«No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales», afirmó.

Vera aseguró que el Cpccs no vulneró ningún dictamen de la Corte Constitucional (CC). Además, enfatizó que este entramado ya no se trataría de un aspecto jurídico, sino político. Resalto que «buscaron otra acusación para tomarse la institución».

«Este Pleno solo cumplió con la sentencia de crear una veeduría. Ahora si existe una contradicción entre la Corte y el juez que ordenó eso, es la CC la que debe arreglar ese problema», apuntó.

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«Nosotros fuimos alertados de que tres vehículos de alta gama ingresaban a la provincia de Santa Elena. El eje preventivo ubicó a los tres vehículos, posiblemente a exceso de velocidad  sin logotipo de que pertenecían a un tipo de institución pública o privada», dijo el coronel Juan Carlos Soria en rueda de prensa.

El operativo empezó a las 20h16 con un seguimiento de los vehículos desde el sector de Chanduy, en uno de ellos se movilizaba el burgomaestre y su esposa. En la versión de Soria, los policías intentaron detener a los autos con llamadas de atención a través de un megáfono pero hicieron caso omiso.

»Cuando los servidores se acercan a tomar contacto, estos ponen en marcha sus vehículos, ponen en peligro a los servidores policiales y evadieron el control policial», agregó.

Ante la situación, el coronel indicó que los uniformados tuvieron que utilizar sus armas de fuego amparados en el uso progresivo de la fuerza. »Nosotros no vamos a entrar en controversia con la versión del alcalde», agregó.

¿Qué dice el alcalde?

»Hermano taxista graba el momento en que nuestro vehículo sigue siendo acribillado por la Policía Nacional. Luego de haber reventado las llantas, nos siguieron disparando sin ningún reparo», respondió Tamariz en su cuenta de X.

En el video se pueden escuchar los disparos dirigidos al vehículo del alcalde y un contingente de uniformados en moto y automóviles. Tamariz destacó que hasta ese momento ya se habían contactado con el ECU 911 en busca de ayuda. »Huir fue lo lógico mientras vivíamos un infierno», añadió.

El burgomaestre ya colocó la denuncia en Fiscalía, sin embargo, indicó que ayer cuando ocurrió el incidente se negaron a recibirla por »ya era muy de noche».

ACTUALIZACIÓN

Tamariz ratificó que no dejará su cargo y aclaró que la camioneta en la que se encontraba él, su esposa y sus compadres si se detuvo pero aún así continuaron con los disparos. De igual manera, indicaron que ninguno de los uniformados se identificó. (A.G.M).

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Cámaras de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad captaron el recorrido y la captura de los sospechosos. La Policía de la Zona 8 venía persiguiéndolos desde Durán.

Según información preliminar, los aprehendidos llevaban droga en el interior del vehículo en el que se movilizaban. Posteriormente, ingresaron al Terminal Terrestre con el objetivo de evadir a los uniformados y en los exteriores -presumiblemente- habría ocurrido una balacera.

En redes sociales circulan videos de ciudadanos que grabaron el operativo de los efectivos dentro del Terminal. Actualmente, ya opera con normalidad.

La empresa del Terminal informó que activó los protocolos de seguridad interna y coordinó acciones con la Policía Nacional para contribuir en la detención de uno de los implicados.

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Walter Pérez, abogado y vocero del colectivo, afirmó que han realizado el proceso sumarial y demostrado su inocencia dentro de un caso de cobros indebidos. Sin embargo, la directora distrital, mSc. Lilian López ha tratado a los profesores como culpables y adelantando su veredicto. «(Ella) ha manifestado reiteradamente que va a sancionar», manifestó Pérez.

Todo empezó el 22 de marzo del 2023 cuando una madre de familia denunció un supuesto cobro indebido por parte de docentes del plantel. Ella habría mandado una carta al Ministerio de Educación explicando estas y otras anomalías en la institución. A razón de ello, el Ministerio emite un informe técnico el 31 de marzo para verificar y determinar la denuncia.

En el informe se estipuló cuatro acusaciones: sobresueldo, pluriempleo, incumplimiento de la jornada laboral y cobros indebidos desde varios profesores del colegio. El abogado Pérez explica que tres de esos puntos fueron desmentidos con base en el reglamento del Ministerio y leyes del Código Laboral.

Todo el proceso fue plasmado en informes dentro del expediente del caso. El 2 de junio fueron notificados del inicio del proceso sumarial y a la fecha han recogido más documentos y testimonios que desmienten esas acusaciones. Siguen a la espera de que el Ministerio fije una fecha para la audiencia de resolución, que se espera, sea en los próximos 10 días.

La defensa de los docentes

«En este caso, no podría haberse dado ese sobresueldo porque quien lo hubiese realizado es el Ministerio de Educación y no lo ha hecho. Ellos no han ganado más dinero que el sueldo que ganan como profesores. Por lo tanto, no es aplicable la figura de sobresueldo», manifestó.

Siguiendo la siguiente acusación, de pluriempleo, Pérez ratifica que eso se hubiese demostrado si el acusado registra más de un nombramiento en el sector público. Hecho que desmintieron verificándolo en las aportaciones del seguro social.

A ello se suma que la entidad nominadora del nombramiento es el Ministerio de Educación. Algo incongruente si se pretende acusarlos de pluriempleo, cuando el responsable sería la cartera de Estado. Con respecto al tercer punto también aclaró que el distributivo de trabajo de los docentes también es emitido por entidades públicas.

Es decir, los distributivos son emitidos por los colegios fiscales y éstos a su vez son aprobados por el distrito educativo. El Colegio Mejía es competencia del Distrito Educativo número 4 (Centro). En ellos se determinó que su jornada obligatoria de trabajo es de 30 horas. Pérez añade que los maestros tenían participación extracurricular y sin percibir ingresos por ello.

El colectivo argumenta que la instancia superior de la Dirección Distrital es el Ministerio de Educación. De acuerdo con López, ella sigue órdenes superiores. Por ello relatan que al haber demandado respuestas de esa cartera de Estado, el colectivo no la obtuvo y tachó estas acciones como persecución.

Subrayan que Lilian López decidió deliberadamente desestimar el expediente con las resoluciones e informes de los abogados sustanciadores. Es decir, tomó una decisión arbitraria y ello parece ser claramente un acto de persecución para los acusados.

A la espera de la resolución

Frente a las pruebas físicas y testimoniales que contradicen las anteriores acusaciones y los cobros indebidos, los docentes siguen a la espera de su resolución. A pesar de que una directora jurídica determinó la improcedencia de las acusaciones, la directora distrital Lilian López la despidió y consideró al informe como referencial, según el jurista.

Esto quiere decir que el informe de este proceso fue desvirtuado por López, cuando este determina la resolución de los acusados. Para el abogado Pérez, la directora distrital cometió prevaricato. Delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Según él, López habría manifestado haber llegado a ‘sancionar, a poner las cosas en orden, que va a sancionar a los del Mejía’ de manera reiterada y pública. Pérez recalca que eso no le da una seguridad dentro del caso ya que desde un inicio los abogados sustanciadores, quienes llevan el proceso contra estos docentes, aseguraron que no existe nexo causal.

Ellos determinaron que no existen elementos de convicción para poder sancionarlos y por lo tanto recomendaron el archivo de la causa. Sin embargo, la directora López ni siquiera habría leído las resoluciones sustanciadas dentro del expediente del proceso. Para el vocero de estos maestros, la directora distrital ha vulnerado el debido proceso y esto se ha convertido en una persecución.

Los antecedentes

El presidente del Comité Central de padres de Familia presentó el proyecto de conformación de una comisión de deportes. Esta era conformada exclusivamente por los padres de familia. Y entre sus propuestas estaba el apoyar las actividades extracurriculares como el arte y el deporte.

Para ello solicitaron apoyo al plantel con el espacio para desenvolver estas actividades. Las instalaciones dadas se encontraban en pésimo estado. Por ello usaron los fondos voluntarios recaudados por el comité para realizar un acondicionamiento integral del lugar. Cristian Tipán, presidente de la comisión y Blanca Ontuña, tesorera de la misma, fueron delegados directos del comité central.

Ellos determinaron las necesidades de cada club extracurricular y financiar su atención. Esto lo hicieron con programas como la inscripción de campeonatos deportivos. Inscribirse costaba aproximadamente USD 80. La mensualidad de estos clubes era de USD 30 debido al costeo de carnets, vocalías, implementos y el arbitraje de los encuentros deportivos.

Con ello explica el jurista que los profesores no tenían nada que ver en la parte económica de estas actividades. Él también recalca que si se pagaban a profesores era porque estos eran externos al plantel. Ello debido al déficit de personal de la institución.

Radio La Calle intentó contactarse con el Distrito Educativo 4 que comprende las zonas de San Juan, Chilibulo, Centro Histórica, parque Itchimbía y Puengasí, sin embargo, no respondieron a nuestras llamadas. (S.B.)

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La Fiscalía inició una investigación previa que fue notificada el 18 de mayo de 2023. Se trataría de una denuncia por supuesto incumplimiento de decisiones, destrucción de archivos y presunto plagio de tesis de un miembro del Cpccs.

En entrevista con Radio La Calle, el consejero afirmó que se ha facilitado toda la información para esclarecer este hecho, al que calificó de “bochornoso», ya que es obligación de la entidad a la que representa, brindar toda información que es pública y que consta en los archivos del Cpccs.

También mencionó que es impresentable que se utilice a la Fiscalía para “fines protervos e intimidatorios” en un Estado constitucional de derechos y justicia.

Verduga aseguró que, físicamente, es imposible la adulteración de estos archivos, pues están almacenados en la nube digital y publicados en la página web del Consejo. Además, los documentos están en custodia del secretario general de la institución con sellos y códigos de barras que impiden su vulneración.

Hizo énfasis en la poca legitimidad democrática de la designación de Diana Salazar como Fiscal. También refirió que no van a tolerar ningún tipo de intimidación.

Finalmente, indicó que planteó una propuesta de reforma al Reglamento de Veeduría hacia la participación ciudadana para que este mecanismo sea más célere, más transparente y así aumentar los espacios de participación. (M.W.S)

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«Es indignante lo sucedido porque el seguimiento que me ha realizado un equipo entero de policías que, en lugar de ejecutar su trabajo de protección a la ciudadanía, han preferido ceder y prestarse a intereses políticos del gobierno. Por presión a los asambleístas, estamos siendo víctimas de situaciones similares debido a la votación para la destitución relacionada al Consejo de la Judicatura», dijo la legisladora en un comunicado.

Castillo rechazó el acoso a ella y su familia «al recibir la invasión en la puerta de mi hogar para realizar una supuesta requisa sin una orden previa y sin sustento alguno».

A las 12:30 del 28 de agosto, el Pleno se informará de las distintas posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización que han llevado la investigación de este caso. Allí decidirán si van o no al juicio político. Para eso se necesitan 70 votos.

En su cuenta de Facebook, la legisladora denunció la presencia de los gendarmes.

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El caso Manuela Sáenz

Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), el 29 de septiembre de 1986, miembros de la Policía Nacional recibieron la orden de allanar una casa en la calle Manuela Sáenz. Presumían, según investigaciones anteriores, que la vivienda servía de casa de seguridad para los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). El operativo se produjo a las 23:00 y en la casa estaban: José Luis Flores, Sayonara Sierra y Robert Regalado.

Aunque el parte policial indicaba que hubo un enfrentamiento y que las tres personas murieron por los disparos recibidos. Testimonios recabados a lo largo de los años por los familiares de las víctimas expresan que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el padre de Sayonara, la policía entró a la vivienda tras amenazar a la familia propietaria del inmueble para dejarlos pasar. Amordazaron a los jóvenes y procedieron a ejecutarlos. En las denuncias se habla inclusive de violación por parte de los policías hacia Sayonara por los restos de semen que se habrían encontrado en su cuerpo.

Aunque Sayonara no era parte de AVC, una conclusión a la que llega el informe visitaba regularmente a su esposo cuando entró en la clandestinidad. Aún así los informes de la Policía la tenían en la mira como miembro del grupo. Hasta 2008, muchos vecinos tenían miedo de declarar lo que había sucedido esa noche.

“En este punto, debemos resaltar que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Comisión de la Verdad visitó el lugar de los hechos en febrero de 2009. Tal como denuncia Orlando Sierra en su oficio, y aún 23 años después del operativo, las personas que viven en el vecindario se niegan siquiera a hablar sobre lo ocurrido. En ningún caso fue permitida la grabación en audio, ni quieren hacer públicos sus nombres. Los dueños de la casa allanada en septiembre de 1986 viven en el inmueble todavía; al identificarse el equipo investigativo como de la Comisión de la Verdad, literalmente, le cerraron la puerta”.

Revise el caso completo aquí: https://www.corteidh.or.cr/tablas/26980.pdf

Prisión preventiva para Ernesto

La tía de Ernesto, Natalia Sierra ha sido clara en responsabilizar al gobierno si algo le sucede a su sobrino. La familia atraviesa por segunda vez la persecución del gobierno. Ocho miembros del Movimiento Guevaristas guardan prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de por presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

De acuerdo con las autoridades, en los allanamientos se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela. MIB

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Quito, 22 feb (La Calle) .- Luego de que el presidente Lasso ofreciera el indulto a privados de la libertad, entre ellos a los defensores de la naturaleza, Gabriela Fraga, espera que se visibilicen las operaciones irregulares de las empresas mineras que atentan contra el medioambiente y la vida de los pueblos.

“Hay informes de la Contraloría General del Estado donde varios procesos en la entrega de esas concesiones han sido de forma irregular”, dijo Gabriela Fraga, defensora de los derechos humanos y la naturaleza, en una entrevista en Radio La Calle.

Fraga, que lleva en su contra seis procesos legales relacionados a la defensa del medio ambiente, tilda de persecución a estos actos que responden a los intereses de las empresas mineras, en complicidad con el Gobierno. “No sabemos por qué entregan licencias sin tener consultas ambientales ni consultar previamente a las comunidades”, cuestionó.

Según Fraga, han sido 8 meses de lucha para alcanzar la amnistía. En el informe que fue enviado a la Asamblea Nacional constan 300 casos de solicitud, en los que casi el 80% pertenecen a defensores de los derechos humanos y la naturaleza.

A través de este proceso, quieren que se visibilice el tema, pues las grandes ciudades no tienen conocimiento o son indiferentes a los procesos extractivistas, que son completamente criminales. “Es una idea errónea optar por la explotación de los recursos naturales que han dejado un gran impacto ecológico afectando directamente a la soberanía alimentaria de los pueblos y de las grandes ciudades que ignoran completamente el tema”, dijo.

“No somos delincuentes, somos campesinos que trabajan y defienden la tierra”

Se los acusa de dañar el bien ajeno, de intimidación y paralización de servicios. “No queremos ir a la cárcel, donde nadie garantiza nuestra vida”, declaró en la entrevista. Citó el caso de Víctor Guaillas, asesinado en el último amotinamiento registrado en la Penitenciaría de Litoral, en el que más de 70 presos perdieron la vida.

Por otra parte, la defensora también alertó sobre las amenazas que han sufrido. “No hemos llegado al asesinato de los defensores, pero vamos por esa línea si este gobierno está implementando el extractivismo en gran escala”, argumentó.

Imbabura, en los ojos de la minería a gran escala

Ejemplificó con la provincia de Imbabura y la pequeña minería que ya ha dejado una gran huella ecológica en la zona. “No logramos imaginar qué pasaría con los proyectos a gran escala que es lo que se propone en la provincia”, comentó.

Además, habló sobre las 70 personas denunciadas en la comunidad de Buenos Aires, tras su derecho a la resistencia, que impidió que los mineros ingresen a la zona de forma violenta.

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«Queremos denunciar que vienen por nosotros. Le decimos al señor Lasso que sus advertencias y amenazas no nos van a amedrentar. Se usan las herramientas judiciales para acallar a quienes pensamos distinto. Queremos dejar claro que la Fiscalía está siendo utilizada con fines mediáticos y políticos», dijo la presidenta de la RC, Marcela Aguiñaga.

Las declaraciones aparecen tras conocerse la investigación en contra de Andrés Arauz y la alianza 1-5 UNES por un presunto enriquecimiento.

Añadió que «las cuentas de nuestra organización política están abiertas para la auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE). Alertamos que pretenden atacar vilmente a la bancada de la Revolución Ciudadana».

Respuestas

La bancada de UNES solicita respuestas del presidente en el caso Pandora Papers. «Señor Lasso dé respuestas al país. Debe contestar con la verdad. Es usted que ha llamado a la oposición golpista. Quiero decirle que el único culpable de su debacle es usted. El conspirador es usted y sus ministros».

«Estamos firmes y de pie. Con la convicción de que estamos en el lado correcto de la historia. Mi solidaridad con mis compañeros. En Ecuador vivimos una democracia de papel», sentenció Aguiñaga.

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“La empresa aludió que producto de “estas medidas” ha resultado la destrucción efectiva de la inversión realizada y de los retornos realizados, lo que constituiría una expropiación ilegal y violación al trato justo y equitativo”, dice parte del comunicado.

Las medidas a las que se refiere la empresa son las declaraciones que Lenín Moreno hiciera en enero de 2019 cuando indicó que “existían conclusiones vergonzosas a las que había llegado la investigación liderada por la ONU sobre corrupción en estos proyectos. Supuestos sobreprecios millonarios, daños estructurales, errores de ingeniería. A decir del exmandatario, existió un sobreprecio de USD 5.000 millones”.

Acusaciones infundadas

La asambleísta explicó que los hechos que denunció Moreno “no han sido comprobados ni por la Fiscalía General del Estado ni por la Contraloría General”. Añadió que esas declaraciones fueron herramienta de persecución política, de mediatización de la justicia y criminalización de la política (lawfare).

El 23 de mayo, antes de su posesión, el presidente Guillermo Lasso anunció la privatización de las Refinerías del Pacífico y Esmeraldas y el Gasoducto de Machala, lo que, a juicio de la legisladora, implica una afectación a los intereses de los ecuatorianos.

Acciones

Palacios solicitará en las próximas horas la comparecencia del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador; el Ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo y el gerente de Petroecuador. También a las exautoridades responsables de estos proyectos emblemáticos “para dar con las autoridades y funcionarios responsables de este perjuicio al Estado”.

Procesos de arbitraje internacional

El procurador Índigo Salvador indicó a la asambleísta que Ecuador tiene siete procesos pendientes de arbitraje internacional. Maessa y otros (TBI Ecuador -España), Chevron III (TIB Ecuador – EE.UU), Merck Sharpan Done (TBI Ecuador – EE.UU), Holcim (TBI Ecuador – España) y Petroquímica Comodoro (TBI Ecuador – Argentina).

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Esas fueron las declaraciones de Andrés Arauz, candidato presidencial de Unión por la Esperanza (UNES), quien junto a su binomio Carlos Rabascall y el procurador común del movimiento Santiago Díaz rechazaron la persecución de un medio de comunicación que los acusa de supuesto espionaje a sus detractores.

«No sólo tenemos que avanzar sino también recuperar el tiempo perdido. Eso no se hace con odio sino con una política de sentarse a trabajar y solucionar los problemas del diario vivir de los ecuatorianos», agregó Arauz.

También instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante sobre el proceso de calificación en firme de la candidatura del binomio que aún no ha sido notificada por el Consejo Nacional Electoral.

Trabajo del binomio

Por su parte, Carlos Rabascall pidió a los periodistas que hablen con la verdad y

«El Ecuador tiene serios y grandes problemas y en eso nos debemos concentrar. No debemos alimentar esas políticas de odio, si se sigue haciendo, entonces no hemos entendido nada», expresó el candidato a vicepresidente.

Pará Rabascall hay tantas cosas para hacer en país. Los ciudadanos no deben pensar que la política es la construcción del odio. «Andrés y yo estamos muy preocupados de que se continúe con una política de odio. Estamos corriendo un gran riesgo y tenemos que apelar a la reflexión social, a la conciencia crítica de la ciudadanía», agregó.

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«El modus operandi es el mismo. El portal «Periodismo de investigación» hace el montaje de una historia de ciencia ficción respecto al supuesto retorno de la SENAIN», dice una parte del comunicado.

De acuerdo con el artículo, los correístas pretenden armar una Secretaría de Inteligencia paralela que tenga como objetivo levantar información sensible de los detractores del expresidente Rafael Correa. Las organizaciones indica que el documento carece de fundamento, de pruebas y no hay una contrastación de la información.

El artículo

De acuerdo con el trabajo de «Periodismo de Investigación», la nueva SENAIN estaría a cargo de Ronny Vallejo. «La finalidad es proporcionar seguridad en las operaciones electorales del binomio Arauz – Rabascall».

También «acceder u obtener información personal o institucional de varias autoridades del Estado Ecuatoriano y personas particulares, con fines de exposición, extorsión e intimidación”, dice un fragmento del documento.

Funcionarios supuestamente bajo espionaje

El grupo de detractores estaría conformado por la ministra María Paula Romo con el código «Bala»; la fiscal general Diana Salazar con el código «Impulso»; el secretario Juan Sebastián Roldán con el código «Torero». También, la presidenta del CNE Diana Atamaint con el código «Oriental»; el procurador Íñigo Salvador con el código «Gaviota».

El secretario de inteligencia Juan Sebastián DeHowitt con el código “Juanes»; los periodistas Andersson Boscán con el código “Gatsby»; Fernando Villavicencio con el código «Soplón» y Carlos Vera con el código «Candado».

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