«El sistema eléctrico más que en emergencia se encuentra en manos de la negligencia. Estamos en manos de funcionarios que sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares», dijo a Radio La Calle.

Acciones cuestionables

De acuerdo con Alvear, los procesos de contratación del gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, deja más dudas que certezas en cuanto al manejo de recursos económicas para mejorar el sector eléctrico.

«El señor Uquillas, cuando volvió al gobierno de Lasso, fue claro al decir que él con USD 80 millones daba mantenimiento a las termoeléctricas y con eso nos olvidamos del fantasma de los apagones. Así hubiese o no estiaje, pero el señor Uquillas, de la noche a la mañana, se olvida de lo que dijo y sale con que va a contratar una barcaza de 440 mw. que viene de Turquía de la empresa Karpower, una compañía cuestionada porque es altamente contaminante. La acaban de botar de República Dominicana porque funciona con full oil. Un combustible más contaminante que el diésel», expresó.

Otro contrato con problemas es el de 32 generadores de electricidad que, presuntamente, tendrían sobreprecios. «No contento con eso, Uquillas vuelve a hacer de las suyas y compra 32 generadores de electricidad con Grupo Electrógeno, equivalente a 54.4 mw. por USD 65 millones. Eso quiere decir que a los ecuatorianos le saldrá cada mega a USD 1’194.000 cuando el precio de mercado es de USD 750.000. Hay un sobreprecio por Grupo Electrógeno de casi USD 500.000. Si lo multiplicamos por 32 máquinas, hablamos de un sobreprecio de USD 15 millones», agregó el experto.

Si a los USD 65 millones de los generadores se suman la contratación de la barcaza por USD USD 244/ 250 millones. El perjuicio para el Estado llega a los USD 310 millones.

Otras complicaciones

De acuerdo con Alvear, el problema del estiaje no es nuevo, pero a ello se sumó una indisponibilidad de 1.700 mw. «770 con las termoeléctricas y 1.000 con las hidroeléctricas, pero que dando mantenimiento al betusto sistema de termoeléctricas no hubiésemos tenido problemas de indisponibilidad. Dejaron pasar esto porque en el fondo estaban maquinando la contratación de la barcaza turca y los grupos electrónicos que generan un megawatt excesivamente caro con motores del año 2011».

El experto dijo que Gonzalo Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado, eso se llama dolo. «No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido».

El sistema eléctrico se sostiene en tres pilares: Generación, transmisión y distribución. En el caso del primero existen dos problemas: la falta de ejecución del contrato de fideicomiso para iniciar la construcción de los proyectos: El Aromo(258MW), Villonaco 3 (110MW),
que fueron adjudicados en el Gobierno de Lenin Moreno. Tal contrato también tenía como objetivo materializar el Bloque ERNC 500 MW de energía renovables en proceso. La inacción del presidente ha dejado este tema en el vacío.

A eso se añade el fracaso de la licitación de 400MW, Bloque Ciclo Combinado de Gas
Natural, que llevaba más de 3 años en proceso gracias a la negligencia del Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. También la licitación de la línea de transmisión nororiental para el sector petrolero que ha quedado en nada.

Sector camaronero

El presidente Guillermo Lasso prometió electrificar a las camaroneras y afirmó que el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha aprobado una línea de crédito para
tender líneas de transmisión para beneficio de tal industria.

«Dijo que ha conseguido una línea de crédito para construir una línea de transmisión de 1.000 mw. para el sector camaronero ¿qué energía va a pasar por esa línea de transmisión si tenemos la indisponibilidad de 1.700 mw y no se ha hecho absolutamente nada para generar nuevas materias de energía».

Aquí puede revisar los documentos de denuncia sobre este tema. (MIB)

La entrada USD 310 millones le costaría al Estado la negligencia en el sector eléctrico se publicó primero en La Calle.

Según el documento, no hubo una coordinación previa para establecer quiénes colocaron los 221 rótulos sin permisos municipales, por lo que no se recogieron más USD 2 millones.

Además, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 25 de octubre de 2022 no se hicieron los censos pertinentes, no se registró a los usuarios que hicieron uso del espacio y no se realizaron operativos de control.

Según diario Expreso, Efraín Baquerizo estuvo al mando del Uso del Espacio y Vía Publica, en 2017. Sin embargo, no realizó el registro del uso de la vía pública, pese a que el 15 de septiembre de 2022 se remitieron alertas por la instalación de rótulos que fueron reportados por el sistema de ojos de águila.

Ante esto, la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) comentó que el personal de dirección de Justicia y Vigilancia no atendió 21 reportes que emitió la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y Dirección de Aseo Cantonal por el trabajo de mantenimiento.

Todo un desorden…

El ente de control enfatizó que no se recopiló documentación por los 21 inconvenientes denunciados, que no existió coordinación, controles y supervisión por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia, debido a que no respondieron a las denuncias de la CSCG.

También, resaltó que nunca se siguieron protocolos de seguimiento que respalden la gestión y controles operativos. «Esto provocó que no se tomen las acciones correctivas para solventar las novedades que se presentaron», señaló la Institución.

«No está entre sus competencias«

El actual director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, comentó para el medio citado que el caso tenía muchas contradicciones y equivocaciones, pues en aquel entonces el monto era de USD 2,5 millones.

El servidor aseguró que este problema debió de encargarse la entidad financiera porque él no tiene competencias desde el 2021. «Yo no tengo competencias desde ese año, peor me siguen atribuyendo responsabilidades hasta el 2022», refirió.

Finalmente, la entidad señaló que luego de la etapa del informe aprobado con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sigue la etapa de juzgamiento, por lo que el caso continúa. (N.J.C)

La entrada Más de USD 2 millones botado por el caso Vallas en Guayaquil se publicó primero en La Calle.

“El 27 de febrero la señora asambleísta me difama como atracador del Estado por la supuesta compra de un vehículo por un valor de USD 120.000. Nada más alejado de la verdad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rodríguez recalcó que la asambleísta abusó de su poder mediante la inmunidad parlamentaria y afectó a su reputación profesional y personal.

“Ningún ciudadano, por más que sea un asambleísta, se puede esconder detrás de una curul para difamar, calumniar e injuriar y para destruir el prestigio profesional de un ciudadano cualquiera”, afirmó el exgerente.

Además, comentó que ya interpuso la demanda ante los juzgados correspondientes y solicitó que se pronuncie la justicia ecuatoriana a favor o en contra de esta denuncia.

“Siguiendo el artículo 128 de la Constitución la señora Cordero tiene que despojarse de la inmunidad parlamentaria”, aseveró Rodríguez.

El exgerente sostuvo que la denuncia realizada por Cordero no tenía fundamentos e incluso era una denuncia mal redactada.

“El día de ayer en un medio de comunicación ella decía no se ha fijado en el contrato, que se ha fijado en el asiento contable. Ni en eso se fijaron porque el asiento contable en el 2016 señala el valor depreciado a 3 años de los vehículos que se compraron”, expresó Rodríguez.

La entrada Rodríguez: “La asambleísta Cordero afectó mi reputación personal y profesional” se publicó primero en La Calle.

Estas tarifas llevan a los países a desviar sus fondos y no utilizarlos en los gastos que genera el COVID-19. Así informó el New York Times. «Los críticos argumentan que los recargos llegan en el peor momento posible, cuando los países ya necesitan desesperadamente fondos para brindar ayuda para la pobreza y servicios de salud pública», explica un artículo.

18 demócratas en el Congreso estadounidense enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen pidieron que apoyara el fin de la política de recargos. «El recargo desalienta la inversión en salud pública por parte de los países en desarrollo. Este resultado perverso socavará la recuperación económica mundial”, decía la carta.

Resultados contradictorios

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y Kevin Gallagher, profesor de la Universidad de Boston realizaron un análisis y concluyeron, entre otras cosas, que forzar reembolsos excesivos crea un efecto contraproducente en la economía de esos países. De manera que el acreedor (FMI) y los deudores terminan perdiendo.

“El FMI no debería estar en el negocio de obtener ganancias de países en una situación desesperada”, dijeron.

La entrada El FMI perjudica a las naciones que solicitan préstamos se publicó primero en La Calle.

«Se propone una renta a una empresa Galápagos Cable Sistem. Un modelo de arrendamiento que sería de USD 9.5 millones por  una cantidad limitada de internet. En 10 años se pagaría USD 95 millones de arrendamiento. La inversión en infraestructura y servicio perjudica a la CNT en más de USD 40 millones. No tendrá nada después porque se creará un monopolio a la empresa Galápagos Cable Sistem», dijo en una entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Agregó que «el modelo de negocio del Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno para este proyecto permitirá mejorar el desarrollo, la conectividad y la productividad es otro proceso donde aparece la corrupción en la contratación».

Viabilidad del Estado

De acuerdo con Ibarra, el proyecto tiene perfecta viabilidad para construirse y manejarse por la CNT o en una alianza público-privada con las otras dos operadores del país. «Se necesita eficiencia y recursividad en un mercado pequeño como Galápagos de 25.000 habitantes dónde tranquilamente pueden realizarlo estas operadoras».

«Con este contrato de arrendamiento a esta empresa «privada» se crea un monopolio para que la empresa ponga los precios. También generar la conectividad en el tema comercial. Por último ofrecería servicios limitados», agregó.

Creada en 2019, Galápagos Cable Sistem es una empresa que no tiene experiencia en la colocación de cables submarinos y su sede principal está en Singapur que, de acuerdo con Ibarra, es un paraíso fiscal recurrente.

La entrada El perjuicio al Estado por el cable submarino es de USD 40 millones, alerta exfuncionario se publicó primero en La Calle.