»A la Ministra de Gobierno no la pueden tratar como accionada. Lo único que he hecho es luchar», dijo exhaltada y procedió a retirarse de la sesión virtual.

La funcionaria de Estado apeló para no se le conceda este recurso legal a Glas y así devolverle el »honor nacional» al país. Además, señaló que fue acusada de manera injusta de vulnerar los derechos internacionales, pues ella también tiene nacionalidad mexicana.

Asimismo resaltó que no se trata de una persecución política ya que el exvicepresidente fue sentenciado en el 2017.

La situación de Glas

El exvicepresidente Glas detalló las agresiones durante su detención y los maltratos a los que ha sido sometido. Manifestó que tiene 43 moretones entre las costillas y heridas en las piernas, brazos y cadera.

Además señaló que está en huelga de hambre y que se encuentra en una celda sin acceso a la energía eléctrica y ni siquiera le han devuelto sus lentes. Informó al magistrado que durante su detención no le dijeron el nombre del juez a cargo de su caso y fue sometido a al maltratos y a los golpes de los 15 agentes policiales que ingresaron a la embajada de México.

“Me enfrenté a mercenarios con fusiles solito. Han reconocido que me torturaron porque dicen que me opuse. Yo un hombre de 54 años, que peso 78 kilos y tengo enfermedades traumatoides,” indicó.

La sesión fue suspendida en la madrugada y este 12 de abril será reanudada las 15h00, se espera que el juez del caso tome una resolución final. (AGM)

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La vicepresidenta de ese país fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La RC señaló que la pena contra Fernández es un nuevo capítulo de persecución política. «Una sentencia que estaba previamente escrita y que lo único que busca es evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales», reza el comunicado.

Además, agregaron que este es otro caso más de lawfare contra los movimientos progresistas de América Latina. Una estrategia que busca acabar con las ideas progresistas y restringir los derechos de participación política.

Rechazó la politización de la justicia, que ha sido masificada por los grandes medios de comunicación. Este problema solamente ha profundizado la polarización y el auge de la extrema derecha en la región. Advirtió que estas acciones son contraproducentes para la democracia y ejemplificó su paso en Ecuador, Colombia y Brasil.

El lawfare, traducido al español como guerra jurídica, es un término que explicael uso indebido de procedimientos legales para atacar a oponentes políticos. Una vez sembradas las argucias en el terreno del derecho con apariencias de legalidad, se utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública.

Es ganar una guerra política pasándola al ámbito jurídico-mediático con fines económicos, políticos o geopolíticos y engañando a la ciudadanía para anestesiarla contra la violación del debido proceso.

La sentencia contra Fernández

La justicia de ese país la declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por extracción de fondos del Estado durante los dos periodos en los que fue presidenta (2007-2011; 2011-2015). Según medios internacionales, Fernández habría desviado mil millones de dólares.

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta como figura principal de un entramado de corrupción por asociación ilícita. Ella, junto a otros funcionarios, habría dirigido contratos millonarios de obras viales incompletas y con sobreprecios.

Sin embargo, pese a la condena, Fernández no irá a la cárcel porque cuenta con inmunidad debido a su cargo como vicepresidenta. Su dignidad la protege en ámbitos legales y civiles.

Por su parte, la vicepresidenta negó los cargos y enfatizó que se trata de una persecución política. Refirió que el caso «Vialidad» no tiene fundamentos y es pura persecución no solo contra ella, sino contra el proyecto político que integra.

Tras conocer la condena, la vicepresidenta negó los cargos, pero precisó que no se postulará a las próximas presidenciales, aunque con todo y sentencia no está impedida de hacerlo.

Esta es una condena histórica para Argentina. Nunca antes un vicepresidente en funciones había sido condenado por la justicia. Sobre todo de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció a través de redes sociales. Expresó su respaldo hacia su vicepresidenta y apuntó que es inocente y que se utilizó a la justicia y a los medios de comunicación para condenarla.

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A través de una carta del canciller argentino Santiago Cafiero a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, expresó que la “Argentina en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos concede el asilo diplomático a Duarte Pesantes”.

Además, advirtió que el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales”, según publicó el diario argentino Clarín.

Desde agosto del 2020, Duarte se encuentra en una residencia argentina en Quito con carácter de “huésped” por razones humanitarias. En el lugar vive junto a su hijo y su esposo de nacionalidad argentina.

La postura del Gobierno de Lasso

Días atrás, una nota del diario Clarín hizo referencia al posible asilo de Duarte. Ante esto, la Cancillería de Lasso se pronunció. En un comunicado, señalaron que el Gobierno argentino no puede concederle el asilo debido a que Duarte fue condenada por cohecho en el denominado caso “Sobornos 2012-2016”.

“El Gobierno ecuatoriano se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes”, reza el comunicado de la cartera de Estado a cargo de Holguín.

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La revocatoria fue presentada en la Unidad Judicial Penal del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, donde ejerce el juez Emerson Curipallo, quien fallo a favor de Glas el lunes 28 de noviembre.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) precisó que la revocatoria está motivada por estas presuntas irregularidades:

• Vulneración a la tutela judicial efectiva;
• vulneración al debido proceso;
• falta de motivación en la resolución emanada;
• inobservancia del cumplimiento de la potestad estatal; e,
• inobservancia de las decisiones judiciales previas.

Según el SNAI, hay evidencia de «vicios sustanciales en el proceso». Finalmente, considera que existe un abuso en el uso y aceptación de garantías constitucionales.

Detalles…

El juez Curipallo aceptó la medida cautelar para excarcelar a Glas porque el SNAI no había resuelto los actos administrativos en los tiempos y formas establecidos, sobre todo, en relación a la solicitud de unificación de penas.

Dicha solicitud estaba pendiente tras la nulidad de la tercera condena contra Glas por el caso Singue. Frente a esto, pidió la unificación de penas por el caso Odebretch por asociación ilícita (6 años) y por el caso Sobornos por cohecho (8 años).

El SNAI se escudó argumentando que la solicitud no fue atendida porque no recibió notificaciones por los canales oficiales sobre la nulidad del caso Singue.

Si Glas accede a la unificación de penas, debe cumplir la sentencia más alta, en este caso la de ocho años. Sin embargo, al haber cumplido ya el 60 % de la sentencia podría salir en libertad condicional.

Su libertad

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas salió en libertad la tarde de este lunes 28 de noviembre a las 19:15 tras una medida cautelar aceptada por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que ordenó su excarcelación.

El exsegundo mandatario estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. En los exteriores de la prisión se concentraron varios simpatizantes exigiendo su inmediata libertad.

El juez Emerson Curipallo, de la Unidad Penal de esa provincia, aceptó la medida cautelar presentada por el ciudadano Cristhian Palacios Zambrano. El documento sentencia que «se deberá atender de forma inmediata con su sola presentación». Sin embargo, Glas deberá cumplir dos medidas:

• Prohibición de salida del país
• Una vez por semana deberá presentarse ante la Penitenciaria del Litoral

El SNAI informó que la boleta entregada la tarde del 28 de noviembre, cuenta con todos los requisitos previstos en la ley. «Este servicio, como órgano ejecutor de las disposiciones judiciales, acatará la resolución del juez según lo resuelto», detalla el comunicado.

Además, indicó que en coordinación con la Procuraduría de Estado no presentarán una revocatoria que atente contra la medida cautelar. Esto, debido a que no existe algún tipo amenaza o vulneración que atente contra los derechos de Glas.

Tiempo en prisión

El exsegundo mandatario estuvo privado de libertad desde inicios de octubre de 2017. Cuenta con dos sentencias: una de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y otra de seis años por cohecho en el caso Sobornos.

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(Izquierda ecuatoriana) «me la tienen jurada. Una persecución implacable, muy poco me suelo dejar yo, con actos siniestros que me he cansado de reclamar y denunciar, sin ningún resultado. Ellos controlan aún innumerables espacios de poder y van ganando terreno de forma calculada», expresó el exmandatario.

Moreno reiteró que recibió una «emboscada» al llegar a Carondelet. Acusó nuevamente a Rafael Correa y su «farsa del socialismo del siglo XXI» de entregarle un país en ruinas. Sin embargo, resaltó que su gobierno fue «renovador» y que al finalizar su mandato «cambió la historia» con una «feliz realidad».

Finalmente, apuntó que para restaurar la democracia no se podía satisfacer todas las necesidades y exigencias de las clases populares.

«Cuando hay que recomponer la democracia no se puede engolosinar a un pueblo, no se puede satisfacer todo lo que el pueblo exige y gastar el dinero del Estado», mencionó sin ningún reparo.

¿Persecución política?

Moreno tiene que responder a cinco investigaciones que están siendo procesadas en su contra. Tras un año y dos meses de dejar el cargo, es investigado por la Fiscalía.

Entre los procesos que vinculan al exmandatario se encuentra el delito de peculado en referencia a 150 piezas patrimoniales de propiedad del Estado ecuatoriano, sacado a la luz pública por Radio La Calle.

Así también, Moreno estaría relacionado con la investigación en el caso Ina Papers, caso de corrupción en el reparto de hospitales, una denuncia por delitos de lesa humanidad durante el paro nacional de 2019 y un proceso judicial internacional iniciado por Bolivia sobre una posible entrega de municiones de guerra.

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