Antes de su desaparición, el joven venezolano subió un video a su cuenta de Instagram en el que alertaba que se encontraba en peligro. Señaló que dos sujetos armados lo perseguían y querían hacerle daño. Entró al patio de una casa para salvaguardar su vida y pidió que llamaran a la Policía, pero los dueños del lugar se negaron.

Este es, posiblemente, el último registro de Rolando, quien reside en Quito y ejerce la profesión de arquitecto. Fue a Manabí de vacaciones y desde entonces sus amigos y familiares no han tenido contacto con él.

Las autoridades han habilitado la línea 1800 335486 para que la ciudadanía pueda colaborar en su búsqueda si es que tiene alguna pista de su paradero.

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A través de un comunicado, GK anunció que el viernes 24 de marzo accedieron a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a «su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado».

Por protocolos de seguridad, non es posible revelar su paradero. Sin embargo, está en un destino seguro y cuenta con una red de apoyo.

Radio La Calle se comunicó con la editora política del medio, María Sol Borja, quien confirmó el operativo de emergencia y señaló que no se pronunciará más allá del comunicado.

El periodismo en peligro

El medio publicó esta información como muestra de los riesgos que corren los periodistas en el país. Y enfatiza que es importante trabajar en la identificación de las amenazas.

«(…) colorario de más de una década de ataques contra la prensa, estigmatización y virulencia que en los últimos meses ha desembocado en violencia física y, en algunos casos, la muerte», reza el escrito.

Mensaje a las autoridades

El portal agradeció a los organismos de derechos humanos y organizaciones que trabajan en defensa de los periodistas de América Latina y el mundo, que velan por la integridad de Karol Noroña.

Además, hizo un llamado a los poderes del Estado en su obligación de impulsar esfuerzos concretos para garantizar las condiciones en el ejercicio periodístico, que «hasta ahora son insuficientes».

Editorial de La Calle

Este medio de comunicación rechaza enfáticamente este tipo de actos contra los periodistas y la libertad de expresión. Además, se solidariza con Karol, sus seres queridos y compañeros de GK por la difícil situación que atraviesa.

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La comunidad Siekopai está conformada por 828 personas y actualmente corren el peligro de desaparecer física y culturalmente. La lucha por obtener la adjudicación gratuita de su terreno ancestral en la Amazonía, llevó a los habitantes imponer una acción de protección que podría resolver su reclamo.

Un gran paso suponía la audiencia prevista para este 11 de noviembre. Según un comunicado de los Siekopai, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Shushufindi, Víctor Hugo Garofalo, no responde motivadamente a los escritos de la comunidad.  Para ellos, este no es un litigio por tierras sino un proceso para que se garantice su derecho a volver a su casa.

Antecedentes

Alrededor del 95% de habitantes fueron despojados de su territorio a través de la demarcación de límites por el Estado, la explotación de recursos naturales y la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. Más tarde, en 1979, el Estado ecuatoriano demarcó la “Reserva de Protección Faunística Cuyabeno”. En el 2008, se estableció convenios de uso y manejo con otras comunidades indígenas Kichwa, que no son ancestrales de la zona, todo esto sin consultar a la Nación Siekopai.

En noviembre de 2017, la Nación Siekopai planteó formalmente el pedido para la adjudicación del territorio ancestral fundamentados en el marco del contexto jurídico nacional e internacional, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

Para negar el pedido, el MAATE ha argumentó que el derecho colectivo al territorio ancestral de Siekopai está condicionado a la existencia de una norma técnica de adjudicación dentro de área protegida, y que los conflictos interétnicos que fueron generados por el Estado debe resolver las misma comunidad.

Por ello, el 08 de septiembre de 2022, la nación Siekopai planteó una acción de protección contra el MAATE, que recayó en la Unidad Judicial Multicompetente del cantónn Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Para la comunidad, desde el principio el juez se negó a aplicar un diálogo intercultural y considerar que se trata de derechos colectivos de un pueblo indígena.

Inicialmente ordenó que Siekopai designe a una persona como procurador común para representar a toda la Nación. La audiencia que anteriormente estaba fijada para el 21 de octubre de 2021. Ante la falta de respuesta del Juez, realizaron plantones en la Unidad Judicial del cantón.

Finalmente, el Juez notificó que se postergaba la audiencia para el 11 de noviembre en la que participarán 12 personas delegadas por la asamblea comunitaria. Además, se negó un espacio físico para que participen todos, por lo que tendrán que esperar en la vía pública.

El 7 de noviembre se confirmó que la audiencia sería telemática pero para los Siekopai “esto vulnera el principio de interculturalidad en tanto que no garantiza que exista un espacio físico en el que la Nación Siekopai pueda dialogar con los funcionarios judiciales y las demás partes procesales”.

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Cuando los antisociales intentaron huir, el chofer del bús se cambió de carril y neutralizó la motocicleta. Uno de ellos escapó del lugar, pero el segundo trató de levantar el vehículo y retirarse. Sin embargo, el conductor del bús volvió a embestirlo. Finalmente, la víctima del robo y un hombre que se bajó del autobús empezaron a golpear al delincuente.

«En Calderón, un conductor de bus se percató de un robo y le lanzó el vehículo a los delincuentes que estaban en una moto logrando neutralizarlos y gracias a su accionar se logró capturar a uno de los presuntos delincuentes», publicó el periodista Jonnathan Carrera a través de Twitter.

Robo en Pomasqui con final trágico

Otro asalto se registró la mañana del viernes 25 de febrero en Pomasqui. Cuatro personas en dos motocicletas robaron a una mujer junto a una menor de edad.

Las mujeres caminan tranquilas cuando de repente dos ladrones en una motocicleta les cortan el paso. Las víctimas intentan escapar pero una cae al piso. En el forcejeo, un automóvil rojo se percata del crímen e intenta arrollarlos. Sin embargo, no lo logró porque también hubiese atropellado a la mujer. Al detenerse fue apuñalado por uno de los antisociales a través de la ventana del conductor. Finalmente, los delincuentes se van del lugar con las pertenencias robadas.

Según reportó Carrera, el estado de salud del hombre apuñalado es grave.

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Periodista

Toca escribir estas líneas con una mezcla de temor por lo que se vendría, pero sobre todo con ira, con coraje, con bronca.

Ecuador está al borde de, quizás, el peor escenario político desde el regreso a la democracia. Y mira que durante los últimos tres años se han visto barbaries, pero nos encaminamos a una situación que no se vio ni siquiera en la dictadura militar.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva dos días consecutivos sin poder sesionar porque tres de sus vocales (José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto) se niegan a asistir. Urge que se realice esa sesión para que el organismo analice y resuelva sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor del Movimiento Justicia Social que dispuso que se le den los plazos a la organización para realizar sus procesos de democracia interna.

El objetivo de la Lista 11 es inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.
Antes de continuar, dejemos en claro cómo llegaron al CNE los tres consejeros que se han hecho la pava.

El espurio Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, comandado por el ‘emperador’ Julio César Trujillo, dejó encaminado un concurso de selección del nuevo CNE. Desde Carondelet, y con la anuencia de Trujillo, este nuevo CNE sería el reparto hecho organismo. Así, nuevamente los partidos políticos -los que por 3 años han sostenido a Lenín Moreno- serían los que decidan quiénes organizan las elecciones y cuentan los votos.

Luego del ‘concurso’ fueron seleccionados Diana Atamaint (candidatizada por Pachakutik), Esthela Acero (propuesta por Alianza PAIS). Enrique Pita (promovido por CREO), José Cabrera (impulsado por el Partido Social Cristiano) y Luis Verdesoto (planteado por la “Junta Cívica de Guayaquil). Por cierto, todos los que vivimos en Guayaquil sabemos que eso de “Junta Cívica” no es otra cosa que una logia socialcristiana más.

Es decir, el bloqueo que se vive en el CNE se debe a los dos votos del PSC y al restante de CREO. Nada de casualidad. Resulta obvio que Jaime Nebot y Guillermo Lasso corran contrarreloj para buscar una forma de frenar la candidatura de Noboa, pese a existir una sentencia de última instancia en firme.

Como para ir confirmando el escenario, el juez del TCE, Ángel Torres, reveló en una entrevista que tiene conocimiento de una reunión entre vocales del CNE con dirigentes políticos en Guayaquil con el objetivo de impedir la candidatura de Noboa.

Les aseguro que si esto hubiera ocurrido en otra época fuera escándalo que ameritaría flash informativo de Ecuavisa por 24 horas seguidas. Pero como ya es costumbre, el silencio cómplice de los grandes medios tradicionales se hace presente para escudar a quienes realmente gobiernan este país.

¿Dónde están los tuiteros que se bañaban en democracia?, ¿dónde están los ‘activistas ciudadanos’ que gritaban ‘democracia sí, dictadura no’?

Pero más allá de si permiten o no la inscripción de Noboa (que debería al tener un fallo de última instancia), hay otra motivación de por medio: aplazar la fecha de las elecciones. El objetivo es darle aire, darle RCP a una candidatura que ya ni siquiera está estancada, sino que se hunde. La idea es brindarle unas semanas más para continuar con campañas de desprestigio (en vez de hacer una con propuestas reales) para ver si aruña unos votos más.

Aunque también la meta es garantizar que sí o sí vaya la famosa consulta popular propuesta por Nebot que es al mismo tiempo lo único que mantiene viva la alianza con CREO. Los tiempos -si se cumpliera con la ley- ya no dan para convocar a un plebiscito, pero con unas semanas más y con la mayoría del CNE en el bolsillo, todo es posible.

Y ojo que también el gobierno de Moreno y sus cómplices se frotan las manos soñando despiertos para tener unos meses más para deshuesar aún más el Estado y vender lo que queda.

Lo que a lo mejor no calculan los titiriteros que están provocando este caos político es la reacción del electorado. En Samborondón están muy confiados en que si los Vera, Tinoco, Hinostroza, Oquendo, Pinoargote y demás siguen callados esto no provocará muchas olas. Cuidado se les duerme el diablo y resulta que la gente los castigará no solo en las urnas.

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Abogada de Derechos Humanos

Después de la previsible destitución de la ex Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dos hechos determinan la futura coyuntura política del país hasta mayo de 2021.

El primero es la designación en su lugar, del General de Policía en servicio pasivo, Patricio Pazmiño. El segundo, la propuesta del candidato de derecha, Guillermo Lasso,  con respecto a la autorización a los ciudadanos de portar armas. «Los delincuentes sepan que si se atreven, van a recibir bala».

Ambas circunstancias: nombrar a un policía como Ministro de Gobierno y promover el uso de armas de fuego, tienen un punto en común; la intención de construir identidad política a favor de un Gobierno en ruinas. De un candidato que no sube en las encuestas,  apelando para el efecto al siempre confiable discurso de inseguridad.

Así, el repunte de la delincuencia, los sicariatos,  la corrupción política, el crimen organizado, los femicidios, la ausencia de camas y medicinas para víctimas de COVID19, la crisis migratoria de venezolanos,  la falta de empleo,  las deudas con los Bancos,  y otras circunstancias similares,  sitúan a la ciudadanía en un estado de decepción, alarma, miedo y autodefensa.

Lejos de enfrentar estos  graves problemas con soluciones democráticas y viables,  el actual Gobierno y  candidatos de derecha como Lasso, apoyado por su actual aliado, Jaime Nebot, adaptan sus discursos a lo que el filósofo argentino, Ernesto Laclau, definió como ‘significante vacío’.

Es decir, se apropian de uno o varios términos que son familiares,  pero tan amplios que permiten cambiar su sentido.  En este caso, la inseguridad es un significante vacío con el que la derecha ecuatoriana construye su discurso, asociándolo con las posturas antimigración venezolana,  antiprogresismo,  antiaborto, antifeminismo y antiderechos.

La derecha  acomoda en su discurso la palabra seguridad  y la redirige para justificar, por ejemplo, la designación de un policía como Ministro de Gobierno, los privilegios de la fuerza pública,  el desfinanciamiento de la lucha contra la violencia machista, el veto total al Código Orgánico de Salud, la guerra jurídica contra opositores presentada como combate a la corrupción, la apología de la xenofobia y el fomento al uso de las armas de fuego para autodefensa ciudadana.

De manera que, el enfoque de gobernabilidad de Moreno, así como la línea de comunicación política del candidato Guillermo Lasso y otros tantos que forman parte de los  binomios que se presentaran a las elecciones de 2021, se inscriben en lo que la filósofa belga, Chantal Mouffe, denomina ‘populismo de derecha’. Esta expresión se refiere a la estrategia de conectar con el pueblo o un segmento clave de este, apelando a la polarización política.

Para el efecto, serán muy útiles en esta batalla electoral, las redes sociales,  líderes de opinión,  haters,  bots y trolls,  fake news, y  medios de comunicación social. Ellos permitirán que discursos antiderechos,  xenófobos, machistas, racistas, homofóbicos, sexistas y neofascistas se amplifiquen, y de esta manera captar la atención de votantes clave. Tal como pasó en las elecciones presidenciales  de Estados Unidos en 2016.

Sin embargo, el populismo de derecha no debe pensarse solo desde lo instrumental, sino también y sobre todo como una forma de construir sentido común que pone en peligro las instituciones democráticas.

Es decir, no sirve únicamente para las próximas elecciones, sino como proyecto político para transformar los  sentimientos de inseguridad y decepción del pueblo, en un compromiso político a mediano y largo plazo, con el extremismo, neoliberalismo y la pospolítica.

Para enfrentar esta amenaza,  como diría Mouffe, lejos de hacerle el juego a la derecha con un discurso anti-Estado,  o restando importancia a las reivindicaciones de nuevos sujetos políticos como las mujeres, los pueblos y nacionalidades, entre otros. La nueva izquierda debe resignificar las instituciones liberales, desde una perspectiva agonística y con enfoque de derechos humanos.  

Aquello implica avanzar hacia una democracia pluralista que incluya en la acción política, demandas que no solo sean económicas, o de consumo, sino que además consideren abierta y horizontalmente, aspectos de orden sociocultural y sociopolítico.

En consecuencia, la protección de derechos humanos y de la naturaleza,  derechos colectivos, interculturalidad,  igualdad de género, no violencia contra mujeres y niñas, derechos sexuales y reproductivos,  paridad,  derechos sociales y culturales, igualdad y no discriminación, entre otras demandas de los movimientos y organizaciones populares, deben formar parte de una agenda progresista colectiva que aliente la democracia sustancial en todas sus aristas.

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