entre las pruebas que ratifican este delito están: el contrato de la empresa Flopec, el dictamen de la Contraloría y las comparecencias de las autoridades en la Comisión de Fiscalización.

«Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud porque esto es de interés de todo el país. Cómo es posible que un presidente interprete la ley y dé más poder a Luque. Él sabía que se estaban llevando la plata de los ecuatorianos», aseguró.

Por su parte, el abogado de la legisladora Washington Andrade solicitó a la fiscal, Diana Salazar, que incluya a Pazmiño y a su familia en el programa de víctimas y testigos por la gravedad de la denuncia.

«La asambleísta ha decidido dar sustento real y hay muchos riesgos porque esta trama de corrupción hace presumir que hay mafias incrustadas en el país», mencionó el abogado.

Apoyo internacional

Andrade indicó que solicitaron asistencia penal de Panamá y Estados Unidos para que el caso tenga la sustentación del caso.

• Información de inversiones, socios y accionistas relacionados con la empresa Amazonas Tanker Pool Company. Asimismo, declaraciones de impuestos y patrimoniales, activos y transacciones financieras o bancarias, realizadas por la compañía con ocasión de sus ingresos provenientes del contrato con Flopec.
• Toda la información respecto de si se ha iniciado algún proceso investigativo o de determinación tributaria (o su equivalente) respecto de la compañía Amazonas Tanker Pool Company, sus accionistas o relacionados.

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Benavides comentó, en entrevista para Radio La Calle, que debe haber un grado de certeza que indique el perjuicio para el Estado. Es decir, se debió especificar el monto y quienes fueron los beneficiarios de este delito.

Además, cuestionó que los asambleístas consideraron este proceso como un «cheque en blanco» en el que podían meter todo lo que consideraban. Explicó que el primer punto que debieron definir es el monto del desvío de los recursos en Flopec.

«Unos dicen que son USD 6 millones y otros que son USD 150 millones, pero no hay un posición respecto a la posibilidad del presidente de disponer de estos fondos públicos», afirmó.

¿Pero, es o no culpable?

El abogado detalló que para determinar la culpabilidad de Lasso en este caso se debe comprobar sí el se benefició del dinero de la empresa o fue otro el que sacó provecho del caso.

«La pillería de Luque Lecaro no puede ser imputada al mandatario o a otra persona. No puede ser que unos estén pagando por los pecados de otros», refirió.

De la misma manera, mencionó que este proceso estaría creando un antecedente para que en un futuro cualquier jefe de Estado no pueda culminar su periodo por las malas acciones de otros funcionarios.

Los otros pecados de Lasso

El magistrado aclaró que aunque el presidente tenga más acusaciones por las que podría ser juzgado, como la falta de empleo, medicinas, inseguridad y la violencia desatada en el país, la Corte Constitucional (CC) solo admitió el proceso por el presunto delito de peculado.

Apuntó que si los legisladores empiezan a tomar otras causales para justificar el juicio político estarían vulnerando al debido proceso y derecho de defensa.

«Eso implicaría que Lasso tenga que defenderse por los mil pecados que tiene y no es así. La Corte solo especificó, por suerte, uno y el juicio político no puede ir más allá de lo que ella estipula«, dijo. (N.J.C)

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“El presidente acudirá a la Comisión de Fiscalización por medio de su abogado, el doctor Edgar Neira y a través de Juan Pablo Ortiz, representante legal en la Presidencia y obviamente todo el apoyo que hay desde la secretaria jurídica […] Solamente en el momento que pase al Pleno de la Asamblea Nacional y exista el informe que, por otra parte, no es vinculante también”, dijo en entrevista con Sonorama.

No hay responsabilidad

Según el jurista, no existen pruebas de responsabilidad penal o política del presidente con los contratos de las empresas públicas.

“No habría el principio de oportunidad que no es de relevancia subjetiva, tiene un carácter más objetivo que los otros dos principios. No se llega a establecer que el presidente, por acción u omisión, haya participado de estos asuntos. Hay que tener en consideración que el presidente de la República no actúa directamente en lo que ocurre en las empresas públicas. Existe la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), el directorio de cada empresa pública que gestionan los recursos estratégicos”, dijo.

El 22 de marzo del 2022, explicó Benavides, el presidente hizo la denuncia del caso FLOPEC en la Fiscalía para que se investigue. Las cartas que le llegaron al mandatario se entregaron a las entidades correspondientes.

“El presidente de la República actúa dentro de sus competencias, no actúa dentro de las empresas públicas porque no tiene participación directa”, añadió.

Sobre que evidencia presentarán en el proceso de juicio político, el abogado respondió que: “Todas las pruebas de descargo en relación con que no existe la culpabilidad política que los asambleístas señalan. Obviamente es distinta la naturaleza jurídica de un proceso penal a un proceso de control político, pero no se puede hacer fuera de la ley. El principio de oportunidad apela a un punto concreto de acción u omisión que genera una responsabilidad. No se llega a determinar una culpabilidad política, menos penal”.

Sobre la contratación de Hernán Luque como gerente de la EMCO, el jurista dijo que el presidente pidió su renuncia, Luque dejó el cargo después de las denuncias que lo vinculan al caso de corrupción. “Se tomaron los correctivos».

El juicio político continúa su curso y este 21 de abril se cumple el cuarto día de comparencias en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. (MIB)

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«Con mayoría calificada de seis votos a favor y tres en salvados, el Pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado«, confirmó la Corte Constitucional

La votación obtuvo un total de seis votos afirmativos de los jueces Alí Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar. Los votos salvados vinieron de parte de Teresa Nuques, Enrique Herrería y Carmen Corral. El pleno de la Corte está integrado por nueve magistrados.

El gobierno de Lasso aceptó el dictamen

Luego de que la Corte Constitucional admitiera la solicitud de juicio político contra Guillermo Lasso, desde presidencia se expuso un comunicado en el que aceptaban la decisión de dicho ente estatal.

«La Secretaría General de Comunicación de la Presidedencia informa que, a pesar que no coincidadmos con la decisión de la Corte Constitucional, respetaremos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político contra el presidente«, se menciona en el comunicado.

Asimismo, se recalcó que dicha decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legisladura en contra del primer mandatario.

Adicionalmente, se argumentó que el planteamiento de de la Asamblea no cuenta con un sustento jurídico, ni político. Esta a raíz de los cambios que recibió el documento previo a su envió desde la Asamblea Nacional hasta la Corte.

JR

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La acusación contra Romo, exdirector del Hospital Luis Dávila, en Tulcán, se basa en la presunta repartición de contratos de acuerdo a su conveniencia.  Al personal del centro médico les imponía los “nombres de algunos amiguitos” para ciertas contrataciones.

Al no poder gestionar el “favoritismo” para la adjudicación de unos contratos, Romo pidió la renuncia de la gerente del hospital, Nathalia Rosas. La evidencia está reflejada en audios y chats filtrados en redes sociales.

Sichel y la consulta popular

La denuncia contra Sichel gira en torno  a su campaña masiva por el SÍ en la consulta popular.  Según los legisladores, no habría pedido vacaciones para realizar proselitismo político, utilizó personal y bienes públicos, incluso, existirían pautas publicitarias por USD 200 mil.

Sichel hizo visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción la llevó a viajar por distintos rincones del país, dónde promovía esta propuesta presuntamente sin cumplir con la ley electoral.

Anteriormente, Espín solicitó a Contraloría un examen especial a Sichel para verificar sus gastos en este período de campaña. Por ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado. (A.G.M).

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La investigación inició cuando la entidad bancaria realizó el cuadre de billetaje físico y notó que faltaba esa cantidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el proceso penal incluye elementos de convicción de cargo, como

• Versiones de otros funcionarios de BanEcuador, entre ellos, técnicos de TIC;
• la pericia contable;
• pericia informática a la base de datos de BanEcuador, que permitió conseguir la IP y la terminal del computador en el que habría ingresado la clave la funcionaria;
• información documental entregada por la institución sobre los ordenadores entregados a cada empleado; y,
• informe de audio, video, de cámaras de seguridad y reconocimiento del lugar de los hechos.

Aunque la instrucción fiscal durará noventa días, la jueza dispuso la retención de todas las cuentas de la acusada, señaló Vistazo. (N.J.C)

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El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas solicitó ante la entidad de control el inicio de este proceso. También pidió un juicio político, que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). No obstante, primero de despachará la revisión de enjuiciamiento contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Según Vanegas, como respuesta, la empresa Ginsberg Ecuador también lo denunció por presunto pánico económico. Según reporta diario El Universo, el legislador no ajustó su proceder al tipo penal denunciado, sino que «ha realizado una investigación técnica y objetiva en el descubrimiento de posibles actos de corrupción y hechos delictivos».

¿Cómo se obtuvieron esas medicinas?

El asambleísta sostiene que desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, el Ministerio de Salud y otras entidades estatales compraron medicinas, pero no tenían los permisos del Arcsa y el objeto social de compra no era el adecuado. Sin estos requisitos no podían vender medicamentos, insumos o dispositivos a la red de hospitales en el Ecuador.

Vanegas argumentó que durante la crisis sanitaria por falta de insumos médicos en hospitales públicos, la entonces ministra Garzón no asistió al Pleno de la Asamblea cuando fue llamada. La petición se hizo para que exponga el manejo y medidas del Ministerio durante la crisis sanitaria.

¿Qué es el peculado?

En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos, delito por el que una o más personas toman una cantidad de dinero destinada al Estado.

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Con voto de mayoría, tomaron esa decisión durante una audiencia de apelación. Antes de finalizar la audiencia, los magistrados también emitieron una boleta de excarcelación, sin embargo, no podrá salir de la Cárcel 4 de Quito, donde está recluido, porque cumple pena por otros delitos, entre ellos, el de peculado por el que deberá pagar 13 años.

Salcedo fue sentenciado en diciembre de 2020 a cuatro años de prisión, junto con Franklin Lara y Jocelyn Mieles. También fueron condenados a pagar USD 4.000 cada uno como multa.

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«Siempre he sido respetuoso con la institucionalidad del Estado. Yo propicié su recuperación. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obra. No tengo dinero para pagar un ejército de trolls ni abogados para defenderme de las falsas acusaciones, como ellos si lo pueden hacer», dijo el mandatario.

El expresidente añadió que no tuvo intervención en temas de contratación pública y que los empresarios y funcionarios públicos lo saben. «Pueden dar testimonio de aquello. En esos tiempos, mi preocupación fundamental era la misión Manuela Espejo. Ustedes lo recuerdan. Se convirtió en un referente mundial de atención y ayuda a las personas con discapacidad».

Otra Venezuela

Moreno aludió a los miembros de la Revolución Ciudadana. «Señores robolucionarios, entiendalo de una vez. Todo el país lo sabía. Escribí la carta al movimiento, seis meses antes de ser candidato. Entiendan. Cambié el rumbo porque el país iba al despeñadero. Iba a convertirse en otra Venezuela».

Lo hice con el derecho que me asiste como gobernante y el puebl oestuvo de acuerdo conmigo. Siete de cada 10 ecuatoriano aprobaron la consulta popular. Mi cruzada por la lucha contra la corrupción, la democracia y la libertad, la han querido empañar con mentiras totalmente infundadas». El exmandatario dijo que no ytilicen su nombre ni el de su familia para armar pactos políticos o para esconder lo que él define como «la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador».

Moreno enfrenta acusaciones por presunto peculado en el caso de los bienes del Museo de Carondelet. Así mismo podría ser culpable de cohecho en el caso INA Papers. También tiene pendiente una denuncia por estar implicado en el envío de armamento utilizado en las protestas de octubre de 2019 en Bolivia.

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Aguirre dijo que en la administración del exmandatario Lenin Moreno desaparecieron los bienes que se encontraban en el Palacio de Carondelet y que fueron dejados por su antecesor, Rafael Correa.

«El museo de Carondelet era uno de los más visitados de todo el Ecuador. Significaba recuperar el valor ético de la política ¿Qué presidente deja sus regalos en el Palacio de Gobierno para que los ciudadanos puedan verlos? Nadie», expresó Aguirre a los medios.

El museo tenía 11 salas, de las cuales una se reservó para los objetos de los expresidentes y futuros mandatarios quisieran dejar en el lugar. «En total tenían más de 11.500 obsequios. No sabemos dónde están. (…) Hemos presentado esta denuncia por presunto peculado porque son bienes del pueblo ecuatoriano y no pueden desaparecer así como así», añadió.

Una pérdida millonaria

Los asambleístas señalaron que los bienes desaparecidos tienen un valor aproximado de USD dos millones. Aguirre también manifestó que la presidencia actual emitió un inventario, el cual no concuerda con los objetos que se dejaron en el término del mandato de Correa.

Además, la funcionaria expresó que se espera que Fiscalía inicie las investigaciones al respecto de ésta situación, se investigue a Moreno y se apliquen las sanciones de acuerdo a la ley.

El Museo de Carondelet

Antes de terminar su mandato, el expresidente Rafael Correa utilizó una de las áreas del Palacio de Gobierno como sala para presentar los obsequios que recibió. Entre los regalos se encontraban joyas, espadas y otros objetos.

Además del cierre del museo, por la pandemia las visitas al Palacio de Gobierno están suspendidas. No hay un pronunciamiento oficial sobre si el Palacio volverá a ser un lugar de visita para propios y extranjeros.

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Sin embargo, después de un año, no hay información sobre el desenlace de la investigación.

Michelena vs La Posta

El pasado 28 de noviembre de 2020, Fiscalía inició una investigación contra Michelena tras una publicación del portal La Posta. Según documentos del Ministerio de Trabajo, difundidos por este medio, el exministro habría ejercido cargos públicos y, a la vez, la gerencia de Véritas DDB, una empresa privada de publicidad.

El escándalo contra Michelena se sostiene al evidenciar que Véritas DDB se benefició con contratos estatales, presuntamente mientras ocupaba a la vez cargos públicos.

Michelena, por su parte, ventiló los contratos que este portal digital mantuvo con el Gobierno de Moreno. Reveló facturas que La Posta realizó con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Allí figuran costos por la presencia de la marca CNT en programas de ese medio.

Lo último que se supo…

El pasado 15 de enero de 2021, el entonces ministro Michelena acudió voluntariamente a la Fiscalía a rendir su versión por los supuestos crímenes. Asimismo, publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que negó participación alguna en los presuntos delitos.  

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¿Qué es el caso Sucre?

El caso del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) data del 2016. En ese año, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) sobre exportaciones “ficticias” a través del Sistema Sucre, entre enero de 2011 y finales de junio de 2013. Las exportaciones se habrían realizado por diferentes empresas desde Ecuador a Venezuela.

No obstante, de este informe no se tenía conocimiento hasta que el pasado 15 de diciembre, el contralor Carlos Riofrío lo reveló al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.

El mencionado IRP exhortaba a la Fiscalía investigar a 31 exfuncionarios en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Las entidades a investigar eran el Banco Central del Ecuador (BCE) y dependencias directas e intermedias del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe de Fiscalización

El informe de la Comisión de Fiscalización de Villavicencio sobre el que se basará la investigación señala un presunto financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa, con fondos de dichas exportaciones ficticias. También se sostiene un presunto uso irregular a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para anticipar pagos a exportadores ecuatorianos que habrían realizado las exportaciones ficticias.

La Fiscalía decidió iniciar con el proceso de indagación previa por peculado, es decir, malversación de fondos. La causa, indica el comunicado, se sustenta en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal.

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De acuerdo con Salazar, el dinero que se encontraba en el departamento de Falconí aparece como evidencia en un delito de peculado relacionado con pruebas rápidas de COVID-19. “El delito es por peculado y tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del ARCSA en esa investigación figura como evidencia ese dinero (USD 47.000)”.

Al ser una investigación previa, la Fiscal no respondió si ese dinero estaría relacionado a la compra de pruebas por parte del Municipio de Quito. Un proceso en el que está implicado el alcalde de la Capital, Jorge Yunda.

Ante la pregunta del asambleísta Ricardo Vanegas sobre por qué no se apresó a los dueños del dinero encontrado, la funcionaria indicó que «Fiscalía encontró el dinero. El delito de peculado, por el que se investiga el caso, no se trata como una flagrancia».

Otras versiones

Entre los argumentos que presentó Priscila Schenetti, esposa del defensor Carrión está el testimonio escrito de su esposo sobre las reuniones que mantuvo con el exministro de Salud.

Dijo que acudió con su escolta al edificio, mientras Falconí se quedó esperando en el parqueadero. “Conversamos sobre los lotes de vacunas desaparecidos. En ese caso estaría involucrada la vicepresidenta y también una persona cercana al expresidente”. Falconí le habría informado de la lista de vacunados VIP en el anterior gobierno.

De acuerdo con Schettini, el asambleísta Ricardo Vanegas tergiversó la información de los USD 47.000 encontrados en el departamento de Falconí. “Rechazo las declaraciones de Ricardo Vanegas sobre que los USD 47.000 iban a ser entregados a Freddy Carrión. […] Yo ya denuncié la existencia de los USD 47.000 y quien quería retirar el dinero: la prima de la supuesta víctima (esposa de Falconí)”, dijo.

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Según los jueces, los hechos probados no son acordes al tipo penal. Además, revocó las medidas cautelares dictadas en su contra y de los otros procesados.

La resolución de la Corte determinó que “los hechos declarados probados no se adecuan al tipo penal de peculado previsto en el artículo 257 del Código Penal; y resulta jurídicamente inviable que el Tribunal declare la existencia del delito de peculado acusado por la Fiscalía.»

Asimismo, indica que los hechos podrían adecuarse al delito de aprovechamiento del cargo para realizar concesiones ilegales, conforme el artículo 257.4. O a la alteración de precios tipificada en el artículo 260 del Código Penal.

Sin embargo, señala que, conforme el principio acusatorio, el juez debe resolver declarando la existencia del delito y culpabilidad de los procesados, sobre la base de la acusación tanto desde la perspectiva fáctica como jurídica.

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El proceso data de 2015, pero la resolución apareció el 27 de noviembre del 2019. En el documento se indica que, de acuerdo con el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal respecto a los delitos que no iniciaron un proceso penal, éstos prescriben después del tiempo de condena que tiene cada delito. En este caso, cinco años, por lo que se archivó el caso sin tener sentencia contra el exprefecto.

Los hechos

De acuerdo con la resolución, Salvador Quishpe, quien era exprefecto de Zamora Chinchipe, exoneró del procedimiento precontractual para la construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, sector Puerto Jua, cantón Nangaritza. El 26 de octubre de 2010 invitó directamente a un proveedor. «El 27 del mismo mes y año se adjudicó el contrato. El 08 de Noviembre de 2010, Salvador Quishpe Lozano suscribió el contrato. Estos hechos fácticos fueron investigados, sobre los cuales, conforme se señaló en el acápite anterior Fiscalía, formuló cargos por el delito de PECULADO MENOR o CONTRATACIÓN IRREGULAR», reza el proceso.

Es decir, el exprefecto no siguió los pasos del concurso para contratar al proveedor de la obra sino que, como indica la acusación de presunto peculado, se benefició a terceros de forma irregular.

Las irregularidades de los contratos de ingeniería en la Prefectura de Zamora Chinchipe aparecieron en un informe de la Contraloría General del Estado en 2013.

Radio La Calle intentó comunicarse con el asambleísta electo, pero no obtuvo una respuesta.

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