Cancillería debe esperar entre 1 a 12 meses por una respuesta oficial del país europeo. El expediente cuenta con tres mil fojas con información sobre el proceso judicial llevado en contra de Correa por su participación en el caso Sobornos 2012 – 2016.

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Asilado político

Correa obtuvo el estatus de asilado en Bélgica el pasado 15 de abril por lo que las boletas de captura de la Interpol en su contra están bloqueadas. El Gobierno ecuatoriano espera que la respuesta de la nación europea sea favorable y deporte al expresidente.

El 7 de abril del 2020, un tribunal de justicia sentenció a Rafael Correa por el delito de cohecho en el caso denominado Sobornos. Según la acusación, el exmandatario es culpable de liderar una estructura de captación irregular de dinero proveniente de empresarios que buscaban contratos con el Estado. Entre los cargos sorprendió que Fiscalía colocara el “influjo psíquico” que Correa habría usado sobre sus funcionarios. MIB

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“Lo que presentamos como pruebas al Comisariado de Refugiados y Apátridas son más de 250 documentos que demuestran, según nosotros, y que fue avalado por estas autoridades tras tres años de consideración y estudio riguroso, que hay un problema sistemático de independencia en la justicia ecuatoriana en estos casos en contra del “correísmo”. Las excepciones existen para extinguir el refugio cuando se comete una falta muy grave. En el caso del expresidente Correa es diferente. Es precisamente con base en esta condena, Sobornos, se consideró que era una persecución política”, dijo en una entrevista con Ecuavisa.

Agregó que cuando se entrega el estatus de asilado político, Bélgica no pide la opinión del país del ciudadano, en este caso, Ecuador. “A partir del momento y yo lo tengo en muchos casos. Por ejemplo, en Kazajistán, si yo tengo un cliente que tiene un estatuto de refugiado en Bélgica porque teme a Kazajistán, Bélgica no va a pedir a Kazajistán su opinión sobre eso, pero va a parar todo pedido de extradición en contra de esa persona reconocida como perseguido político que viene de ese país. Es una regla internacional”.

“Quiere regresar a su tierra”

“Lo que quiere Rafael Correa es regresar a Ecuador. Lo veo en cada caso de refugiados que se han exiliado. Muchos de ellos quieren en su corazón es regresar a su país, a su tierra y su gente. Aman a su gente. Eso es la situación de Rafael Correa que quiere, porque es un ser humano, ver a su familia, amigos”.

Sobre la movilización y libertad de expresión de Correa, el experto anunció que su estatus solamente impide que se movilice a Ecuador. “Recuerdo el caso de Julián Assange en la embajada de Gran Bretaña donde se decía que no podía seguir con su actividad política y libertad de expresión. En el caso del refugiado político no existe ninguna limitación en su libertad de expresión y circulación, es decir, puede viajar salvo a Ecuador”. MIB

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“Desestimar los pedidos realizados por el Comité por la Institucionalización de la Democracia. […] Archivar el caso No. 4-19-RC”, indica la decisión de la Corte Constitucional.

La iniciativa ciudadana buscaba a una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), transformar a la Asamblea en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía. Al no tener apoyo en el Legislativo el pasado 16 de marzo, la organización solicitó un auto de verificación de sentencia.

Entre los que integran este Comité están Pablo Dávila, Darwin Seraquive, Rosalía Arteaga. El proyecto contaba con cerca de 300 000 firmas de respaldo.

¿Qué dice la ley en este caso?

El Artículo 442 indica que “una iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”.

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Analía Ledesma, miembro de mesa le dijo a la prensa que los informes tienen un sigilo de 24 horas y todavía no es público. “Fueron al menos 4.000 fojas analizadas, con pruebas de cargo y descargo receptadas por la Comisión de Mesa […] Se presentarán dos informes, cada uno de al menos 60 páginas”, expresó.

Los informes poseen 47 pruebas que respaldan los dos pedidos de remoción. El siguiente paso es someterles a votación en el Consejo Metropolitano. “El 2 de junio habrá dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. Allí se decidirá el futuro del Alcalde”, indicó Ledesma.

14 votos

Para su remoción, los informes contra el burgomaestre deberán alcanzar 14 votos afirmativos de los concejales municipales.

Analía Ledesma se pronunció a favor de remover a Yunda. En igual posición están los ediles Bernardo Abad y Luz Elena Coloma, “Yo le he pedido al alcalde Yunda que renuncie. El lunes es el plazo para que se convoque a sesión extraordinaria para tocar estos temas y el miércoles se realice la sesión”, expresó a los medios.

Jorge Yunda está en el ojo del huracán acusado de presunto peculado en Fiscalía por el caso de las pruebas PCR que se utilizaron durante la pandemia. El proceso judicial aún se mantiene. Sin embargo, Yunda manifestó su decisión de no renunciar a la alcaldía de Quito.

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Actas de distintas dignidades

De acuerdo con el artículo 138 del Código de la Democracia, la Junta Electoral pedirá la verificación de resultados en una urna en tres casos: cuando exista inconsistencia numérica. Cuando falten las firmas del secretario o el presidente de la Junta. Cuando el acta presentada no coincida con el acta computada. De acuerdo con Andino, Pérez pedía comparar las actas de diferentes dignidades.

“Estaba tan mal presentado el Recurso, que pedía se comparen actas de escrutinio de Presidente con actas de Asambleístas Nacionales, Provinciales y Parlamentarios Andinos. La supuesta prueba era que los porcentajes de votos no coincidían entre esas dignidades y era algo «ilógico» (…) Eso no constituye prueba, ni demuestra “fraude”. No tiene base científica. Que los candidatos a la Asamblea saquen cierto % de votos, no significa que el binomio presidencial deba tener idéntico número de sufragios. Son dignidades y competidores distintos”, explica Andino.

Porcentaje menor al 1%

En el caso de la inconsistencia numérica, ésta debe ser igual o mayor al 1%. “En la sentencia del TCE se señalan varios casos donde la inconsistencia entre sufragantes y sufragios no era mayor al 1% y ante eso, no cabía realizar -innecesariamente- un recuento de dichos votos”, precisó Andino.

La sentencia indica que en el cantón Mira, provincia de Carchi, en una de las Juntas, la diferencia era de un voto que equivale al 0.34%. La misma situación sucedió en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

Reunión de Yaku con Lasso

De acuerdo con el TCE, la reunión entre Pérez y el candidato de CREO-PSC, Guillermo Lasso “no tiene valor legal, ya que los participantes del mismo no tienen ninguna capacidad jurídica sobre el objeto de la transacción”. Es decir, los paquetes electorales con votos y actas son un bien electoral no susceptible de acuerdos.

“El electorado de Pachakutik tiene razón de estar molesto y el causante de aquello es el CNE por divulgar el 7F los resultados del conteo rápido, a pesar que la diferencia con Lasso era menor al 1%”, agregó el analista.

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