Glas lo detalló así esta mañana, donde mostró una noticia del portal periodístico argentino Negocios y Política. El exfuncionario afirmó que en ese artículo se detallan las pruebas del por qué es un perseguido político.

El exvicepresidente relató que dos camionetas de color negro esperaban fuera de su oficina. Las mismas tenían placas adulteradas y en ellas se encontraban cerca de 7 uniformados, quienes interrumpieron su rueda de prensa para «intimidarlo».

«Se bajaron a decir que tenían una orden de prisión en mi contra (…) me intimidaron abajo de mi oficina buscando callarme«, manifestó.

Asimismo, Glas agregó que teme por su vida y la de sus hijos. «Dos vehículos negros me están siguiendo desde hace cuatro días», añadió. Lo que denunció, fue filmado y por lo que también ha publicado algunos metrajes en redes donde se puede vislumbrar a esos autos.

Él señaló que los presuntos funcionarios que lo amedrentaron portaban el uniforme de inteligencia y las placas de la Policía Judicial. Sin embargo, aún no hay mayores luces sobre la supuesta orden de prisión en su contra y de la identidad de los supuestos funcionarios policiales.

Juez de Brasil anula supuestas pruebas que vinculan a Glas con Odebrecht

Finalmente, Glas aseguró que sigue sufriendo persecución política al igual que en el Gobierno de Lenin Moreno y María Paula Romo. Expresó que algunas ruedas de prensa fueron canceladas arbitrariamente en lugares que ya había reservado. Uno de ellos fue el hotel Holliday Inn. (S.B)

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Para el exjuez español, Baltasar Garzón, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

El comentario lo hizo como parte de una entrevista en Radio Pichincha cuando hoy, a un día del fallo de la nulidad de la sentencia del caso Singue, se analizará en un Seminario Internacional el caso Sobornos, en el que fueron condenados el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su Gobierno.

Previo a referirse al caso Sobornos, analizó lo que sucedió ayer con el caso Singue, en el que uno de los procesados era el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que compartió el primer período presidencial de Correa.

Dijo que el Seminario se va a dar en un momento cuando la justicia se cae, al admitir una vulneración del debido proceso que motivó la declaratoria de nulidad del caso Singue.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso y a una eliminación de lo que fue el adversario”, expresó.

Luego del caso Singue, dijo que es preciso hablar del caso Sobornos, el cual debe continuar por el lado de la lucha internacional ante los organismos interamericanos de Derechos Humanos.

Contó que en Naciones Unidas ya está al tanto del caso un Comité, luego de lo expuesto por el relator judicial que ha dicho que se ha dado una utilización perversa dirigida a personas como Correa y funcionarios de su Gobierno.

“Se ha dado una auténtica persecución política con la instrumentación del Derecho Penal que lo usan con frecuencia cuando se trata de perseguir a líderes”, expresó.

Garzón fue conocido por ordenar la prisión del ya fallecido exdictador chileno y senador vitalicio Augusto Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo, lo que le costó estar inhabilitado como juez. Para él, la justicia al igual de lo que sucede en el caso Sobornos fue usada como un instrumento de persecución.

Dijo que antes las persecuciones eran con estrategias militares, con el fin de tomar el control de las democracias. Pero que ahora es una guerra judicial.

Explicó que -años atrás- por la década del 70 se usaba la violencia física hasta el punto de la eliminación y la impunidad. Mientras que hoy ese tipo de acciones quedaron de lado, salvo en casos contados, debido a que se produce la utilización del Derecho Penal como un arma de guerra jurídica contra oponentes políticos.

Precisó que la idea es acabar con el oponente que piensa distinto y esa estrategia se emplea contra los líderes progresistas que han gobernado países por algunos años y se los quiere perseguir para que no vuelvan.

Expuso que en el caso Sobornos, la sentencia salió cuando Correa tenía la posibilidad de ser candidato y se quebraron normas.

“Cualquier jurista que lea con imparcialidad esa sentencia se escandaliza, cuando se habla de influjo psíquico. ¿Qué es el influjo psíquico?”, exclamó.

El jurista mencionó que el influjo psíquico es una actitud íntima que es imposible de concretarla ni siquiera en libre interpretación por parte de la justicia.

Garzón manifestó que el relato usado en el fallo es incomprensible y que el Derecho debe ser entendido.

“Hay un uso de pruebas espurias y hasta se redacta un testimonio en un vuelo, lo cual es preocupante porque se le dio una “consistencia” a una sentencia”, subrayó y acotó que el Poder Judicial realiza una persecución política instrumentada a través del Derecho.

Al referirse a Glas aclaró que no hay imparcialidad y eso se ha visto sobre sus pedidos de habeas corpus.

“La actuación ha sido arbitraria no solo hacia afuera, sino adentro armando consejos transitorios de la magistratura para ir acomodando las instituciones”, recalcó.

En este contexto y tras el fallo de ayer, puntualizó que la liberación de Glas es inaplazable y que su caso formará parte de una historia macabra en el devenir de un país. Sin embargo, consideró que habrá soluciones como lo que sucedió con Lula, en Brasil, aunque el daño está causado y la vida rota.

“Debería haber una exigencia popular para saber lo que está sucediendo con las instituciones”, expresó y agregó que hay un mal uso del Derecho también en otros ámbitos.

Mientras, en el caso Sobornos puntualizó que ya hay el camino trazado en el ámbito internacional para establecer la arbitrariedad en el proceso.

Redacción Radio Pichincha

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El equipo tecnológico aparece en vísperas de la movilización nacional del lunes 13 de junio convocada por la CONAIE y varias organizaciones sociales y campesinas.

«Confirmada la persecución e intimidación, de madrugada instalan cámaras Hikvision de videovigilancia con enfoque directo a la sede de la CONAIE en Quito», publicó la Condeferación a través de su cuenta de Twitter.

El movimiento indígena señaló que se trata de cámaras de videovigilancia de la marca Hikvision. Estos dispositivos tienen rango de movimiento de 360 grados sin fin, con un alcance de más de 100 metros, alta definición y patrón de escaneo.

Finalmente, la CONAIE aseguró que esto parte de la persecución que sufre su organización. Recalcó las declaraciones del ministro del Interior Patricio Carrillo junto a las amenazas, filtraciones y seguimiento a líderes sociales.

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Sin embargo, es de conocimiento público que quienes son parte de esta organización son estudiantes, docentes o personas que han dedicado su vida al trabajo comunitario y a la organización popular; y que sus posturas han sido difundidas  frontalmente, a través de los propios medios de comunicación. 

En este sentido, el movimiento rechaza la forma arbitraria e ilegal en la que se realizó las detenciones, pues aseguran que no hubo el debido proceso. 

La Alianza de Organizaciones por los derechos humanos denuncia también que en uno de los allanamientos, los agentes policiales no se identificaron y no se exhibió la orden judicial correspondiente, únicamente se indicó que se trata de una investigación por asociación ilícita y terrorismo.

Asimismo, sostiene que es evidente el uso indiscriminado de la figura de terrorismo para perseguir, hostigar y criminalizar a activistas sociales. 

En este sentido, la exigencia desde el movimiento y desde las organizaciones por los derechos humanos es que la Fiscalía entregue de manera inmediata información clara y precisa sobre el móvil de estos allanamientos y detenciones.

Asimismo, es urgente que la Defensoria del Pueblo haga acto de presencia en la Fiscalía por presuntas irregularidades y para que vigile que se cumpla el debido proceso.

“Nos mantenemos vigilantes, respaldando a nuestros compañeros Ernesto Flores, Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza; cuya detención responde a una estrategia más del Gobierno Neoliberal de turno, como intento de tapar su inoperancia ante diferentes realidades nacionales que no desean visibilizar en el informe a la Nación del 24 de mayo”, sostuvo el movimiento en un comunicado. 

“Nosotros no somos terroristas, exigimos que el ataque sistemático que hemos sufrido culmine y nos dejen continuar caminando junto al pueblo, que es a quien nos debemos”, añaden. 

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

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“Hoy en el Ecuador podemos decir con orgullo que se han recuperado principios esenciales como el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la prensa, el equilibrio entre poderes y se ha puesto fin a toda forma de acoso y persecución política. Esta es la visión del Gobierno del encuentro”, indicó.

Sin embargo, aunque el mandatario indique que la persecución acabó, hay actores políticos que no lo consideran de esa forma, uno de ellos es el ciudadano Fernando Balda.

Depuración

Balda saltó a la palestra pública por denunciar a Rafael Correa y otros actores de su Gobierno de secuestro en Colombia. Pablo Romero, jefe de inteligencia de ese entonces, todavía enfrenta un proceso penal en su contra. Ahora, Balda creó una plataforma para informar de los trabajadores en el sector público que tienen una ideología cercana o pertenecen a la Revolución Ciudadana. De acuerdo con Balda, los correístas son una “plaga”.

Tras las críticas, el Gobierno respondió con un comunicado, ya que la propuesta está encaminada a ayudar al presidente Lasso. En la misiva indicaron que ellos no apoyan la persecución político. Sin embargo, para Balda, ese comunicado parece redactado por Rafael Correa.

“El Gobierno puede decir lo que quiera (…) pero el comunicado es totalmente ajeno, diferente, a lo que anuncia la página web. Parece hecho recogiendo los criterios y las críticas del correísmo. Más bien parece un comunicado asesorado por el mismo Rafael Correa», dijo.

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“El Gobierno puede decir lo que quiera (…) pero el comunicado es totalmente ajeno, diferente, a lo que anuncia la página web. Parece hecho recogiendo los criterios y las críticas del correísmo. Más bien parece un comunicado asesorado por el mismo Rafal Correa”, argumentó.

“No estamos de acuerdo y lo que sí le decimos al presidente y al Gobierno es que, le guste o no le guste, nosotros vamos a entregarle y vamos a documentar que entregamos al Gobierno toda la información, que en ese formulario se nos entregue. Y paralelamente lo vamos a entregar a la Fiscalía”, agregó.

Además, Balda sugirió que el Gobierno de Guillermo Lasso actúa con “tibieza” y “cálculo político”. Dijo que muchos no se atreven a tomar posiciones firmes, como supuestamente lo hace él y sus seguidores, porque están pensando en el año electoral que se avecina y no quieren perder “los votos de los corruptos”.

Respecto a las acciones judiciales en su contra, mencionó que su organización estudió la ley y la Constitución antes de hacer el contenido de la página, para no vulnerar ningún derecho. Balda dijo que se reconoce como defensor de los derechos humanos y ciudadanos.

“Ya salieron los abogados del correísmo que han interpuesto una acción judicial para pretender que un juez ordene tumbar la página. Estoy seguro que vamos a ganar, porque no tienen la razón y porque sería nefasto que un juez ordene tumbar una página que pretende denunciar la corrupción”, afirmó.

También reiteró que se mantienen con total independencia del Gobierno, pues no aspiran a ser parte del Gobierno o funcionarios públicos. “Nuestra independencia es la que garantiza nuestra eterna vigilancia contra la corrupción y el control político del poder”, dijo.

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«El Gobierno Nacional rechaza los actos de discriminación de cualquier tipo, más aún en lo que se refiere a posturas ideológicas y políticas. Por lo tanto no respalda ninguna acción que atropelle los mandatos de la Constitución del Ecuador», dice parte del comunicado.

Añade que, como lo indicó el presidente Guillermo Lasso durante su posesión, el 24 de mayo del 2021, «el Gobierno del Encuentro garantizará una gestión en la que jamás impere la persecusión política y las represalias».

De aucerdo con la SEGCOM, «el Gobierno es firme al asegurar que no respalda, lidera ni auspicia iniciativas de actores que pretendan atentar contra la diversidad política, principio básico de un Estado de derecho».

El comunicado, sin embargo, no nombra directamente la ‘iniciativa’ de Fernando Balda, para depurar la función pública.

Actuación de Balda

El ciudadano Fernando Balda anunció una plataforma que, a su juicio, permitirá depurar las instituciones públicas de funcionarios «correístas».

«Hacemos el lanzamiento oficial de la web http://depuracionec.com para ayudar al Presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados correístas que representan estancamiento, corrupción y amenaza de desestabilización», escribió en su Twitter.

Balda se refirió a los funcionarios «correístas» como «corruptos» y una «plaga» que debe controlarse. «Los correístas corruptos son la peor plaga y debe ser neutralizada en la sociedad. Si no lo hacemos volverán a saquear el Ecuador y reinará la impunidad. No importará quién gobierne, lo corromperán y se tomarán el gobierno y el país. Por ello debemos actuar antes que sea tarde».

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Recordó que el pasado 9 de septiembre, el Grupo de Detenciones Arbitrarias abrió el expediente de Jorge Glas y lo remitió a la Relatoría de la salud, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como también a la Relatoría de ejecuciones extrajudiciales.

“Lo que queremos es que estas relatorías emitan un pronunciamiento oficial para seguir presionando a nivel internacional y demostrar que el Estado ecuatoriano está haciendo caso omiso a los pronunciamientos oficiales”, afirmó Vera.

También explicó que existe un informe consolidado que se llevó a cabo gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se llegó a la conclusión de que el Estado ecuatoriano ha sido negligente con el caso de Jorge Glas y esto se ve reflejado en su deplorable estado físico y psicológico.

“La situación psicológica de Jorge Glas es muy aguda, recordemos que él se encuentra en uno de los centros penitenciarios, en donde se han suscitado las masacres carcelarias”, expresó la representante.

Vera hizo un llamado a la ciudadanía para que recuerden que Jorge Glas tiene derechos, pues, aunque lo satanicen mediáticamente, es un ser humano que merece que se le otorguen beneficios penitenciarios. Además, recalcó que desde el 14 de diciembre del 2020 tiene estos beneficios penitenciarios y no están siendo respetados

Por otro lado, expuso que la familia de Glas es víctima de estigmatización y linchamiento mediático. “Los medios hegemónicos muestran a la familia de Jorge Glas como si fueran narcotraficantes que tiene dinero de la corrupción”, dijo durante la entrevista.

Reiteró que lo único que se pide es que se cumplan con los principios constitucionales, legales y los tratados internacionales de derechos humanos. “Nosotros si tenemos las pruebas suficientes para demostrar que existe una persecución política y Jorge Glas es un hombre inocente”

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La institución indicó que “por el principio de seguridad jurídica”, este fallo ratifica las designaciones de jueces realizadas con posterioridad y sus fallos. Sin embargo, otorgó a los jueces removidos el derecho de demandar al Estado por la ilegal destitución y obtener la reparación económica correspondiente.

La decisión ratifica las denuncias de los jueces destituidos en ese período que indicaron que se trataba de una persecución política liderada por el expresidente Lenín Moreno.

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Destitución en 2019

Por medio de la consulta popular de 2018 se resolvió destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El transitorio tuvo a Julio César Trujillo como cabeza. La primera tarea fue destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh. A pesar de las críticas por la evaluación que realizó el transitorio, se posesionó como presidenta María del Carmen Maldonado, pariente de la esposa del expresidente.

Inmediatamente se aplicó una evaluación a los jueces de la Corte Nacional, si no pasaban los criterios de la Judicatura eran destituidos. El 26 de octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura cesó en sus funciones a 26 jueces de la Corte Nacional. Cuatro meses antes del inicio del juicio por el caso Sobornos, el 10 de febrero de 2020.

En reemplazo de los jueces, la Judicatura designó a 26 conjueces temporales escogidos de la nómina de jueces provinciales y distritales, sin un criterio para el nombramiento. Por otro lado, la figura de conjuez temporal no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

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«Hasta que lo llevamos a la Presidencia yo era para usted virtualmente un héroe. Hoy me llama conspirador porque con todo derecho reclamo que cumpla lo que usted prometió en campaña. No lo ha hecho», dijo en un mensaje.

«¿Reclamar es conspirar? ¿Que dos de cada tres ecuatorianos reclamen lo mismo es conspiración? Yo no formo parte de ningún triunvirato como usted indica con mala fe y desesperación».

Nebot aclaró que ningún miembro del PSC es parte del CAL porque la bancada de Lasso hizo un trato con otras bancadas «Usted acaba de aceptar que el CAL tiene razón al dividir su proyecto de ley en tres partes».

«Ningún miembro del PSC está en la Comisión que lo investiga . Le anticipamos que jamás estaremos de acuerdo con que se investigue a su familia».

El exalcalde de Guayaquil también se refirió a las conversaciones que ambos tuvieron con Rafael Correa.
«En la conversación que tuvimos con Correa, usted mucho más que yo, no se habló de destituir a la fiscal ni al presidente de la Corte de Justicia ¿Por qué me llama mafioso? En ese caso usted también lo es».

Nebot también destacó el valor de su palabra. «Mi palabra valdrá más que mi firma. En eso nos diferenciamos.

Sin calumnias

Cuestionó la acusación que hizo Lasso sobre la crisis carcelaria. «La incapacidad de solucionar el problema de las cárceles es culpa mía? Eso es falso ¿Sabe que es delito acusarme sin pruebas? ¿Responsabilizarme a mí de la seguridad de su familia? Yo si lo responsabilizo a usted de la persecución política si realiza alguna acción en ese sentido. Yo soy un ecuatoriano responsable que ha demostrado servir al país y no quiero su fracaso. No sea calumniador, recupere su inteligencia emocional. El Ecuador necesita un presidente fuerte, sereno. Todavía tiene tiempo. No olvide que quien siembra vientos cosecha tempestades y hasta huracanes», finalizó.

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