Quito, 11 jul (La Calle).- Fiscalía informó, el 10 de julio, que, en conjunto con la Policía Nacional, se ejecutó la orden de allanamiento y detención con fines de formulación de cargos en contra del pediatra Pablo I., a causa del presunto delito de pornografía infantil.

“Fiscalía y Policía ejecutan una orden de allanamiento y detención con fines de formulación de cargos, en contra de Pablo Aníbal I.P. (pediatra), investigado – desde marzo 2029 -, por pornografía con utilización de NNA”, comunicó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta X.

Asimismo, Fiscalía informó que el detenido realizó supuestas transmisiones de intercambio de material de abuso sexual infantil, mediante plataformas digitales. 

El operativo de nombre Camaleón, se ejecutó en el sector de San Isidro de El Inca, al norte de Quito, con el apoyo de la organización no gubernamental estadunidense “Our Rescue”.

En las próximas horas, Fiscalía formulará cargos en contra del pediatra.

Pichincha concentra el 40% de casos de pornografía infantil en Ecuador

Se considera como pornografía infantil a todo material que contenga actos sexuales explícitos. Estos pueden ser textos, fotografías, vídeos o cualquier otro medio que tenga la participación de niños, niñas y adolescentes.

Este delito esta tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, sancionado con 13 a 16 años de cárcel, y con la existencia de agravantes, el tiempo de pena aumenta.

Actualmente Ecuador es el quinto país en Latinoamérica con mayor número de reportes de actividades “inusuales”, que involucran a menores de edad. Por tal razón la Policía Nacional asegura realizar “patrullajes virtuales” constantes, utilizando herramientas informáticas para obtener direcciones IP, ciudad y hora de conexión. Adicionalmente la policía desde el 2012 trabaja con Estado Unidos para detectar actividades inapropiadas en la Web , a través del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

En los últimos 4 años la Fiscalía ha reportado 406 denuncias por pornografía infantil y 71 por su comercialización. No obstante organizaciones de la sociedad civil alertan que las cifras son más altas.

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