Tres presuntos delincuentes pasaron en moto por la calle en la que se encontraban los manifestantes, perseguidos por los uniformados. Sin embargo, los sospechosos lograron escapar. Según los testigos, hubo varios disparos y los uniformados no bajaron por un barranco, al que habrían ingresado los antisociales, hasta que llegaron los refuerzos.

Los moradores del sector comentaron que los sospechosos se lanzaron por un barranco y corrieron entre la vegetación. La moto quedó abandonada y junto a ella estaba un arma calibre 38 con seis balas. La motocicleta está reportada como robada, según las autoridades.

“Son los avezados ladrones que no les importó que estemos con carteles y con policías cerrando las calles. Aquí todos los días hay asaltos. Pedimos que nos traigan a los militares, esto ya es una cuestión de fuerza mayor”, expresó una mujer que protestaba y que aseguró ser madre de dos niños con discapacidad.

Además, la ciudadana se quejó de lo peligroso que es el sector, ya que no puede tomar ni un taxi, porque los conductores se niegan a ingresar a la zona.

Asimismo, los vecinos relataron que este lunes intentaron robar a unos repartidores y se escucharon al menos nueve disparos. A su vez, comentaron que trabajadores de la empresa de recolección de basura resultaron asaltados por sujetos que llegaron en cuatro motos.

Otros moradores, comentaron que en Socio Vivienda 2, en la noche del mismo lunes, acribillaron a un hombre de 27 años mientras conducía una mototaxi. Los delincuentes huyeron en motocicletas.

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A través de su cuenta de Twitter, Viteri señaló que el denunciado viajaba en un vehículo intentado huir. No obstante, lograron detener al sujeto a la altura de la parroquia el Progreso. El ciudadano identificado como Juan Carlos Hernández Enderica ya está en manos de las autoridades.

““Atrapado en gasolinera de Progreso, luego de nuestra persecución, persona denunciada por maltratar perros en Cumbres. Estamos con bienestar animal enseñando a agentes de la Policía Nacional que tenemos orden de allanamiento y que nos debemos llevar a los perros. Aún no lo permiten”, escribió Viteri.

Este caso de maltrato generó una ola de indignación entre activistas por los derechos de los animales, pues hasta el momento fue imposible ingresar a rescatar a los canes. Funcionarios judiciales no emitían una orden de allanamiento, a pesar de los constantes pedidos.

Denuncia ciudadana

El caso de maltrato fue registrado luego de que en redes sociales se viralizara varios videos donde un individuo maltrataba a sus mascotas. Debido a esto, los moradores del sector denunciaron al ciudadano.

Luego de denunciar, la Dirección de Bienestar Animal acudió por dos ocasiones a la vivienda para constatar la acusación. Sin embargo, según las autoridades, tuvieron complicaciones.

“Caso maltrato de perros en Cumbres por el señor Juan Carlos Hernández Enderica. Actualmente nos encontramos con el fiscal en la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo EXIGIENDO que cumpla con su trabajo y se avance lo más rápido en la denuncia de maltrato animal”, publicó Viteri.

Asimismo, el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, en su cuenta de Instagram informó que, el año pasado, un juez negó la orden de allanamiento que el Municipio de Guayaquil solicitó, para rescatar a la mascota maltratada. «Esperamos que en esta ocasión los jueces actúen en favor de los derechos de los ciudadanos de cuatro patas y autorice a la Dirección de Bienestar Animal el ingreso a la vivienda para rescatarlo, pues sin la orden de un juez no podemos hacerlo”, dijo.

Además, la alcaldesa Viteri indicó que en dos oportunidades fueron a la Fiscalía para solicitar una orden de allanamiento. Sin embargo, en ambas oportunidades fue negada.

Finalmente, la noche del sábado 12 de marzo se dictó la orden de allanamiento, pero el individuo sacó los animales en su vehículo y se los llevó. Esto ocasionó una persecución por parte de las autoridades que lograron rescatar a las mascotas del individuo.

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“El trabajo que debe hacer un asambleísta es legislar y fiscalizar. En el Ecuador hay una gran cantidad de actividades que se tienen que fiscalizar. La esposa del exdefensor del Pueblo, por ejemplo, presentó una solicitud de juicio político a la fiscal por incumplimiento de funciones. Sin embargo, no vemos al asambleísta Villavicencio activar esos temas. En otros procesos como INA papers o Pandora papers que son del Estado ecuatoriano, hubo que encargar a una nueva comisión que investigue debido a las dudas de si Villavicencio tenía la capacidad de investigar el caso de Guillermo Lasso”, explicó la analista Paulina Mogrovejo a Radio La Calle.

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El legislador, a juicio de la experta, adoptó una posición política que busca generar ruido alrededor del caso Saab y hace cualquier cosa por encima de la ley. “El proceso indica que hay que presentar una denuncia, en lugar de eso se lo entrega a Iván Duque que, en términos ideológicos, no puede ser objetivo con Piedad Córdoba”.

Disparador del lawfare

De acuerdo con Mogrovejo, Villavicencio ha cumplido un rol de vocero en determinadas situaciones. “En una nueva forma de hacer política, los sectores de derecha captan a las instituciones de justicia y aplicar lo que conocemos como lawfare. El lawfare siempre necesita un disparador. En los últimos tiempos, Villavicencio ha cumplido ese rol. Sacar a la luz pública supuestas denuncias que luego se tramitan, no siempre con todas las pruebas suficientes”.

Mogrovejo añadió que este rol trascendió de un nivel local a uno regional. “El ataque a Piedad Córdoba tiene un contexto político. Son las elecciones en Colombia y el sector progresista tiene posibilidades de ganar”.

¿Estados Unidos?

El sociólogo Agustín Burbano de Lara indica que ha existido una falta de autonomía del gobierno ecuatoriano, tanto en el período de Moreno como de Lasso respecto a las “instituciones de la doctrina hemisférica de Estados Unidos” es increíble.

“El tema de seguridad está sujeto a la entrega de o no de las visas de la Embajada americana, es una vergüenza que el sistema de seguridad necesite un sistema externo de verificación y expedición de visas por encima de la Comandancia de Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo a este medio.

Lo mismo sucede en la economía. “Por encima del Gobierno y el Ministerio de Economía está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los acreedores de la deuda. Otra vergüenza. Así se explica que un tipo que no tiene jurisdicción, competencia ni nada que hacer en Colombia esté allá”, agregó.

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“De forma arbitraria y sin indicarme las razones, un patrullero que esperaba fuera de mi domicilio, procede a detenerme y me llevan a flagrancia. A un año de los hechos de octubre sigue la dictadura», escribió Hernández en sus redes sociales.

Virgilio Hernández permanece en la Unidad de Flagrancia en Quito a la espera de determinar las razones de esta detención. El actual candidato al Parlamento Andino tiene un proceso en su contra por una presunta participación en el paro nacional de octubre de 2019.

El exlegislador conduce el programa “Sin Permiso”, que se transmite todos los lunes por Radio La Calle. En él aborda la coyuntura política del país y hace crítica al gobierno de Lenín Moreno.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional.

Las reacciones

El candidato a la Presidencia y coideario de Hernández, Andrés Arauz, reaccionó ante el hecho en sus redes sociales.

«Estas arbitrariedades contra tantos ecuatorianos deberán ser investigadas por la Comisión de la Verdad. Fuerza compañero. Te esperamos pronto, y en libertad», escribió.

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“Realmente aquí lo que existe es un show jurídico con el único objetivo de proscribir a actores políticos como al expresidente Rafael Correa, la prefecta Paola Pabón y Jorge Glass. No puede ser posible que en un Estado de Derecho se use las herramientas de la justicia para cometer injusticias contra estas personas”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Vanegas indicó que, si se analizara el proceso judicial de Rafael Correa, Jorge Glass y Paola Pabón se encontrarían irregularidades tales como: la celeridad en los procesos judiciales, los falsos testimonios, entrega tardía de informes, valoración de las pruebas, entre otros. 

“El sistema de justicia tiene tantas falencias que en 48 horas fue resuelto el recurso de casación para Rafael Correa, mientras que en 20 años no se ha judicializado a Jamil Mahuad. En el caso de Pabón, la Embajada mexicana tuvo que aclarar que la prefecta no apelará al asilo político en el país”, acotó.

Apoyos a la prefecta de Pichincha

El 3 de septiembre, las autoridades de la Embajada de México negaron que exista una petición de asilo político por parte de la prefecta Pabón. La aclaración llegó después de que se la acusara a de “evadir el accionar de la justicia”, de acuerdo con la documentación de la Fiscalía. La funcionaria respondió a través de su cuenta de Twitter: “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”.

Pabón informó de la audiencia a la Organización de Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. El organismo respondió de forma favorable a la petición. «En conocimiento de mi situación, la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pondrá mi caso bajo consideración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», informó la prefecta.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CONFEPEC) también se pronunció a favor del debido proceso contra la autoridad provincial. “La prefecta, por la información dada, no ha solicitado asilo político, ni ha hecho acercamiento con ninguna representación diplomática en Ecuador. Como presidente de la CONFEPEC, solicitó, de la manera más respetuosa, que se continúe el debido proceso y su defensa como se ha venido haciendo hasta hoy”, dice una carta del presidente Eugenio Arellano al juez a cargo del caso, Vladimir Jhayya.

Resolución del Caso Sobornos

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reunirá este lunes 7 para resolver el recurso de Casación del denominado caso Sobornos. En él se encuentra implicado el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, entre otros. En cuanto se resuelva la sentencia verbal deberá notificarse por escrito. Dentro de los siguientes tres días, los abogados de los procesados, la Fiscalía y la Procuraduría pueden pedir ampliaciones y aclaraciones. (GG)

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“Mientras supervisamos obras, hacemos pruebas PCR y mascarillas, otros siguen gastando recursos de los ecuatorianos en persecución. Un vehículo con placas PCN8627 me ha seguido todo el día ¿A quién responden estos equipos de seguimiento?”, escribió Pabón en un tuit.

En el video de la publicación, la Prefecta increpa al dueño del automóvil y le pregunta «¿por qué la estuvo siguiendo? y ¿por qué la está grabando?» Ya que para esa acción se necesita una orden legal. La prefecta publicó la información de la placa del vehículo que corresponde a otro con distintas características.

Pabón recorre a diario los cantones de Pichincha para supervisar la entrega de pruebas rápidas y PCR en los Centros de Salud del Gobierno de la Provincia. Una de sus últimas actividades fue un convenio con la Universidad Católica del Ecuador para la aplicación de 8.000 mil pruebas PCR a ciudadanos del cerco epidemiológico.

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“(Tengo) mucha preocupación, tengo sobre mí muchas presiones de mi familia, mis compañeros y amigos pidiéndome que no me presente, que no hay garantías… cuando oyen que a Paola (Pabón) y Christian (González), por rebelión y movimiento armado, eso genera preocupación y, por lo tanto, esto hace sea difícil de llevar no solo porque podrían privarme de mi libertad sino por cómo eso afecta a la gente que uno ama, a mis hijos, a mis padres”, dijo el ex asambleísta en entrevista con Radio La Calle.

Al tomar esta decisión, asegura que una de sus intenciones es mostrar que los ciudadanos que han adherido al Correísmo tienen familias, pero, además, hace una crítica a su propio movimiento. “(Quiero) que mis compañeros de la Revolución Ciudadana puedan asumir que no todas las personas que nos critican, que no están de acuerdo con nosotros, son traidores, son lentejeros (…) quiero enfrentar este proceso como un rebelde, lo que no significa que he cometido el delito de rebelión”, agregó Hernández.

Mi arma es la Constitución

“No tengo otras armas que no sean la Constitución, la Ley y mis convicciones profundas de que no he cometido este delito de rebelión en el que estoy vinculado. He hablado con mis hijos y me transmitieron el saludo de mis padres. En mi condición de padre y de hijo me estremece. Este dolor y esta tristeza me estremecen como ser humano”, concluyó.

El pasado 28 de octubre la Fiscalía vinculó a Virgilio Hernández al proceso judicial por presunta rebelión durante las manifestaciones en contra de las medidas económicas. En este proceso está vinculada también la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

SAM

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