«Hoy solicitamos públicamente al presidente Daniel Noboa que cumpla con la promesa que sus antecesores olvidaron: desclasificar las actas del Cosepe y todo lo relacionado con el secuestro y asesinato de #NosFaltan3. Exigimos #VerdadYJusticia», escribieron en la cuenta de X, Nos faltan tres.

El gobierno de Lenín Moreno (en el que sucedió el asesinato) y el de Guillermo Lasso prometieron desclasificar las conversaciones y actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), cuyas reuniones son de carácter reservado, sin embargo, ninguno de estos gobiernos cumplió su palabra.

La desclasificación

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Cuatro años después del hecho lo que único que tienen los familiares, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el gobierno nacional confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que Moreno les dio para que los liberen. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el gobierno confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. (MIB)

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El mensaje les habría llegado a su bandeja de Whatsapp y les advertía que van a «sufrir graves consecuencias» si no obedecen. De acuerdo con Fundamedios, otros medios de comunicación confirmaron que recibieron el mismo mensaje, donde alertaban una guerra contra la Policía y otras autoridades.

El comunicado indicaba que atacarán a diversos sectores públicos, como escuelas y terminales si no apoyan a un sujeto de apellido Tapia. Además, piden que se difunda con otros medios del sector.

«Si usted quiere estar tranquilo, súbalo (el comunicado) sino, pues, usted verá», dice la notificación a la que Fundamedios tuvo acceso.

Esta no es la primera vez, pues el pasado 23 de agosto, los medios de comunicación denunciaron que una banda delictiva los había amenazado si no compartían un mensaje de muerte contra dos personas.

Un día después, un de los comunicadores fue amedrentado por realizar algunas coberturas, presentar algunas investigaciones sobre la inseguridad en el sector y publicar las amenazas.

«El amigo» de los periodistas

El 28 de marzo de 2023, el medio digital GK informó que su periodista Karol Noroña tuvo que abandonar el Ecuador debido a que su vida corre peligro.

A través de un comunicado, GK anunció que accedieron a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a “su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado”.

Además, el 24 de abril, La Fundación Periodistas Sin Cadenas denunció que otro periodista tuvo que exiliarse por amenazas de muerte y por la falta de mecanismos estatales de protección. Por protocolos de seguridad, se reservó el nombre del profesional de la comunicación.

El presidente Guillermo Lasso aseguró que nunca en su gobierno no habrían periodistas exiliados ni perseguidos. Sin embargo, en los dos años de gobierno del jefe de Estado, varios periodistas se exiliaron y se autocensuraron por amenazas o persecución.

Por ejemplo, los periodistas de La Posta, Andersson Boscán y Mónica Velásquez, salieron del Ecuador “de manera urgente” debido a amenazas contra su seguridad personal y familiar.

El medio digital informó que esta decisión se tomó tras examinar una serie de hechos, fuentes y testimonios de representantes de seguridad internacionales. Añadió que los ataques nace a partir de su trabajo investigativo contra el Gobierno de Lasso, a quien responsabilizan de lo que pueda sucederles a ellos y sus familias.

“A más de las amenazas de la delincuencia, La Posta ha vivido un vendaval de acciones de retaliación por parte del Ejecutivo, en evidente venganza por lo descubierto con nuestro trabajo periodístico«, reza el comunicado.

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Aunque en Facebook todavía postea, este se limita a contenido patrocinado. Tanto X (exTwitter) como Instagram no se han actualizado desde entonces. La misma suerte corre su página web.

El medio de comunicación ya arrastraba problemas con los pagos a sus trabajadores y extrabajadores. Se calcula que son decenas de periodistas, diseñadores y personal de otras áreas que se mantenían impagos por hasta tres meses.

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de CA El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron.

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El presidente Guillermo Lasso no hizo muchas cosas importantes en su labor como presidente, pero lo que sí hizo al pie de la letra fue condecorar a SUS periodistas. Hay que ser sinceros. Poder y medios de comunicación han sido sinónimos desde que salieron los primeros periódicos y en Ecuador esto no ha sido la excepción.

El 23 de marzo del 2022, Lasso condecoraba a Emilio Palacio, periodista de El Universo que exilió en Miami por 10 años debido a una sentencia judicial por «injurias calumniosas graves contra la autoridad», en ese caso, el expresidente Rafael Correa. Dijo, entre líneas, que el exmandatario mandó a matar a los caídos del 30 del septiembre del 2010 para propiciar su rescate. A veces es más lo que no se muestra que lo que dice.

A pesar de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó su demanda al Estado y eso le permitió regresar al país y recibir remuneración. Palacio es ferviente defensor del presidente Lasso y en sus columnas (sí, aún escribe) es implacable con su oposición. En un tuit de abril de este año decía «Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera». Lo expresó en referencia al uso de armas letales por parte de la fuerza pública.

A Alfonso Espinoza de los Monteros lo condecoró el 3 de mayo del 2022. Don Alfonso guarda un récord mundial por sus años como presentador en Ecuavisa y se retiró de las pantallas el 1 de mayo del 2023. Habría que preguntarse ¿cuántas veces no calló este presentador las malas acciones, los errores de este gobierno? El silencio es una fuerza poderosa, nos muestra que quien lo guarda, también es cómplice, aunque no haya hecho nada.

El 08 de agosto, Lasso condecoró a Gonzalo Rosero Chávez, el fundador de radio Democracia y un defensor a muerte del presidente, «por su destacada defensa de la libertad de expresión durante seis décadas», dice Presidencia.

¿Saben qué más dijo el mandatario? «Ecuador ha avanzado tanto en libertad de expresión, en los últimos dos años, que a ningún Gobierno le será fácil construir, nuevamente, un sistema inquisidor que fustigue a periodistas, que les instaure juicios, que los persiga en su intento por callarlos».

El cinismo de Guillermo Lasso duele al leer esas declaraciones, cuando él y su gabinete saben muy bien que cinco periodistas han salido del país por continuas amenazas contra su vida. Ecuador no es seguro para ello y el presidente dice que «ningún gobierno podrá construir un sistema que persiga periodistas para callarlos». Por su puesto que no, el suyo ya lo hizo.

El director de La Posta reveló que el gobierno sabía que la mafia tenía en la mira a Andersson Boscán y a Mónica Velasquez por la publicación del caso El Gran Padrino, que involucra al cuñado del presidente y a su amigo, el asesinado Rubén Cherres. Un tema que llevó a Lasso a juicio política, después a muerte cruzada y ahora a las elecciones anticipadas.

Karol Noroña, periodista de GK, que cubría con una gran destreza el tema seguridad y sistema carcelario debió salir del país. Al gobierno se le salió de las manos el control de las bandas delincuenciales. La vida de Karol estaba en riesgo por la falta de acción de un Ejecutivo al que le quedó grande el país

¿Por qué defender lo indefendible? ¿Para recibir el favor del presidente? ¿Para recibir una condecoración? No es mi intención romantizar este oficio, ya que tiene muchos vacíos. La falta de un sindicato, por ejemplo, para proteger los derechos de quienes ejercemos el periodismo. Sin embargo, defender a rajatabla un gobierno que solo ha traído miseria y desastre al país, no es propio de un periodista.

Tenemos una responsabilidad grande con los ciudadanos. A pesar de que el oficio esté atravesado por los intereses políticos y económicos, no podemos olvidar el compromiso de informar con claridad, precisión, pero también ofrecer sustancia a nuestra audiencia. La crítica de los periodistas, cuestionar preguntar, indagar. Eso nos hace mejores profesionales. Equilibrar la razón y la emoción para ofrecer un trabajo de calidad sin importar quien esté sentado en Carondelet.

Por eso a los muy periodistas, les recuerdo que todavía existimos periodistas que intentamos cada día mejorar. Siguiendo el ejemplo de los grandes referentes, esos que creían en que una idea, un relato, una persona podía ser la chispa para un gran cambio. Aún existimos los obreros de la comunicación.

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El medio digital informó que esta decisión se tomó tras examinar una serie de hechos, fuentes y testimonios de representantes de seguridad internacionales. Añadió que los ataques nace a partir de su trabajo investigativo contra el Gobierno de Guillermo Lasso, a quien responsabilizan de lo que pueda sucederles a ellos y sus familias.

«A más de las amenazas de la delincuencia, La Posta ha vivido un vendaval de acciones de retaliación por parte del Ejecutivo, en evidente venganza por lo descubierto con nuestro trabajo periodístico. Esta arremetida ha desembocado en acciones judiciales repletas de fantasías, provenientes de mentes nubladas y sedientas de venganza que circulan por el Palacio de Gobierno», reza el comunicado.

A inicios de 2023, La Posta reveló una presunta red criminal que operaba en las empresas públicas del sector eléctrico. La investigación periodística se denominó «El Gran Padrino» e involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, como supuesto líder de la estructura delictiva.

En la trama de corrupción también figuran altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, que habrían utilizado su posición e influencia para ubicar personas en cargos importantes de sectores estratégicos del Estado.

Foto: Fundamedios

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Cuatro hombres interceptaron a los comunicadores, mientras se preparaban para reportar el tema de la crisis del sistema de Metrovía. Los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas y golpearon los vidrios del vehículo de los reporteros.

Las motocicletas los persiguieron por varias cuadras, pero el chofer del automóvil logró ponerse a buen recaudo.

Guadamud comentó que se mantuvieron a salvo al llegar a otra estación del sistema de transporte municipal. Sin embargo, el guardia de seguridad alertó un asalto a estudiantes, minutos antes, probablemente por los mismos delincuentes.

El equipo comunicativo intentó pedir auxilio al ECU-911, pero tardaron en llegar. (M.R.R)

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Quito, 06 jun (La Calle).- Grupo El Comercio regresará a publicar contenidos para la página web. Sin embargo, después de 107 años de fundación la edición impresa del diario dejará de circular definitivamente.

“Lamentablemente, los cambios de modelos económicos y la pandemia complicaron aún más la crisis financiera de la empresa”, dijo el medio de comunicación en un comunicado.

Sin embargo, no se expusieron las acciones a realizarse respecto a las protestas de sus trabajadores por los sueldos impagos y despidos repentinos.  

“Entendemos también las críticas y cuestionamientos que se nos hacen. Pero esta es nuestra casa editorial y queremos ratificar nuestro compromiso para seguir trabajando en pos de lograr un mejor periodismo multimedia”, resaltó el anuncio.

Despidos masivos

Diario El Comercio despidió a 100 trabajadores de diversas áreas, entre ellos 50 personas de producción, 20 de distribución y 30 de distintas unidades, entre ellos 10 periodistas.

El 5 de junio gran parte de los trabajadores del medio de comunicación fueron despedidos. Una fuente confirmó Fundamedios que fueron notificados a través de llamadas telefónicas. La razón sería una ”reestructuración”.

Por otro lado, les informaron que ya no se venderá la versión impresa del diario, sino que solo permanecerán en el ámbito digital. La empresa está atrasada con el pago del IESS y con cuatro salarios.

¿Y los sueldos impagos?

A los empleados que se mantienen en el medio de comunicación les informaron que los últimos cuatro sueldos impagos les entregarían poco a poco. Hasta el momento el correspondiente al mes de febrero en los próximos días y el salario de marzo en aproximadamente 3 semanas.

Sin embargo, esta ”solución” no implicaría ningún tipo de alivio, al contrario se incrementa la incertidumbre. A inicios del 2023 llegó un representante y reunió a los trabajadores en un auditorio.

En la reunión manifestó que el medio de comunicación no quebraría, y ofreció ponerse al día con las obligaciones laborales en tres meses pero no se cumplió. (A.G.M).

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Durante un noticiero, Cuesta sugirió y señaló sin pruebas que los autores de los atentados fueron las fuerzas políticas contrarias al Gobierno en la Asamblea Nacional, es decir, UNES, PSC y la Conaie a través del PK (r). “Tiene un plan bien concebido”, dijo.

Los objetivos, según sus paranoias

Según el periodista vocero del Gobierno, la finalidad es desacreditar a Lasso a través de un caso de corrupción “aunque no se hayan encontrado pruebas contundentes de complicidad directa del mandatario”.

El segundo paso sería revestir el “golpe de Estado” de legalidad a través de un juicio político en contra de Lasso, aunque, a Cuesta obvia que el mecanismo está en la Constitución y es una facultad totalmente democrática.

El tercer escalón de sus alucinaciones sería calentar las calles. Para eso, dijo: “hay que llamar a los especialistas de siempre, algunos líderes del pueblo indígena, que de paso se prestan para presionar la Corte Constitucional para que apruebe el juicio político”.

Y la cereza del pastel, según él, es callar a quienes no creen en la “inestabilidad institucional”. Es decir, intimidar a los medios de comunicación y periodistas afines al régimen.

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El informe fue elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Transparencia Internacional y la Cooperación Alemana, en una encuesta realizada a 1.510 personas de todo el país.

Los datos señalan que una de cada tres personas considera que los periodistas son corruptos. Además, ubica a Ecuador con 14 puntos superior al promedio regional.

La experta en comunicación Caroline Ávila comentó para Radio La Calle que este problema se agudiza en Ecuador por tres factores:

• La dinámica de contestación y contrastación que se mantiene entre el poder y los medios de comunicación. Para Ávila, este tipo de conflictos envuelve a la sociedad en una postura difícil ante la credibilidad a los medios de comunicación y el Gobierno.
• Ausencia de autocrítica en los periodistas. “Nos falta determinar si le damos el mismo tratamiento a la información que la agenda gubernamental”, refirió.
• Finalmente, los diferentes modelos y estilos que se desatan en los medios digitales. Enfatizó que el principal problema de estas plataformas es la ausencia de páginas o portales para materializar y profundizar la información.  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión detalla que la estigmatización a la labor periodística afecta directamente en la garantía de libertad de expresión y prensa.

Influencia de los grupos de poder

La misma encuesta menciona que cinco de cada 10 personas consideran que los grupos de poder tienen una “influencia desproporcionada” en las decisiones públicas.

Ávila comentó que los grupos de poder generan cierto tipo de influencia en los medios de comunicación por las pautas y los patrocinios que otorgan. Además, mencionó que la polarización de la información es una de las consecuencias del tratamiento de la información. (N.J.C)

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El objetivo fue abordar las problemáticas de agotamiento emocional en los trabajadores del área de la comunicación. En un estudio realizado por la UTPL y Fundamedios se determinó que solamente 4 de cada 10 periodistas tienen acceso a la salud psicológica si esta es gratuita.

“Datos estadísticos revelan la situación del periodista, en el cual se muestra en primer lugar la satisfacción del trabajo cumplido y, por otra parte, la desazón ante una situación muy compleja sobre la salud mental que además es parte de una situación de agravamiento de las condiciones de trabajo y seguridad que se han agravado en los últimos años”, mencionó Ricaurte.  

Asimismo, la UTPL hizo la invitación a estudiantes y comunicadores a participar del taller de salud que tendrá una duración de 40 horas on-line. El taller se encuentra disponible en el Consejo de Comunicación. Informes en el siguiente enlace: https://formacioncontinua.consejodecomunicacion.gob.ec/index.php/registro/

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«Todo ocurrió cuando el camarógrafo, Wilmer Álava, y otros miembros de la prensa procedieron a grabar el diálogo del Gobernador de la provincia, Juan Francisco Núñez. Sin embargo, solo retiraron al camarógrafo de Manavisión. Una persona de la guardia presidencial lo agarró fuertemente del brazo y lo empujó», relata el Diario de Manabí.

Agregaron que al percatarse de la agresión, el periodista que lo acompañaba, Fabricio Salazar grabó con su celular parte del percance y a él también lo agarraron del brazo y lo sacaron del lugar.

Además la funcionaria de prensa de la Gobernación de Manabí habría solicitado que borrara los vídeos de lo ocurrido. «Carolina Guerrero, funcionaria del área de prensa de la gobernación, pidió al equipo que borrara los vídeos en donde documentaron parte de lo ocurrido y junto a personal de seguridad informaron a los dos miembros de la prensa que no podían volver a ingresar y los obligaron a irse del sitio».

Respuesta del Gobierno

La secretaría de Comunicación de Presidencia respondió debido a que el vídeo se hizo viral en redes sociales. De acuerdo con la SECOM, los periodistas no estaban en el lugar reservado para la prensa y por eso los desalojaron del lugar.

«Se solicitó al equipo periodístico el cumplimiento de esta disposición. Sin embargo, se negó a cumplirla. Por ello de manera cordial y respetuosa la seguridad solicitó al periodista y camarógrafo que salieran del lugar».

Añadieron que posteriormente se dijo a los reporteros que podían regresar al lugar a agrbar, pero, según la SECOM, ellos se negaron.

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«Esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su nefasta antecesora, la LOC, aprobada en 2013. Está plagada de vulneraciones al derecho inalienable deo ser humano a la libertad de expresión y de opinión. Por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos», dice parte del documento.

Agregan que denunciarán ante las relatorías de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como «un nuevo atentado a la libertad de expresión y de prensa».

Los firmantes de la carta recuerdan al presidente Lasso «el compromiso de su Gobierno para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas».

El pasado 21 de julio, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría sobre la Ley de Comunicación, lo que dejó de lado el informe de mayoría presentado por el presidente. El Ejecutivo informó que vetará de forma total lo aprobado por el Legislativo. MIB

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«Lo acontecido obedece a un error de coordinación de personal, por lo que se tomarán los correctivos necesarios para garantizar el ejercicio periodístico, tal como ha ocurrido en reuniones anteriores», indicó la institución.

La Secom aclaró que en ningún momento se contempló como parte de un acuerdo previo, la transmisión o cobertura del diálogo.

Incidente

Al momento del ingreso del presidente de Conaie, los periodistas que estaban en el primer piso de la Presidencia se acercaron a hacerle preguntas. La seguridad presidencial lo tomó de ambos brazos y lo llevó con dirección a las gradas. También se empujó a los reporteros que trataron de acercarse.

Así mismo, el presidente impidió que los medios de comunicación se quedaran en el diálogo.

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Los periodistas

David Beriain escribía crónicas de guerra y con el tiempo pasó a realizar documentales en DMax y en su propia productora, 93 metros. Registró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Diez días con las FARC), También investigó sobre la pena de muerte (Latinos en el corredor de la muerte). Siguió a los narcotraficantes del Cartel de Sinaloa. Su programa más conocido fue Clandestino.

Roberto Fraile combinaba su trabajo como cámara en una televisora española y acompañaba a David en sus reportajes. Fue herido mientras cubría la guerra en Siria en 2012.

Ambos fallecieron en un ataque terrorista mientras realizaban un documental sobre la casa furtiva que azota el país. Un grupo de hombres en un convoy los atacaron. Un ciudadano irlandés que los acompañaba también falleció.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó la muerte de los periodistas.

«Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto».

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«Ante una posible vacunación a periodistas de Cuenca, la Unión de Periodistas del Azuay deslinda cualquier acuerdo en este sentido, además no creemos oportuno saltarnos las prioridades que en este momento son urgentes en la sociedad y en especial dentro del servicio de salud», dice el comunicado.

Para la UPA es importante que médicos, enfermeras, trabajadores, paramédicos y demás empleados de las casas de salud se vacunen en primera instancia. «La UPA tiene comunicadores en riesgo, pero estamos conscientes del respeto hacia los demás», añaden.

Prioridades para la vacuna

Además de la Unión de Periodistas del Azuay, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana también envío un comunicado el pasado 18 de febrero al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

«Para ser beneficiarios en este proceso de vacunación con criterios de salud pública, el carácter de rector no nos parece relevante, a no ser que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria. Participaremos en pie de igualdad con los demás miembros de la comunidad universitaria», dijeron en esa ocasión.

El actual ministro Rodolfo Farfán dijo en una entrevista que la lista de vacunados no será de conocimiento público.

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César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, denunció agresiones contra más de 300 periodistas.

Ricaurte presentó su testimonio, a nombre del Comité de Periodistas, sobre los ataques que sufrieron los comunicadores durante las protestas de octubre. Este Comité, activado desde 2018, registró en las protestas 190 incidentes contra la prensa y más de 300 periodistas agredidos.

El Gobierno incumple sus obligaciones

Según Ricaurte, en el caso particular de los periodistas, existen acuerdos internacionales de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU). Estos se orientan a la protección de los periodistas y garantizar a la impunidad de los delitos en su contra. El Estado ecuatoriano ha firmado esos tratados. No los ha cumplido.

En octubre del 2019, la Policía Nacional cometió muchas de las agresiones contra la prensa. A criterio de Ricaurte «no se sabe si han sido sancionados estos miembros de las fuerzas públicas que atacaron a los periodistas”.

Entre otras formas de ataque contra la prensa, el vocero de FUNDAMEDIOS calificó de condenable la censura que Fiscalía cometió contra Radio Pichincha Universal, durante octubre del 2019. (JEB).

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“El sábado (24) recibí el mensaje de un contacto y me dijo que Paúl Espinosa está a cargo de hackeos y seguimientos. Que Orlando (Pérez), la Prefecta y yo tenemos las comunicaciones interceptadas”, dijo Alexis Moncayo a Radio La Calle.

El comunicador también expresó su denuncia a través de Twitter. “Ayer recibí la misma alerta, que hoy, hizo pública el asambleísta Roberto Gómez, interpelante de la Ministra de Gobierno. En el sentido que, Paúl Andrés Espinosa por orden de María Paula Romo, estaría ilegalmente interviniendo mi teléfono y correos: desocupados busquen oficio”, escribió.

La carta del asambleísta Gómez

El 24 de octubre, el asambleísta independiente Roberto Gómez, uno de los interpelantes en el juicio político contra Romo como mencionamos, le envió una carta a la Ministra, informándole que el teniente coronel Espinosa fue designado para realizar seguimiento de manera ilegal a varios asambleístas con énfasis especial a él y sus colaboradores.

En la misiva le pide que indique, si ella envió directamente o por otra persona al teniente coronel a realizar ese seguimiento, también si esta asignación guarda relación con el sistema informático COSMOS o con el caso conocido en la opinión pública como La Panadería. Ademáers Romo, debe explicar qué funciones tiene el teniente coronel Espinosa.

Otra denuncia en el camino

La asambleísta Lourdes Cuesta, otra de las interpelantes, también expresó que había detectado el seguimiento de sus comunicaciones. “Me han advertido, si, pero realmente no me importa. Porque lo que yo hablo por teléfono, lo estoy diciendo aquí con ustedes. Lo que yo escribo en whatsapp, lo digo públicamente”, le dijo a Pichincha Comunicaciones.

El tema de las intercepciones no entra en la agenda del juicio. El próximo 31 de octubre, la ministra comparecerá ante la Comisión de Fiscalización. Entre las razones del covocado juicio político se encuentran: incumplimiento de funciones, debido al uso de bombas lacrimógenas caducadas y el excesivo uso de la fuerza policial en el Paro Nacional de Octubre de 2019.

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“El trabajo en equipo trae sus resultados. Una coordinación entre el eje preventivo del Distrito Metropolitano de Quito, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de la Policía Judicial nos aportó información importante para obtener esos resultados”, informó el General Manuel Íñiguez.

La Policía se trasladó al sector de La Tola, donde se produjo la detención de una persona que tenía los equipos del canal en su poder. Los otros dos responsables fueron encontrados en Luluncoto.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo se pronunció en un tuit. “La Policía Nacional detuvo a uno de los implicados en el asalto al equipo periodístico de TC Televisión de esta mañana y recuperó su cámara de video. Las investigaciones continúan”, escribió.

Los Hechos

Un equipo de TC Televisión que incluía al reportero Santiago Naranjo, un camarógrafo y un técnico. Los tres realizaban un reportaje sobre la delincuencia en el sector de Santa Prisca, centro de Quito.

Después del primer reporte, dos personas pasaron en una motocicleta y luego dieron la vuelta. Acto seguido, el copiloto se bajó, amenazó a Naranjo con un arma de fuego y lo golpeó con la culata en la cabeza. Los delincuentes se llevaron los celulares del equipo y las cámaras.

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“Indique si usted, el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional o cualquier dependencia se encuentre utilizando los siguiente equipos, servicios o plataforma. GI2 Impact, Verint Web Inteligence y Plataforma Trapdoor. Indique la finalidad o el uso que se les da a estos equipos”, dice parte del pedido.

La misiva también pide a la funcionaria informar si conoce a: Alfredo Larrañaga, Gabriel Guidalevich y Mauricio Bechan. En otro oficio también piden indicar cuáles han sido las actividades del Capitán Gabriel Ramos desde octubre de 2019 y los nombres de los servidores policiales que viajaron el año anterior a Israel y Chipre.

Espionaje

El GI2 Impact son aparatos que permiten interceptar conversaciones telefónicas en un radio máximo de 500 metros. Estos maletines, de procedencia israelí, marca Verint y modelo GI2, se utilizan para escuchar conversaciones de forma ilegal. Aunque también sirven legalmente para identificar los números de supuestos delincuentes antes de proceder a pinchar su señal.

Por otro lado, la plataforma Trapdoor, un sistema indetectable de inteligencia web que no deja rastro, y que proporciona información y objetivos de manera instantánea, a través de macro datos.

De acuerdo con la denuncia, se adquirieron dispositivos a la compañía IOTT & Cobwers de Israel, a través de la empresa Macrotech Cía. Ltda Ecuador, la cual se dedica a la importación de equipos para “inteligencia de comunicaciones y señales, guerra electrónica, inteligencia cibernética e inteligencia web y artificial”.

No es el único tema en el que está implicada Romo. El pasado 26 de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó enfáticamente.

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